CE - Sentencia 11001031500020250591601 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 10 de diciembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: EDUARDO ANTONIO MUÑOZ CASTAÑO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que decidió en segunda instancia una demanda de reparación directa relacionada con presuntos errores judiciales. Improcedencia. Relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 9 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, decidió:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de septiembre de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del demandante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con ocasión de la sentencia del 19 de mayo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

2. Pretensiones

El tutelante formuló las siguientes pretensiones:

1Acoger el amparo constitucional del derecho fundamental del DEBIDO PROCESO Y DE CONTRADICCION (Art. 29 de la C.N.) del accionante EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO mayor de edad y vecino de Cali identificado con la cedula No. 16.750.519 de Cali, quien se ubica en la calle 25 Km 103-105 vía Cali – Jamundí de Cali o A SIMON BOLIVAR CON EL RIO LILI de la ciudad de

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05916-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Cali, en el cel 300350 00 69 y usuario del email emunozcusa@yahoo.com.

2Solicito dejar SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de REPARACION DIRECTA de radicación 76001 -2333-000-202100905-01 en la que es demandante el señor EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO y otra y los demandados la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI con su llamada en garantía, emitida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO representado por los Honorables

Consejeros de Estado accionados: Sección Tercera – Subsección C

•Dr. WILLIAM BARRERA MUÑOZ

•Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

•Dra. ADRIANA POLIDURA CASTILLO

3-Solicito ordenar a los Honorables Consejeros de Estado accionados que emitan sentencia de conformidad a lo que indican las pruebas oportuna y legalmente arrimadas al proceso de REPARACION DIRECTA de radicación 76001-2333-000-2021-00905-01 en la que es demandante el señor EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO y otra y los demandados la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTA de radicación 76001-2333-000-2021-00905-01 en la que es demandante el señor EDUARDO MUÑOZ CASTAÑO y otra y los demandados la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI con su llamada en garantía.

• 4-Ordenar a los funcionarios accionados a cumplir fielmente el procedimiento contenido en la Ley (sic para toda la cita).

3. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el expediente , la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Procedimientos policivos

El tutelante y su esposa Edilma Castaño de Muñoz ejercieron posesión desde 1987 de un predio ubicado en el sur de Cal i, identificado con matrícula inmobiliaria 370 -371322, luego de que Ferrocarriles Nacionales de Colombia les encomendara el cuidado del inmueble, entidad que dentro de su procedimiento de liquidación le vendió una porción del terreno a Rodrigo Sánchez Pinzón, a quien nunca le fue entregado.

En el 2019, l a Empresa de Renovación Urbana de Cali (adscrita al Departamento Administrativo de Planeación de esa ciudad) presentó queja ante la Inspección de Policía 22 de ese ente territorial (radicada bajo el n úmero 4161.050.9.6.1245-2019), con el fin de desalojar al accionante de una franja de terreno de 3 metros adyacente a la vía que comunica a Cali con Jamundí , dependencia que el 3 de julio de 2019 dispuso el respectivo lanzamiento , determinación apelada por el tutelante y confirmada por la

comunica a Cali con Jamundí , dependencia que el 3 de julio de 2019 dispuso el respectivo lanzamiento , determinación apelada por el tutelante y confirmada por la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Cali, con Resolución 4161.010.21.01923 del 20 de agosto de 2019.

Para el 21 de mayo de 2020 se programó el lanzamiento, pero los poseedores iniciaron «una acción de statu quo» ante la Inspección de Policía 22 de Cali, por lo que no se realizó la diligencia; sin embargo, la controversia se concilió en octubre de 2020.

Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura Distrital de Cali presentó querella contra el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño, en aras de obtener la restitución de otra franja del predio que ocupaba y que correspondía a las áreas de reserva de carreteras nacionales prevista en la Ley 1801 de 2016, lo que fue ordenado el 15 de septiembre de 2020 por la Inspección de Policía de Siloé, determinación que el querellado apeló y que confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia de Cali, mediante Re solución 4161.010.21.0.644 del 25 de septiembre de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 3.2 Proceso de pertenencia

El señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño y su esposa promovieron proceso de

www.consejodeestado.gov.co 3 3.2 Proceso de pertenencia

El señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño y su esposa promovieron proceso de pertenencia (al que se le asignó el número de radicación 76001-31-03-003-2016-0014400), con el propósito de que se les reconociera como propietarios del inmueble que poseían, asunto asignado por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, ante el cual el 16 de diciembre de 2019 los allí accionantes pidieron vincular a Rodrigo Sánchez Pinzón.

