CE - Sentencia 11001031500020250583000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas se abstuvieron de continuar con la ejecución solicitada por no haber constituido en debida forma un título ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare, por medio de su representante legal, contra el Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 17 de septiembre de 2025, el Instituto Financiero de Casanare – IFC,

vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 17 de septiembre de 2025, el Instituto Financiero de Casanare – IFC, por medio de su representante legal, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los Autos de 1 de abril y 19 de junio de 2025, proferidos, respectivamente, por la autoridades judiciales accionadas dent ro del proceso ejecutivo No. 8500133-33-005-2025-00024-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se desconocieron por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal en auto emitido

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 11 en fecha 1 de abril de 2025 y confirmado el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 85001-33-33-005-2025-00024-00.

2 de 11 en fecha 1 de abril de 2025 y confirmado el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 85001-33-33-005-2025-00024-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 1 de abril de 2025 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 19 de junio de 2025, dentro del medio de control 85001 -3333-005-2025-00024-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4111155 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expedi ente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la

Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a

fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados JOHN ALEXANDER CASTILLO PÉREZ Y GLADYS PÉREZ AGUDELO, dentro del proceso ejecutivo 85001 -33-33-005-2025-00024-00 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos. En caso que el Juzgador requiera se aporte el pagaré original en físico, ordénese a los accionados, Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que previo a rechazar la acción, habiliten los canales y mecanismos para allegar e integrar al expediente el documento físico original.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de Casanare, y en los que se de sconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de tutela proferido.”

abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de tutela proferido.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,

fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 20 de enero de 2025, el Instituto Financiero de Casanare promovió demanda ejecutiva en contra de John Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, en la que solicitó el pago de las sumas correspondientes a capital e intereses causados en virtud del pagaré No. 4111155 suscrito por valor de $21.462.758. Resaltó que el título valor constit uía una obligación clara, expresa y exigible que podía ser reclamada a través del proceso ejecutivo.

5. 2) La demanda fue presentada ante la Jurisdicción Ordinaria, por lo que el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal asumió el conocimiento delRadicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 11 asunto y decidió librar mandamiento de pago, mediante Auto de 27 de julio de 2023.

6. 3) Posteriormente, el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal, mediante Auto de 16 de septiembre de 2024, ordenó seguir adelante la ejecución hasta que, por medio de Auto de 12 de noviembre de 2024, declaró su falta de competencia para seguir con el trámite del asunto, declaró la nu lidad

Auto de 16 de septiembre de 2024, ordenó seguir adelante la ejecución hasta que, por medio de Auto de 12 de noviembre de 2024, declaró su falta de competencia para seguir con el trámite del asunto, declaró la nu lidad de lo actuado desde la decisión en la que ordenó seguir adelante con la ejecución y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal.

7. 4) El Juzgado 5 Administrativo de Yopal , mediante Auto de 1 de abril de 2025, avocó conocimiento del asunto y decidió abstenerse de continuar con la ejecución solicitada por el Instituto Financiero de Casanare contra John Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo , por no haberse constituido debidamente el título ejecutivo de acuerdo con los criterios establecidos en el CPACA para la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo.

8. 5) Inconforme con esa decisión, el Instituto Financiero de Casanare presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en el que argumentó que el título ejecutivo cu yo cobro pretendía era singular y no complejo, por lo que no era necesario allegar el contrato de mutuo para determinar su carácter claro, expreso y exigible. Añadió que el acuerdo de voluntades al que llegó con los demandados era de naturaleza consensual y se perfeccionaba con la tradición de la cosa mutuada, sin que fuera necesario elev ar tal acuerdo a escrito y que, en todo caso, el Instituto Financiero de Casanare era un empresa industrial y comercial del Estado, que desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector privado, por lo que su régimen de contratación era el derecho privado.

Financiero de Casanare era un empresa industrial y comercial del Estado, que desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector privado, por lo que su régimen de contratación era el derecho privado.

9. 6) Mediante Auto de 21 de mayo de 2025, el Juzgado 5 Administrativo de Yopal decidió no re poner la decisión cuestionada, tras establecer qu e no se pidió ninguna formalidad innecesaria, como lo sostuvo el Instituto Financiero de Casanare, sino que se limitó a exigir , de conformidad con el derecho, que allegara el título ejecutivo en debida forma, que para el caso era complejo puesto que debía estar constituido tanto por el contrato escrito, como por el pagaré y su carta de instrucciones. En consecuencia, concedió el recurso de apelación.

10. 7) El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante Auto de 19 de junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, luego de determinar que el título que el IFC solicit ó ejecutar era complejo pues la acreencia que se encontraba plasmada en el pagaré que suscribió con la parte ejecutada se derivó de la celebración de un contrato de mutuo,Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 11 acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante y sin el cual no era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas, a lo que debía sumarse que la parte ejecutante debió aportar el título valor referido en original y no mediante una copia digitalizada del mismo.

cual no era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas, a lo que debía sumarse que la parte ejecutante debió aportar el título valor referido en original y no mediante una copia digitalizada del mismo.

