CE - Sentencia 11001031500020250584200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

Accionante: Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez Accionados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto procedimental y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez en contra del Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo de Córdoba.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y contradicción, y los principios de confianza legítima y legalidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencias del 30 de

pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y contradicción, y los principios de confianza legítima y legalidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencias del 30 de septiembre de 2020 y del 22 de agosto de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de reparación de directa identificado con el radicado núm. 23001-3333-005-2016-00268-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00, índice 2, certificado C586D4668EFB4C83 A5EE6276E44452E0 5A350FC6BBB3535F 0AE209A828306B10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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2. El señor Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez residía en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) y su actividad económica se derivaba de lustrar calzado.

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2. El señor Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez residía en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) y su actividad económica se derivaba de lustrar calzado.

3. El 22 de febrero de 2007, en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), en el marco del desarrollo de la denominada «Misión Táctica Támesis 9» se reportó la muerte de los señores Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez y Harold Andrés Gutiérrez González, quienes fallecieron en un aparente enfrentamiento con las tropas del GAULA2 del Ejército Nacional, bajo señalamientos de pertenecer a un grupo de extorsionistas por parte del propietario de la Hacienda Villa Fátima.

4. La señora Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez, junto con su grupo familiar, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se declara la responsabilidad administrativa de la entidad demandada y se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios morales ocasionados por la muerte del señor Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez, derivada de una ejecución extrajudicial por miembros del GAULA del Ejército Nacional.

5. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020, declaró probada de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa porque, en su criterio , el término para acudir a la jurisdicción transcurrió entre el 11 de mayo de 2013 y el 11 de mayo de 2015; sin embargo, la

reparación directa porque, en su criterio , el término para acudir a la jurisdicción transcurrió entre el 11 de mayo de 2013 y el 11 de mayo de 2015; sin embargo, la parte actora radicó la solicitud de conciliación el 29 de agosto de 2016 , esto es, de manera extemporánea. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

6. Los demandantes, inconformes con la decisión del juzgado, presentaron recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de providencia del 22 de agosto de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

3.1. Que se declare que EL JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO MIXTO DE MONTERÍA EN ORALIDAD y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN – M.P. NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA vulneraron y/o infringieron, de manera general, el derecho constitucional y fundamental al debido proceso (al incurrir en un defecto procedimental absoluto y violar directamente la constitución), consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, de la señora MARTHA CECILIA BOHÓRQUEZ MANJARRÉZ y los demás demandantes en el proceso contencioso administrativo radicado con el serial Nro. 23 001 33 33 005 2016 00268 00 y 23 001 33 33 005 2016 00268 01.

y los demás demandantes en el proceso

contencioso administrativo radicado con el serial Nro. 23 001 33 33 005 2016 00268 00 y 23 001 33 33 005 2016 00268 01.

3.3. Que, en consecuencia, se dejen sin efectos y/o se anulen y/o se revoquen, la sentencia expedida, el día treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), por EL JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO MIXTO DE MONTERÍA EN ORALIDAD, y la sentencia expedida, el día veintidós (22) de agosto de dos mil veinticinco (2025), por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN – M.P. NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA, providencias en las que se declarara probada y se confirmara la caducidad del medio de control.

3.4. Que, en consecuencia, se le ordene, al JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO MIXTO DE MONTERÍA EN ORALIDAD y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN – M.P. NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA, expedir una nueva providencia que se ajuste a los estándares internacionales relacionados con la no caducidad de la acción en asuntos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos […] 3.

9. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrieron en defecto procedimental porque declararon de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa con

providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrieron en defecto procedimental porque declararon de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa con fundamento en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 4, sin tener en cuenta que desde la fijación del litigio se reconoció la procedencia de la demanda bajo el entendido que no operaba la temporalidad del mecanismo judicial por tratarse de hechos relacionados con delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humano s, conforme con los criterios jurisprudenciales vigentes en el año 2016 del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

10. Asimismo, indicó que las decisiones cuestionadas omitieron por completo que el objeto del proceso había sido establecido y definido en una etapa previa, por lo que al momento de proferirse la sentencia se debió analizar el fondo el asunto sin examinar aspectos procesales como la caducidad.

11. Agregó que las providencias proferidas por las autoridades accionadas implican una actuación que se escapa del marco propio del proceso contencioso, pues aplicaron de forma retroactiva unos criterios jurisprudenciales para resolver un asunto que ya había sido superado en la etapa de fijación del litigio.

12. De igual manera, expresó que las sentencias objeto de tutela responsabilizaron a las víctimas de la mora en la presentación de la demanda y pasaron por alto que el cuerpo del señor Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez estuvo desaparecido hasta el 23 de noviembre de 2018 , en cuyo lapso sus familiares no tuvieron conocimiento del

cuerpo del señor Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez estuvo desaparecido hasta el 23 de noviembre de 2018 , en cuyo lapso sus familiares no tuvieron conocimiento del hecho. Por esta razón, no era posible declarar la caducidad del medio de control judicial.

