CE - Sentencia 11001031500020250582301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionantes:

Accionado: Acción:

Tema:

Decisión: 11001-03-15-000-2025-05823-01

Fabio Cataño Marín Dirección de Sanidad del Ejército Nacional Acción de tutela Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando en el transcurso de la acción de tutela la autoridad accionada acredita que atendió lo pretendido por la parte actora Confirmar el fallo de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 16 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual declaró la carencia actual del objeto por hecho superado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fabio Cataño Marín , actuando por conducto de apoderado judicial , promovió acción de tutela en contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

[…] 1. Amparar los derechos fundamentales de FABIO CATAÑO MARIN, al

acción de tutela en contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

[…] 1. Amparar los derechos fundamentales de FABIO CATAÑO MARIN, al derecho de petición, información, salud, seguridad social, trabajo digno y debido proceso administrativo.

2. Ordenar al Director de Sanidad Militar que en un término no superior a 48 horas dé respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 11 de agosto de 2025.

3. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar que, en caso de ser procedente, convoque y practique la Junta Médico Laboral en un término no mayor a quince (15) días hábiles.

4. Ordenar la entrega de copia íntegra del dictamen de la Junta Médico Laboral al accionante y a su apoderado. […]

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que se encuentra adscrito al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional, orgánico del Batallón de Infantería nro. 12 “Primero de Línea” y que,

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que se encuentra adscrito al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional, orgánico del Batallón de Infantería nro. 12 “Primero de Línea” y que, al momento de presentar la acción de tutela, recibe tratamiento médico, específicamente control psiquiátrico, bajo la supervisión del servicio de sanidad militar.

Indicó que2:

El 11 de agosto de 2025, el referido FABIO CATAÑO MARIN radicó escrito de derecho de peticion (sic) al email atencion.usuario@sanidad.fuerzasmilitares.mil.co, dirigido al Director de Sanidad Militar, solicitando la CONVOCATORIA A JUNTA MÉDICO LABORAL para la valoración de su estado de salud.

Relató que “A la fecha el señor FABIO CATAÑO MARIN, no ha recibido respuesta alguna, pese a que han transcurrido más de 30 días hábiles, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.3”

Manifestó que, a la fecha de presentación de la acción de amparo, habían transcurrido más de 30 días hábiles sin que la entidad accionada hubiera emitido respuesta alguna.

Concluyó que, ante la ausencia de respuesta por parte de la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional, se han vulnerado sus derechos fundamentales a la información, de petición, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso administrativo.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de septiembre de 2025 4 a través del aplicativo de

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de septiembre de 2025 4 a través del aplicativo de recepción de tutelas de la Secretaría de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Corporación, Sección Segunda, Subsección A , que por auto del 22 de septiembre de 2025 5 la admitió y dispuso notificar 6 a Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. , como parte accionada.

De igual forma, requirió al señor Fabio Cataño Marín para que declarara, bajo la gravedad de juramento, que no ha promovido otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos. Dicha manifestación fue allegada el 25 de septiembre de 2025.7.

2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 6 Esta orden se cumplió el 24 de septiembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00 . 7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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3.2. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional 8 allegó informe en el que solicitó: i) declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; ii) rechazar por improcedente la acción de tutela; iii) desvincular a la Dirección de Sanidad por falta de legitimación en la causa por pasiva; y iv) vincular al Director del Establecimiento de Sanidad del Batallón de ASPC 15 y al Oficial de Medicina Laboral de la Regional.

Afirmó que las pretensiones de la demanda exceden la competencia de la Dirección de Sanidad Militar, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1796 de 2000, que regula la evaluación de la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública, los alumnos de escuelas de formación, el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares, así como del personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Señaló que la entidad cuenta con canales oficiales para la presentación de solicitudes, los cuales no fueron utilizados por el actor, razón por la cual su petición no aparecía

vinculado con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Señaló que la entidad cuenta con canales oficiales para la presentación de solicitudes, los cuales no fueron utilizados por el actor, razón por la cual su petición no aparecía registrada en la base de datos. No obstante, indicó que el 6 de octubre de 2025 respondió la petición del accionante mediante el Oficio 2025325002565141, en el que le informó el estado de su proceso médico -laboral y remitió dicha comunicación a su dirección electrónica.