11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora, en que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución, fáctico y sustantivo.

12. Para justificar la configuración del defecto de violación directa de la Constitución, alegó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron lo dispuesto por la Corte Constitucional en Auto A-2014/24, en el que manifestó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito porque de acuerdo con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial por remisión del artículo 473 del Código de Comercio) bastaba con la simple entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio jurídico y que la obligación per seguida en el marco del proceso ejecutivo estaba contenida en un pagaré, que prestaba mérito ejecutivo conforme con el numeral 3 del artículo 297 del CPACA. En ese sentido, menoscabaron su derecho de acceso a la administración de justicia, al desconocer no solamente las directrices de la Corte Constitucional, sino también por restarle mérito ejecutivo a un título valor y exigir documentos que materialmente era imposible tener.

13. En relación a la configuración de un defecto fáctico, manifestó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una valoración defectuosa del material probatorio y desconocieron que, junto con la demanda, se aportó el pagare 4111155 y la carta de instrucciones correspondiente, que

las autoridades judiciales accionadas realizaron una valoración defectuosa del material probatorio y desconocieron que, junto con la demanda, se aportó el pagare 4111155 y la carta de instrucciones correspondiente, que además de ser un título valor que contenía una obligación clara, expresa y exigible, era autónomo y, por ende, constituía en realidad un título ejecutivo simple, no complejo.

14. Añadió que el defecto en comento se sustentaba en que no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare y su régimen de contratación que , por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y vinculada a la secretaria de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente de la Gobernación de Casanare, se regía por las normas del derecho civil y mercantil.

15. Por último, señaló que el defecto sustantivo se configuró por la aplicación indebida del artículo 297 del CPACA, en virtud del cual cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual del Estado en el que constara obligaciones claras, expresas y exigibles, y que, adosado junto conRadicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 11 la demanda ejecutiva debía llevar a que el juez librara mandamiento de pago a fin de que la parte ejecutada cumpliera con la obligación.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

5 de 11 la demanda ejecutiva debía llevar a que el juez librara mandamiento de pago a fin de que la parte ejecutada cumpliera con la obligación.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

16. El Tribunal Administrativo de Casanare 3 remitió un informe donde señaló que se oponía a la prosperidad de las pretensiones del escrito de tutela porque no s atisfizo los requisitos de la acción de tutela contra providencia judicial.

17. Agregó que la decisión enjuiciada se ajustó a lo previsto por las normas y jurisprudencia aplicables, pues el título que el I nstituto Financiero de Casanare solicitó ejecutar e ra complejo ya que la acreencia que se encontraba plasmada en el pagaré No. 4111155 que suscribió con la parte ejecutada se derivó de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la entidad accionante y sin el cual no era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas , a lo que debía sumarse que la parte ejecutante tampoco aport ó el título valor referido en original sino con una copia digitalizada del mismo, a sabiendas de que la exhibición de estos documentos era requisito para su cobro.

18. El Juzgado 5 Administrativo de Yopal 4 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela porque el propósito del Instituto Financiero de Casanare era utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate que ya se ventiló en el curso del proceso ejecutivo.

19. John Alexander Castillo Pérez5 allegó un escrito donde solicitó que se

Financiero de Casanare era utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate que ya se ventiló en el curso del proceso ejecutivo.

19. John Alexander Castillo Pérez5 allegó un escrito donde solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela porque la parte actora no logró demostrar una vulneración concreta de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia , puesto que el hecho de que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo exigiera la presentación de documentos habilitantes para la ejecución de una obligación no constituía una barrera arbitraria, sino el cumplimiento del principio de legalidad y del artículo 297 del CPACA.

20. Gladys Pérez Agudelo , a pesar de haber sido notificad a en debida forma6, guardó silencio.

2 Mediante Auto de 23 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió 1) admitir la acción de tutela, 2) tener como demandado a Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare y, 3) a John Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, como terceros con interés en el asunto. 3 Índice 14 de SAMAI. 4 Índices 13 y 16 de SAMAI. 5 Índice 15 de SAMAI. 6 Índice 8 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio . 2.2. Identificación de defectos y fijación de la controversia . 2. 3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

21. La Sala se centrará en analizar los reparos expuestos por la parte actora respecto de l Auto de 19 de junio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, puesto que, a pesar de que también se enjuició el Auto de 1 de abril de 2025 del Juzgado 5 Administrativo de Yopal, fue la providencia de segunda instancia la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante un eventual fallo favorable, sería la autoridad judicial de segunda instancia la llamada a cumplir con la respectiva orden de tutela.

2.2. Identificación de defectos y fijación de la controversia

22. Se advierte que, a pesar de que la parte actora alegó la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución , fáctico y sustantivo , sus reparos están verdaderamente encaminados a justificar la existencia de un defecto sustantivo por la interpretación que del artículo 297 del CPACA realizó el Tribunal Administrativo de Casanare para determinar que el título ejecutivo complejo no se conformó adecuadamente para poder reclamar el pago correspondiente en el marco del proceso ejecutivo.

artículo 297 del CPACA realizó el Tribunal Administrativo de Casanare para determinar que el título ejecutivo complejo no se conformó adecuadamente para poder reclamar el pago correspondiente en el marco del proceso ejecutivo.