3 Se transcribe incluso con errores. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, radicado número 85001-33-33-002-2014-0014401(61.033).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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13. Finalmente, refirió que las decisiones cuestionadas, también incurrieron en violación directa de la Constitución porque desconocieron preceptos superiores como el debido proceso, la defensa, el acceso a la administración de justicia y los principios de legalidad, confianza legitima e imparcialidad.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de septiembre de 2025 5, admitió la demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Quinto Mixto Administrativo de Montería y al Tribunal Administrativo de Córdoba , y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, y a los señores Clara Bohórquez Manjarrez, Eusebia Bohórquez

Quinto Mixto Administrativo de Montería y al Tribunal Administrativo de Córdoba , y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, y a los señores Clara Bohórquez Manjarrez, Eusebia Bohórquez Manjarrez, Juan Carlos Bohórquez Manjarrez, Judith María Bohórquez Manjarrez, Rosario del Carmen Bohórquez Manjarrez y Wadid Alberto Bohórquez Manjarrez, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional 6 pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo, toda vez que la accionante en el escrito de tutela no desarrolló una carga argumentativa y probatoria concreta dirigida a presentar y demostrar la configuración de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

16. En todo caso , advirtió que las sentencias cuestionadas realizaron una adecuada valoración de los hechos , las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto bajo estudio, por lo que no vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante.

17. Explicó que, si bien la accionante no se encuentra conforme con las actuaciones procesales, sustanciales y procedimentales que se surtieron al interior de la actuación judicial, esto no las hace ilegales, pues cada etapa procesal que se realizó en primera y en segunda instancia cumplió a cabalidad lo establecido en la norma jurídica, atendiendo a la naturaleza del medio de control impetrado.

18. De este modo, indicó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para insistir en argumentos de interpretación legal que fueron estudiados y

atendiendo a la naturaleza del medio de control impetrado.

18. De este modo, indicó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para insistir en argumentos de interpretación legal que fueron estudiados y debatidos en las oportunidades procesales respectivas. En consecuencia, pidió que se niegue la tutela.

19. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería 7 manifestó que el despacho no vulneró los derechos fundamentales de la accionante , pues todas las decisiones y diligencias que se realizaron dentro del expediente de reparación directa se desarrollaron conforme a derecho y con estricto respeto a las garantías procesales.

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00 índice 4, certificado 010194879A41A041 F87E7CBDEE6D53CF 75A7AE03097533B7 8F165317D8FD13DE. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00 Incide 8, certificado A1491EBB3FF317C6 8CC0B5C98562AB0F 75B76DD32A3A92DC E875D9A267DDB692. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05842-00, índice 1 2, certificado 5E206625D3258FAC 1316B334BB9CDB5E 3D35EECBE0E66403 14AFC933469CA343.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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20. Así pues, indicó que, d urante el trámite judicial, las partes tuvieron la posibilidad de controvertir las providencias adoptadas a través de los mecanismos de impugnación previstos en la ley. De hecho, la parte demandante hizo uso del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por lo que era evidente que se le garantizó el acceso a los instrumentos judiciales ordinarios para obtener un pronunciamiento de una autoridad judicial de superior jerarquía.

21. De este modo, consideró que el trámite procesal se desarrolló con el respeto de los principios de legalidad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por lo que pidió que se niegue la solicitud de tutela.

22. El Tribunal Administrativo de Córdoba remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

23. Los señores Clara Bohórquez Manjarrez, Eusebia Bohórquez Manjarrez, Juan Carlos Bohórquez Manjarrez, Judith María Bohórquez Manjarrez, Rosario del Carmen Bohórquez Manjarrez y Wadid Alberto Bohórquez Manjarrez guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el

Bohórquez Manjarrez y Wadid Alberto Bohórquez Manjarrez guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez contra el Juzgado Quinto Administrativo de Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo de

Córdoba.

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa de la señora Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez está acreditada porque fue una de las personas que integró la parte demandante en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto Administrativo de Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo de Córdoba, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

27. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por del Juzgado Quinto Administrativo de Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a

de Montería y del Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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28. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por la señora Martha Cecilia Bohórqu ez Manjarrez y otros en contra de la

Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

29. La Sala observa que la accionante, en el escrito de amparo, pretende atribuirles a las providencias cuestionadas los siguientes defectos: i) procedimental y ii) violación directa de la Constitución.

30. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, que dio aplicación a la figura procesal de la caducidad y, en consecuencia, terminó el proceso, sin resolver de fondo las

tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, que dio aplicación a la figura procesal de la caducidad y, en consecuencia, terminó el proceso, sin resolver de fondo las pretensiones de la demanda. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo la posible configuración de un defecto procedimental.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

32. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001 -0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error

requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

36. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en

concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y

un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

38. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue notificada el 11 de septiembre siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 17 de septiembre de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.

40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese orden, continuará

tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró los derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia, a la defensa y contradicción de la señora Martha Cecilia Bohórquez Manjarrez.

En particular, deberá establecer si incurrió en defecto procedimental al proferir la sentencia del 22 de agosto de 2025, que confirmó la providencia del 30 de septiembre de 2020, expedida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería, por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

44. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto procedimental

45. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.

46. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones

46. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

16 Samai, exp. 23001-33-33-005-2016-00268-01, índice126. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05842-00

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47. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»20.

48. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede

goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»20.

48. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»21.

49. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó una vulnera ción grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

50. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegad