CE - Sentencia 11001031500020250578600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05786-00

Accionante: VIVIANA VANESSA VARÓN PERDOMO

Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN B Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Viviana Vanessa Varón Perdomo solicitó, a través de apoderad o judicial, la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuy ó a las providencias de 18 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ,

a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuy ó a las providencias de 18 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 63001-23-33-000-2014-00262-00/03.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que su padre, el señor Rodrigo Varón Barragán presentó la demanda de reparación directa núm. 63001-23-33-000-2014-00262-00/03 contra la Nación – Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, las sociedades Autopistas del Café S.A. y Cano Jiménez2

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

Estudios S.A. y el Consorcio Grupo Constructor Autopistas del Café, con el fin de que se declararan solidaria y administrativamente responsables del daño causado al demandante como consecuencia de la afectación del inmueble “[…] la esperanza […]” por el hecho de haber suprimido el acceso a las vías públicas con el desarrollo de las obras de infraestructura de la Autopista del Café. Al respecto, precisó que fue reconocida como sucesora procesal.

por el hecho de haber suprimido el acceso a las vías públicas con el desarrollo de las obras de infraestructura de la Autopista del Café. Al respecto, precisó que fue reconocida como sucesora procesal.

2.2. Afirmó que el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de 18 de abril de 2024, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante providencia de 26 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.4. Manifestó que las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra por cuanto realizaron una valoración “[…] inexacta porque el demandante, señor Rodrigo Varón B, en los hechos 14 a 18 de la demanda, hizo una relación pormenorizada de las obligaciones de Autopistas del Café y la entidad interventora y que resumió en el hecho 26 (folio 195 del archivo digital “004CuadernoPrincipal4”), para concluir que ellas tenían la obligación del restablecimiento de accesos y jurídicamente debían hacerlo hasta antes del acta de entrega final de la obra pública […]”

2.5. Señaló que “[…] La infracción al debido proceso en que incurrió la Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo origen en la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío, por cuanto esa providencia se estructuró sorteando en todo momento el acta de terminación de la obra como elemento fundamental para establecer el fenómeno de no caducidad de la acción y,

Tribunal Administrativo del Quindío, por cuanto esa providencia se estructuró sorteando en todo momento el acta de terminación de la obra como elemento fundamental para establecer el fenómeno de no caducidad de la acción y, transversalmente, encauzó la posición errada de esa sección […]”.

2.6. Comentó que el “[…] acta de finalización de obra que puede verse al folio 8 del archivo digital 002CuadernoPrincipal2, documento fundamental para determinar que, efectivamente, la demanda fue presentada oportunamente, pues este documento viene a reafirmar el incumplimiento de las demandadas en restablecer el acceso al predio que terminó enclavado […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Lo expuesto encaja en las circunstancias constitucionales para reclamar el presente amparo por violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y no existe dentro de este proceso vía alguna para lograr la modificación de las providencias. Con base en lo anterior, se pide se3

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

declaré la vulneración de los derechos fundamentales invocados, se deje sin efecto las providencias, tanto la del Tribunal Administrativo del Quindío como la de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, finalmente, se ordene la devolución del expediente al Tribunal Administrativo del Quindío, para que en el término que el señor Juez Constitucional decida, dicte nueva providencia, descartando el fenómeno de la caducidad de la acción a partir del conocimiento

devolución del expediente al Tribunal Administrativo del Quindío, para que en el término que el señor Juez Constitucional decida, dicte nueva providencia, descartando el fenómeno de la caducidad de la acción a partir del conocimiento de los hechos y alejado del concepto daño continuado y, así, pueda tenerse la oportunidad legal de una verdadera sentencia de primera instancia […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de septiembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, al Consorcio Grupo Constructor Autopistas del Café, a las sociedades Autopistas del Café S.A., Cano Jiménez Estudios S.A., Muvek S.A.S., Estymа Estudios y Manejos S.A., Inversiones UC S.A. - En Liquidación, Concay S.A., Infercal S.A., José Pablo Uricoechea y Cía S. en C., Latinco S.A., Megaproyectos S.A. y Grupo Odinsa S.A. y a los señores Luis Ernesto Escobar

Neuman, Ester Judith Nicholls y Carmen Carné de Uricoechea.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada s las notificaciones a la s autoridades accionadas y a las

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que en el escrito de tutela no se identificaron ni desarrollaron los requisitos generales y

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que en el escrito de tutela no se identificaron ni desarrollaron los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de amparo, esto es, los defectos en los que habría incurrido la providencia acusada. Motivo por el cual solicitó se declare la improcedencia de la acción constitucional.

5.2. El Ministerio de Transporte señaló que no tiene competencia para dar trámite a las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que la accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias proferidas por las autoridades judiciales.

5.3. El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del Invias y solicitó negar los derechos fundamentales solicitados por la accionante.

5.4. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI indicó que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en razón a que la solicitud no gira en torno al contenido, alcance y goce4

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

de algún derecho fundamental y tiene por finalidad reabrir el debate resuelto por el juez ordinario.

5.5. La sociedad Latinoamericana de Construcciones S.A. advirtió que los argumentos expuestos por la accionante “[…] son una mera discusión de un punto de derecho y no probatorio en el proceso […]” y lo que pretende es reabrir una

5.5. La sociedad Latinoamericana de Construcciones S.A. advirtió que los argumentos expuestos por la accionante “[…] son una mera discusión de un punto de derecho y no probatorio en el proceso […]” y lo que pretende es reabrir una discusión netamente legal en sede constitucional.

5.6. La sociedad Autopistas del Café S.A. solicitó se declare la improcedencia de la presente acción de tutela, dado que no se cumplen los presupuestos fijados por la Corte Constitucional para su procedencia y “[…] al basarse exclusivamente en la inconformidad subjetiva del actor con la decisión de fondo […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de

20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos

Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.5

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, fungió como parte demandada dentro del medio de control de reparación directa objeto de tutela, la Sala considera que a esa autoridad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional. Razón por la cual , se denegará la solicitud de

demandada dentro del medio de control de reparación directa objeto de tutela, la Sala considera que a esa autoridad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional. Razón por la cual , se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 18 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo de l Quindío y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la providencia de 26 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que hizo tránsito a cosa juzgada.

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se

deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.6

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.7

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Viviana Vanessa Varón Perdomo solicitó, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 18 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 63001-23-33-000-2014-00262-00/03.

del Quindío y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 63001-23-33-000-2014-00262-00/03.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).8

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so

decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 17 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes

del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

[…]

14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 16 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9

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Accionante: Viviana Vanessa Varón Perdomo

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir

18 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de 2023.10

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