CE - Sentencia 11001031500020250591600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05916-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES

REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO

Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante Sección Tercera2

Número único de radicación: 110010315000-2025-05916-00

Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO

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I.1.- La solicitud

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I.1.- La solicitud

El señor EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO , actuando por medio de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de contradicción, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al haber proferido la sentencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00905-01.

I.2.- Hechos

Aseguró que junto con su madre EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ , ejercieron desde 1987 la posesión pacífica de un terreno ubicado en el municipio de Santiago de Cali , denominado “TERRERO DE EDILMA CASTAÑO ”, el cual desde 1992 mediante documento público, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA reconoció su naturaleza fiscal y no de uso público, decisión que fue avalada por el3

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, no

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, no obstante, en el 2018, se adelantó el proyecto de infraestructura de la ampliación del tercer carril de la vía Cali -Jamundí, mediante el cual se afectaba el mencionado bien inmueble.

Indicó que en el 2019 la Inspección de Policía de la comuna 22, La María, del DISTRITO ESPECIAL , DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI3, adelantó el proceso policivo -administrativo núm. 201841733010357282 de lanzamiento del inmueble denominado “lotes”, por lo que interpusieron recurso de apelación ante la Secretaría de Seguridad y Justicia que, mediante Resolución núm. 4161.010.21.001923 de 20 de agosto de 2019, confirmó la decisión inicial.

Adujo que mediante un nuevo proceso policivo -administrativo radicado bajo el núm. 4161.050.9.6.009.2020 de 15 de septiembre de 2020, la Inspección de Policía de Siloé del Distrito ordenó el lanzamiento material de l total de la zona de exclusión vial, siendo confirmada tal decisión mediante Resolución núm.

2 En adelante Tribunal. 3 En adelante Distrito.4

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Actor: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO

2 En adelante Tribunal. 3 En adelante Distrito.4

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4161.010.21.0644 de 25 de septiembre de 2020 , expedida por la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Manifestó que presentaron proceso declarativo de pertenencia con el objeto de ejercer la posesión material del bien inmueble en mención, el cual correspondió al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI que, mediante providencia de 15 de enero de 2020, terminó anticipadamente el proceso, puesto que, a su juicio, este no procede frente a propiedades de entidades de derecho público, decisión que fue confirmada por la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI , mediante proveído de 28 de septiembre de ese año.

Señaló que promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4 y el DISTRITO, con el fin que se declara administrativamente y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por los errores judiciales derivados del referido proceso declarativo de pertenencia.

4 En adelante DEAJ5

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errores judiciales derivados del referido proceso declarativo de pertenencia.

4 En adelante DEAJ5

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Refirió que el asunto le correspondió al TRIBUNAL bajo el número único de radicación 2021-00905-00, que mediante sentencia de 11 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda y los condenó en costas.

Afirmó que interpusieron recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de 19 de mayo de 2025 , confirmó la decisión recurrida.

Arguyó que la señora EDILMA CASTAÑO DE MUÑOZ (q.e.p.d.), falleció el 9 de abril de 2025.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Sostuvo que la providencia cuestionada incurri ó en defecto sustantivo al calificar de forma errada el bien allí controvertido como de uso público bajo los parámetros establecidos en la Ley 1228 de 16 de julio de 20085, igualmente por defecto fáctico al omitir las pruebas aportadas que eran transcendentales para la definición del asunto y valorar de forma indebida las existentes.

5 “[…] Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras

asunto y valorar de forma indebida las existentes.

5 “[…] Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones […]”.6

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También en defecto procedimental al dejar de resolver solicitudes y derechos de petición sobre el trato preferente y desconocimiento del precedente jurisprudencial referente a la expropiación , protección reforzada a l adulto mayor y vías de hecho judic iales, establecidos en las sentencias SU-1184 de 13 de noviembre de 2001, T-055 de 3 de febrero de 2017 y C-164 de 10 de abril de 2019.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales invocados.

2. Dejar sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 19 de mayo de 2025.

3. Ordenar una nueva decisión que valore integralmente las pruebas, determine la verdadera naturaleza jurídica del bien

(fiscal, privado o de uso público) y considere la condición de vulnerabilidad de la accionante.

4. Reconocer el contexto de corrupción y desigualdad estructural como parte de la vulneración sufrida.

(fiscal, privado o de uso público) y considere la condición de vulnerabilidad de la accionante.

4. Reconocer el contexto de corrupción y desigualdad estructural como parte de la vulneración sufrida. 5.Adoptar medidas de protección inmediata para garantizar la posesión y evitar lanzamientos, en consideración a la especial protección constitucional de los adultos mayores y su familia

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1. La SECCIÓN TERCERA solicitó denegar el amparo deprecado, por cuanto lo que se pretende es convertirlo en una tercera instancia7

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para reabrir un debate procesal ya resuelto.

Indicó que no vulneró ninguna garantía constitucional, dado que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a la ley y a los criterios normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

I.6. Intervinientes

I.6.1. El TRIBUNAL se limitó a enviar copia digital del expediente origen de la controversia, sin hacer pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.6.2. La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ) solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia alguna en las pretensiones incoadas en la acción de tutela de la referencia.

JUDICIAL (DEAJ) solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia alguna en las pretensiones incoadas en la acción de tutela de la referencia.

Afirmó que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, pues no se evidencia vía de hecho alguna ni violación al derecho al debido proceso del actor. Por el contrario, lo que pretende aquel es reabrir un debate ya8

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resuelto mediante providencias judiciales y censurar las actuaciones desplegadas por la autoridad judicial accionada.

I.6.3. El DISTRITO y la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, pese a haber sido notificados en debida forma , guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DEAJ solicitó su desvinculación en la presente

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DEAJ solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.9

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del

6 M.P. Jaime Araujo Rentería.10

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menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la DEAJ a través de la SECCIONAL DE VALLE DEL CAUCA7, fungió como parte demandada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00905-01, objeto del presente estudio, le asiste interés directo en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

7 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.11

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

7 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.11

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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tem a, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional12

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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia13

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial

del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los14

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los14

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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, el actor pretende el amparo de los derechos deprecados, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al proferir la sentencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-05916-01

A la citada providencia el actor le atribuye la configuración de l defecto sustantivo al calificar de forma errada el bien allí controvertido como de uso público bajo los parámetros establecidos

radicación 2021-05916-01

A la citada providencia el actor le atribuye la configuración de l defecto sustantivo al calificar de forma errada el bien allí controvertido como de uso público bajo los parámetros establecidos en la Ley 1228; defecto fáctico al omitir las pruebas aportadas que eran transcendentales para la definición del asunto y valorar de forma indebida las existentes ; defecto procedimental al dejar de resolver solicitudes y derechos de petición sobre el trato preferente; y desconocimiento del precedente jurisprudencial referente a15

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la expropiación, protección reforzada al adulto mayor y vías de hecho judiciales, establecidos en las sentencias SU -1184 de 13 de noviembre de 2001, T-055 de 3 de febrero de 2017 y C-164 de 10 de abril de 2019.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente judicial , al haber proferido la providencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00905-01.

desconocimiento del precedente judicial , al haber proferido la providencia de 19 de mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2021-00905-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando16

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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».9

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 9 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

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