El 16 de enero de 2020, el despacho judicial terminó de manera anticipada el proceso en atención al numeral 4 del artículo 375 del Código General del Proceso (CGP), pues el bien en disputa era de la Nación, por tanto, imprescriptible, providencia apelada por el demandante y confirmada el 28 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Cali (Sala Civil), al estimar que el inmueble en disputa era de esa ciudad; en consecuencia, no era dable acceder a su titularidad a través de la prescripción adquisitiva del dominio.

3.3 Tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01

El accionante promovió la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali , en aras de dejar sin efectos las providencias que terminaron el proceso de pertenencia 76001 -31-03-003-2016-00144-00 y que se ordenara continuar con esas diligencias, porque no se practicaron algunas pruebas que daban cuenta de que el terreno en disputa era privado , pretensiones que la Sala de

terminaron el proceso de pertenencia 76001 -31-03-003-2016-00144-00 y que se ordenara continuar con esas diligencias, porque no se practicaron algunas pruebas que daban cuenta de que el terreno en disputa era privado , pretensiones que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó, con sentencia del 5 de noviembre de 2020, al estimar que las determinaciones judiciales cuestionadas fueron razonables, por tanto, no incurrían en alguna «vía de hecho».

El anterior fallo fue impugnado por el accionante, con el argumento de que no había lugar a terminar el proceso de pertenencia, ya que el bien objeto de controversia era privado, y revocado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con sentencia del 18 de diciembre de 2020 , para declarar improcedente la tutela, toda vez que el actor debió pedir la adición de las providencias cuestionadas si consideraba que las pruebas no se practicaron o demostraban que el inmueble era privado.

3.4 Proceso de reparación directa

El 15 de septiembre de 2021, el señor Eduardo Antonio Muñoz Castaño y la señora Edilma Castaño de Muñoz promovieron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Distrito de Cal i (a la que se le asignó el r adicado 76001-23-33-000-2021-00905-00/01), con el fin de que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios que les produj eron los errores judiciales cometidos dentro de los procedimientos policivos

se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios que les produj eron los errores judiciales cometidos dentro de los procedimientos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020, en el proceso de pertenencia 7600131-03-003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

La parte demandante indicó que en las diligencias policivas se le expropió el predio que poseía sin adelantar el trámite previsto en la Ley 1801 de 2016, lo que lo privó de acceder a la indemnización respectiva , situación que involucraba un error jurisdiccional que comprometía la responsabilidad patrimonial del Distrito de Cali.

Señaló que las providencias que decidieron el proceso de pertenencia 76001-31-03-0032016-00144-00 y la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 también incurrieron enRadicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 errores jurisdiccionales, habida cuenta de que no advirtieron que el bien sobre el cual versaba la disputa era privado; en consecuencia, era procedente declarar la prescripción adquisitiva del dominio.

Del asunto contencioso -administrativo conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que lo admitió el 13 de julio de 2022, vinculó como llamada en garantía a la

adquisitiva del dominio.

Del asunto contencioso -administrativo conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que lo admitió el 13 de julio de 2022, vinculó como llamada en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia el 5 de junio de 2023 y con sentencia del 11 de julio de 2024 denegó las pretensiones de demanda, al considerar que en las diligencias policivas no se incurrió en algún error, puesto que la franja de terreno qu e se ordenó devolver era pública (por integrar el área de reserva de las vías nacionales de que trata la Ley 1228 de 2008).

Que tampoco se constataba que la terminación anticipada del proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 comportara un error judicial , ya que el inmueble en discusión era público; por tanto, no era susceptible de la prescripción adquisitiva del dominio, conforme al numeral 4 del artículo 375 del CGP, de ahí que fuera procedente la culminación de las diligencias, como lo dispuso el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de esa ciudad en las providencias del 16 de enero y 28 de septiembre de 2020, en su orden.

