CE - Sentencia 11001031500020250587500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos m il veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05875-00 Demandante ANA ROSA GARC˝A BLANCO Y OTROS Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Defecto fÆctico, por desconocim iento del precedente y sustantivo. Víctimas del conflicto armado, de graves violaciones a derechos humanos. Nexo causal entre e l daæo y la acción u omisión de agentes del Estado. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera inst ancia la acción de tutela instaurada por los seæores Ana Rosa García Blanco y ot ros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 202 1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 18 de septiembre de 2025 1, los seæores Ana Rosa García Blanco, Isabel Mercedes ArØvalo García, Luisa Marcela ArØvalo García, O rlando Rafael ArØvalo Chiquillo, Juan AndrØs ArØvalo García, Yeysy Isabel A rØvalo García, Rosmery

Mercedes ArØvalo García, Luisa Marcela ArØvalo García, O rlando Rafael ArØvalo Chiquillo, Juan AndrØs ArØvalo García, Yeysy Isabel A rØvalo García, Rosmery ArØvalo Chiquillo, Yolis Beatriz ArØvalo Chiquillo, Els ie Isabel ArØvalo Chiquillo, Dubis Marina ArØvalo Chiquillo, Olga Patricia ArØvalo Chiquillo y Juan Carlos Ferrer ArØvalo instauraron acción de tutela, mediante apode rado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral con ocasión de la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida en el medio de control de reparación directa 47001-23-33-000-2018 -00118-00/01. En consecuencia, formularon las siguientes pretension es: (sic para toda la cita) «MANERA DE REMEDIAR LAS VIOLACIONES HabiØndose establecido en la Sentencia del 11 de agosto de 2025, expedida por la Subsección A de la Sección Tercera - Sala de Lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en el presente caso de desplazamiento forzado no opera el fenómeno de la c aducidad, se expida un nuevo fallo en que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de los demandados:

1. Porque contrario a cómo piensa el fallo objeto de esta acción constitucional, en la victimización de los accionante hubo estrecha y evidente pa rticipación de agentes del Estado, como se demostró fehacientemente en el plenario, toda vez que las autoridades

1. Porque contrario a cómo piensa el fallo objeto de esta acción constitucional, en la victimización de los accionante hubo estrecha y evidente pa rticipación de agentes del Estado, como se demostró fehacientemente en el plenario, toda vez que las autoridades municipales del municipio de Sabanas de San `ngel en este caso puntual, ocurrido en el contexto de violaciones sistemÆticas y generalizadas de lo s derechos humanos en ese lugar, epicentro de operaciones del Bloque Norte de las AUC, como tambiØn se demostró y reconoce el fallo, cohonestaron con el olímpico despo jo de parte de los bienes que consumó el desplazamiento forzado de las dos familias A rØvalo García y de la familia

ArØvalo Chiquillo.

2. O, en su defecto, y en el mismo sentido, y como lo ha establecido la jurisprudencia de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado se dØ aplic ación al precedente contenido en varias jurisprudencias de la Corte IDH que contempl an que la creación legal de las

1 ˝ndice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autodefensas generó, con la aquiescencia del Estado col ombiano, el exponencial fenómeno paramilitar, así como tambiØn aquellas que d e todos modos le endilga responsabilidad al Estado por el criminal actuar de te rceros con su aquiescencia y que ocasionan violaciones graves de derechos humanos.

fenómeno paramilitar, así como tambiØn aquellas que d e todos modos le endilga responsabilidad al Estado por el criminal actuar de te rceros con su aquiescencia y que ocasionan violaciones graves de derechos humanos. 3.- Que como consecuencia de la declaratoria de respon sabilidad administrativa y extrapatrimonial del Estado, se dØ aplicación los artíc ulos 25, 28 y 69 de la Ley 1448 de 20111 que consagran el derecho a la reparación integral de las víctimas y que aun cuando en el trÆmite del proceso de reparación directa no se haya podido establecer el monto o valor del perjuicio por la privación del uso del tract or ni el del ganado hurtado, por aplicación de la normativa de la misma Ley 1448 de 201 1, se ordene, ademÆs del pago de la indemnización por perjuicios morales y violación d e derechos constitucional y convencionalmente amparados, la condena en abstracto».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Los seæores Ana Rosa García Blanco y otros interpusiero n demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonia lmente responsables por el homicidio del seæor Luis Guillermo ArØvalo Chiqui llo, la pØrdida de sus bienes y su posterior desplazamiento forzado.

