CE - Sentencia 11001031500020250581800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

Demandante: Evelia Calderón Castro y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05818-00

Demandante: Evelia Calderón Castro y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial , reparación directa , criterio de flexibilización probatoria en casos de lesa humanidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta , en nombre propio, por los señores Evelia Calderón Castro, Enver Eduardo García Gaviria, Adriana García Gaviria, Carlos Alberto García Gaviria, Raúl Fernando García Gaviria contra la sentencia del 3 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por la supuesta vulneración de l derecho fundamental a la verdad, como víctimas de desaparición forzada, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

De la lectura del escrito inicial se advierte que las pretensiones de la parte actora están

por la supuesta vulneración de l derecho fundamental a la verdad, como víctimas de desaparición forzada, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

De la lectura del escrito inicial se advierte que las pretensiones de la parte actora están orientadas a que se deje sin efecto la sentencia del 3 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , y como consecuencia, se ordene proferir decisión de remplazo en la cual se acceda a las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas.

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron origen al medio de control

Luis Fernando Aranzales Caldas trabajó como informante para el Ejército Nacional desde el 16 de marzo de 1979. El 16 de mayo de 1983, fue nombrado en el cargo de agente de inteligencia y tomó posesión desde el 15 de junio siguiente. Para el desarrollo de sus labores, se le cambió la identidad y la de sus familiares. Además, era la persona que proveía económicamente por su esposa e hijos.

Las labores de inteligencia que desempeñaba consistieron en infiltrarse en la cúpula de la Regional de Oriente del grupo subversivo Movimiento 19 de abril – M19, y dar información de sus cabecillas y recuperar el armamento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

Demandante: Evelia Calderón Castro y otros

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información de sus cabecillas y recuperar el armamento.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

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Desde el 18 de junio de 1986, en el desarrollo de una misión en el municipio de San Gil, desapareció Luis Fernando Aranzales Caldas. Según afirmaron los demandantes del medio de control de reparación directa, en la tarde de ese día fue detenido por miembros del Ejército Nacional en un operativo desarrollado en el municipio de San Gil, de donde supuestamente fue trasladado hasta el Batallón del municipio de Socorro y que esa fue la última vez que fue visto con vida estuvo acompañado por miembros de la institución castrense. Desde ese momento, sus familiares desconocen su paradero, a pesar de las búsquedas y del reporte a varias autoridades. Según la parte demandante, las indagaciones hechas sobre la forma de desaparición y el paradero de la víctima implicaron amenazas hacia sus familiares.

Por lo anterior, el Ejército Nacional ordenó iniciar una investigación para indagar sobre la ubicación de la víctima o las circunstancias de su desaparición, dentro de ese trámite se tomaron testimonios de miembros de la Institución y los familiares del desaparecido. Como consecuencia, se ordenó el pago de las prestaciones sociales y seguro de vida de la víctima, a favor de sus familiares. Sin embargo, no hay prueba de que por ese hec ho se hubiera iniciado proceso judicial de declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento de Luis Fernando Aranzales Caldas.

seguro de vida de la víctima, a favor de sus familiares. Sin embargo, no hay prueba de que por ese hec ho se hubiera iniciado proceso judicial de declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento de Luis Fernando Aranzales Caldas.

El expediente investigativo del Ejército Nacional concluyó que la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas «ocurrió dentro del servicio, por acción directa del enemigo y en cumplimiento de misiones de orden público».

Medio de control de reparación directa

El 8 de noviembre de 2018, los señores Evelia Calderón Castro, Raúl Fernando, Enver Eduardo, Carlos Alberto y Adriana García Gaviria promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables, por la presunta desaparición forzada de Luis Fernando Aranzales Caldas.