Por último, señalo que las sentencias que decidieron la tutela 11001-02-03-000-202002853-00/01 no adolecían de error judicial, ya que, como no trasgredían el ordenamiento jurídico las determinaciones judiciales del 16 de enero y 28 de septiembre de 2020, emitidas en el proceso de pertenencia 76001 -31-03-003-2016-00144-00, no era dable acceder al amparo pretendido.

jurídico las determinaciones judiciales del 16 de enero y 28 de septiembre de 2020, emitidas en el proceso de pertenencia 76001 -31-03-003-2016-00144-00, no era dable acceder al amparo pretendido.

Contra la anterior sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, al estimar que el predio sobre el cual se adelantó las diligencias policivas era de naturaleza privada; por tanto, debía adelantarse un trámite de expropiación para despojar la del inmueble, lo cual no aconteció. Además, señaló que las decisiones de policía eran judiciales y no administrativas; en consecuencia, la controversia debía analizarse a la luz del título de imputación denominado error judicial.

Que frente al proceso de pertenencia 76001 -31-03-003-2016-00144-00 también aconteció un error judicial, ya que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali lo terminó sin que se practicara n las pruebas que demostraban que el inmueble era privado (por ser propiedad de José Orlando Álzate). Por último, señaló que los fallos que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 tampoco advirtieron la naturaleza del bien, lo que comportaba un yerro que comprometía la responsabilidad extracontractual del Estado.

El recurso de apelación fue desatad o por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con fallo del 19 de mayo de 2025, en el sentido de modificar el de primera instancia para (i) declarar la caducidad de la demanda frente a las decisiones policivas, porque no se demandaron oportunamente, y (ii) negar las pretensiones respecto del error

instancia para (i) declarar la caducidad de la demanda frente a las decisiones policivas, porque no se demandaron oportunamente, y (ii) negar las pretensiones respecto del error judicial atribuible a las providencias emitidas en el proceso de pertenencia 76001-31-03003-2016-00144-00 y en la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01.

Que las decisiones emitidas en las diligencias policivas eran actos administrativos, por cuanto los profirieron autoridades administrativas en el marco de actuaciones surtidas para recuperar un bien público y no como tercero s imparciales, de ahí que esas determinaciones debier an ser controvertidas a través de la demanda de nulidad yRadicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, pero ello no ocurrió, por lo que se configuró la caducidad.

Que las providencias emitidas en el marco del proceso de pertenencia 76001-31-03-0032016-00144-00 se ajustaron al ordenamiento jurídico, ya que el registro de la venta a Rodrigo Sánchez Pinzón fue dejado sin efectos por la Superintendencia de Notariado y Registro con Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018 (acto administrativo que goza de presunción de legalidad) , en la que se consignó que el bien era público, por tanto, acertaron el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de esa

de presunción de legalidad) , en la que se consignó que el bien era público, por tanto, acertaron el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de esa ciudad (Sala Civil) al terminar anticipadamente el proceso.

Que las sentencias que decidieron la tutela 11001-02-03-000-2020-02853-00/01 tampoco comportaron error judicial, por cuanto en ellas no se ordenó la terminación del proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00.

4. Fundamentos de la acción de tutela

En el escrito de tutela, el actor indicó que se colmaban las causales generales de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, el accionante indicó que la providencia cuestionada incurría en defecto fáctico2, en razón:

(i) a que no advirtió que las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 acreditaban que las providencias que terminaron el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 involucraban error judicial, porque no advirtieron que no se convocó al señor Rodrigo Sánchez Pinzón (lo que resultaba indispensable para determinar que el predio objeto de discordia era privado) y que tampoco se recaudaron otros elementos de convicción, irregularidades que al no ser corregidas en los fallos que decidieron la tutela 1100102-03-000-2020-02853-00/01 imponían inferir que estos también adolecían de error jurisdiccional; y

(ii) a que no tuvo en cuenta que los elementos de convicción que reposaban en el

02-03-000-2020-02853-00/01 imponían inferir que estos también adolecían de error jurisdiccional; y

(ii) a que no tuvo en cuenta que los elementos de convicción que reposaban en el expediente 76001 -23-33-000-2021-00905-00/01 acreditaban que las decisiones emitidas en los procedimientos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020 no eran actos administrativos, sino decisiones jurisdiccionales, pues se emplearon con la finalidad de «quitarle la posesión» (lo cual solo podía realizar una autoridad con funciones judiciales), por tanto, era la demanda de reparación directa la procedente para cuestionar el error judicial de esas determinaciones.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por conducto del ponente de la providencia cuestionada, adujo que la tutela devenía en improcedente por no colmar la exigencia de relevancia constitucional, pues los argumentos expuestos por el demandante estaban orientados a reabrir la discusión zanjada en la sentencia atacada y no permitían evidenciar la presunta vulneración de derechos fundamentales.

