CE - Sentencia 11001031500020250593600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05936-00

Accionante: LOISY MARISELA FERRIN ANGULO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Tema: Relevancia constitucional y subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019|1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 6 de octubre de 20252, se admitió la presente acción constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Loisy Marisela Ferrin Angulo, actuando en nombre propio y en representación del menor AJZF, por medio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

1.1. Tutela

1. La señora Loisy Marisela Ferrin Angulo, actuando en nombre propio y en representación del menor AJZF, por medio de apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, igualdad, «buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia del 19 de junio de 2025, por medio de la cual la autoridad

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 12 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A . A su vez, se ordenó vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.Accionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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judicial accionada revocó el fallo del 25 de septiembre de 2019 proferido por el

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judicial accionada revocó el fallo del 25 de septiembre de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP). En su lugar, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó lo solicitado.

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social, a la prevalencia de los derechos del menor, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, de la señora LOYSI MARISELA FERRIN Y EL MENOR AJZF, vulnerados en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 19 de junio de 2025, dentro del radicado 76001 -2333-000-2015-01308-01.

2. En consecuencia, solicito se deje sin efectos la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 19 de junio de 2025 (Rad. 76001-23-33-0002015-01308-01)

(…)

3. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado proferir una nueva decisión teniendo en cuenta la validez formal de la apostilla No. 3262535 conforme a la Convención de La Haya, analizando en conjunto las resoluciones expedidas por el Departamento del Val le del Cauca No. 4937 del 20/11/2014 que reconoció una

teniendo en cuenta la validez formal de la apostilla No. 3262535 conforme a la Convención de La Haya, analizando en conjunto las resoluciones expedidas por el Departamento del Val le del Cauca No. 4937 del 20/11/2014 que reconoció una pensión de sobrevivientes y No. 4701 del

30/10/2014 que reconoció un auxilio funerario, por el fallecimiento del señor ÁNGEL OCTAVIO ZAMBRANO ARELLANO, así como el acta de reconocimiento, identificación y autopsia médico legal expedida por la Fiscalía de l Ecuador y el testimonio recepcionado en el proceso de la señora BETTY LÓPEZ - Que realice una valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, de manera integral y ajustada a los principios de valoración racional de la prueba. - Que la interpretación y aplicación de las normas se realice de manera sistemática, ajustada al caso concreto y sin desconocimiento de las que regulan el asunto. - Que sustente sus decisiones con aplicación de los pronunciamientos jurisprudenciales, con especial aplicación de las sentencia s T777 de 2015 y SU 355 DE 2017. - Que se tenga en cuenta que el hecho de la convivencia del causante con la señora LOYSI MARISELA FERRIN, fue un hecho probado y no fue objeto de discusión por la UGPP, y que el registro de nacimiento del menor AJZF, se tuvo

3 Proceso identificado con el radicado o 76001-23-33-000-2015-01308-00/01Accionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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como plena prueba.

1.2. Hechos

4. Desde el 8 de febrero de 1993, la señora Ferr ín Angulo convivió con el

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como plena prueba.

1.2. Hechos

4. Desde el 8 de febrero de 1993, la señora Ferr ín Angulo convivió con el señor Ángel Octavio Zambrano Arellano en calidad de compañera permanente, hasta el 31 de agosto de 2014, fecha en la que este murió. De dicha unión nació el menor AJZF, quien dependía económicamente del causante.

5. Al momento del deceso, el causante devengaba una pensión de jubilación por parte del Departamento del Valle del Cauca y una pensión gracia a cargo de la UGPP.

6. Mediante Escritura Pública 55 del 29 de enero de 2013, la pareja declaró la existencia de la unión marital de hecho, y se estableció que su domicilio era Quito, Ecuador. Cada mes se trasladaban a Ipiales (Nariño) para realizar el cobro de la pensión del señor Zambrano Arellano y visitar a familiares y amigos.

7. Mediante Resolución 4937 del 20 de noviembre de 2014, el Departamento del Valle del Cauca otorgó la sustitución pensional a la señora Ferrin Angulo, en atención a su calidad de compañera permanente del señor Zambrano Arellano.

8. Por su parte, el 15 de septiembre de 2014, la actora elevó petición ante la UGPP para que se le reconociera la sustitución de la pensión gracia. Mediante la Resolución 4090 del 31 de enero de 2015, esta autoridad negó lo solicitado , en la medida en que concluyó que el registro de defunción aportado con la solicitud fue expedido en Ecuador sin contar con la apostilla correspondiente . A su vez,

Resolución 4090 del 31 de enero de 2015, esta autoridad negó lo solicitado , en la medida en que concluyó que el registro de defunción aportado con la solicitud fue expedido en Ecuador sin contar con la apostilla correspondiente . A su vez, consideró que en el registro civil de nacimiento del menor solo se observaba la firma del registrador. Por medio del Auto ADP 2612 del 25 de marzo de 2015, la UGPP confirmó la negativa.

