CE - Sentencia 11001031500020250581600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: NUBIA ROSALBA NIÑO LEAL COMO AGENTE OFICIOSA DE

MILTON DANILO NIÑO LEAL

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – El Tribunal accionado exigió al hijo en condición de invalidez, un requisito adicional a los contemplados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para efectos de acceder al reconocimiento de la sustitución pensional / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se desconocieron los pronunciamientos de la Corte Constitucional que fijan directrices claras sobre los criterios para determinar la dependencia económica / DEFECTO FÁCTICO - La autoridad judicial demandada omitió valorar medios de prueba , que resultaba n trascendentales para la resolución de la controversia.

determinar la dependencia económica / DEFECTO FÁCTICO - La autoridad judicial demandada omitió valorar medios de prueba , que resultaba n trascendentales para la resolución de la controversia.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora Nubia Rosalba Niño Leal, como agente oficiosa de su hermano Milton Danilo Niño Leal contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de septiembre de la presente anualidad , la señora Nubia Rosalba Niño Leal, como agente oficiosa de su hermano Milton Danilo Niño Leal, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial en mención, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de igualdad y no discriminación, seguridad social, mínimo vital y protección reforzada a persona con discapacidad, con ocasión de la sentencia proferida 22 de julio de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-202100123-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual con posibles errores

incluidos):

1. Amparo. Tutelar los derechos fundamentales de Milton Danilo Niño Leal (debido proceso y acceso a la justicia, igualdad y no discriminación por discapacidad, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana).

1 Se advierte que el 8 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

proceso y acceso a la justicia, igualdad y no discriminación por discapacidad, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana).

1 Se advierte que el 8 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

2. Dejar sin efectos y restablecer. Dejar sin efectos la sentencia del 22 de julio de 2025 de la Sala de Decisión N.º 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá (Rad. 1500133-33-009-2021-00123-01) y, en su lugar, restablecer la sentencia del 10 de noviembre de 2022 del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja que reconoció la sustitución pensional, ordenando a la UGPP incluir al agenciado en nómina y pagar las mesadas causadas con los ajustes legales (indexación y prescripción aplicable).

3. En subsidio, que se deje sin efectos la sentencia del 22/07/2025 y se ordene a la Sala de Decisión Nº 3 proferir nueva decisión, con valoración integral y, de ser necesario, prueba oficiosa pertinente, conforme a la C -066 de 2016, el enfoque diferencial y la sana crítica (art. 176 CGP, art. 306 CPACA).

2. Como medida provisional , solicitó: «(…) se disponga la inclusión provisional del

diferencial y la sana crítica (art. 176 CGP, art. 306 CPACA).

2. Como medida provisional , solicitó: «(…) se disponga la inclusión provisional del agenciado en la nómina de sustitución o el pago mensual equivalente, hasta decisión definitiva».

3. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

4. Mediante la Resolución SUB 123984 del 19 de febrero de 2019, Colpensiones reconoció la pensión de invalidez a favor del señor Milton Danilo Niño Leal, bajo la condición de que se debía allegar la respectiva sentencia que resolvió su interdicción judicial. Posteriormente, con la Resolución 318421 del 22 de noviembre de 2019, Colpensiones levantó la suspensión y dispuso el pago efectivo de la prestación, a partir del 13 de abril de 2018.

5. Posteriormente, el señor Niño Leal solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su padre Aparicio Niño Suárez, petición que fue denegada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante las Resoluciones RDP 012973 de 4 de junio de 2020 y RDP 019473 de 28 de agosto 2020.

6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Milton Danilo Niño Leal presentó demanda en contra de la UGPP, con el objeto de que se declarara la nulidad de los actos administrativos en mención.

6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Milton Danilo Niño Leal presentó demanda en contra de la UGPP, con el objeto de que se declarara la nulidad de los actos administrativos en mención.

7. En sentencia del 10 de noviembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que , el 15 de diciembre de 2018 se le diagnosticó al actor la pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 61.54%, con fecha de estructuración de 13 de abril de 2018.

8. Inconforme con la decisión, la UGPP la apeló, y el Tribunal Administrativo de Boyacá la revocó , mediante sentencia del 22 de julio de 2025, y, en su lugar , negó las pretensiones de la demanda, toda vez que, a su juicio el reclamante no acreditó el requisito de dependencia económica exigido por la normativa aplicable.

9. La parte actora s ostuvo que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo de segunda instancia, incurrió en los siguientes defectos:

10. Sustantivo. El Tribunal condicionó el reconocimiento de la pensión de sustitución a que la invalidez del beneficiario se hubiera estructurado antes de su mayoría de edad, requisito que no exigen los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

11. Adujo que la normativa en mención únicamente exige que el reclamante acredite el parentesco, el estado de invalidez y la dependencia económica al momento del deceso.

Este último requisito, debe analizarse bajo un estándar material de suficiencia para el mínimo vital digno, lo que significa que la existencia de otros ingresos no desvirtúa per se la situación de dependencia.

12. Desconocimiento del precedente. La decisión censurada desatendió la regla contenida en la sentencia C -066 de 2016, en la que se descartó la carencia total de ingresos como dependencia absoluta y se definió la dependencia como la insuficiencia material para mantener el mínimo existencial digno.

13. Así mismo, afirmó que la providencia censurada ignora la jurisprudencia que avala la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la de jubilación.

14. Además, en este caso, para apartarse de la jurisprudencia que impone los lineamientos sobre el mínimo vital y la compatibilidad pensional, se exigía que el fallador realizara una ponderación reforzada, por tratarse de derechos sociales (seguridad social y mínimo vital) en cabeza de un sujeto de especial protección en razón a la discapacidad.

15. Fáctico. Dado que se realizó una valoración fragmentada e irrazonable de los medios de prueba obrantes en el plenario, considerando que la autoridad judicial: (i) restó mérito

15. Fáctico. Dado que se realizó una valoración fragmentada e irrazonable de los medios de prueba obrantes en el plenario, considerando que la autoridad judicial: (i) restó mérito al informe técnico de campo que elaboró la UGPP (Informe de Investigación 238919 de 15 de mayo de 2020) , dado que en él se concluyó la dependencia económica del reclamante; (ii) no se consideró el testimonio de María Olga Niño Leal, que corrobora la dependencia, los cuidados y la financiación que se hacía con los aportes del padre del reclamante mient ras que estuvo vivo ; en cambio , se concedió valor absoluto a los registros de las semanas cotizadas por el señor Niño Leal, sin importar su antigüedad ;

(iii) se asumió equivocadamente que un salario mínimo y la cobertura del sistema de salud son suficientes para garantizar la vida digna del actor; (iv) se sobrevaloró el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor Niño Leal , con lo que se concluyó erradamente la ausencia de dependencia económica del reclamante.

16. Asimismo, reprochó la falta de ejercicio del poder oficioso por parte de la autoridad judicial accionada, toda vez que, en su criterio, el juez natural de la causa debió ordenar de oficio una prueba pericial, a fin de cuantificar los costos de cuidado y apoyos humanos requeridos por el señor Milton Danilo Niño Leal. Como no lo hizo, considera que la sentencia se profirió sin el insumo técnico necesario e imprescindible para decidir la controversia planteada.

17. En ese orden, insistió en que la vulneración a los derechos invocados se concreta en

sentencia se profirió sin el insumo técnico necesario e imprescindible para decidir la controversia planteada.

17. En ese orden, insistió en que la vulneración a los derechos invocados se concreta en que la autoridad judicial de segunda instancia afirmó, en su sentir, sin sustento, que un salario mínimo y la sola cobertura de salud, bastan para asegurar la congrua subsistencia del señor Niño Leal. Afirmó que con ello se desconoció que la dependencia económica no se desvirtúa por la mera existencia de algunos ingresos, si estos no alcanzan para cubrir el mínimo existencial en condiciones dignas.

