CE - Sentencia 11001031500020250590200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-15-000-2025-05902-00

Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Fernando Augusto García Matamoros, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Fernando Augusto García Matamoros, en nombre propio, presentó acción de tutela en la que solicitó la protección de su derecho fundamental a la igualdad, qu e consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025 dictada al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado nœmero 11001-33-43-064-2017-00054-00/03, mediante la cual se confirmó el fallo

dictada al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado nœmero 11001-33-43-064-2017-00054-00/03, mediante la cual se confirmó el fallo proferido el 8 de noviembre de 2023 por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de BogotÆ, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 1:

2.1. El accionante afirmó que con la expedición de la Ley 2381 de 20242 “cientos de miles de colombianas y de colombianos, por no decir que millones, quienes al entrar

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001334306420170005401250 0023 2 Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen comœn, y se dictan otras disposicionesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

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en vigor la ley 2381/24 cuenten con 750 semanas y 900 semanas, respectivamente, quedarÆn legalmente amparados por un rØgimen de transición y necesita ran saber, de la mano de la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, sí gozarÆn de estabilidad jurídica y podrÆn acceder a su pensión de veje z cuando cuenten con 1300 semanas y cumplan 57 y 62 años de edad”.

de la mano de la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, sí gozarÆn de estabilidad jurídica y podrÆn acceder a su pensión de veje z cuando cuenten con 1300 semanas y cumplan 57 y 62 años de edad”.

2.2. Sostuvo que con el acto legislativo 01 de 2005 se eliminó el rØgimen d e transición a partir del 31 de diciembre de 2014. Tal circunstancia afectó directamente al tutelante quien, pese a contar con mÆs de quince (15) a æos de cotización al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y, por tanto, tener la legítim a expectativa de pensionarse conforme a las reglas anteriores, fue privado de dicha posibilidad. Tal supresión ocurrió antes de que cumpliera la edad mínima de sesenta (60) aæos prevista en el sistema al anterior, por lo que se vio obligado a continuar laborando y cotizando durante dos (2) aæos adicionales, aun cuando ya te nía acreditado mÆs del doble de las mil (1000) semanas exigidas, circunstancia que no le permitió acceder a la pensión de vejez.

2.3. Por lo anterior, al actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Congreso de la Repœblica, con el propósito de que se declare su responsabilidad por la expedición del acto legislativo 01 de 2005. En consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de i) los valores dejados de percibir por concepto de pensión de vejez entre el 2 de octubre de 2016 y el 1 de octubre de 2018; ii) la sumas que deberÆ seguir aportando al sistema de seguridad social

por concepto de pensión de vejez entre el 2 de octubre de 2016 y el 1 de octubre de 2018; ii) la sumas que deberÆ seguir aportando al sistema de seguridad social durante ese mismo periodo y; iii) la diferencia negativa en la liquidación de su mesada pensional conforme a su expectativa de vida.

2.4. El asunto le correspondió por reparo al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de BogotÆ, bajo el radicado nœmero 11001-3343-0642017-00054-00/03 autoridad que, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento indicó que, aunque el seæor García Matamoros acreditaba las condiciones para ser beneficiario del rØgimen de transición, la eliminación de d icho rØgimen mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 no configuró un daæo an tijurídico. Consideró que el actor solo tenía una mera expectativa y no un derecho ad quirido, pues no cumplió con la edad mínima antes del vencimiento del rØgime n en 2014. AdemÆs, la reforma se justificó en razones de sostenibilidad financiera y prevalencia del interØs general, lo que excluye la responsabilidad estatal.

