CE - Sentencia 11001031500020250590800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: insubsistencia. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por María Alicia Cleonice Naranjo Mesa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al trabajo , que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

vulnerados con ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-026-2020-00354-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, mediante Resolución núm. 0175 del 30 de enero de 2019, nombró en el cargo de libre nombramiento y remoción denominado director técnico código 009 grado 6, adscrito a la Dirección de Formación de Docentes e Innov aciones a la señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa, quien tomó posesión el 4 de febrero de 2019.

3. Posteriormente, con ocasión del cambio de administración, la referida entidad, a través de la Resolución núm. 0492 del 28 de febrero de 2020, dio por terminado el nombramiento de la accionante en el empleo de director técnico código 009 grado 6, adscrito a la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones.

4. La señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa presentó demanda de nulidad y

el nombramiento de la accionante en el empleo de director técnico código 009 grado 6, adscrito a la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones.

4. La señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, con el fin de que se dejara sin efecto el acto administrativo que la retiró del servicio y, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo, así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejadas de recibir.

5. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá , mediante sentencia del 19 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no demostró las irregularidades alegadas frente al acto demandado ni se acreditó su calidad de prepensionada. Contra dicha decisión, la señora Cleonice Naranjo Mesa presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a través de providencia del 19 de mayo de 2025 , confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Que se declare que con el actuar de los operadores judiciales que intervinieron en el proceso en el que se tramitó mi demanda, se vulneraron:

• El Derecho fundamental al debido proceso por vía hecho (artículo 29 de la

Constitución Política)

• El Derecho a la pensión de vejez

intervinieron en el proceso en el que se tramitó mi demanda, se vulneraron:

• El Derecho fundamental al debido proceso por vía hecho (artículo 29 de la

Constitución Política)

• El Derecho a la pensión de vejez

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05908-00, índice 2, certificado E757465ED4E27E71 E0162B6CAB8E8DCF 19A6602A84725AC8 C52CEC9A1BD6CBC3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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• El Derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Política)

• A Los que tenía derecho en mi condición de ciudadana y funcionaria pública.

2. En consecuencia, que se ordene a la Sección Segunda – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revoque el fallo 19 de mayo de 2025, dictado en el Proceso: nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm. 110013335026-2020-00354-01.

3. Que en su lugar el Tribunal reconozca mi condición de pre pensionada, la falta de acreditación de la mejora en el servicio luego de mi declaratoria de insubsistencia, y haga valer mis derechos fundamentales.

4. Ordene a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. mi reintegro para así poder laborar los 2 años y 6 meses que requiero para cumplir las semanas cotizadas y poder obtener la pensión de jubilación por vejez y me reconozca los salarios

4. Ordene a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. mi reintegro para así poder laborar los 2 años y 6 meses que requiero para cumplir las semanas cotizadas y poder obtener la pensión de jubilación por vejez y me reconozca los salarios dejados de percibir desde la insubsistencia hasta el reintegro […] 2.

8. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo porque omitió tener en cuenta el numero de semanas que exige el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para establecer su condición de prepensionada, lo cual era determinante para otorgarle la protección especial que requería para continuar en el empleo público.

9. En este sentido, explicó que durante el trámite procesal argumentó y acreditó que al momento de su retiro del servicio le faltaban 115 semanas , es decir, 2 años y 3 meses. Además, tenía 55 años, por lo que se encontraba cerca de cumplir las semanas y la edad para acceder a una pensión mínima , conforme el referido artículo, por lo que era evidente que reunía las características para considerarse una prepensionada.

10. Asimismo, indicó que el Tribunal accionado omitió armonizar los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993, para garantizar el acceso a la prestación de vejez.

11. Adicionalmente, expuso que la autoridad accionada, también incurrió en defecto fáctico, por cuanto desconoció los elementos probatorios con los que se demostraban que la tutelante contaba con 1035 semanas cotizadas y tenía 55 años, para la fecha en que fue declarada su insubsistencia en el cargo.

fáctico, por cuanto desconoció los elementos probatorios con los que se demostraban que la tutelante contaba con 1035 semanas cotizadas y tenía 55 años, para la fecha en que fue declarada su insubsistencia en el cargo.

12. Afirmó que el Tribunal tampoco solicitó como prueba la hoja de vida de la persona que la reemplazó en el cargo, con el fin de verificar si el cambio de personal obedeció a razones del servicio o fue un acto injustificado.

13. Por otra parte , advirtió que la decisión cuestionada desconoció el precedente jurisprudencial porque realizó una indebida interpretación de los criterios definidos por el Consejo de Estado 3 sobre la materia, pues no tuvo en cuenta que dicha

2 Se transcribe incluso con errores. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2018, radicado 25000-23-25-000-201201184-01 (2130-2016).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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corporación judicial ha establecido que «la protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos a consolidar el estatus pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad, como a empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, respecto de cualquier escenario que materialice una causal objetiva de retiro del servicio».

