CE - Sentencia 11001031500020250581801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05818-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: EVELIA CALDERÓN CASTRO Y OTROS.

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO

CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.

DERECHO FUNDAMENTAL: A LA VERDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 31 de octubre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1 En adelante la Sección Cuarta.2

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Los señores EVELIA CALDERÓN CASTRO , ENVER EDUARDO ,

ADRIANA, CARLOS ALBERTO y RAÚL FERNANDO GARCÍA

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Los señores EVELIA CALDERÓN CASTRO , ENVER EDUARDO , ADRIANA, CARLOS ALBERTO y RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de su derecho fundamental a la verdad como víctimas de desaparición forzada, el cual estiman vulnerado por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2, al haber proferido la providencia de 3 de febrero de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-00917-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que su esposo y padre el señor LUIS FERNANDO ARANZALEZ CALDA S, laboró como informante del EJÉRCITO NACIONAL desde el 16 de marzo de 1979 y, con posterioridad, fue asignado como agente inteligencia para lo cual fue cambiada su identidad y la de su familia.

Mencionaron que con ocasión a las labores de inteligencia , el señor

2 En adelante la Sección Tercera.3

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LUIS FERNANDO ARANZALEZ CALDAS se infiltró en la cúpula de

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LUIS FERNANDO ARANZALEZ CALDAS se infiltró en la cúpula de la regional de oriente del grupo guerrillero “Movimiento 19 de abril” M-19, cuya labor consistía en dar información de los cabecillas y recuperar armamento.

Resaltaron que desde el 18 de junio 1986, el señor LUIS FERNANDO ARANZALEZ CALDAS desapareció luego de ser detenido por miembros del EJÉRCITO NACIONAL en un operativo que se desarrolló en el municipio de San Gil (Santande r), en el que presuntamente fue trasladado al Batallón del municipio de Socorro, desconociendo desde entonces su paradero.

Aseguraron que presentaron demanda de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios derivados de la desaparición forzada del señor

ARANZALEZ CALDAS.

Manifestaron que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 2018-00917-00 y atribuido para su trámite en

3 En adelante el Ministerio.4

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primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER4 que, mediante sentencia de 30 de enero de 2024, denegó las pretensiones.

Aseveraron que, inconformes con lo anterior, formularon recurso de apelación el cual le correspondió a la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 3 de febrero de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de l os actores, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al inaplicar el principio de flexibilización de los estándares probatorios para los asuntos que implican una grave violación de los derechos humanos , dado que la prueba directa es difícil de obtener por las circunstancias en las que acaecieron los hechos.

Señalaron que la autoridad judicial accionada incurri ó en defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas que evidencian la responsabilidad del Ejército Nacional.

4 En adelante el Tribunal.5

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Recalcaron que “[…] esta omisión desconoce no solo la jurisprudencia

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Recalcaron que “[…] esta omisión desconoce no solo la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sino también los estándares internacionales en materia de derechos humanos, según los cuales, en contextos de violencia estructural, desaparición forzada o afectaciones graves a la dignidad humana, el juez tiene el deber de valorar de forma integral y amplia los indicios allegados al proceso, sin sujetarse de manera estricta al modelo de prueba directa […]”.

I.4.- Pretensiones

Pese a que no se planteó de manera expresa las pretensiones de la demanda, la Sala advierte que del escrito de tutela se puede inferir que l os actores solicitan el amparo del derech o fundamental a la verdad como víctimas de desaparición forzada , con ocasión a la indebida valoración probatoria en la que incurrió la SECCIÓN TERCERA al proferir la sentencia de 3 de febrero de 202 5, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-00917-01.

I.5. Defensa6

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I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, señaló que la solicitud de amparo debe ser denegada, por cuanto la providencia cuestionada hizo un estudio completo y detallado de las pruebas, con las que no se logró demostrar la responsabilidad del Ejército Nacional en la desaparición del señor ARANZALES CALDAS.