18. Señaló que, en virtud del artículo 97 del CGP, la omisión de la entidad demandada en el proceso de origen (UGPP), al no contestar la demanda, daba lugar a la aplicaciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

de la presunción de veracidad, en especial frente a los hechos relacionados con la dependencia económica alegada.

19. Violación directa de la Constitución. La sentencia censurada no realizó un análisis con enfoque diferencial, encaminada a la protección y no discriminación del señor Milton Danilo Niño Leal, en tanto que no incorporó los costos adicionales de la discapacidad, reflejados en los apoyos humanos, supervisión en actividades básicas, transporte asistido, adherencia terapéutica, etc.

Danilo Niño Leal, en tanto que no incorporó los costos adicionales de la discapacidad, reflejados en los apoyos humanos, supervisión en actividades básicas, transporte asistido, adherencia terapéutica, etc.

20. Insistió en que se maximizó o sobredimensionó el hecho probado de que el accionante hubiera cotizado al sistema de seguridad social, puesto que, en su sentir, ello no es sinónimo de autosuficiencia y, en todo caso, la Corte Constitucional ha enfatizado que el hecho de que la persona perciba ciertos ingresos no elimina de tajo la dependencia económica.

21. Reiteró que la exigencia de haber estructurado la invalidez antes de la adultez carece de soporte legal, dado que la norma no lo contempla de esa forma. En ese sentido, se profirió el salvamento de voto, con lo que se advierte el efecto regresivo y discriminado de la decisión cuestionada , que desconoce la finalidad de la sustitución pensional y subvalora los cuidados que debe tener una persona con las condiciones de salud del accionante, que requiere continuidad de cuidados, más aún si se considera que el apoyo familiar es limitado.

22. Finalmente, reiteró que la pensión de invalidez es compatible con la sustitución pensional reclamada , porque tienen causas distintas , y que dicho aspecto no fue considerado por el Tribunal accionado.

B. Trámite impartido e intervenciones

23. Mediante auto del 25 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra el Tribu nal Administrativo de Boyacá, y, como tercero con interés , ordenó la notificación del director general de la UGPP, toda vez que la

admitió la acción de tutela contra el Tribu nal Administrativo de Boyacá, y, como tercero con interés , ordenó la notificación del director general de la UGPP, toda vez que la entidad que representa intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001 -33-33-009-2021-00123-01-01. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

24. En la misma oportunidad negó la medida provisional solicitada.

25. El Tribunal Administrativo de Boyacá no presentó informe alguno, pese a ser notificado en debida forma.

26. La UGPP adujo que la tutela es improcedente, toda vez que mediante ella se pretende invalidar una decisión en firme acogida por el juez natural de la causa, y en todo caso, no se avizoran los defectos fáctico y sustantivo que, a juicio de la parte actora vician la providencia censurada.

27. Asimismo, se refirió a la inexistencia del perjuicio irremediable, y a la improcedencia de la acción de tutela para reclamar prestaciones económicas negadas en sede judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

28. De otra parte, alegó el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, aduciendo que el accionante cuenta con los recursos extraordinarios para controvertir la sentencia cuestionada.

www.consejodeestado.gov.co

5

28. De otra parte, alegó el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, aduciendo que el accionante cuenta con los recursos extraordinarios para controvertir la sentencia cuestionada.

29. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19 91, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

31. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del 22 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá adolece de los defectos alegados por la parte actora y, por ende, vulneró los derechos fundament ales en cabeza del señor Milton Danilo Niño Leal.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

32. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda

en cabeza del señor Milton Danilo Niño Leal.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

32. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 22 de julio de 2025 y la tutela se instauró el 16 de septiembre siguiente, es decir, dentro de un término razonable.

33. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza2. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de

2 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción

por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

nulidad por inconstitucionalidad 3, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»4.

34. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; además, las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

35. Relevancia constitucional. La Sala encuentra satisfecha esta exigencia, dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la parte actora explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social en

los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la parte actora explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social en cabeza del señor Milton Danilo Niño Leal , los cuales son tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela, más aún cuando se trata de personas que son sujeto de especial protección, como en este caso lo es el accionante, quien padece de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Todo ello descarta que la parte actora persiga la mera finalidad de convertir este juicio de amparo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario.

36. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa mínima en relación con los defectos alegados, así:

• Sustantivo: inaplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, dado que, para efectos de acceder a la sustitución pensional, dichas normas no exigen que la pérdida de capacidad del hijo en estado de invalidez, se haya estructurado antes de cumplir la mayoría de edad;

• Desconocimiento del precedente: expuso con claridad la contrariedad que presenta la providencia cuestio nada de cara a la sentencia C -066 de 2016, en relación con la acreditación de la dependencia económica, que según la Corte Constitucional no se desvirtúa por el solo hecho de contar con otros ingresos adicionales, ni poseer propiedades, ni devengar el salario mínimo, entre otras.

• Fáctico: señaló cuáles son los medios de prueba que considera fueron valorados erradamente por la autoridad judicial accionada, indicando las conclusiones

adicionales, ni poseer propiedades, ni devengar el salario mínimo, entre otras.

• Fáctico: señaló cuáles son los medios de prueba que considera fueron valorados erradamente por la autoridad judicial accionada, indicando las conclusiones distintas a las que permiten llegar, de realizar un análisis conjunto y congruente de las mismas.

Caso concreto y solución del problema jurídico

37. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial censurada, pasa la Sala a pronunciarse sobre los defectos invocados, en aras de establecer si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en ellos.

3 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 4 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

38. Defecto sustantivo. Por haber condicionado el reconocimiento de la pensión de sustitución a que la invalidez del beneficiario se hubiera estructurado antes de su mayoría de edad, requisito que no está previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

sustitución a que la invalidez del beneficiario se hubiera estructurado antes de su mayoría de edad, requisito que no está previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

39. De la lectura de la providencia objeto de reproche, la Sala advierte que, en efecto, la autoridad judicial cimentó su decisión en una interpretación errada del derecho a la sustitución pensional, dado que partió de la premisa equivocada de que aquel constituye una prórroga o continuación de la obligación alimentaria, de manera que, para que el hijo en condición de invalidez suceda al pr ogenitor fallecido, a su juicio, es necesario que la discapacidad se haya estructurado antes de la mayoría de edad, esto es , mientras subsistía la obligación alimentaria. Esta tesis , acogida por el Tribunal accionado , se expuso a lo largo de la providencia en los siguientes términos:

67. Ahora, la pensión de sobrevivencia (ya sea en la modalidad de sustitución o de sobrevivencia propiamente) es una proyección del derecho a los alimentos, por manera que se causa frente a las personas que en ese contexto tendrían el derecho a dicha asist encia y, en tratándose de los hijos en condición de discapacidad, de aquellos que alcanzaron esa condición mientras se hallaban bajo la responsabilidad de sus padres.

68. En ese orden, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 422 del Código Civil que dispone lo concerniente a la duración de la obligación de alimentos radicada en cabeza del alimentante, la norma señala: (…)

69. El artículo trascrito establece unas reglas relacionadas con la duración de la obligación de los alimentos, las cuales se pueden condensar así: i) el derecho de

en cabeza del alimentante, la norma señala: (…)

69. El artículo trascrito establece unas reglas relacionadas con la duración de la obligación de los alimentos, las cuales se pueden condensar así: i) el derecho de alimentos en favor del alimentario y su contrapartida la obligación de proveerlos radicada en cabeza del alimentante se extiende por toda la vida de aquel, siempre que continúen las condiciones legales que la legitiman; ii) no es procedente reconocer alimentos cuando el alimentario alcanza la edad legal de emancipación, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1° de la Ley 27 de 197710 es de 18 años, edad en la que la obligación se extingue; iii) lo anterior, con excepción de la existencia de un impedimento corporal o mental que le impida al alimentario subsistir de su trabajo, caso en el cual, la obligación se prolonga por el tiempo en el que dure el impedimento correspondiente, y una vez cesa, con ella termina, salvo que la condición reaparezca.

70. Por lo tanto, a los hijos e n condición de discapacidad que por ese hecho están inhabilitados para proveerse lo necesario para subsistir los ampara el derecho de alimentos con posterioridad a la edad legal de emancipación, siempre que la condición de invalidez hubiese aparecido cuando legalmente se encontraban a cargo del alimentante. (…)

79. Entonces, la condición de invalidez del hijo le permite acceder al derecho a la sustitución pensional, cuando el impedimento físico o mental para procurarse los medios necesarios para su subsistencia se presenta con anterioridad a los 18 años de edad, de bido a que, esa prerrogativa es una prolongación del derecho de alimentos; y en todo caso, la dependencia económica debe estar precedida por un hecho cierto y comprobable.

de edad, de bido a que, esa prerrogativa es una prolongación del derecho de alimentos; y en todo caso, la dependencia económica debe estar precedida por un hecho cierto y comprobable.

40. Más adelante, al resolver el caso concreto, discurrió:

111. En ese contexto, la Sala recuerda que, conforme con el marco normativo citado en precedencia, la sustitución pensional es una progresión del derecho de alimentos, en la medida en que, el solicitante no puede auto solventar sus necesidades básicas, por lo que debe recurrir, en primer término, a sus padres.

112. De ese modo, para que sea procedente el reconocimiento de la pensión que en vida devengaba el causante en favor del hijo en condición de discapacidad es necesario que, tal condición se haya alcanzado mientras éste se hallaba bajo laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05816-00

Demandante: Nubia Niño, como agente oficiosa de Milton Niño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

responsabilidad de su progenitor y en esa circunstancia no hubiere logrado sostenerse por sí mismo.

113. En el caso concreto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que, la invalidez del señor Milton Danilo Niño Leal se estructuró el 18 de abril de 2018, lo que implica que, fue con posterioridad a la edad legal de emancipación, en razón a que, el referido nació el 1° de junio de 1970.

114. Por lo tanto, si bien el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral

emancipación, en razón a que, el referido nació el 1° de junio de 1970.

114. Por lo tanto, si bien el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, tal condición se estructuró cuando se había extinguido la obligación legal del alimentante de proveer lo necesario para su subsistencia, debido a que, fue cuando legalmente ya no se hallaba bajo el cuidado de su progenitor.

41. Para esta Subsección, la sustitución pensional, aunque tiene como finalidad la protección económica, no es una prolongación del derecho de alimentos, entre otras cosas, porque este último tiene su origen en una obligación familiar establecida en el derecho de familia, mientras que el beneficio de sustituir al pensionado fallecido, proviene del derecho laboral y de la seguridad social.

42. Sobre la autonomía del derecho a la sustitución pensional, la Corte Constitucional en

sentencia T-228 de 20235, señaló:

33. El derecho a la sustitución pensional confiere a los familiares de una persona que fallece la posibilidad de disfrutar la pensión que esta percibía en vida[70].

La sustitución pensional no implica el reconocimiento de una nueva prestación pensional a los beneficiarios, únicamente los legitima para subrogar al causante en el disfrute de la pensión[71]. En tales términos, su finalidad es otorgar a los familiares una cobertura frente a una contingencia social que los afecta: la muerte del causante[72]. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la sustitución pensional no es per se un derecho fundamental. Tendrá carácter fundamental “si de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios que

causante[72]. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la sustitución pensional no es per se un derecho fundamental. Tendrá carácter fundamental “si de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta”[73].

34. La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la sustitución pensional se funda y busca materializar tres principios constitucionales [74]. Primero, el principio de “estabilidad económica y social de los allegados del causante”[75]. Esto, porque la posibilidad de que los beneficiarios sustituyan al causante en el derecho a la pensión busca garantizar que estos cuenten con un ingreso que les permita mantener el mismo “grado de seguridad social económica con que contaban en vida del pensionado fallecido”[76] y evitar que la muerte de su familiar los “reduzca a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria” [77]. Segundo, el principio de reciprocidad y solidaridad, habida cuenta de que la titularidad del derecho a la sustitución pensional d