CE - Sentencia 11001031500020250580700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Accionante: MOISÉS AARÓN ARROYO QUIÑONEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO

DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Moisés Aarón Arroyo Quiñonez , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de septiembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que

Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de septiembre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, los principios de publicidad y transparencia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. ORDENE dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, y, el Tribunal Administrativo de Bolívar –Sala de Decisión No. 004al expedir las sentencias de fecha 22 de junio de 2022, y, 28 de junio de 2024, respectivamente, con radicado 11 001 3333 010 2018 00292 00 [01], dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor MOISES AARON ARROYO QUIÑONEZ contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL.

2. Se ORDENE TUTELAR los derechos fundamentales a la parte accionante al debido proceso, igualdad, trabajo en condiciones dignas, al principio de publicidad y transparencia administrativa, proporcionalidad, razonabilidad y buena fe en la función administrativa, y, acceso a la administración de justicia.

3. Se ORDENE al Tribunal Administrativo de Bolívar –Sala de Decisión No. 004proferir una nueva sentencia donde haga un análisis juicioso del acervo probatorio existente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siguiendo las regla s

una nueva sentencia donde haga un análisis juicioso del acervo probatorio existente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siguiendo las regla s jurisprudenciales trazada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y las pruebas aportadas al proceso, se tienen como relevantes los siguientes:

La parte accionante afirmó que ingresó a la Escuela de Carabineros Rafael Núñez como alumno del nivel ejecutivo de la Policía mediante Resolución 000366 del 1 de septiembre de 2003, una vez cumplido el ciclo académico exigido, fue dado de alta como patrullero a través de la Resolución no. 01910 de 15 de agosto de 2004.

Indicó que por orden administrativa 1 -192 del 11 de octubre de 2004, ingresó a laborar al Escuadrón Móvil de Carabineros y se dispuso que debía adelantar el curso de ascenso previo para ostentar el grado de subintendente.

Aseveró que el 14 de septiembre de 2015, por recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía y por reunir los requisitos exigidos, fue enviado a adelantar curso de ascenso para obtener el título de subintendente.

Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía y por reunir los requisitos exigidos, fue enviado a adelantar curso de ascenso para obtener el título de subintendente.

Agregó que por necesidades del servicio mediante orden administrativa 1 -010 del 18 de enero de 2016, fue designado para laborar en la Policía Metropolitana de Cartagena en el cargo de vigilancia y el 31 de marzo de 2016, a través de Resolución no. 01265, fue ascendido al cargo de Subintendente.

Bajo ese contexto, aseguró que se desempeñó en los siguientes cargos:

• Subcomandante de la Estación de Policía Clemencia , desde el 9 de noviembre de 2016 hasta el 2 de mayo de 2017. • Comandante de Patrulla de Vigilancia en la Estación de Policía Tubará , desde el 2 de mayo de 2017 hasta 12 de octubre del mismo año. • Comandante de Patrulla y Vigilancia en el CAI Bosque de la Metropolitana de Cartagena, desde el 13 de octubre de 2017 hasta el 29 de julio de 2018.

Adicionó que durante su trayectoria institucional fue condecorado en cinco oportunidades por el mando institucional y las dos últimas fueron el 26 de septiembre de 2016 mediante Resolución no. 06232 y el 20 de mayo de 2017, Resolución no. 04027, dentro de los dos últimos años previos a su retiro de la institución, aunado a que también obtuvo 33 felicitaciones en su hoja de vida, seis de ellas entre los años 2016 y 2018.

Resaltó que fue calificado con buenos puntajes por su buen desempeño; sin

institución, aunado a que también obtuvo 33 felicitaciones en su hoja de vida, seis de ellas entre los años 2016 y 2018.

Resaltó que fue calificado con buenos puntajes por su buen desempeño; sin embargo, para el año 2018, entre el 10 de enero hasta el 11 de agosto de 2018, fue calificado con un puntaje equivalente a 234 puntos, correspondientes a la escala de medición del ni vel incompetente, donde asegura se omitió calificar el ítem de factores de desempeño profesional numeral 3.3. comportamiento y 3.6 actividades de apoyo.

Refirió que la Junta de Evaluación para Suboficiales, el Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena, mediante acta 004 de 3 de julio de 2018, estudió su trayectoria como subintendente y determinó que registró 32 anotaciones de afectación al servicio.

Aseveró que el 30 de julio de 2018, fue notificado personalmente de la Resolución 326 del 26 de julio de 2018, “por la cual se Retira del Servicio Activo a un miembro del Nivel Ejecutivo, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias”, a lo que agregó que no le pusieron en conocimiento en contenido del Acta 004 de 3 de julio de 2018, que recomendó su retiro.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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3 Como consecuencia de lo anterior, el accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , promovió demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución no. 326 de 26 de julio de 2018, por medio de la cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional. A título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al servicio activo en el grado que, de acuerdo con su antigüedad c orrespondiera. De i gual modo, requirió que se declarara que no existió solución de continuidad.

Sumado a lo anterior, pidió que se conden ara a la entidad demandada al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su retiro, así como el pago de $7.000.000 por concepto de daño emergente y de 100 S.M.M.LV por daños morales.

Indicó que el conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia , al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, que por sentencia de 22 de julio de 2022 resolvió negar las pretensiones de la demanda , al considerar que no podía deprecarse la falta de motivación del acto administrativo demandado, teniendo en cuenta que en el mismo se consagraron detalladamente las razones por las cuales se recomendó su retiro de la institución, por cuanto a juicio de la

no podía deprecarse la falta de motivación del acto administrativo demandado, teniendo en cuenta que en el mismo se consagraron detalladamente las razones por las cuales se recomendó su retiro de la institución, por cuanto a juicio de la entidad demandada, su actuar contrariaba los principios de la institución y afectaba gravemente la confianza que el mando institucional y la sociedad tenían depositada.

En ese orden, el juzgado concluyó que el acto administrativo cumplió con la motivación exigida por la Corte Constitucional, la cual obedeció al estudio sobre el caso particular del demandante y las razones concretas que condujeron a su retiro en procura de la mejora del servicio.

Por último, manifestó que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de 28 de junio de 2025, en la que confirmó la decisión del a quo, con argumentos similares a los expuestos en el fallo de primera instancia.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que en el presente caso se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales , por cuanto (i) se encuentra legitimado en la causa por activa , teniendo en cuenta que fungió como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, i dentificado con el radicado 13001-33-33-010-2018-00292-00/01; (ii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que el fallo de segunda instancia fue proferido el 28 de junio de 2024 y notificado el 21 de marzo de 2025; (iii) cumple con el requisito de subsidiariedad , en tanto agotó los recursos ordinarios al

fue proferido el 28 de junio de 2024 y notificado el 21 de marzo de 2025; (iii) cumple con el requisito de subsidiariedad , en tanto agotó los recursos ordinarios al presentar de manera oportuna el recurso de apelación; (iv) reviste de relevancia constitucional, en razón a que se trata de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y los principios de publicidad y transparencia, como consecuencia de la indebida valoración probatoria efec tuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, especialmente de su hoja de vida, teniendo en cuenta que malinterpretó los llamados de atención, desconoció la falsa motivación del acto administrativo demandado y aplicó de manera extensiva e ilimitada la facultad discrecional y; (v) no se trata de una tutela contra tutela.

Respecto de los requisitos específicos de procedencia señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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4 Frente al (i) defecto fáctico, indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar valoró de manera arbitraria, irracional y caprichosa los elementos probatorios aportados al proceso, teniendo en cuenta que le dio prevalencia a anotaciones menores y a

Frente al (i) defecto fáctico, indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar valoró de manera arbitraria, irracional y caprichosa los elementos probatorios aportados al proceso, teniendo en cuenta que le dio prevalencia a anotaciones menores y a hechos sin sanción en firme, desestimando sus catorce años de trayectoria positiva.