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 30 de enero de 2024 , negó las pretensiones de la demanda , al considerar que no existen pruebas que demuestren la participación por acción u omisión de los miembros del Ejército Nacional, que le atribuyan la responsabilidad. Que no se prob aron las amenazas o intimidación de las que alegó ser víctima la esposa del señor Aranzales Caldas, ni se acreditó una acción u omisión del Ejército como causante de la desaparición.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, solicitando que se declarara la responsabilidad del Estado , pues en el expediente se demostró que la desaparición fue posterior a una misión desarrollada por el Ejército

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, solicitando que se declarara la responsabilidad del Estado , pues en el expediente se demostró que la desaparición fue posterior a una misión desarrollada por el Ejército Nacional en el municipio de San Gil, donde se tuvo las últimas noticias del paradero de la víctima, que a partir de ese momento la demandada asumió un comportamiento indolente y de persecución hacia los demandantes.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 3 de febrero de 2025 , confirmó la decisión de primera instancia y sin condena en costas, al considerar que no se demostró cómo fue la desaparición ni los responsables de ese acto, por lo que no resultaba válido atribuir responsabilidad a la demandada.

Que, contrario a lo manifestado por el demandante , no se probó que la desaparición del señor Aranzales Caldas «(…) fuera posterior a una misión desarrollada por el Ejército Nacional en el municipio de San Gil, que fue trasladado al municipio de Socorro y que hay certeza de que la última vez que fue visto con vida estuvo acompañado por miembros delRadicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

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Ejército Nacional», y, tampoco se acreditó que Luis Fernando Aranzales Caldas hubiera enfrentado un riesgo mayor al inherente a sus funciones.

2. Argumentos de la acción de tutela

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Ejército Nacional», y, tampoco se acreditó que Luis Fernando Aranzales Caldas hubiera enfrentado un riesgo mayor al inherente a sus funciones.

2. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque la autoridad judicial accionada «(…) erró en la interpretación de -entre otroslos principios pro homine, pro actione y de equidad, por defecto sustantivo, al INAPLICAR flexibilización en los estándares probatorios para graves violaciones de los derechos humanos».

Alegó la existencia de un defecto fáctico, por una indebida valoración de pruebas que evidencian la responsabilidad de la Nación –Ministerio de Defensa -Ejército Nacional en la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas.

Afirmó que, no se vulnera el principio de certeza del daño ni la carga de la prueba cuando se construye un razonamiento judicial válido a partir de indicios graves, precisos y concordantes. Que, en los casos de desaparición forzada, generalmente se carece de pruebas directas , ni hay uniformidad en los hechos indicadores para la reconstrucción sobre la forma en como ocurrió la desaparición . Que tal y como lo ha previsto la jurisprudencia nacional e internacional, no puede exigirse una prueba directa, dadas las condiciones de clandestinidad, intimidación y vulnerabilidad que caracterizan este tipo de hechos, y que dificultan o impiden su documentación directa.

Que, en el caso concreto, es difícil identificar de manera precisa a los responsables de la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas, pero eso no desvirtúa la

caracterizan este tipo de hechos, y que dificultan o impiden su documentación directa.

Que, en el caso concreto, es difícil identificar de manera precisa a los responsables de la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas, pero eso no desvirtúa la existencia del conjunto de indicios graves, precisos y concordantes que resultan del análisis del acervo probatorio, los cuales debieron ser valorados integralmente por las autoridades judiciales de primera y segunda instancia, dentro del medio de control de reparación directa.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 19 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en calidad de demandados, y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander y a la Nación –Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés.

4. La respuesta del demandado

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, pues la decisión acusada no vulneró ningún derecho fundamental y las pretensiones están orientadas a reabrir el debate probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa.

Señaló que l os argumentos expuestos están orientados a cuestionar la valoración probatoria y el alcance que tienen respecto de los hechos alegados. Sin embargo, indicó que en la sentencia acusada se hizo un análisis completo y detallado del acervo probatorio, que conllevó a determinar que no estaba acreditada la responsabilidad del

probatoria y el alcance que tienen respecto de los hechos alegados. Sin embargo, indicó que en la sentencia acusada se hizo un análisis completo y detallado del acervo probatorio, que conllevó a determinar que no estaba acreditada la responsabilidad del Ejército Nacional en la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas.