En la demanda se afirmó que el Bloque Norte de las Au todefensas Unidas de Colombia AUC al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge Cuarenta ”

bienes y su posterior desplazamiento forzado. En la demanda se afirmó que el Bloque Norte de las Au todefensas Unidas de Colombia AUC al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge Cuarenta ” ingresó a las fincas Si me Dejan y Las Mercedes, en jurisdicción de Sabanas de San `ngel Magdalena y secuestró, torturó y asesinó al seæor Luis Guillermo ArØvalo Chiquillo; hurtó setecientas setenta y siete (777) cabezas de ganado y un tractor marca Fordson Super Major de propiedad de Orlando ArØvalo Chiquillo; y, finalmente, provocó el desplazamiento forzado de los demandantes. En la demanda se precisó que “Jorge Cuarenta” entregó dicho tractor al municipio de Sabanas de San `ngel y que du rante seis (6) aæos la Cooperativa de Servicios Pœblicos municipal lo utilizó para actividades de recolección de basuras, entre otras. 2.2. En auto de 16 de mayo de 2018, se admitió la demanda interpuesta contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el EjØrci to Nacional y la Fiscalía General de la Nación. A su vez, en audiencia inicial celebrada el 3 de abril de 2019 se decretó como prueba oficiar al municipio de Sa banas de San `ngel y a la Gobernación del Magdalena, entre otras autoridad es, a fin de que allegaran informes pronunciÆndose sobre ciertos aspec tos del debate. 2.3. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Magdalena (expediente 47001-23-33-000-2018-00118-00). Mediante sentencia

allegaran informes pronunciÆndose sobre ciertos aspec tos del debate. 2.3. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Magdalena (expediente 47001-23-33-000-2018-00118-00). Mediante sentencia del 8 de marzo de 2023, tal autoridad judicial declaró la caducidad de la acción propuesta, ya que las presuntas omisiones en las que incurrieron los entes accionados en el departamento del Magdalena ocurrieron entre los aæos 1996 y 2005. Seæaló que el literal i del artículo 164 del Código de l Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo di spone la oportunidad para presentar la demanda del medio de control de reparaci ón directa. Manifestó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Esta do y la Corte Constitucional el tØrmino de caducidad en el medio de control de reparación directa, cuando se pretenda la indemnización con oc asión a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro semejant e, comenzarÆ a computarse cuando los afectados tengan conocimiento o debieron conocer de la participación del Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que del plenario se podía establecer que los demandantes conocieron de la presunta participación de los agentes del Estad o, en las actuaciones u omisiones que produjeron los daæos cuya reparación s e impetra en el medio

Indicó que del plenario se podía establecer que los demandantes conocieron de la presunta participación de los agentes del Estad o, en las actuaciones u omisiones que produjeron los daæos cuya reparación s e impetra en el medio de control, por lo menos desde el 10 de enero de 20 07. Por lo que el plazo para incoar la demanda finalizaba el 11 de enero de 2009. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada ante el Ministerio Pœblico el 13 de octubre de 2016 y la demanda fue presentada el 10 de abril de 2018. Finalmente, afirmó que en el caso no se presentaba n inguna causal que pudiera dar lugar a apartarse a la regla jurisprudencia l sobre el fenómeno de la caducidad, siendo imperativa su aplicación. 2.4. Dentro del tØrmino legal establecido para tal efecto , el apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.5. Mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, el Con sejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A revocó la decisión de primer g rado y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. La Subsección consi deró que no se demostraron los elementos para declarar la responsab ilidad extracontractual del Estado. Precisó que entre 2015 y 2018 los demandantes continu aban en situación de vulnerabilidad, pues acudieron a instancias pœblicas con el fin de solicitar el acceso a los apoyos de emergencia para mitigar las consecuencias adversas derivadas del desplazamiento forzado. Por lo que conc luyó que no había operado el fenómeno de la caducidad.

acceso a los apoyos de emergencia para mitigar las consecuencias adversas derivadas del desplazamiento forzado. Por lo que conc luyó que no había operado el fenómeno de la caducidad. De otra parte, explicó que para imputar responsabilida d extracontractual al Estado por los daæos causados por grupos armados ileg ales debía acreditarse al menos un indicio de omisión o tolerancia por par te de las autoridades competentes, o la existencia de un deber concreto d e protección incumplido. En el caso concreto, la Subsección concluyó que los actores no lograron demostrar el vínculo causal entre la conducta estat al y el daæo sufrido, limitÆndose a afirmaciones generales sobre la expans ión del paramilitarismo en el departamento del Magdalena.