9. Inconforme con ello, la señora Ferrin Angulo promovió demanda de nulidad y restablecimiento de l derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad de dichos actos administrativos. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago a su favor y del menor AJZF de la sustitución pensional a partir del 31 de agosto de 2014, con inclusión del valor indexado y de los respectivos intereses moratorios.

10. Como fundamento del medio de control, expuso la parte actora que el acto demandado contrariaba disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia, por lo que habría incurrido en desviación de poder y falsa motivación, al imponer a los beneficiarios del reconocimiento pensional requisitos y exigencias adicionales a los que, por regla general, se exige en estos casos. Aseguró que el registro aportado está debidamente apostillado por el gobierno ecuatoriano, el cual es competente para llevar a cabo dicho procedimiento. Indicó que, de conformidad con la certificación expedida por el cónsul colombiano en Ecuador,Accionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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el consulado colombiano carece de competencia para apostillarlo, debido a que es un documento expedido por el gobierno ecuatoriano.

11. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2019 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda. En relación con el registro civil de nacimiento del menor , indicó que el documento aportado era prueba suficiente para acreditar el parentesco y no podía ser cuestionado dada la presunción de veracidad que establece el ordenamiento.

Con respecto a la convivencia de la señora Loisy Marisela Ferrín Angulo con el causante, valoró la declaración extrajuicio rendida por ellos en el trámite de la unión marital de hecho y la consideró como un documento declarativo de terceros que no requiere ratificación . En tal medida, determinó que la pensión de sobrevivientes debía reconocerse en partes iguales a la actora y su hijo, a partir de la fecha de la muerte del causante.

12. Inconforme con ello, la UGPP promovió recurso de apelación con fundamento en lo siguiente. A su juicio, no se aportaron los documentos necesarios para que se concediera el derecho pensional, en la medida en que el registro civil de defunción aportado, al haber sido expedido en Ecuador, requería que se aportara de bidamente apostillado, requisito que no fue cumplido por la demandante.

necesarios para que se concediera el derecho pensional, en la medida en que el registro civil de defunción aportado, al haber sido expedido en Ecuador, requería que se aportara de bidamente apostillado, requisito que no fue cumplido por la demandante.

13. Por medio de fallo del 19 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control. En relación con el registro civil de nacimiento allegado para acreditar el vínculo filial entre el menor y el causante, señaló que se debía presumir su validez y que fue inscrito con el cumplimiento de los requisitos necesarios, con fundamento en el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970.

14. Con respecto al medio de convicción para probar el fallecimiento del titular de la pensión, el órgano de cierre en la materia señaló que en el expediente se encontraba el certificado de defunción expedido por Lourdes Monserrate Cedeño Moreira, delegada de la Dirección General de Registro Civil , Identificación y Cedulación de la República del Ecuador. Precisó que la actora no demostró que dicho documento estuviera debidamente apostillado por el gobierno ecuatoriano, por lo que le asistía razón a la UGPP al advertir la a usencia de este requisito .

Aseguró que, pese a que en los anexos se encontraba la apostilla número 3262535, esta correspondía a un certificado de nacimiento y no al registro de defunción. La autoridad judicial verificó esto mediante el servicio «validación de apostilla», facilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, en su página web oficial.

defunción. La autoridad judicial verificó esto mediante el servicio «validación de apostilla», facilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, en su página web oficial.

15. Indicó que, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley 455 de 1998, la autenticidad de la firma del funcionario que suscribe el documento extranjero se verifica mediante la apostilla. A su vez, sostuvo que el artículo 15 de dicha ley establece que la apostilla debe contener la identificación del firmante delAccionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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documento que pretende ser certificado. En virtud de lo anterior, advirtió que la persona que firmó el certificado de defunción –la señora Lourdes Monserrate Cedeño Moreira– no corresponde a quien suscribió el documento público cuya autenticidad se certifica con la apostilla número 3262535 –la señora María Luisa Vizcano López–. Por tanto, concluyó que dicha prueba no estaba debidamente apostillada.

16. Argumentó que la presentación de la apostilla como anexo al documento que se procura validar no constituye un exceso ritual manifiesto, debido a que su función es garantizar que dicha prueba expedida en el exterior con la que se busca demostrar la muerte del señor Zambrano Arellano, surtiera plenos efectos legales ante las autoridades nacionales. Sustentó su postura en el artículo 251 4

función es garantizar que dicha prueba expedida en el exterior con la que se busca demostrar la muerte del señor Zambrano Arellano, surtiera plenos efectos legales ante las autoridades nacionales. Sustentó su postura en el artículo 251 4 del Código General del Proceso y en la sentencia T -777 de 2015 de la Corte Constitucional, que han reconocido la apostilla como la única formalidad que se exige para probar la autenticidad de la firma y calidad del suscriptor.

1.3. Sustento de la vulneración

17. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y en un exceso ritual manifiesto, pues la negativa de las pretensiones en segunda instancia se fundamentó «en un mero formalismo que sacrificó los derechos fundamentales», al considerar que no se había demostrado el fallecimiento del causante. A su juicio, dado que el Consejo de Estado consideró que la apostilla correspondía a un certificado de nacimiento y no al de defunción, aseguró que se interpretó de manera errónea la Convención de La Haya de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998 , en la medida en que el artículo 2 de esta norma d ispone que la apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad del funcionario firmante, no la correspondencia entre el documento y su contenido.

18. Argumentó que el artículo 3 de dicha ley no establece «más requisitos que el certificado de apostilla, que valida la firma y no el documento, sin que incluyera como requisito de validación la confirmación electrónica, requisito que añadió la Sección Segunda del Consejo de Estado (…) en perjuicio de la accionante ».

el certificado de apostilla, que valida la firma y no el documento, sin que incluyera como requisito de validación la confirmación electrónica, requisito que añadió la Sección Segunda del Consejo de Estado (…) en perjuicio de la accionante ». Indicó que, al cuestionar los nombres usados por el gobierno ecuatoriano en sus plataformas, se desnaturalizó el fin de la apostilla establecido en la normatividad en cita. Agregó que se antepuso «un detalle técnico a la verdad material», con lo que se omitió la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

4 (…) Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extra njero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firm a del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.Accionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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19. Controvirtió la valoración probatoria, al establecer que el hecho de que la firma de la apostilla corresponda a la de la señora Vizcaíno López –funcionaria de legalizaciones– y no a la señora Cedeño Moreira –quien expidió el certificado– «no constituye una irregularidad, sino que refleja fielmente el diseño de la Convención de la Haya». Insistió en que, considerar lo contrario, implica exigir un requisito inexistente en el derecho internacional y, con ello, desconocer la validez de un documento que cumplía con todas las formalidades. Expuso que lo que garantiza la apostilla es que la firma del funcionario de legalización –quien certifica la validez del documento en el país de origen– es auténtica y que actuó en calidad de funcionario autorizado, motivo por el cual no certifica la firma del funcionario que expidió el certificado.

20. Aseguró que se incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-355 de 2017, en la cual se estableció que el registro civil no es el único medio idóneo para acreditar la muerte , especialmente cuando concurren circunstancias que dificultan la obtención del documento. Agregó que, para tal efecto, la Corte Constitucional aceptó como prueba suficiente otros documentos oficiales, tales como actas de levantamiento de cadáver, necropsias, certificaciones médicas o resoluciones administrati vas que reconocen auxilios funerarios.

para tal efecto, la Corte Constitucional aceptó como prueba suficiente otros documentos oficiales, tales como actas de levantamiento de cadáver, necropsias, certificaciones médicas o resoluciones administrati vas que reconocen auxilios funerarios.

21. Al respecto, sostuvo que en el expediente reposaban otros documentos que no fueron tenidos en cuenta para demostrar el fallecimiento del causante, tales como el acta de autopsia, algunas resoluciones administrativas de auxilio funerario, testimonios y algunas piezas procesales. En tal sentido, consideró que la muerte del causante estaba plenamente probada, por lo que la negativa de la autoridad judicial «basada en un formalismo de la apostilla» configuró también un defecto fáctico.

22. Indicó que en la sentencia SU -355 de 2017, la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas de derecho desconocidas por la autoridad judicial accionada: i) la pensión de sobrevivientes en cabeza de menores de edad es un derecho fundamental autónomo, ligado al mínimo vital y a la prevalencia de sus derechos; ii) en casos de controversias formales, el juez debe aplicar una interpretación pro homine y pro infans, privilegiando «la protección material sobre las formas» y, iii) el rigorismo procesal o pr obatorio no puede convertirse en barrera para el acceso a la pensión de sobrevivientes de un menor.

23. Por su parte, aseguró que se llevó a cabo una interpretación «errónea y fragmentaria» de la sentencia T-777 de 2015, al negar los efectos probatorios del registro de defunción aportado en el expediente. Afirmó que, de conformidad con dicha providencia , con la apostilla el documento extranjero adquiere plena

fragmentaria» de la sentencia T-777 de 2015, al negar los efectos probatorios del registro de defunción aportado en el expediente. Afirmó que, de conformidad con dicha providencia , con la apostilla el documento extranjero adquiere plena eficacia en Colombia y que, en este sentido, los jueces no pueden imponer requisitos adicionales «ni erigir formalismos como barreras para el goce efectivo del derecho» . Añadió que, por tanto, la aplicac ión de dicha sentencia debió fundamentar el amparo del derecho a la pensión de sobrevivientes de la parteAccionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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actora y que, sin embargo , fue usada por la Sección Segunda del Consejo de Estado para negar sus pretensiones.

24. Indicó que se incurrió en defecto fáctico «por insuficiencia probatoria» , en la medida en que el juez omitió el deber de decreto oficioso de pruebas cuando el acervo probatorio resulte insuficiente para esclarecer los hechos relevantes del asunto. Aseguró que la autoridad judicial estaba obligada a disipar las dudas existentes en el caso en concreto mediante la práctica de pruebas adicionales, aunado a que existían en el expediente otras pruebas que acreditaban el fallecimiento del causante.

25. Enfatizó en que se configuró un defecto procedimental por

existentes en el caso en concreto mediante la práctica de pruebas adicionales, aunado a que existían en el expediente otras pruebas que acreditaban el fallecimiento del causante.

25. Enfatizó en que se configuró un defecto procedimental por incongruencia de la sentencia , puesto que, ni en el procedimiento administrativo ni en el trámite judicial, la UGPP hizo alusión a los argumentos que fundamentaron la decisión de segunda instancia y, por tanto, la parte actora los conoció únicamente con la notificación de tal providencia , lo que vulneró su derecho al debido proceso. Señaló que la UGPP simplemente hizo referencia a que el certificado de defunción no estaba apostillado, pero no indicó que la apostilla padeciera de alguna inconsistencia. Agregó que, a pesar de ello, la negativa de la providencia cuestionada se fundamentó en algo distinto: la invalidez de la apostilla.

26. Indicó que «este cambio sorpresivo desconoció el principio de congruencia procesal y vulneró el derecho a la defensa», debido al «cambio sorpresivo» de la tesis que fundamentó el fallo de segunda instancia, en relación con los argumentos que habían sido ex puestos por la UGPP tanto en el procedimiento administrativo, como en el recurso de apelación presentado en el trámite judicial.

A su juicio, «la variación de argumentos en etapas procesales posteriores genera indefensión e incongruencia procesal». Agregó que ello implicó que el juez, al estudiar falencias que no fueron advertidas por la administración en su intervención en el proceso, quebrantó su deber de ejercer un rol imparcial, lo que impidió el ejercicio de una defensa adecuada.

estudiar falencias que no fueron advertidas por la administración en su intervención en el proceso, quebrantó su deber de ejercer un rol imparcial, lo que impidió el ejercicio de una defensa adecuada.

27. Concluyó que esto implica una incongruencia de la sentencia en la medida en que se desconoció el deber por parte de los jueces consistente en que sus decisiones se fundamenten en los argumentos planteados por las partes «y no en nuevas causales introducidas de manera sorpresiva». En tal medida, sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado «desbordó el marco del litigio».

1.4. Intervención

28. La UGPP solicitó que se declare la improcedencia de la acción, puesto que el objetivo de la actora es que el juez de tutela revise la legalidad de un asunto ya zan jado y, con ello, usar el mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso. Señaló que la decisión tomada por la autoridad judicial accionada fue acertada, en la medida en que no se incurrió en un defectoAccionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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sustantivo pues lo dictado se ajustó al ordenamiento jurídico. Agregó que no se incurrió en vulneración al debido proceso pues el derecho a la defensa y contradicción de la tutelante fue garantizado en el trámite judicial. Concluyó que

sustantivo pues lo dictado se ajustó al ordenamiento jurídico. Agregó que no se incurrió en vulneración al debido proceso pues el derecho a la defensa y contradicción de la tutelante fue garantizado en el trámite judicial. Concluyó que la señora Ferrín Angulo pretende que se desconozca la cosa juzgada y que se pase por alto que el caso en concreto ya fue definido por el juez natural de la causa.

1.7. Manifestación de impedimento

29. La magistrada Gloria María Gómez Montoya, mediante escrito del 27 de octubre de 2025, manifest ó́ estar impedida para conocer de la acción constitucional del asunto. Consideró que estaba inmersa en la causal 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

30. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala declaró infundada la causal, pues no se encontr ó́ acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

31. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Loisy Marisela Ferrín Angulo . En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

32. El Consejo de Estado 5 y la Corte Constitucional 6, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 7 y a la configuración de algún

32. El Consejo de Estado 5 y la Corte Constitucional 6, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 7 y a la configuración de algún defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de l 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no s e dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. 8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Loisy Marisela Ferrín Angulo Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-05936-00

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33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos esp eciales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

34. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

35. Legitimación en la causa . Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,

35. Legitimación en la causa . Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben r eclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que la señora Ferrín Angulo está legitimada en la causa por activa, en la medida en que fungió como demandante en el proceso ordinario objeto de esta acción. A su vez, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A está legitimado en la causa por activa al haber proferido la providencia controvertida en este proceso.

37. Relevancia constituciona