CE - Sentencia 11001031500020250588500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: ANDREA TATIANA GONZAGA GARCÍA

Accionado: JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevanc ia constitucional / improcedencia – La parte actora hace parte de una acción de grupo, la cual garantizaba su acceso a la administración de justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 19 de septiembre de 2025 1, por Andrea Tatiana Gonzaga García, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. La actora cuestionó el Auto del 17 de enero de 2024, a través del cual se rechazó por extemporáneo el recurso de reposición en subsidio apelación y el Auto del 1º de julio de 2025, mediante el cual se declaró bien denegada la apelación promovida por la parte demanda nte contra el auto del 16 de marzo de 2022, en el que se

julio de 2025, mediante el cual se declaró bien denegada la apelación promovida por la parte demanda nte contra el auto del 16 de marzo de 2022, en el que se declaró probada la excepción de pleito pendiente. A juicio de la parte actora, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, y de los principios constitucionales de favorabilidad, de eficacia, de universalidad, de seguridad jurídica y de equidad.

ANTECEDENTES Hechos relevantes

1. Los señores Andrea Tatiana Gonzaga García, Segundo Gabriel Jiménez

Gonzaga, Rubén Darío Jiménez García, Diego Alejandro Jiménez García, Duver Arley Jiménez García, Segundo Yohaner Jiménez Gonzaga y Fabián Andrés Jiménez García, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa 2 contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento del Putumayo, el Municipio de Mocoa, Corpoamazonia y Biomad Consultoría Ambiental S.A.S., con el fin de que se declarar a su responsabilidad patrimonial y administrativa por la muerte de la menor Brithany

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 19 de septiembre de 2025 con secuencia: 9490 - Cuad.:1”. 2 Identificada bajo el radicado: 11001-33-36-037-2019-00167-00/01/02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García

2 Identificada bajo el radicado: 11001-33-36-037-2019-00167-00/01/02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 Nicole Jiménez García, ocurrida el 31 de marzo de 2017, a causa de la venida torrencial de la quebrada La Taruca en el municipio de Mocoa.

2. Mediante Auto del 16 de marzo de 2022, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de pleito pendiente propuesta por el Departamento del Putumayo y Corpoamazonia. Según dicha autoridad judicial, los actores hacían parte de los demandantes en dos acciones de grupo que reclamaban la reparación del mismo hecho dañoso.

3. A través de Auto del 17 de enero de 2024, el despacho mencionado rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación, al considerar que la providencia del 16 de marzo de 2022 fue notificada por estado el 17 del mismo mes y año, y que el término de 3 días para interponer los recursos venció el 23 de marzo de 2022. Dado que estos se radicaron el 24 de marzo, el juzgado los consideró fuera de término.

4. El 23 de enero de 2 024, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de queja. Argumentó que conforme al artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y al artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación efectuada por correo electrónico debía

queja. Argumentó que conforme al artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y al artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación efectuada por correo electrónico debía entenderse realizada 2 días hábile s después del envío. En su criterio, el término para presentar los recursos vencía el 24 de marzo de 2022, por lo que estos fueron presentados oportunamente.

5. Mediante Auto del 1º de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 16 de marzo de 2022.

6. El Tribunal precisó que, de acuerdo con el expediente electrónico, la providencia cuestionada se notificó por estado el 17 de marzo de 2022, motivo por el cual el término para recurrir transcurrió entre el 18 y el 23 de marzo. En consecuencia, concluyó que los recursos radicados el 24 de marzo de 2022 se presentaron de manera extemporánea.

7. La Corporación agregó que el argumento del recu rrente, relativo a la supuesta notificación electrónica, carecía de respaldo probatorio, ya que el expediente no contiene constancia de tal actuación. Aclaró que el envío del estado por mensaje de datos no convierte la notificación por estado en notificaci ón electrónica, sino que constituye una comunicación complementaria. Por tanto, no procedía aplicar los dos 2 días adicionales previstos en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

8. En ese contexto, el Tribunal concluyó que los recursos fueron interpuestos fuera del término legal y, en consecuencia, consideró ajustada a derecho la decisión del

52 de la Ley 2080 de 2021.