2 Es de anotar que, si bien en la solicitud de amparo se hace alusión a todas las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, los argumentos del actor concuerdan en el defecto fáctico.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Que en la sentencia atacada se concluyó de manera razonable que la terminación del proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 no comportó un error judicial , ya que el predio sobre el cual recaía las diligencias era público, por ende, no susceptible de prescripción adquisitiva del dominio , de ahí que no fuera dable acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

Que el actor no hizo alusión a la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018, con la que la Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la corrección del folio de matrícula inmobiliaria del predio objeto del proceso de pertenencia , para indicar que era público, prueba en virtud de la cual era dable inferir que ese bien no era susceptible de ser adquirido por prescripción; por tanto, no aconteció el error judicial invocado, como se concluyó en la sentencia cuestionada en la acción de la referencia.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderada, afirmó que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque dentro de sus funciones no se encontraba la de dejar sin efectos providencias judiciales y no tuvo incidencia en la sentencia que el accionante reprocha en esta tutela . Asimismo, señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo estaban orientados a reabrir la discusión

encontraba la de dejar sin efectos providencias judiciales y no tuvo incidencia en la sentencia que el accionante reprocha en esta tutela . Asimismo, señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo estaban orientados a reabrir la discusión que decidió la autoridad accionada y no a obtener la protección de derechos fundamentales, los cuales no se evidenciaba que hubiesen sido transgredidos.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó el enlace en el que se podía consultar el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01, pero no se pronunció sobre las pretensiones del tutelante.

La Aseguradora Solidaria de Colombia y el Distrito de Cali guardaron silencio, a pesar de que se les notificó el auto admisorio de esta acción de tutela.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025 , declaró improcedente la tutela al considerar que no colmaba la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional, pues los argumentos del tutelante son los mismos que planteó en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 y que fueron desestimados en la autoridad accionada, lo que permitía colegir que se empleaba como tercera instancia, lo que desnaturalizaba su procedencia excepcional.

Que en la sentencia cuestionada se indicó que dentro de las pruebas obrantes en el expediente 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 se encontraba la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018, con la que la Superintendencia de Notariado y Registro determinó

expediente 76001-23-33-000-2021-00905-00/01 se encontraba la Resolución 928 del 27 de diciembre de 2018, con la que la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que era público el predio sobre el cual se adelantó el proceso de pertenencia 76001-3103-003-2016-00144-00, en consecuencia, debía n terminarse esas actuaciones sin que ello comportara error judicial.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión , el demandante la impugnó con fundamento en los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo3, a los que agregó que en esa determinación no se efectuó un análisis probatorio que permitiera evidenciar si la sentencia cuestionada adolecía de indebida valoración probatoria o no, situación que involucra denegación de justicia . Señaló que aquellas acreditaban que era privado el

3 La parte actora allegó 2 escritos de impugnación, pero se fundamentan en los mismos argumentos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 bien sobre el cual se adelantaron las diligencias policivas y el proceso de pertenencia; por tanto, debió continuarse con estas diligencias y no terminar las anticipadamente, como aconteció, lo que configuró un error judicial pasible de resarcimiento en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

II. CONSIDERACIONES

como aconteció, lo que configuró un error judicial pasible de resarcimiento en el proceso de reparación directa 76001-23-33-000-2021-00905-00/01.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la tutela no satisface el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, por cuanto (i) acontece reiteración de argumentos frente al defecto fáctico relacionado con el proceso de pertenencia 76001-31-03-003-2016-00144-00 y con la tutela 11001-02-03-000-202002853-00/01, y (ii) no se colma una carga argumentativa adecuada para cuestionar la conclusión de que son actos administrativos las decisiones emitidas en los procesos policivos 4161.050.9.6.1245-2019 y 4161.050.9.6.009-2020.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) a la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) a la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la

al análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos7 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

acusada.

4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05916-01

Demandante: Eduardo Antonio Muñoz Castaño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrolla do la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicia l amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia «es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C -483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó la solicitud de protección»4.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que « es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y a sí poder tomar decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento

sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que