2.5. Inconforme con dicha decisión, el accionante interpuso recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A dictó fallo confirmatorio el 28 de agosto de 2025. Estimó que el tutelante no tenía un derecho adquirido ni una expectativa legítima de pensionarse a los sesenta (60)

dictó fallo confirmatorio el 28 de agosto de 2025. Estimó que el tutelante no tenía un derecho adquirido ni una expectativa legítima de pensionarse a los sesenta (60) aæos, pues aun perteneciendo al rØgimen de transición, no alcanzaba dicha edad antes de su expiración en 2014. Sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2005 noRadicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

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generó un daæo antijurídico, ya que la limitación del rØgimen obede ció a razones constitucionales de sostenibilidad y equidad. En consecuencia, descartó la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales. En consecuencia, pidió que se deje sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal accionado y se le ordene proferir una de reemplazo “que materialice y haga efectivo el derecho a la igualdad del demandante con relación a todos los colombianos que se pensionaron a los 60 aæos en aplicación del rØgimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, y en tal virtud, se reconozca que el demandante Fernando A García Matamoros tenía una expectativa legítima de pensionarse conforme a las leyes anteriores a la ley 100 de 1993, es decir a los 60 aæos de edad, de manera que la eliminación del rØgimen de transición po r el Congreso de la Repœblica antes de que pudiera acceder a la pensión de jubilación

aæos de edad, de manera que la eliminación del rØgimen de transición po r el Congreso de la Repœblica antes de que pudiera acceder a la pensión de jubilación constituyó un daæo antijurídico que debe ser reparado por esa institución p œblica, de acuerdo con lo que haya sido demostrado”.

3.2. La parte actora indicó que la controversia reviste relevancia constitucional, dado que el juez de tutela debe resolver si el Congreso de la Repœblica puede desconocer los derechos pensionales de los ciudadanos y sí la condición de pertenencia a un rØgimen de transición constituye una mera expectativa o una expectativa legítima.

Agregó que la decisión que se adopte en el marco de este trÆmite tendrÆ un impacto nacional, pues definirÆ la situación de cientos de miles de personas amparadas por el rØgimen de transición de la Ley 2381 de 2024. El fallo deberÆ d eterminar si dicho rØgimen constituye una mera expectativa o una expectativa legítima, y si el Congreso puede modificarlo o eliminarlo sin vulnerar la igualdad ante la ley. AdemÆs, deberÆ establecer si tal supresión genera un daæo antijurídico reparable o una carga que debe asumirse en función del interØs general.

3.3. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora planteó los siguientes argumentos:

3.3.1. El Tribunal erró al desestimar que el Acto Legislativo 01 de 2005 no generó un daæo antijurídico bajo la consideración de que la pertenencia al rØgimen de transición solo otorgaba una probabilidad de adquirir el derecho pensional conforme

un daæo antijurídico bajo la consideración de que la pertenencia al rØgimen de transición solo otorgaba una probabilidad de adquirir el derecho pensional conforme a las normas anteriores. Tal interpretación, a su juicio, desconoce la expectativa legítima protegida por el ordenamiento jurídico y los efectos derivados de la afiliación al referido rØgimen.

3.3.2. La sentencia del Tribunal incurrió en un defecto material o sustantivo, al fundamentar su decisión en una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, sostuvo que los beneficiarios del rØgimen de tran sición debían pensionarse a los 62 aæos a partir de 2014 y desconoció que dicho rØgimenRadicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

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garantizaba la aplicación de las reglas anteriores a la Ley 100 de 1993 para quienes cumplían las condiciones exigidas. Esta equivocación implica decidir con base en una norma inexacta y contraria al contenido real de la disposición legal.

3.3.3. Alegó el desconocimiento de pronunciamientos del Consejo de Estado – sin embargo, no los identificó – así como de la sentencia C-754 de 2004 en la que la Corte Constitucional estableció que el rØgimen de transición constituye un mecanismo de protección frente a los cambios que produce el trÆnsito legislativo.

3.3.4. Denunció que la autoridad accionada violó directamente la Constitución Política, al negar al demandante el derecho pensional al momento de cumplir

mecanismo de protección frente a los cambios que produce el trÆnsito legislativo.