8. En ese contexto, el Tribunal concluyó que los recursos fueron interpuestos fuera del término legal y, en consecuencia, consideró ajustada a derecho la decisión del juzgado de negar el trámite de apelación contra el Auto del 16 de marzo de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 Pretensiones

9. Conforme a lo di spuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Amparar los derechos fundamentales de mis representados: vida digna, dignidad humana, debido proceso, legalidad, igualdad, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y mínimo vital.

2. Dejar sin efectos el auto del 17 de enero de 2024 del Juzgado 37

Administrativo de Bogotá y el auto del 1° de julio de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca reactivar el trámite de la demanda, admitiendo y decidiendo de fondo los recursos interpuestos y, en consecuencia, el caso en concreto.

4. Que se dejen sin efectos las decisiones que, por simple mecanismo formal de plazos, sustrajeron a las víctimas del acceso al estudio sustancial de la controversia, salvo que otra autoridad superior indi que lo contrario tras estudio de fondo”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

de plazos, sustrajeron a las víctimas del acceso al estudio sustancial de la controversia, salvo que otra autoridad superior indi que lo contrario tras estudio de fondo”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La peticionaria sostuvo que la presente acción de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por exceso ritual manifiesto, pues el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá rechazó los recursos de reposición y apelación por considerarlos extemporáneos, al computar los términos desde el 17 de marzo de 2022. No obsta nte, advirtió que la notificación se realizó por correo electrónico, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, debía entenderse surtida 2 días hábiles después del envío.

11. Asimismo, afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo al desconocer las disposiciones que regulan la notificación electrónica y el cómputo de términos, particularmente el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 250 del CPACA en el mismo sentido.

12. De igual forma, manifestó que se vulneró el principio de favorabilidad y la prevalencia del derecho sustancial, consagrados en el artículo 228 de la Constitución Política. Sostuvo que, ante la duda sobre el momento de la notificación, debía aplicarse la interpretación más favorable a la parte afectada, conforme a la

prevalencia del derecho sustancial, consagrados en el artículo 228 de la Constitución Política. Sostuvo que, ante la duda sobre el momento de la notificación, debía aplicarse la interpretación más favorable a la parte afectada, conforme a la jurisprudencia constitucional que proscribe la rigidez procesal cuando impide el examen de fondo de los derechos fundamentales.

13. Por último, indicó que existe un perjuicio irremediable, pues la negativa a tramitar los recursos impidió el estudio de una demanda de reparación directa interpuesta por la muerte de una menor en una catástrofe anunciada. Consideró que dicho perjuicio es grave, inminente e irreparable, ya que la decisión cuestionada

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 cerró la posibilidad de acceder a la segunda instancia, vulnerando los derechos de las víctimas a la reparación integral, la seguridad jurídica y la justicia.

Trámite en primera instancia

14. Mediante Auto del 24 de septiembre de 2025 4, el despacho sustanciador requirió a la abogada Dora María Rodríguez Tobar para que, dentro del término de 3 días contados a partir de la comunicación efectiva de la providencia, aportara el poder que la acredita como apoderada judicial de la señora Andrea Tatiana Gonzaga García dentro del presente asunto.

3 días contados a partir de la comunicación efectiva de la providencia, aportara el poder que la acredita como apoderada judicial de la señora Andrea Tatiana Gonzaga García dentro del presente asunto.

15. A través de Auto del 7 de octubre de 2025 5, el despacho admitió la presente acción de tutela y dispuso notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como vincular a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Departamento del Putumayo, al Municipi o de Mocoa, a Corpoamazonia, a Biomad Consultoría Ambiental S.A.S. y al Ministerio Público, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

16. Igualmente, ordenó vincular a los ciudadanos Segundo Gabriel Jiménez Gonzaga, Rubén Darío Jiménez G arcía, Diego Alejandro Jiménez García, Duver Arley Jiménez García, Segundo Yohaner Jiménez Gonzaga y Fabián Andrés Jiménez García, junto con los demás intervinientes del medio de control de reparación directa radicado 11001-33-36-037-2019-00167-00/01/02, para que, si lo estimaban necesario, intervinieran en la presente acción. Finalmente, reconoció personería a la abogada Dora María Rodríguez Tobar como apoderada judicial de la parte accionante.

Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B6 solicitó negar la presente acción, al considerar que no menoscabó los derechos fundamentales de la accionante. Explicó que, al resolver el recurso de

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B6 solicitó negar la presente acción, al considerar que no menoscabó los derechos fundamentales de la accionante. Explicó que, al resolver el recurso de queja contra el Auto del 17 de enero de 2024, aplicó correct amente las normas sobre notificación por estado, al verificarse que la providencia recurrida se notificó por dicho medio y no electrónicamente, por lo que no proceden los 2 días adicionales previstos en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

18. Añadió que la recepción del estado por correo electrónico no constituye notificación electrónica, sino comunicación del estado judicial, conforme al artículo 201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

4 Índice electrónico 04 de SAMAI. 22Autoquerequie_20250588500REQUIEREA(.pdf) NroActua 4. 5 Índice electrónico 010 de SAMAI. 27Autoqueadmite_20250588500ADMITEAND(.pdf) NroActua 10. 6 Índice electrónico 015 de SAMAI.31_MemorialWeb_Respuesta-11_Nuevoregistro_Inf(.pdf) NroActua 15.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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19. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7 indicó que la tutela pretende dejar sin efectos el auto que declaró probada la excepción de pleito

Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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19. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7 indicó que la tutela pretende dejar sin efectos el auto que declaró probada la excepción de pleito pendiente y dar trámite al recurso de apelación. Sostuvo que el auto atacado contiene fundamentos fácticos y jurídicos suficientes y que el recurso fue presentado fuera del término legal.

20. Señaló que la acción es improcedente, por cuanto no cumple los requisitos de relevancia constitucional ni de inmediatez, dado que la decisión cuestionada fue adoptada el 16 de marzo de 2022, y el debate ya fue resuelto por el juez natural mediante los recursos ordinarios previstos en la ley.

21. Concluyó que al no haber ejercido oportunamente los recursos legales, la parte actora no puede acudir a la tutela para reabrir términos vencidos, pues ello desconoce su carácter subsidiario y excepcional.

22. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible8 solicitó ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva. Adicionalmente, p idió negar las pretensiones de la presente acción, al concluir que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

23. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 9 solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que los hechos expuestos por la parte accionante se originaron en un trámite judicial, ajeno a sus funciones y competencias legales. Asimismo, pidió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisi to de relevancia

al señalar que los hechos expuestos por la parte accionante se originaron en un trámite judicial, ajeno a sus funciones y competencias legales. Asimismo, pidió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisi to de relevancia constitucional, así como negar el amparo solicitado, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

24. Corpoamazonia10 pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B son las autoridades judiciales con atribuciones expresas para administrar justicia.

25. El Departamento del Putumayo, el Municipio de Mocoa, Biomad Consultoría Ambiental, guardaron silencio a pesar de haber sido notificados11.

7 Índice electrónico 016 de SAMAI. 33_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTATUTELA202(.pdf) NroActua 16. 8Índice electrónico 018 de SAMAI.36_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionAccion(.pdf) NroActua 18. 9Índice electrónico 021 de SAMAI. 40_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda81Tutela20250588(.pdf) NroActua 21. 10índice electrónico 025 de SAMAI. 47_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaDG2233contestacio(.pdf) NroActua 25. 11 Índice electrónico 013 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 13.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

DG2233contestacio(.pdf) NroActua 25. 11 Índice electrónico 013 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 13.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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CONSIDERACIONES

Competencia

26. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo esti pulado en el Acuerdo 080 de

201912.