Aclaró que la Dirección no presta directamente servicios asistenciales, los cuales están a cargo de los establecimientos de sanidad y de los oficiales de medicina laboral de las distintas regionales.

Precisó, además, que ya había dado respuesta al derecho de petición del actor, informándole el estado del trámite y las etapas pendientes.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de tutela de primera instancia de 16 de octubre de 2025 9, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado por las siguientes razones:

Adujo que, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional respondió la petición presentada por el accionante el 11 de agosto de 2025, durante el trámite de la tutela.

La respuesta fue emitida el 8 de octubre de 2025 e incluyó información detallada sobre su proceso médico-laboral, las etapas del protocolo, la programación de una valoración psiquiátrica, los pasos que debía seguir el accionante y los documentos pendientes para avanzar hacia la Junta Médico Laboral.

Consideró que, d ado que la falta de respuesta , motivo de la tutela , fue subsanada

psiquiátrica, los pasos que debía seguir el accionante y los documentos pendientes para avanzar hacia la Junta Médico Laboral.

Consideró que, d ado que la falta de respuesta , motivo de la tutela , fue subsanada plenamente, no justificaba la intervención del juez constitucional. Sin perjuicio de ello, la Sala exhortó a la Dirección de Sanidad a garantizar celeridad en la programación de los exámenes y valoraciones restantes, con el fin de asegurar la continuidad del trámite previo a la Junta Médico Laboral.

8 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó 10 manifestando lo siguiente:

Sostuvo que, el fallo de primera instancia incurrió en un error al declarar la carencia actual de objeto, pues, aunque se afirmó que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

manifestando lo siguiente:

Sostuvo que, el fallo de primera instancia incurrió en un error al declarar la carencia actual de objeto, pues, aunque se afirmó que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional respondió la petición del 11 de agosto de 2025, ni el apoderado ni el accionante han recibido notificación o constancia de dicha respuesta, por lo que la vulneración del derecho de petición persiste.

Argumentó que: (i) no se garantizó la eficacia del amparo al dar por válido un hecho superado sin prueba de notificación; (ii) la carencia actual de objeto exige prueba plena del cese de la vulneración, según la jurisprudencia constitucional, lo cual no ocurrió; (i ii) la ausencia de notificación implica que el derecho de petición continúa vulnerado conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015; y (iv) el juez de segunda instancia debe revocar la decisión al no haberse acreditado la supuesta superación del hecho que dio origen a la tutela.

5.2. Por auto proferido del 31 de octubre de 2025 se concedió la impugnación11 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto el 13 de noviembre de 2025.12

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 13, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo

lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 13, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201514, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por

10 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 11 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 12 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 01. 13 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepci ón del

con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepci ón del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 14 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 15 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. El accionante presentó, el 11 de agosto de 2025, un derecho de petición dirigido a

secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. El accionante presentó, el 11 de agosto de 2025, un derecho de petición dirigido a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al correo electrónico atencion.usuario@sanidad.fuerzasmilitares.mil.co , con el fin de solicitar su convocatoria a Junta Médico Laboral para la valoración integral en psiquiatría, maxilofacial, neurología, salud ocupacional y lexmaniasis.

6.2.2. La entidad accionada resolvió la petición mediante Oficio nro. 2025325002565141: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDISAN-1.5 de 8 de octubre de 2025 y remitió la respuesta al correo electrónico gustavogil_abogado@hotmail.com.

6.2.3. La presente acción de tutela fue radicada el día 17 de septiembre de 2025.

6.3. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional en su informe, el cual no fue objeto de pronunciamiento por el juez de tutela de primera instancia.

Para resolver dicha solicitud, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 200618, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la siguiente forma:

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,

17 Visto en los índices 2 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00. 18 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

1001 03 15 000 2025 05823 00. 18 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La

Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, toda vez que fue la autoridad a la cual el accionante dirigió su petición, y que ahora se enjuicia en la presente solicitud de amparo.

En consecuencia, su presencia en el proceso resulta necesaria para garantizar la eficacia de la decisión que se adopte en este trámite constitucional. Por ello, no es procedente su desvinculación y deberá continuar vinculada al proceso.

6.4. ANÁLISIS DE LA SALA

6.4.1. Carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Así mismo, procede a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable, lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del jue z constitucional.

Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o

irremediable, lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del jue z constitucional.

Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua y, por tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción como es la protección inmediata y actual de derechos fundamentales 19, situación que la jurisprudencia ha denominado “carencia actual de objeto”.