3.3.4. Denunció que la autoridad accionada violó directamente la Constitución Política, al negar al demandante el derecho pensional al momento de cumplir sesenta (60) aæos. Asimismo, al desconocer que la expedición del Acto Leg islativo 01 de 2005 no causó un daæo antijuridico susceptible de ser reparado.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 23 de septiembre de 20253 se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada y se vinculó como terceros con interØs Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de BogotÆ y al Congreso de la Repœblica.

4.2. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de BogotÆ4 remitió el enlace web para acceder al expediente ordinario. Asimismo, presentó informe en el que indicó que la sentencia de primera instancia fue dictada con funda mento en el anÆlisis de las pruebas recaudadas y en el anÆlisis de la normativa a plicable. Por ende, no resulta de recibo que la parte actora pretenda por vía de tutela obtener un resultado diferente al del proceso ordinario.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A5 indicó que la acción de tutela no es procedente, pues el actor reiteró los mismos argumentos del proceso de reparación directa y no demostró la existencia de un defecto material o sustantivo. La decisión cuestionada se basó en las pruebas del expediente y no aplicó erróneamente norma alguna. Adem Æs, el

los mismos argumentos del proceso de reparación directa y no demostró la existencia de un defecto material o sustantivo. La decisión cuestionada se basó en las pruebas del expediente y no aplicó erróneamente norma alguna. Adem Æs, el amparo no puede usarse como una instancia adicional para controvertir la interpretación judicial.

4.4. El Congreso de la Repœblica6 solicitó que se declare improcedente la solicitud, dado que el actor pretende reabrir un debate ya definido por la j urisdicción contencioso-administrativa mediante decisiones debidamente motivadas en derecho y en las pruebas del caso. Agregó que la autoridad accionada advirtió una

3 ˝ndice 000 04 del aplicativo SAMAI , certificado 70B483ECF70A8509 EDDF940CF7BD0037 E0E066758E565726 5B78623C5B6C5996 4 ˝ndice 00008 d el aplicativo SAMAI , certificado AD033DC36DCE133B 12B4B42F62EEA706 5C5B552C0BD54469 605D04E8A3F8E5B8. 5 ˝ndice 000 10 del aplicativo SAMAI , certificado E44FDCC82350D396 C3411AB0FC97EB05 FE0E1F6147ACFE5A 9873DF2FA9EF277F 6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI B683E27937947877 3EA0DB41E7D06E48 80F3B4B407841120 542ACEE25E13FE4ARadicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

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Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

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mera expectativa sujeta al principio de sostenibilidad del sistema pensional, y no a un derecho adquirido o a una expectativa legítima amparada por la Con stitución, razón por la cual no se configuraron los defectos sustantivo ni por desconocimiento del precedente. Igualmente, aplicó de manera correcta la normatividad y la jurisprudencia vigentes, y sustentó su decisión en principios constitucionales como la prevalencia del interØs general, la solidaridad intergeneracional y la protección del patrimonio pœblico.

En consecuencia, no advirtió la vulneración de derechos fundamentales, sino la inconformidad del actor frente a una decisión desfavorable, lo cual impide utilizar la acción de tutela como una tercera instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de c onformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Fernando Augusto García Matamoros, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trÆmite d el medio de control de reparación directa adelantado bajo el radicado nœmero 11001-33-43-0642017-00054-00/03.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

control de reparación directa adelantado bajo el radicado nœmero 11001-33-43-0642017-00054-00/03.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por cuanto fungió como juez de segunda instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d eRadicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

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fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la

defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 7 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser ra zón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen de l procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es,

a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen de l procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad jud icial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundam entales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.

al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

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jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un de recho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto. AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad imp lica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del ju ez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de proced ibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad

interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia. Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto12.