3. Fundamentos de la acción Los accionantes argumentaron que la Sección Tercera, S ubsección A del Consejo de Estado incurrió en defecto fÆctico , pues omitió la valoración de pruebas documentales aportadas que demostraban la participación del alcalde del municipio de Sabanas de San `ngel en los hechos que los victimi zaron. Consideraron que el alcalde no solo no protegió los bienes hurtados, sino que fue cómplice del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en la expropiación y posterior desplazamiento de las víctimas.

Indicaron que el alcalde es la autoridad de policía al mando y estÆ obligado a conservar el orden pœblico. Seæalaron que la Ley 387 de 1997 le confirió el deber de proteger los bienes de las víctimas de desplazam iento forzado al alcalde y a los

conservar el orden pœblico. Seæalaron que la Ley 387 de 1997 le confirió el deber de proteger los bienes de las víctimas de desplazam iento forzado al alcalde y a los comitØs municipales, distritales y departamentales p ara la atención integral a la población desplazada por la violencia. Manifestaron que con los documentos anexos a la dema nda se probó la participación del municipio de Sabanas de San `ngel e n la expropiación forzada del tractor hurtado de las fincas Si Me Dejan y Las Mercedes. Esto en la medida en que despuØs de hurtar el tractor Fordson Super Major , “Jorge Cuarenta” entregó dicha mÆquina a la administración municipal. De ahí que e ste fue utilizado por la Cooperativa de Servicios Pœblicos de Sabanas de San `ngel en labores de recolección de basura y riego de jardines municipales hasta que el 18 de abril deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2007 el municipio lo reintegró mediante una simple a cta de entrega. Por lo tanto, consideraron que el alcalde municipal obró como cómp lice del grupo paramilitar. Afirmaron que con la demanda se aportó la Resolución 115 de marzo 7 de 2012, en el que la administración municipal da cuenta de las irregularidades en torno al tractor Fordson Super Major. Argumentaron que el hecho de que el municipio de S abanas de San `ngel se haya beneficiado del uso del tractor de manera concomitante al

el que la administración municipal da cuenta de las irregularidades en torno al tractor Fordson Super Major. Argumentaron que el hecho de que el municipio de S abanas de San `ngel se haya beneficiado del uso del tractor de manera concomitante al hecho del desplazamiento demuestra la complicidad de l alcalde con el actuar criminal de las autodefensas. Sostuvieron que la existencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y la aquiescencia del Estado con esta organización criminal sí estaba demostrada en el plenario, así como toda suerte de violaciones graves de los derechos humanos cometidas de manera sistemÆtica po r tal agrupación. Agregaron que en la demanda de reparación directa se documentó que entre 1998 y 2005 “Jorge Cuarenta” fue de facto la mÆxima autoridad en Sabanas de San ` ngel. Para ello hicieron referencia a la sentencia del 31 de julio de 2024 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civi l Especializada en Restitución de Tierras, en la que se citó un informe suscrito por el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que declaró co mo zona de riesgo el casco urbano y Æreas rurales del municipio de Sabanas de Sa n `ngel, con la referencia 006-22 de fecha 3 de marzo 2022. La parte accionante tambiØn argumentó que el defecto fÆctico se configuraba puesto que el «informe No. 268 del 9 de noviembre de 1998 de los i nvestigadores Judiciales (…), cuyo asunto es INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN Y AN`LISIS DEL ACCIONAR DE GRUPOS DELINCUENCIALES», demuestra la aquiescencia del Estado con las violacio nes a

asunto es INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN Y AN`LISIS DEL ACCIONAR DE GRUPOS DELINCUENCIALES», demuestra la aquiescencia del Estado con las violacio nes a Derechos Humanos cometidas por Bloque Norte de las Aut odefensas Unidas de Colombia AUC en Sabanas de San `ngel. Precisó que, si bien «ese documento nunca llegó al expediente», lo cierto es que este revela el respaldo institucion al a grupos paramilitares por omisión u acción de agentes estata les. De otra parte, indicaron que el fallo desconoció la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado por violaciones graves de l os derechos humanos cometidas por terceros que actœen con la aquiescenci a del Estado, que fue el contexto dentro del cual ocurrieron los hechos. En específico se refirió a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 dictada en el radicado 050001-23-25-0001999-01063-01 (expediente 32988), por medio de la cu al se seæala que deben ser aplicados los estÆndares internacionales de protecció n a derechos humanos en el anÆlisis de conductas del Estado y sus agentes. TambiØn refirieron que en las sentencias de la Masac re Ituango vs. Colombia y de la Masacre de MapiripÆn vs. Colombia, la Corte Intera mericana de Derechos Humanos declaró como hecho probado no solo la aquie scencia de las autoridades del Estado colombiano con el fenómeno de las autodef ensas, sino que su creación se dio por disposiciones legales emitidas por el mismo Estado. Adicionalmente, hizo alusión a que en la sentencia 19 Comerciantes Vs Colombia de la mencionada Corte se alude la obligación de garantizar y proteger el p leno ejercicio de los derechos