Que, contrario a lo manifestado por la parte actora, en la sentencia cuestionada se determinó que estaba acreditado el daño, «(…) pero no había prueba directa niRadicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

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uniformidad sobre hechos indicadores que revelaran cómo fue la desaparición y sus responsables».

Refirió que en el presente caso no resulta válido alegar omisión en la «flexibilización de los estándares probatorios», pues en la providencia se puso de presente que , «(…) no era posible acudir a la prueba indiciaria, porque los testimonios practicados en el proceso eran de oídas, sin identificación de los testigos directos, ni ratificación de sus versiones en el proceso». Que, «(…) varios de los documentos aportados carecían de respaldo o anexos probatorios e individualización de fuentes citadas para demostrar la atribución del daño al Ejército Nacional. Sumado a la existencia de otras pruebas que señalaban que la víctima fue vista por última vez con miembros de la guer rilla del «M -19», pues se desempeñaba como miembro infiltrado en esa colectividad. A su vez, las notas de prensa aportadas apuntaban a

vista por última vez con miembros de la guer rilla del «M -19», pues se desempeñaba como miembro infiltrado en esa colectividad. A su vez, las notas de prensa aportadas apuntaban a la posible intervención de grupos «paramilitares» en la desaparición».

Aseguró que las pruebas fueron valoradas acorde con las reglas de la sana crítica, exponiendo de manera razonada el mérito que se daba a cada medio probatorio, conforme a los postulados de los estatutos procesales , los cuales son de obligatorio cumplimiento y constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no cumple el requisito general de inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia del medio de control de reparación directa se notificó el 21 de febrero de 2025, quedando ejecutoriada el 26 de los mismos mes y año, por su parte la acción de tutela se radicó el 19 de septiembre de 2025, es decir, por fuera de los seis meses previstos por la jurisprudencia constitucional.

Indicó que, el recurso de amparo tampoco cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues los argumentos expuestos están orientados a constituir una instancia adicional del medio de control de reparación directa , para que se e studien nuevamente los hechos y fundamentos de la demanda, bajo el argumento de la configuración de un defecto fáctico.

Finalmente, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, pues

nuevamente los hechos y fundamentos de la demanda, bajo el argumento de la configuración de un defecto fáctico.

Finalmente, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, pues en la decisión acusada al valorar las pruebas aportadas junto con el régimen jurídico aplicable, determinó que no era posible atribuir responsabilidad a la autoridad demandada por la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas.

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque se encuentra orientada a reabrir el debate legal ya zanjado ante el juez natural del asunto , alegando la presunta vulneración de derechos fundamentales. Que en ultimas la discusión es meramente económica.

Que la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez, pues se rad icó superado el término de seis meses, con que contaba desde que se notificó el fallo de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protecciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

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inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados, por incurrir en defectos

3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados, por incurrir en defectos sustantivo y fáctico, al negar las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

En ese orden, la Sala estudiará, en primer lugar, si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, solo en el evento que lo supere, estudiará si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto fáctico, en relación con la indebida valoración probatoria que condujo a señalar que no existió responsabilidad del Estado en la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de l derecho fundamental a la verdad, como

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que

advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)

decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

Demandante: Evelia Calderón Castro y otros

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víctimas de desaparición forzada, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela contra providencia judicial, se estaría afectando los derechos fundamentales de la parte actora, en la medida que se trata de un asunto donde se cuestiona la responsabilidad del estado por la desaparición forzada de una persona, lo cual ha sido considerado como un delito de lesa humanidad, que comporta violación de derechos humanos.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados.