Mencionó que la decisión cuestionada fue adoptada conforme a la normatividad aplicable, con base en un estudio riguroso del acervo probatorio en aplicación de las reglas de la sana crítica y su debida argumentación, por lo tanto, no existe alguna vulneración de los derechos fundamentales alegados.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó rechazar la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez que fue presentada pasados seis meses después de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

Aseguró que las pretensiones de la acción de tutela están encaminadas a utilizar la tutela como una instancia adicional al proceso or dinario, procurando que el juez constitucional estudie nuevamente los hechos y fundamentos de la demanda.7

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I.5.3.- El MINISTERIO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional , pues pretende reabrir un debate legal definido ante los jueces ordinarios.

Aseguró que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que se interpuso una vez superado el término de seis meses.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que la decisión judicial cuestionada no incurrió en los defectos alegados, pues no advirtió que la autoridad judicial accionada hubiera desconocido el criterio de flexibilidad probatoria.

Señaló que del análisis integral del material probatorio aportado al proceso, la autoridad accionada infirió que no se acreditaron las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ni la identificación de los8

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responsables de la desaparición del señor ARANZALES CALDAS, lo que impidió atribuir la responsabilidad al Estado.

Aseguró que “[…] no se configuró defecto sustantivo o fáctico, pues la interpretación de la autoridad judicial accionada fue razonable y se ajustó a los parámetros constitucionales y legales […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la decisión restringió la valoración probatoria a un estándar ordinario propio de los litigios comunes, desconociendo que en asuntos similares la carga de la prueba se invierte parcialmente en favor de las víctimas y recae sobre el Estado la obligación de demostrar que no incurrió en acción, ni omisión.

Asimismo, señaló que “[…] la sentencia de primera instancia incurre en defecto fáctico, por desconocer y desestimar pruebas indiciarias determinantes; y en defecto sustantivo, por inaplicar la jurisprudencia establecida sobre flexibilización probatoria,9

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jurisprudencia establecida sobre flexibilización probatoria,9

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consejera María Elizabeth Gar cía González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucion ales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:11

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:11

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un e fecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.12

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.12

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicia l, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para

proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la pr ovidencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apo yo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.13

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto la providencia de 3 de febrero de 2025 proferida por la SECCIÓN TERCERA, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 201 8-0091701.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de su derecho fundamental a la verdad como víctimas de desaparición forzada, habida cuenta que, a su juicio , la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.14

su derecho fundamental a la verdad como víctimas de desaparición forzada, habida cuenta que, a su juicio , la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.14

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Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al inaplicar el principio de flexibilización de los estándares probatorios para los asuntos que implican una grave violación de los derechos humanos, dado que la prueba directa es difícil de obtener por las circunstancias en las que acaecieron los hechos.

Señalaron que la autoridad judicial accionada incurri ó en defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas que evidencian la responsabilidad del Ejército Nacional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2025, denegó la solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia , manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la decisión restringió la valoración probatoria a un estándar ordinario propio de los litigios comunes, desconociendo que en asuntos similares la carga de la prueba se invierte parcialmente en favor de las víctimas y recae15

valoración probatoria a un estándar ordinario propio de los litigios comunes, desconociendo que en asuntos similares la carga de la prueba se invierte parcialmente en favor de las víctimas y recae15

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sobre el Estado la obligación de demostrar que no incurrió en acción, ni omisión.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho deprecado e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentale s que se consideran vulnerados; y que16

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentale s que se consideran vulnerados; y que16

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aunque no tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”5.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que6:

5 Corte Constitucional, sentencia T -941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que6:

5 Corte Constitucional, sentencia T -941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.17

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“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica] ’. En tercer lugar, evi tar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia ’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la segurida d jurídica y los derechos de terceros afectados. […]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales , por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela ’. Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.18

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judicial que se aduce c omo violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo. […]

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judicial que se aduce c omo violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la h ace definitiva e inmutable. […]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se e jerce oportunamente […]”. (Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones v álidas para la inactividad, como un caso fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

8 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.19

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8 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.19

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vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión10;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad manifiesta12.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 13, la providencia de 3 de febrero de 20 25, aquí cuestionada, fue notificada personalmente, vía correo electrónico, el 19 de ese mes y este año, por lo que en aplicación de los artículos 203 y 205 de la

9 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 10 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. 11 Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

10 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. 11 Corte con