se dio por disposiciones legales emitidas por el mismo Estado. Adicionalmente, hizo alusión a que en la sentencia 19 Comerciantes Vs Colombia de la mencionada Corte se alude la obligación de garantizar y proteger el p leno ejercicio de los derechos humanos y prevenir la violación de estos por actos c ometidos por terceros que actœan con la aquiescencia del Estado.

4. TrÆmite e intervenciones 4.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, se requirió a la parte accionante para que allegara los poderes especiales que legitim aran al apoderado para interponer la acción de tutela, aclarara el nombre de una de las accionantes e individualizara a los intervinientes del medio de con trol de reparación directa 47001-23-33-000-2018-00118-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. La parte accionante aportó los poderes especiales requ eridos, aclaró que el nombre de la accionante es Dubis Marina ArØvalo Chiq uillo e individualizó a las partes e intervinientes del medio de control de r eparación directa 4700123-33-000-2018-00118-00/01. 4.3. Mediante auto de 14 de octubre de 2025, se admitió l a acción de tutela interpuesta por la seæora Ana Rosa García Blanco y otr os contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; se ordenó noti ficar en calidad de

interpuesta por la seæora Ana Rosa García Blanco y otr os contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; se ordenó noti ficar en calidad de terceros con interØs a la seæora Rosmery del Carmen G arcía Barrios 2 (quien actuó en calidad de demandante en el medio de control de reparación directa), a la Nación, Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacional , a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Pœbli co, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Tribunal Administrativo del Magdalena; se reconoció al abogado de la parte demandante como su a poderado judicial; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondient es. 4.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A consideró que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, pues estÆ siendo utilizada como una instancia adicional para reabrir discusiones proce sales que fueron ampliamente tratadas en las dos instancias de la reparación directa. Indicó que al tratarse de una acción de tutela contra una providencia de alta corte la parte tutelante tenía la carga de mostrar una arbitrariedad transversal en la decisión, por lo que no se cumple con el requisito de relevanc ia constitucional. Subsidiariamente solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, en caso de considerar que se satisfacen los requisitos de procedencia. Argumentó que la providencia de 11 de agosto de 2025 no incurrió en defecto fÆctico, puesto que fue proferida en cumplimiento del precedente judicial en vigor respecto de la necesidad que, en casos de graves violaciones a l os derechos humanos corresponde aplicar criterios flexibles e indiciarios respecto de los medios de prueba.

que fue proferida en cumplimiento del precedente judicial en vigor respecto de la necesidad que, en casos de graves violaciones a l os derechos humanos corresponde aplicar criterios flexibles e indiciarios respecto de los medios de prueba. Seæaló que en el fallo se tuvieron en cuenta todos lo s medios contenidos en el expediente y se concluyó que el daæo antijurídico f ue resultado del accionar de una estructura armada ilegal, puntualmente, de u n grupo integrante de la organización paramilitar denominada Bloque Norte de la s Autodefensas Unidas de Colombia AUC. No obstante, no resulta pos ible, ni de manera directa o indiciaria, imputar el daæo a acciones u omisiones concretas y precisas de las autoridades estatales demandadas, a f alta de material de prueba que demostrara la alegada connivencia o toleran cia estatal con dicho grupo. Por ende, sostuvo que la providencia se profiri ó respetando los derechos fundamentales de todas las partes del proc eso. 4.5. El Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacional sostuvo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dic ha entidad, puesto que la presunta violación de los derechos fundamentales dent ro de la reparación directa, en la que al parecer incurrió el Consejo de Es tado, Sección Tercera, Subsección A en la sentencia del 11 de agosto de 202 5, no fue causada por la institución. Por otro lado, indicó que la acción de tutela no cump lía con los requisitos de procedencia, ya que la parte accionante no logró acred itar los defectos en los que incurrió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subse cción A en la providencia cuestionada.

procedencia, ya que la parte accionante no logró acred itar los defectos en los que incurrió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subse cción A en la providencia cuestionada.

2 Si bien en el escrito de tutela original la seæora R osmery del Carmen García Barrios figura como demandant e, aquella no aportó poder especial que facultara al abogado para ej ercer su representación judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, solicitó su desvinculación teniendo en cuenta que no ha vulnerado ningœn derecho fundamental de los actores. 4.6. La Procuraduría Delegada de Intervención 9 ante el Consejo de Estado solicitó su desvinculación del proceso por considerar que no es un tercero con interØs en esta acción de tutela. Sostuvo que el Ministerio Pœblico interviene discrecionalmente en los procesos y ante las autorida des judiciales o administrativas no como parte o tercero, sino como suj eto procesal especial. Adicionalmente, mencionó que dentro del medio de con trol el agente del Ministerio Pœblico no intervino ni rindió concepto alguno. 4.7. La Fiscalía General de la Nación manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, debido a que no existe relación d e causalidad entre las actuaciones de la entidad y la presunta vulneración de derechos fundamentales. Por esa razón, solicitó ser desvincu lada del trÆmite de tutela.

causa por pasiva, debido a que no existe relación d e causalidad entre las actuaciones de la entidad y la presunta vulneración de derechos fundamentales. Por esa razón, solicitó ser desvincu lada del trÆmite de tutela. Agregó que la acción interpuesta es improcedente, ya que no cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constituci onal y, ademÆs, la parte actora no sustentó de manera adecuada los defectos e speciales de procedencia excepcional de la acción de tutela contr a providencias judiciales. 4.8. La Policía Nacional indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, pues sus pretensiones dentro del medio de control de reparación directa se resolvieron de mane ra desfavorable debido a la ausencia de pruebas que confirmaran la participación de la Policía Nacional en los hechos ocurridos el 14 de abril de 2001. Seæaló que en la sentencia atacada la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado demostró la inexistencia de los requisitos para endilgar una responsabilidad a la Policía Nacional, pues si bien e s clara la producción de un daæo antijurídico por el deceso del seæor Luis Gu illermo ArØvalo Chiquillo y el posterior desplazamiento forzado de sus parientes, no se configura el nexo causal entre tales hechos y una acción u omisión por parte de los funcionarios de la institución policial. Aæadió que la carga de l a prueba respecto de la responsabilidad administrativa y extracontractual de la institución recaía en la parte actora, que no cumplió con dicha carga. Por otro lado, afirmó que en el caso no se configura un perjuicio irremediable

responsabilidad administrativa y extracontractual de la institución recaía en la parte actora, que no cumplió con dicha carga. Por otro lado, afirmó que en el caso no se configura un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Por lo que solicit ó denegar las sœplicas de la parte actora ante la improcedencia de la acción d e tutela. 4.9. El Tribunal Administrativo del Magdalena allegó copia del expediente del medio de control de reparación directa 47001-23-33-000-2018 -00118-00/01.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la a cción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salv o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreme diable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05875-00

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales,

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido u na serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia cons titucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los re quisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la pr ocedencia de la acción de amparo es mÆs restrictiva debido a que estas corporaci ones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdi cciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuest o adicional para admitir la

unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdi cciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuest o adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riæa de m anera directa con la Constitución Política y que justifique la intervenció n del juez constitucional. Segœn lo anterior, en los eventos en que por vía de tu tela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia d e una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un def ecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riæa de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constituciona l.

3. Cuestión previa: de la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacio nal y de la Procuraduría Delegada de Intervención 9 ante el Conse jo de Estado La Sala negarÆ la solicitud de desvinculación presen tada por las entidades mencionadas, considerando que su comparecencia en este proceso constitucional no obedece a una competencia para satisfacer las pre tensiones de la demanda ni a que se les atribuyan los hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, como erradamente lo expusieron en sus informes de respuesta.

no obedece a una competencia para satisfacer las pre tensiones de la demanda ni a que se les atribuyan los hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, como erradamente lo expusieron en sus informes de respuesta. Tal como se indicó en el auto admisorio de la tutel a, la vinculación se dispuso en calidad de terceros, ante el posible interØs que les p udiera suscitar el resultado de este proceso, dada su condición de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa, en el que actuaron como autoridades demandadas y vinculadas. Así las cosas, la mencionada calidad justifica la v inculación de estas entidades como