19 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

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El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se configura la carencia actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii) por daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.

El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, puesto que el derecho ya no se encuentra en riesgo20.

Por su parte, estamos ante el daño consumado cuando se ha producido la violación o

juez constitucional pierde su razón de ser, puesto que el derecho ya no se encuentra en riesgo20.

Por su parte, estamos ante el daño consumado cuando se ha producido la violación o amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro21.

Por último, el hecho sobreviniente constituye22 una nueva categoría diseñada para cubrir escenarios que no encajan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado, por lo que remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”23.

6.4.2. El Caso concreto

Teniendo en cuenta los motivos de impugnación, corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, a partir de la respuesta emitida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional al der echo de petición presentado por el accionante el 11 de agosto de 2025.

De los escritos de tutela e impugnación, observa la Sala que el actor pidió a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional “me autorice realizar la JUNTA MEDICA LABORAL, teniendo en cuenta lo normado en el Decreto 094 de 1989, en su artículo 23, y en concordancia que se me adelantan en la actualidad tratamientos médicos en el área de

PSIQUIATRIA, MAXILOFACIAL, NEUROLOGIA, SALU D OCUPACIONAL,

LEXMANIASIS.”

concordancia que se me adelantan en la actualidad tratamientos médicos en el área de

PSIQUIATRIA, MAXILOFACIAL, NEUROLOGIA, SALU D OCUPACIONAL,

LEXMANIASIS.”

Ahora bien, de acuerdo con los medios de convicción aportados por la entidad accionada, se evidencia que esta emitió respuesta dirigida al accionante, en la cual le informó lo siguiente24: Así mismo, me permito informarle que en atención a la admisión de tutela N° 11001-03-15000-2025-05823-00; se procede a programar CITA COMITÉ BASAN CONCEPTO DE PSIQUIATRIA; en consecuencia, deberá presentarse los dos días en las instalaciones de la oficin a de medicina laboral - COPER ubicada en la Carrera 46 # 20B 99 de la ciudad de Bogotá, 20 minutos antes de la hora señalada, conforme la siguiente programación:

20 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 21 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 22 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. 23 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. 24 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1001 03 15 000 2025 05823 00.Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

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Accionante: Fabio Cataño Marín

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Asimismo, la entidad accionada le indicó que el actor se encuentra actualmente en la tercera etapa del procedimiento clínico previsto en sus protocolos, que se programó una cita médica a su favor y que, una vez concluida dicha etapa, será valorado por la Junta Médico-Laboral. En su escrito de contestación expuso, en los siguientes términos: Por lo anterior, se le recuerda al accionante que hay un protocolo previsto para culminar satisfactoriamente el proceso médico laboral, el cual para dar a conocer de manera más ilustrativa dichas etapas, a continuación, se informa que actualmente el señor FABIO NELSON CATAÑO MARIN, se encuentra en la ETAPA III, por lo que, una vez culminada (sic) estas etapas se procederá a convocar a Junta Médica laboral, hasta tanto no se agoten cada una de las fases, no será posible programar su valoración, razón por la cual no es procedente realizar la programación de Junta Medico Laboral. De igual manera, la parte demandada incorporó al expediente prueba documental que acredita la remisión de la respuesta al señor Fabio Nelson Cataño Marín el 8 de octubre de 2025, a la dirección electrónica de su apoderado judicial gustavogil_abogado@hotmail.com, veamos:

acredita la remisión de la respuesta al señor Fabio Nelson Cataño Marín el 8 de octubre de 2025, a la dirección electrónica de su apoderado judicial gustavogil_abogado@hotmail.com, veamos:

Así las cosas, la Sala concluye que las circunstancias que motivaron la interposición de la presente acción de tutela desaparecieron, en la medida en que la autoridad accionada sí emitió respuesta a la solicitud elevada por el accionante el 11 de agosto de 2025 durante el transcurso del presente trámite constitucional.

Adicionalmente, se observa que el contenido de dicha respuesta fue claro, congruente y de fondo, y que fue comunicada a la dirección electrónica del apoderado judicial del actor en este asunto. Por tal motivo, la Sala comparte el razonamiento del juez de p rimera instancia, quien declaró configurada la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,Radicado: 1001 03 15 000 2025 05823 01

Accionante: Fabio Cataño Marín

Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 16 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.