Respecto al (iii) Requisito general de inmediatez se advierte que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 3 de febrero de 20 25, se notificó por correo electrónico del 19 de febrero de 20254, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el

segunda instancia fue proferida el 3 de febrero de 20 25, se notificó por correo electrónico del 19 de febrero de 20254, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025, es decir, se promovió, 6 meses y 23 días después de la notificación, lo que en principio indicaría que no satisface el requisito de seis (6) previsto por la Corte Constitucional, para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un motivo válid o para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

En el presente caso, se advierte que la señora Evelia Calderón Castro, esposa de la víctima, figura en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes de amenaza y desaparición forzada, circunstancias por las cuales actualmente reclama su indemnización. Esta condición, sumada a la complejidad de l asunto planteado, permite a la Sala justificar la flexibilización del requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela.

Además, el tiempo transcurrido entre la notificación de la sentencia cuestionada y la presentación del recurso de amparo, aunque excede el término de seis meses previsto

interposición de la acción de tutela.

Además, el tiempo transcurrido entre la notificación de la sentencia cuestionada y la presentación del recurso de amparo, aunque excede el término de seis meses previsto jurisprudencialmente, no resulta desproporcionado ni revela negligencia, desidia o falta de diligencia por parte de la accionante. Por el contrario, se evidencia una actuación razonable y justificada, enmarcada en la especial protección que merece quien ostenta la calidad de víctima del conflicto armado.

La Sala considera que, en este contexto, resulta procedente aplicar criterios de flexibilización temporal, conforme a los estándares establecidos por la Corte Constitucional, especialmente cuando se trata de hechos graves que comprometen derechos fundament ales como la verdad, la justicia y la reparación integral. Esta interpretación garantiza un enfoque garantista, que orienta la protección efectiva de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho.

4 Según constancia secretarial visible a folio 14 del expediente de reparación directa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05818-00

Demandante: Evelia Calderón Castro y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la

de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.

De los defectos sustantivo5 y fáctico6 en el caso concreto

La parte actora considera que , en el presente caso, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defectos sustantivo y fáctico al no atender al criterio de «flexibilización probatoria», para efectos de determinar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas , tratándose de un asunto de graves violaciones a los derechos humanos.

Entonces, la Sala estudiar á de forma conjunta los cargos teniendo en cuenta que lo que alega la parte actora es la indebida valoración probatoria en contraste con el criterio jurisprudencial que se ha desarrollado sobre la flexibilización probatoria, para asuntos donde se cuestione la responsabilidad del Estado en hechos en los que están involucrados delitos de lesa humanidad, por lo cual considera que existió una indebida implementación del criterio desarrollado por la jurisprudencia Constitucional.

Lo primero que debe precisarse que, la Corte Constitucional en las sentencias SU-035 de 2018, SU-062 de 2018 y SU -060 de 2021, se ha pronunciado sobre el criterio de flexibilización probatoria cuando se encuentren inmersos presuntas vulneraciones a

Lo primero que debe precisarse que, la Corte Constitucional en las sentencias SU-035 de 2018, SU-062 de 2018 y SU -060 de 2021, se ha pronunciado sobre el criterio de flexibilización probatoria cuando se encuentren inmersos presuntas vulneraciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad que comprometan la responsabilidad del Estado. Al respecto, señaló:

«Jurisprudencia constitucional en relación con la flexibilización de los estándares de valoración probatoria en materia de graves violaciones a los derechos humanos

76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal advirtió que por tratarse de casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos humanos, la valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse, admitiendo la posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes de la responsabilidad estatal. De tal forma, la Corte concluyó que:

“Las trágicas circunstancias que rodean a las violaciones de derechos humanos entrañan múltiples dificultades probatorias. Por eso es cierto que hay dificultades de prueba de ciertos daños, ya sea porque las víctimas no sabían que debían guardar la prueba, o porque no estuvieron en condiciones de hacerlo o porque no pudieron. Por eso resulta

5 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no

denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci ón le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia