CE - Sentencia 11001031500020250593900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección

Segunda-Subsección B y Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de BogotÆ Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Subsidiariedad. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Espera nza Guantiva Cruz en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de BogotÆ .

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Esperanza Guantiva Cruz, por intermedio de apoderado judicial1, presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2 que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, con

tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2 que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, con ocasión de la sentencia del 2 de septiembre de 2025, que confirmó el fallo dictado el 18 de enero de 2024 por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de BogotÆ, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœmero 1100133-42-051-2023-00146-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

1 Poder conferido al abogado SebastiÆn Murcia Espinosa. ˝n dice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 7846C3777C57DCB7 4B1C4C162D3A40D9 16B5D68520D30EF4 890345EBB4D602E8. 2 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 809DC9AA2 63AC654 B1887CF1BA246ACF

D7E0F9ED5A57A9FA E5B23CFFE65E8E1F.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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2.1. La seæora Guantiva Cruz estuvo vinculada a la Secretaría Distrital de Integración Social de BogotÆ, desde el 19 de junio de 2002 a travØs de diversos contratos de prestación de servicios.

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2.1. La seæora Guantiva Cruz estuvo vinculada a la Secretaría Distrital de Integración Social de BogotÆ, desde el 19 de junio de 2002 a travØs de diversos contratos de prestación de servicios.

2.2. El 16 de febrero de 2023, la aquí accionante, presentó petición ante la Secretaría Distrital de Integración Social, a travØs de la cual solicitó la declaratoria de existencia de la relación laboral durante el periodo comprendido entre el 19 de ju nio de 2002 y el 8 de octubre de 2022, así como el correspondiente reconocimiento y pago de todas las prestaciones laborales y sociales.

2.3. Sin embargo, mediante Oficio nœmero S2023041429 del 15 de marzo de 2023 la entidad dio respuesta a la solicitud presentada y manifestó que no era posible acceder a lo pretendido.

2.4. Por lo anterior, Esperanza Guantiva Cruz presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del distrito Capital-Secretaría de Integración Social con el fin de que se infirmara acto administrativo contenido en el Oficio No. S2023041429 de 15 de marzo de 2023.

A título de restablecimiento del derecho, deprecó que se declarara la existencia de la relación laboral desde el 19 de junio de 2002 hasta el 8 de octubre d e 2022 y, en consecuencia, que se condenara a la entidad demandada a: i) pag ar salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, primas de navidad, vacaciones compensadas en dinero, primas de vacaciones, primas de antig üedad, bonificación por servicios y de recreación, y demÆs emolumentos legales

cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, primas de navidad, vacaciones compensadas en dinero, primas de vacaciones, primas de antig üedad, bonificación por servicios y de recreación, y demÆs emolumentos legales devengados por un empleado de la planta administrativa de la SDIS; ii) p agar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales por el tiempo de servicios prestados; iii) reintegrar los dineros que se descontaron por concepto de retención en la fuente; iv) pago de la indemnización consagrad a en la Ley 244 de 1955, por el no pago oportuno de cesantías; v) pago d e la sanción moratoria de que trata el numeral 3° del Artículo 99 de la Ley 50 de 19 90; vi) pago de la indemnización moratoria de que trata el Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; y vii) pagar las costas y agencias en derecho.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Administrativ o del Circuito de BogotÆ bajo el radicado nœmero 11001-33-42-051-20 23-00146-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 18 de enero de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo el argume nto de que se encontraron configurados los elementos que constituyen el contrato realidad de la seæora Guantiva Cruz. Adujo que prestó sus servicios a la entidad demandad a durante mÆs de 20 aæos, tiempo durante el cual cumplió el horario d e trabajo asignado y no le fue permitido coordinar la ejecución del objeto contractual por fuera de los horarios establecidos ni en otro sitio diferente a las instalaciones de la

durante mÆs de 20 aæos, tiempo durante el cual cumplió el horario d e trabajo asignado y no le fue permitido coordinar la ejecución del objeto contractual por fuera de los horarios establecidos ni en otro sitio diferente a las instalaciones de la Secretaría de Integración Social.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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Lo anterior, aunado a que las funciones desempeæadas por la act ora hacían parte del giro ordinario de la entidad demandada, pues a ella correspon día dar trÆmite a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas por los ciudadanos a las distintas dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social, función que no se trata de conocimientos especializados para una tarea transitoria sino de una labor que se volvió continua.

Sin embargo, en cuanto a la prescripción, indicó que de acuerdo con los con tratos de prestación de servicios aportados al expediente, se presentó una interrupción de mÆs de 30 días hÆbiles por lo que, en aplicación a la sentencia de un ificación del 9 de septiembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, era necesario analizar la fecha de finalización de cada uno de ellos, así:

Así entonces, concluyó que, como la reclamación fue presentada por la demandante el 16 de febrero de 2023 se interrumpió el tØrmino prescriptivo por una ve z, por la cual se encontraban prescritos los contratos ejecutados entre el 19 de junio de 2002 y el 9 de noviembre de 2012 (Contratos Nos. 252-2002; 183-2003 ; 346-2004; 972cual se encontraban prescritos los contratos ejecutados entre el 19 de junio de 2002 y el 9 de noviembre de 2012 (Contratos Nos. 252-2002; 183-2003 ; 346-2004; 9722005; 00392006; 0022-2007; 1334-2008; 1791-2009; 028 0-2010; 3310-2010; 6722011; 1023-2012; 27852012), debido a que la reclamación no se efectuó dentro de los 3 aæos siguientes a su terminación; en los contratos celebrados a parti r del 11 de febrero de 2013 al 08 de octubre de 2022, no transcurrieron mÆs de 3 aæos.

2.8. Inconformes con la anterior decisión las partes presentaron recursos de apelación.

2.8.1. La demandante sostuvo que las conclusiones del juez de primera insta ncia eran producto de una insuficiente e incompleta valoración probatoria, pues omitió el estudio de documentos recaudados en el curso del proceso. Indicó que nunca operó una interrupción superior a treinta días hÆbiles entre la finalización de un contra to y la celebración del siguiente, por lo tanto, afirmó que la totalidad de la relación laboral se desarrolló sin solución de continuidad y no operó la prescripción.

Expuso que la finalización del contrato nœmero 346-2004 ocurrió el 5 de mayo de 2005 y no el 2 de enero de 2005 como erróneamente lo indicó el juzgado. Por ende, arguyó que no se tuvieron en cuenta i) la certificación de 3 de marzo de 2 023; ii) la

2005 y no el 2 de enero de 2005 como erróneamente lo indicó el juzgado. Por ende, arguyó que no se tuvieron en cuenta i) la certificación de 3 de marzo de 2 023; ii) la adición No. 1 al valor y al plazo del contrato de prestación de servicio 3462004; iii) el certificado de modificación (póliza de cumplimiento); iv) el informe presentado por la seæora Guantiva Cruz a la Secretaría de Integración Social; y el informe de supervisión CPS 346-04; que permitían establecer que el mencionado contrató inició el 6 de abril de 2004, por un periodo de 11 meses, tuvo una prórroga de 2 meses y finalizó el 5 de mayo de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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En razón a ello aseveró que, como la fecha en que culminó el contrato por prestación de servicios No. 346-2004 fue el 5 de mayo de 2005 y en que inici ó el contrato por prestación de servicios No. 972-2005 correspondía al 13 de mayo de 2005 , lo cierto era que œnicamente transcurrieron cinco (5) días hÆbiles de interrupción entre la finalización del primero y la celebración del segundo.

En cuanto a la finalización del contrato de prestación de servicios No. 27852012 adujo que el juez de primera instancia omitió valorar i) la notificación de retiro No . 5953 expedida el 11 de febrero de 2013; ii) la constancia emitida por el Grup o de AlmacØn e inventarios del 11 de febrero de 2013; iii) el formato de informe de

5953 expedida el 11 de febrero de 2013; ii) la constancia emitida por el Grup o de AlmacØn e inventarios del 11 de febrero de 2013; iii) el formato de informe de supervisión; iv) el informe de ejecución; y v) la prórroga por tres meses. Prueba s documentales que a su juicio acreditaban que el contrato No. 2785-2012 se prorrogó por tres meses mÆs y finalizó el 9 de febrero de 2013.

Por lo tanto, afirmó que como la fecha en que culminó el contrato po r prestación de servicios No. 2785-2012 fue el 9 de febrero de 2013, y la fecha en que inició el contrato por prestación de servicios No. 348-2013 corresponde al 11 de fe brero de 2013, lo cierto fue que no transcurrió ningœn día hÆbil de interrupción.

En consecuencia, solicitó al superior que revocara parcialmente la decisión apelada y en su lugar declarar que la relación laboral existió desde el 19 de junio de 2002 hasta el 8 de octubre de 2022, sin solución de continuidad, por lo q ue no operó la prescripción.

2.8.2. Por su parte, la entidad demandada manifestó que no se probó la configuración de todos los elementos necesarios para declarar la existencia de la relación laboral y no se tuvo en cuenta lo establecido reiteradamente por la jurisprudencia de las altas cortes, en lo que respecta a las diferencias que existen entre la relación contractua l por prestación de servicios y la de una relación laboral

2.9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B,

cortes, en lo que respecta a las diferencias que existen entre la relación contractua l por prestación de servicios y la de una relación laboral

2.9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2025, confirmó la decisión impugnada al concluir que quedó acreditada la existencia de la relación laboral, por lo que declaró la nulidad del acto demandado bajo los siguientes parÆmetros:

“• Declarar la existencia de una relación laboral desde el 19 de junio de 2002 hasta el 08 de octubre de 2022 (fecha final, atendiendo a las pretensiones de la demanda).

• Declarar probada la excepción de prescripción de los factores salariales prestacionales, diferentes a los aportes pensionales, que se hayan causado, con anterioridad al 11 de febrero de 2013.

• El pago de las prestaciones legales ordinarias a cargo del empleador, deben ser pagadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, tomando el ingreso base de cotización sobre los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, entre el 11 de febrero de 2013 y el 07 de octubre de 2022 por su labor desarrollada en la dependencia de “Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC)”, y, si existe diferencia entre los aportes realizados comoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

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contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

• El tiempo laborado por la señora Esperanza Guantiva Cruz, bajo la modalidad de prestación de servicios con la Secretaría Distrital de Integración Social, desde el 19 de junio de 2002 hasta el 08 de octubre de 2022, se debe computar para efectos pensionales.

• Para efectos de lo anterior, la accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrÆ la carga de cancelar o completar, segœn el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de existir diferencia a favor deberÆ ser devuelta a la demandante.

• Reconocer las vacaciones, cesantías, los intereses a las mismas y las primas a las que haya lugar a su favor, durante el tiempo comprendido entre el 11 de febrero de 2013 al 08 de octubre de 2022.

• No habrá lugar al reembolso de aportes afiliación a seguridad social en materia de cubrimiento de riesgos y contingencias laborales (ARL), ni de aportes en salud que la contratista hubiese realizado, por la naturaleza parafiscal que envuelve estos conceptos; así como tampoco hay lugar a ordenar el pago de la sanción moratoria de las cesantías, ni tampoco la devolución de los dineros descontados por concepto de retención en la fuente.

• Las sumas resultantes a favor del demandante, por el reconocimiento y pa go

moratoria de las cesantías, ni tampoco la devolución de los dineros descontados por concepto de retención en la fuente.

• Las sumas resultantes a favor del demandante, por el reconocimiento y pa go de las diferencias de los salarios y prestaciones acÆ ordenados, deberÆn pagarse debidamente indexados (…)”3.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales a al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió (i) dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinama rca y, en su lugar, (ii) ordenar a la autoridad judicial accionada que emita sentencia de reemplazo en la que “valore íntegramente las pruebas que reposan en el expediente y los reparos sobre la prescripción contenidos en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, misma que deberÆ ser revocada en el o rdinal primero y modificada en el ordinal tercero”4.

Como fundamento a sus pretensiones indicó que la decisión cuestionada incurrió en (i) defecto fÆctico, (ii) error inducido, (iii) decisión sin motivación y (iv) violación directa de la constitución.

Respecto al defecto fÆctico sostuvo que el estudio realizado por el tribunal fue limitado, superficial y carente de una motivación seria y completa, al ignorar los

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limitado, superficial y carente de una motivación seria y completa, al ignorar los

3 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 1B5938FA2ABA0334 918333CD9036AB2B 46F0176CDFA4B041 2050302A9DE3DD3D. 4 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 809DC9AA26 3AC654 B1887CF1BA246ACF

D7E0F9ED5A57A9FA E5B23CFFE65E8E1F.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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argumentos centrales del recurso de apelación respecto a las pruebas decretadas y practicadas.

Manifestó que la autoridad judicial basó su fallo en una premisa falsa, pues las fechas de terminación de los contratos 346-2004 y 2785-2012 eran diferentes a las establecidas. Indicó que el expediente contenía pruebas incontrovertibles que acreditaban que esos contratos fueron prorrogados, (hasta el 5 de mayo de 2005 y 9 de febrero de 2013, respectivamente).