Lo anterior, teniendo en cuenta que privilegió 32 anotaciones negativas, de las cuales 21 de ellas consistieron en llamados de atención verbales que fueron registradas en la hoja de vida, sin que ello sea permitido por la ley y la jurisprudencia constitucional. De igual modo, aseveró que el Tribunal excluyó las 78 anotaciones positivas, las 33 felicitaciones y las 5 condecoraciones que obtuvo durante sus 14 años de servicio.

Asimismo, agregó que las autoridades judiciales cuestionadas valoraron como antecedentes – hechos gravesel uso indebido de arma en estado de embriaguez y hurto de celulares, sin que existiera sanción disciplinaria o penal en firme, situación que desconoce el principio de presunción de inocencia.

Aseveró que al medio de control se allegaron medios de prueba que demostraron toda su trayectoria laboral y soportaron una presunta persecución, como cuando en el año 2017 fue evaluado de manera indebida, al ser categorizado en una medición de incompetente, al obtener un puntaje inferior al requerido, teniendo en cuenta que únicamente fue examinado en la categoría de ejecución y nivel de gestión operativo y se omiti eron los ítems de factores de desempeño profesional y de comportamiento, exclusión que también se evidenció en el año 2018, l os cuales eran obligatorios, de conformidad con el Decreto 1800 de 2000.

y se omiti eron los ítems de factores de desempeño profesional y de comportamiento, exclusión que también se evidenció en el año 2018, l os cuales eran obligatorios, de conformidad con el Decreto 1800 de 2000.

En lo relacionado con el (ii) defecto sustantivo manifestó que se generó por aplicación indebida del artículo 27 de la Ley 1015 de 2006, al admitir llamados de atención verbales como soporte de su retiro de la Policía, desconociendo que la Corte Constitucional en las sentencias SU-091 de 2016 y la T-152 de 2017, ha sido clara en establecer que los llamados de atención no son antecedentes disciplinarios ni deben registrarse en la hoja de vida.

De igual modo , aseveró que existió un error inducido, teniendo en cuenta que las autoridades reprochadas confiaron en la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, sin advertir las inconsistencias graves que rodearon las evaluaciones de desempeño para los años 2017 y 2018, que omitieron evaluar ítems obligatorios.

En cuanto al (iii) desconocimiento del precedente judicial , sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció los estándares fijados por el Consejo de Estado en la sentencia de Unificación SUJ -26-S2, expediente 4288, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional - SU-053 de 2015, SU-172 de 2015 y SU288 de 2015-, que han exigido la motivación reforzada de los actos administrativos, cuando se trata de retiros discrecionales.

Bajo ese contexto, sostuvo que no le permitieron conocer el acta 004 de la Junta de Calificación ni los documentos que sirvieron de soporte, así como las razones

cuando se trata de retiros discrecionales.

Bajo ese contexto, sostuvo que no le permitieron conocer el acta 004 de la Junta de Calificación ni los documentos que sirvieron de soporte, así como las razones objetivas que motivaron la recomendación de su retiro.

Finalmente, alegó la (iv) la violación directa de la Constitución, al considerar que el Tribunal Administrativo de Bolívar remplazó el control judicial por un análisis formal, incurriendo en una actuación arbitraria y desproporcionada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se omitió un juicio de proporcionalidad , se desconoció la presunción de inocencia, el debido proceso probatorio, la finalidad delRadicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

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5 servicio, la prohibición de arbitrariedad, la supremacía constitucional y el deber de interpretación.

4. Trámite procesal

Por auto de 23 de septiembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y a las autoridades judiciales accionadas - Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena-, al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

de Defensa Nacional, Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 138695 a 138699 de 25 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela , al considerar que no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia, teniendo en cuenta que la controversia planteada por el actor es de naturaleza legal y probatoria.