14. Del mismo modo, resaltó que el citado precedente ha sostenido que: «la protección especial en razón a la condición de sujeto «prepensionado», resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse es decir

14. Del mismo modo, resaltó que el citado precedente ha sostenido que: «la protección especial en razón a la condición de sujeto «prepensionado», resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse es decir le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez».

15. Agregó que la providencia acusada, tampoco realizó una debida interpretación de la sentencia SU -915 de 2013, pues omitió considerar que, si bien la Corte Constitucional ha dicho que en principio los funcionarios de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, también es cierto que la s condiciones del retiro del servicio deben valorarse en cada ca so específico, si el empleado se ve afectado con la decisión de la administración.

16. Conforme con lo anterior, consideró que el Tribunal no efectuó un análisis de la situación particular de la demandante, en tanto desconoció que se encontraba dentro de los tres años para cumplir con los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a la pensión.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 24 de septiembre de 20254, admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá , en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá , en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

18. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá 5 manifestó que las decisiones proferidas en las instancias respectivas dentro del proceso ordinario se encuentran debidamente fundamentadas en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso objeto de estudio, por lo que no se desconocieron las garantías fundamentales de los sujetos procesales. De este modo, solicitó que se desestimen las pretensiones de la tutela.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05908-00 índice 5, certificado 867BDB6C691F2C16 CA3F4D9CDB39B7B2 8E3181684A1CB830 6AD4D69B05CC428D. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05908-00 Incide 9, certificado 058CF2459AA3BBF2 91B112958FA4E383 8FADE772436FA5CD F8427FFCAE1925B5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A6 pidió que se niegue la solicitud de amparo, por cuanto la providencia cuestionada se fundamentó en la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y las pruebas

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A6 pidió que se niegue la solicitud de amparo, por cuanto la providencia cuestionada se fundamentó en la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y las pruebas obrantes en el expediente , lo cual permitió concluir que el acto administrativo demandado no se encontraba incurso en las causales de nulidad alegadas en la demanda.

20. De esta manera, consideró que el trámite procesal se desarrolló con el respeto de los principios jurídicos previstos en la Constitución y la ley , por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

21. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 7 indicó que la vulneración alegada por la parte actora en el escrito de tutela está relacionada con la legalidad de la providencia judicial expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual actuó en ejercicio de la autonomía que le asiste y, en consecuencia, adoptó la respectiva decisión dentro del marco de sus competencias, conforme la legislación aplicable.

22. Destacó que, si bien la entidad fue llamada como tercero dentro del presente trámite constitucional, su proceder y voluntad administrativa se ha ajustado a derecho, sin vulnerar los derechos de la ciudadana tutelante . En consecuencia, no le es dable pronunciarse ni asumir responsabilidad alguna sobre las actuaciones u omisiones atribuidas de forma exclusiva a la autoridad judicial.

23. Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela, toda vez que carece de legitimación en la causa para responder por las pretensiones de la tutelante.

3. CONSIDERACIONES

23. Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela, toda vez que carece de legitimación en la causa para responder por las pretensiones de la tutelante.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la solicitud de amparo interpuesta por María Alicia Cleonice Naranjo Mesa en contra del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa de la señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05908-00, índice 1 0, certificado 427AB79AB89214C6 5FE53064AAB6684A FC50D37EAC405C97 DC841681F5DF1517. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05908-00, índice 1 1, certificado BCE443A7503498CB 2A53044C1FCCACD8 30395EE358015657 CE4BAB98FA5BE2FE.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia, objeto de tutela.

27. Por otro lado, se advierte que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. Determinación del defecto objeto de análisis

29. Por otra parte, se observa que la accionante, en el escrito de amparo, pretende atribuirles a las providencias cuestionadas los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico y ii) desconocimiento del precedente.

30. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, que desestimó los argumentos planteados por la demandante sobre la estabilidad laboral por condición de pre

tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, que desestimó los argumentos planteados por la demandante sobre la estabilidad laboral por condición de pre pensionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

32. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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1. que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

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1. que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

36. Así pues, la Corte Constitucional 13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15;

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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1. que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y

1. que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

38. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , fue notificada el 27 de mayo siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 22 de septiembre de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 18 y del Consejo de Estado19 como razonable.

40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso nulidad y restablecimiento del derecho.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y el

16 Samai, exp. 11001-33-35-026-2020-00354-01, índice14. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05908, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05908, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al trabajo de la señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa . En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 19 de mayo de 2025, que confirmó la providencia del 19 de noviembre de 2024, expedida por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la accionante en contra de la Secretaría

Distrital de Educación de Bogotá.

44. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

Distrital de Educación de Bogotá.

44. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

45. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicació n resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.

46. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

47. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de

las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones

20 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-00

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de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]21.

48. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del pa rámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

49. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad

carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).22

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

50. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza l a efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas23.

51. Al respecto, la Corte Constitucion