11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019. 12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

Accionante: Fernando Augusto García Matamoros

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5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación: 5.1. Al analizar el escrito de tutela, se observa que la parte actora sostuvo que la sentencia cuestionada: i) erró al considerar que la pertenencia al rØgimen de transición solo otorgaba una probabilidad de acceder a la pensión, y descon oció la expectativa legítima derivada de dicho rØgimen; ii) incurrió en un defecto sustantivo al interpretar de manera equivocada el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que

expectativa legítima derivada de dicho rØgimen; ii) incurrió en un defecto sustantivo al interpretar de manera equivocada el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que exigió la edad de sesenta y dos (62) aæos para pensionarse; iii) desconoció precedentes del Consejo de Estado y la Sentencia C-754 de 2004, que reconocen el carÆcter protector del rØgimen de transición; y iv) vulneró directamente la Constitución al negar el derecho pensional al cumplir sesenta (60) aæos y al afirma r que el Acto Legislativo 01 de 2005 no generó daæo antijurídico. 5.2. Ahora bien, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia del 28 de agosto de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Se cción Tercera, Subsección A y que puso fin a la actuación, así como de las p ruebas incorporadas al proceso, se advierte que dicha autoridad arribó a las siguientes conclusiones: En cuanto al daæo que el actor consideró como antijurídico y el acceso al de recho pensional: “[…] 3.4 En gracia de discusión, aceptando que el seæor AUGUSTO GARC˝A MATAMOROS perteneció al rØgimen de transición y que, en consecuencia, tenía derecho a pensionarse a los 60 aæos, dado que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía mÆs de 15 aæos de servicios cotizados, lo cierto es que contrario a lo afirmado por el apelante, el Acto Legislativo No. 1 de 2005, no causó un daæo antijurídico como pasa a exponerse:

lo cierto es que contrario a lo afirmado por el apelante, el Acto Legislativo No. 1 de 2005, no causó un daæo antijurídico como pasa a exponerse:

[…] 3.6 Quiere significarse que, la Ley 100 de 1993, en su artículo 36: (i) creó un rØgimen de transición, en el sentido que, si se cumplían unos requisitos, para el caso de los hombres, su edad de pensión se mantendría en la edad de 60 aæos y (ii) estableció que dicha edad de pensión, continuaría hasta el aæo 2014, y posteriormente, se incrementaría, indicando que para los hombres iba a ser 62 aæos.

[…] 3.8 En el caso en concreto, conforme las pruebas aportadas, se tiene que el seæor AUGUSTO GARC˝A MATAMOROS, nació el 2 de octubre de 1956, de manera que: (i) para el 31 de julio de 2010 (fecha que estableció el Acto legislativo como límite para extenderse el rØgimen de transición), tenía 54 aæos; y (ii) para el aæo 2014 (fecha hasta la cual se mantendría el rØgi men a ciertas personas que cumplieran unas condiciones específicas, conforme lo seæalado por el Acto legislativo), tenía 58 aæos.

3.9 Quiere significarse que, en ninguno de los dos casos, el seæor AUGUSTO GARC˝A MATAMOROS, hubiera podido obtener su pensión a la edad de 60 aæos como lo afirma en su demanda, aun cuando se aceptara que perteneció al rØgimen de transición.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

edad de 60 aæos como lo afirma en su demanda, aun cuando se aceptara que perteneció al rØgimen de transición.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05902-00

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3.10 Tal como lo indicó el Juez de primera instancia, en el presente asunto, el seæor AUGUSTO GARC˝A MATAMOROS, no tenía una expectativa legítima”.

Respecto de la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia C-754 de 2004 de la Corte Constitucional a la situación particular del actor:

“[…] 3.13 Ahora bien, el apelante hace referencia a una sentencia de la H. Corte Constitucional13, donde se indicó que:

“De las consideraciones transcritas se desprende, sin lugar a dudas, que el rØgimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 i) “constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un trÆnsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho , por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo”; ii) que este instrumento ampara a los trabajadores, hombres y mujeres, “que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones”, tuvieran más de cuarenta aæos o treinta y cinco años respectivamente, y a quienes, “independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados”; y iii) que los amparados

vigencia el sistema de pensiones”, tuvieran más de cuarenta aæos o treinta y cinco años respectivamente, y a quienes, “independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados”; y iii) que los amparados por este régimen “si bien no han adquirido el de