En ese orden, aseveró que la parte accionante pretende discutir una decisión desfavorable a sus intereses, sin que indique cuál es la norma violada, en tanto su fundamento radica únicamente en una sentencia que no aplica a su caso concreto, con l a que busca atacar el criterio interpretativo del juez natural, utilizando el mecanismo constitucional como una tercera instancia

5.2. Respuesta de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

La asesora del sector defensa solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que el accionante no agotó todos los medios de defensa y acudió directamente al mecanismo constitucional.

Sobre el particular, indicó que el accionante no demostró la vulneración de los derechos fundamentales que invoca, teniendo en cuenta que en el proceso ordinario

acudió directamente al mecanismo constitucional.

Sobre el particular, indicó que el accionante no demostró la vulneración de los derechos fundamentales que invoca, teniendo en cuenta que en el proceso ordinario se conoció y analizó de fondo la litis planteada, en tanto se abordó de manera integral las pretensiones de la demanda y los argumentos allí expuestos, de los que logró acreditar que la Resolución no. 326 de 26 de julio de 2018 fue expedida con respeto de los principios de legalidad, objetividad y razonabilidad, conforme a los requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso objeto de estudio.

5.3. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, pese a que fue debidamente notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), laRadicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

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6 Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada el señor

6 Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada el señor Moisés Aarón Arroyo Quiñonez es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial demandada incurri ó en los defectos fáctico , sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 2, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los

se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que

para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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7 iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un

el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.

Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Moisés Aarón Arroyo Quiñonez , quien actúa por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Cartagena, por considerar que

El señor Moisés Aarón Arroyo Quiñonez , quien actúa por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Cartagena, por considerar que los fallos de 22 de julio de 2022 y 28 de junio de 2024, respectivamente, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , incurren en los defectos fáctico, sustantivo , desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

Al respecto, indicó que las autoridades judiciales accionadas al resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en (i) defecto fáctico, en tanto existió una valoración arbitraria, irracional y caprichosa del material probatorio aportado al proceso, (ii) defecto sustantivo, por indebida interpretación del artículo 27 de la Ley 1015 de 2006 y por incurrir en un error inducido, (iii) desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia de unificación SUJ26-S2 del Consejo de Estado y las sentencias SU-053 de 2015, SU -172 de 2015 y SU -288 de 2015 de la Corte Constitucional y (iv) violación directa de la Constitución, al reducir su control a un análisis meramente formal, permitiendo un actuar arbitrario y desproporcionado.

Ahora bien, del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar al resolver el recurso de apelación que el demandante interpuso contra el fallo de primera instancia en el que se negaron las pretensiones

Sala advierte que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar al resolver el recurso de apelación que el demandante interpuso contra el fallo de primera instancia en el que se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

En efecto, del expediente allegado como prueba se observa que la parte demandante promovió demanda con la pretensión de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución no. 323 del 26 de julio de 2018 , por medio de la cual se dispuso su retiro del servicio activo de la Policía Nacional.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05807-00

Demandante: Moisés Aarón Arroyo Quiñonez

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8 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena por sentencia de 22 de julio de 2022 negó las súplicas de la demanda , por considerar que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado y, por tanto, dicho acto no incurrió en falsa motivación.

Lo anterior, al considerar que no podía invocarse la falta de motivación del acto administrativo demandado, teniendo en cuenta que en el mismo se consagraron detalladamente las razones por las cuales se recomendó su retiro de la institución, por cuanto, a juicio de la entidad demandada, su actuar contrariaba los principios de la institución y afectaba gravemente la confianza que el mando institucional y la

detalladamente las razones por las cuales se recomendó su retiro de la institución, por cuanto, a juicio de la entidad demandada, su actuar contrariaba los principios de la institución y afectaba gravemente la confianza que el mando institucional y la sociedad tenían depositada, por lo que concluyó que la Resolución no. 323 del 26 de julio de 2018, cumplió con la motivación exigida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la cual obedeció al estudio sobre el caso particular del demandante y las razones concretas que condujeron a su