CE - Sentencia 11001031500020250580801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05808-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: ELI SAUL PÁEZ GUTIÉRREZ Y OTROS

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE

ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE

MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL

PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO E IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 16 de octubre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la solicitud de amparo.

1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores HIROLDO RAFAEL GUTIÉRREZ MELÉNDEZ, HAROLD

JUCETH GUTIÉRREZ ESCORCIA , JOSEFA MARÍA , BIALIS

SOFIA, NELLY MARGOT , POMPILIO e IRIS DEL CARMEN

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ , VIOLA SOFIA GUTIÉRREZ DE AYALA ,

MIRIAM ESTELA GUTIÉRREZ DE ARAGÓN , ADANOLIS

GUTIÉRREZ DE VARELA , NICK ARNULFO VALENCIA

GUTIÉRREZ, BUANERGE CALIXTO ARIZA GUTIÉRREZ , NAIRO

JESÚS, INGRIS DEL CARMEN , YAMILE DEL SOCORRO , YONIS

JOSÉ y YAIR BAUTISTA AYALA GUTIÉRREZ, YERMIS ENRIQUE

y JHON JANNER GARIZABALO GUTIÉRREZ, LISVIALY

GUTIÉRREZ CARRANZA , RONALD, ELKIN FERNANDO y

AURISTELA VARELA GUTIÉRREZ , MARISOL GUTIÉRREZ

CARRANZA, SIRLENE LUZ GARIZABALO GUTIÉRREZ , OMAR

AURISTELA VARELA GUTIÉRREZ , MARISOL GUTIÉRREZ

CARRANZA, SIRLENE LUZ GARIZABALO GUTIÉRREZ , OMAR

ALFREDO, EVASANDRITH, GINA GINETH y KEIDYS PAOLA

GALVÁN GUTIÉRREZ , MAMFREDY, MARICELA, MILENA DEL

CARMEN, ARLINY SOFIA y ELIZABETH ARAGÓN GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL , MARIO ANDRÉS y SAUL PÁEZ GUTIÉRREZ y MIRIANA SOFIA ARIZA GUTIÉRREZ , actuando a través de3

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apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y al principio de reparación integral, los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA 2, al haber proferido la providencia de 23 de julio de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00068-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 29 de septiembre de 2001, el señor LUIS ENRIQUE

control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00068-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 29 de septiembre de 2001, el señor LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ salió de su casa ubicada en el MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO3 (MAGDALENA), a realizar labores de pesca, no obstante, no regresó.

Como consecuencia de lo anterior instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL,

la POLICÍA NACIONAL, el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 4

2 En adelante el TRIBUNAL. 3 En adelante MUNICIPIO. 4 En adelante DEPARTAMENTO.4

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y el MUNICIPIO, con el fin de que se les declarara responsables por los perjuicios causados con ocasión de la desaparición del señor GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, pues consideraban que habían pruebas suficientes para determinar la ausencia de fuerza pública y vigilancia en el mencionado municipio.

A la mencionada demanda le fue asignado el número único de radicación 2019-00068-00 y correspondió por reparto al JUZGADO

suficientes para determinar la ausencia de fuerza pública y vigilancia en el mencionado municipio.

A la mencionada demanda le fue asignado el número único de radicación 2019-00068-00 y correspondió por reparto al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA5 que, en sentencia de 26 de septiembre de 2021, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

Manifestaron que interpusieron recurso de apelación , cuyo conocimiento le correspondió al TRIBUNAL que, en providencia de 23 de julio de 2025, revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al no haberse acreditado la responsabilidad del Estado en la desaparición del señor GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ.

I.3. Fundamentos de derecho

5 En adelante JUZGADO.5

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Señalaron que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico al no valorar las pruebas e indicios que obraban en el expediente, tampoco aplicó el principio de flexibilidad probatoria que debe regir en los procesos relacionados con violaciones de derechos humanos y no decretó pruebas de oficio con el fin de esclarecer las dudas surgidas.

aplicó el principio de flexibilidad probatoria que debe regir en los procesos relacionados con violaciones de derechos humanos y no decretó pruebas de oficio con el fin de esclarecer las dudas surgidas.

Indicaron que en los casos de violaciones de derechos humanos los jueces no pueden exigir pruebas estrictas o rigurosas a las víctimas y tampoco puede aplicarse la figura de la caducidad por ser contraria al bloque de constitucionalidad y al derecho internacional en los casos de desplazamiento forzoso.

Alegaron que la sentencia cuestionada pasó por alto lo establecido en la sentencia T-301 de 9 de julio de 20 196, proferida por la Corte Constitucional, en la que se dijo que el conteo del término de caducidad no puede aplicarse de manera absoluta en virtud del principio de seguridad jurídica y prevalencia del interés general.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

6 Sentencia T-301 de 9 de julio de 2019 Corte Constitucional, M.P . Diana Fajardo Rivera6

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“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de julio de 2025, en su segundo fallo: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva

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“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de julio de 2025, en su segundo fallo: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Solicito a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de la decisión proferida por la autoridad accionada, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA quien negó las pretensiones.

SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación del medio de control de reparación directa para el año 2019, dada la línea de argumentación transcrita por el apoderado, que tiene como fundamento los principios de legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva. […]”.

(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de control de reparación directa cuestionado, señaló que se negaron las pretensiones de la demanda al no haberse acreditado la responsabilidad del Estado, pues no se aportaron elementos probatorios que permitieran inferir la previsibilidad de los hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2001, ni que condujeran a establecer un nexo de responsabilidad entre el daño alegado y la presunta omisión de la administración.

Aseguró que no vulneró los derechos fundamentales alegados por los actores, por lo que solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.7

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actores, por lo que solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.7

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I.6. Vinculados

I.6.1.- El EJÉRCITO NACIONAL manifestó que el encargado de responder por las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales de los accionantes es el TRIBUNAL, por lo que solicitó ser desvinculado de la acción constitucional de la referencia y denegar las pretensiones de la demanda.

I.6.2.- El MUNICIPIO adujo que no se puede usar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto en sede de lo contencioso administrativo; además, que, a su juicio, no se configura defecto alguno que haga viable su estudio, por lo que solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional.

I.6.3.- El JUZGADO manifestó que la vulneración alegada por los actores es ajena a su actuar, pues la decisión que profirió en su momento fue consecuencia de l análisis y estudio de los hechos y excepciones propuestas dentro del medio de control de reparación directa.8

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directa.8

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I.6.4.- La POLICÍA NACIONAL mencionó que el TRIBUNAL no vulneró los derechos fundamentales alegados , por lo que solicitó denegar las pretensiones de la acción constitucional de la referencia.

I.6.5.- EL DEPARTAMENTO, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 16 de octubre de 2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que la autoridad judicial accionada no realizó una valoración caprichosa del material probatorio obrante en el expediente, sino que, por el contrario, efectuó un estudio integral de las pruebas que condujeron a concluir que estas no eran suficientes para demostrar que el Estado tenía certeza o debía conocer acerca del riesgo concreto e individualizable que enfrentaba el señor GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

Señaló que “[…] no se estructuró el defecto fáctico alegado por la parte actora, dado que el análisis de los elementos de juicio se ajustó plenamente a las reglas de la sana crítica y, por ende, no se9

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parte actora, dado que el análisis de los elementos de juicio se ajustó plenamente a las reglas de la sana crítica y, por ende, no se9

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vulneraron los derechos fundamentales invocados. […]”.

Por último, en cuanto al cargo de desconocimiento del precedente judicial, indicó que el pronunciamiento traído a colación dictado por la Corte Constitucional no guarda similitud fáctica en el caso de los actores.

Por último, denegó la solicitud de desvinculación elevada por el

EJÉRCITO NACIONAL.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso que establece que “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. Afirmó que las autoridades accionadas dentro del proceso de reparación directa conocían de las masacres y desapariciones de los pescadores de la zona por parte de un grupo al margen de la ley.10

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al margen de la ley.10

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Asimismo, señaló que en el asunto “[…] se configuró un defecto fáctico procedimental en su dimensión de exceso ritual manifiesto por cuanto aplicó, de manera irreflexiva, la regla procesal según la cual le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que se persigue. También porque impuso una carga imposible de cumplir a los demandantes, al tiempo que ignoró la búsqueda de la Verdad material el cual es un derecho de la población víctima del conflicto armado, consagrado tanto en la Ley como en la Jurisprudencia […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la11

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la11

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distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicia l cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir los señalados en la sentencia C590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir los señalados en la sentencia C590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso12

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y13

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de

es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.14

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del

de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 23 de julio de 2025, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00068-01.15

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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al principio de reparación integral , habida cuenta que , a su juicio, incurrió en defecto fáctico al no valorar las pruebas e indicios que obraban en el expediente, tampoco aplicó el principio de flexibilidad probatoria que debe regir en los procesos relacionados con violaciones de derechos humanos y no decretó pruebas de oficio con el fin de esclarecer las dudas surgidas.

Alegaron que la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia T-301 de 9 de julio de

violaciones de derechos humanos y no decretó pruebas de oficio con el fin de esclarecer las dudas surgidas.

Alegaron que la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia T-301 de 9 de julio de 2019, proferida por la Corte Constitucional, en la que se dijo que el conteo del término de caducidad no puede aplicarse de manera absoluta en virtud del principio de seguridad jurídica y prevalencia del interés general.

La acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 16 de octubre de 2025, denegó la solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión16

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proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, se desestimaron injustificadamente los defectos sustantivo y fáctico que se alegaron, pues de las pruebas obrantes en el proceso se podía establecer la responsabilidad del Estado y su obligación de haber salvaguardado la vida y seguridad de l señor GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se

SÁNCHEZ.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En este punto es del caso advertir que los argumentos relacionados con el presunto defecto sustantivo son inconformidades que no fueron expuestas desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia constitucional que no fueron debatidos por el juez de primera instancia, por lo que se relevará de su estudio.17

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».8

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.18

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la