23. De es a forma, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto sustantivo por aplicación errónea del artículo 297 del CPACA, al confirmar la providencia de primera instancia que decidió no continuar con la ejecución solicitada por el Instituto

Financiero de Casanare.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al evidenciar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.

25. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.

En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela aRadicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 11 asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional7.

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 11 asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional7.

26. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se demuestre una vulneración des proporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental8. Igualmente, en Sentencia SU-295 de 20239, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

27. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 10; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

28. Con base en lo anterior, se precisa que la parte actora alegó que la

adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

28. Con base en lo anterior, se precisa que la parte actora alegó que la cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró trasgredidos por la autoridad judicial accionada al haber confirmado la providencia de primera instancia que decidió no continuar con la ejecución solicitada por no haber presentado en debida forma el título ejecutivo para la reclamación del pago respectivo. Tal situación llevó a que, en su criterio, se configurara un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 297 del CPACA.

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 8 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024 9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024. 10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,

vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 12 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

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29. Sin embargo, la Sala observa que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare , pues se presentó, junto con los demás reparos hechos contra esa decisión, como meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo definido por el juez natural de la causa.

a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare , pues se presentó, junto con los demás reparos hechos contra esa decisión, como meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo definido por el juez natural de la causa.

30. Lo que se evidencia realmente es que la parte actora buscó que se analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario, particularmente, en el recurso de reposición y, en subsidio, apelación interpuesto contra el Auto de 1 de abril de 2025, proferido por el Juzgado 5

Administrativo de Yopal, el cual fue resuelto por la misma autoridad judicial y por el Tribunal Administrativo de Casanare, tal como pasa a analizarse.

31. En el recurso, la parte actora manifestó su inconformidad con el análisis que hizo el juzgado sobre la conformación del título ejecutivo de la siguiente manera (se trascribe)

“Siguiendo entonces la línea de argumentación expuesta por la Corte Constitucional, sobre que cualquier contrato celebrado por una entidad del Estado, es un contrato estatal, entonces resulta que un contrato de mutuo con intereses, que explícitamente tiene un régimen en la normatividad civil, específicamente enel Código Civil y respaldado con un pagare y una carta de instrucciones que. tiene soporte en el Código de Comercio, también es contrato estatal, no obstante, la jurisdicción contenciosa administrativa tradicionalmente únicamente ha juzgado las controversias contractuales del Estadoentendiendo como ellas, las provenientes de la ley 80 de 1993, o las provenientes de una sentencia o de un acto administrativo; no de pagares provenientes de contratos de mutuo con intereses, sin embargo, ello según ha

entendiendo como ellas, las provenientes de la ley 80 de 1993, o las provenientes de una sentencia o de un acto administrativo; no de pagares provenientes de contratos de mutuo con intereses, sin embargo, ello según ha determinado la Corte Constitucional corresponde a su conocimiento, y por ende es la jurisdicción Contenciosa administrativa la competente para conocer de los procesos que de su cobro se originan. […] De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, todo contrato celebrado por una entidad pública es un contrato estatal, sin importar si su regulación proviene del derecho privado. En este caso, el IFC actuó en ejercicio de sus funciones y formalizó el contrato de mutuo con los aquí demandados, lo cual genera una obligación clara y exigible en sede contencioso-administrativa.

Si bien, el argumento del despacho se basa en que no se acreditó la existencia del contrato estatal porque el pagaré no es un título complejo ni incorpora todos los elementos del negocio jurídico, Sin embargo, esta interpretación resulta restrictiva y contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha reconocido que un pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo celebrado por una entidad estatal sí puede servir como título ejecutivo cuando la obligación es clara, expresa y exigible1

El artículo 297 del CPACA establece que los contratos estatales y los documentos que contengan sus garantías pueden servir de base para una ejecución en sede contenciosa.

En este caso, el IFC aportó el pagaré firmado por las aquí demandados, así como la carta de instrucciones y otros documentos que allego posteriormente

documentos que contengan sus garantías pueden servir de base para una ejecución en sede contenciosa.

En este caso, el IFC aportó el pagaré firmado por las aquí demandados, así como la carta de instrucciones y otros documentos que allego posteriormente que tenían como relación la conformación del título complejo que sustentan laRadicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00

Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

9 de 11 existencia de la obligación. Por lo tanto, el pagaré tiene mérito ejecutivo y debe ser admitido en la jurisdicción contencioso-administrativa. […] Frente a un contrato de mutuo o préstamo, las normas citadas en la ley civil son aplicables conforme a la remisión que trata el artículo 822 del C.Co., no es posible que se imponga aportar un contrato de mutuo escrito, máxime que ese tipo de contrato s