Problema jurídico y metodología de la decisión

27. La señora Andrea Tatiana Gonzaga García promovió acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundi namarca, Sección Tercera, Subsección B. La actora cuestionó el Auto del 17 de enero de 2024, a través del cual se rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y apelación y el Auto del 1º de julio de 2025, mediante el cual se declaró bien denegado el recurso de apelación promovió por la parte demandante contra el Auto del 16 de marzo de 2022, en el que se declaró probada la excepción de pleito pendiente. En criterio de la parte actora, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la

probada la excepción de pleito pendiente. En criterio de la parte actora, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, y de los principios constitucionales de favorabilidad, de eficacia, de universalidad, de seguridad jurídica y de equidad.

28. En primer lugar, la Sala debe establecer si la presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedencia, en especial el de relevancia constitucional, exigido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto esencial para la intervención excepcional del juez de tutela frente a providencias judiciales. Este examen resulta indispensable, por cuanto la parte actora forma parte de una acción de grupo promovida con el mismo propósito de obtener la repar ación de los perjuicios derivados de la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017, mecanismo judicial que busca proteger sus derechos y la satisfacción de sus pretensiones indemnizatorias.

29. En caso de superar dicho examen prelimina r, en segundo lugar, será procedente estudiar ¿si incurrió el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en un defecto sustantivo y exceso ritual manifiesto, al rech azar por extemporáneos los recursos de reposición y apelación, así como declarar bien denegado el recurso de apelación que promovió por la parte demandante contra el Auto del 16 de marzo de 2022?

30. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala a doptará la siguiente

denegado el recurso de apelación que promovió por la parte demandante contra el Auto del 16 de marzo de 2022?

30. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala a doptará la siguiente ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional y, (iii) análisis del caso concreto.

12 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Conforme el precedente constitucional fijado en la C -590 de 2005 13, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

32. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de proced encia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 16 o el Consejo de Estado 17, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Ju risdicción Especial para la Paz -JEP-18; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a s u alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 19 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

33. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

13 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cos a juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentenc ias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro

19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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34. La Corte Constitucional indicó 20 que la tutela contra providencias judiciales no puede con vertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales , más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

35. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretend e reabrir el debate 21: (i) el debate debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una tra scendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

36. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relev ancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez

manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relev ancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia22.

Análisis del caso concreto

37. La señora Andrea Tatiana Gonzaga García promovió acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por considerar que incurrieron en un defecto sustantivo y exceso ritual manifiesto con lo que vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Cuestionó el Auto del 17 de enero de 2024, que rechazó por extemporáneo el recurso d e reposición y de apelación, y el Auto del 1º de julio de 2025, que declaró bien denegado el recurso de apelación contra el Auto del 16 de marzo de 2022, mediante el cual se declaró probada la excepción de pleito pendiente.

38. En primer lugar, la Sala examin ará la legitimación en la causa; y, en segundo lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

39. La señora Andrea Tatiana Gonzaga García Cárcamo cuenta con legitimación en la caus a por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona

39. La señora Andrea Tatiana Gonzaga García Cárcamo cuenta con legitimación en la caus a por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 21 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 22 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05885-00

Accionante: Andrea Tatiana Gonzaga García Accionado: Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 directamente afectada por las decisiones adoptadas por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, providencias que, según afirma, transgredieron sus garantías constitucionales.

40. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, autoridades judiciales que emitieron las providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por la accionante.

41. Ahora bien, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Corpoamazonia solicitaron ser desvinculadas del proceso por falta de legitimaci ón en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que dichas entidades fungen

41. Ahora bien, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Corpoamazonia solicitaron ser desvinculadas del proceso por falta de legitimaci ón en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que dichas entidades fungen como parte demandada dentro del proceso de reparación directa cuestionado en la presente demanda de tutela, situación que les otorga un interés en el presente asunto. Por esta razón, se mantendrán vinculadas en este trámite.

42. De igual manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó ser desvinculado del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la Sala observa que las resultas del proceso afectan su esfera jurídica, motivo por el cual permanecerá vinculado al presente proceso constitucional.

Releva