En lo concerniente al error inducido adujo que la entidad demandada en el trÆmite del proceso ordinario aportó una certificación que contenía datos inexactos e incompletos, que no reflejaban las prórrogas de los contratos. Por lo tanto, el tribunal al confiar en esa certificación y omitir cotejarla con el resto del acervo probatorio, actuó bajo un error provocado por una de las partes.

Arguyó que se configuró una decisión sin motivación pues en el fallo no existió un

al confiar en esa certificación y omitir cotejarla con el resto del acervo probatorio, actuó bajo un error provocado por una de las partes.

Arguyó que se configuró una decisión sin motivación pues en el fallo no existió un anÆlisis sustancial que refute, discuta o siquiera mencione los argumentos y las pruebas específicas que reposan en el expediente y que se relacionaron en el recurso de apelación para demostrar el error en las fechas. Indicó que la corporación se limitó a repetir la lógica de la primera sentencia sin enfrentarse jurídicamente a los nuevos elementos que se presentaron en la alzada, por lo que incumplió su deber de proveer una motivación completa, congruente y efectiva que diera respuesta a las alegaciones de la parte recurrente.

En lo relativo a la violación directa de la Constitución explicó que se vulneró el debido proceso al no resolverse el recurso de apelación sobre la base de una valoración integral de las pruebas.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 24 de septiembre de 20255 admitió la acción de tutela; vinculó como tercero con interØs al distrito Capital de BogotÆ-Secretaría de Integración Social; requirió a las autoridades judiciales q ue remitieran el expediente del proceso objeto de amparo; ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Distrito Capital de BogotÆ-Secretaría de Integración Social 6 al oponerse al amparo pidió su desvinculación del trÆmite constitucional por carecer de

4.1. El Distrito Capital de BogotÆ-Secretaría de Integración Social 6 al oponerse al amparo pidió su desvinculación del trÆmite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Puso de presente que no vulneró po r acción, ni por omisión, derecho fundamental alguno.

5 ˝ndice 00004 aplicativo SAMAI, certificado E1E451679179A2FB D0E8C13F8A61F68D 5FDDA1DB0655C27F CEBA46A9AD50387D. 6 ˝ndice 00010 aplicativo SAMAI, certificado D37BEDF6E3B0A877 9C8FCD8F0CF81171 B19F5C3C35C7455E BDAD902874E41748Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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Se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, en la medida en q ue no era posible controvertir decisiones ejecutoriadas en las que se surtió el debate probatorio, mÆxime porque el aquí accionante nunca manifestó tacha d e alguna de las pruebas, ni de la certificación del expediente contractual.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B7 realizó un recuento del caso y adujo que la situación planteada por la accionante se analizó como se evidenciaba en el acÆpite de pruebas de la senten cia cuestionada, en donde se estudiaron los periodos transcurridos entre los contra tos suscritos que obraban en el plenario. Adicionalmente aportó el expediente digital del proceso ordinario, así como su enlace de acceso.

cuestionada, en donde se estudiaron los periodos transcurridos entre los contra tos suscritos que obraban en el plenario. Adicionalmente aportó el expediente digital del proceso ordinario, así como su enlace de acceso.

4.3. La parte actora 8 allegó escrito a travØs del cual aportó el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de amparo.

4.4. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de BogotÆ , a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 d el Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Esperanza Guantiva Cruz es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de co ntrol de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado nœm. 11001-33-4 2-051-202300146-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda Subsección B fue la autoridad que profirió la sentencia del 5 de septiembre de 2025, qu e puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

autoridad que profirió la sentencia del 5 de septiembre de 2025, qu e puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

7 ˝ndice 00010 aplicativo SAMAI, certificado 1F97E5F2B714D839 3B3861BBC69BF9FB 1298523F0A0B8456 B40DFC247980C17C 8 ˝ndice 00010 aplicativo SAMAI, certificado E7110471AFA429B1 C5BEC7D11E5B4F54 422C05A1DA336396 8EF8A129DA27556FRadicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función d e los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función d e los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 9 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial q ue se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisió n

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisió n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior de l proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser raz ón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se d ecida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus

a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa moti vación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violaci ón directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05939-00

Accionante: Esperanza Guantiva Cruz

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4.1. Subsidiariedad

El carÆcter subsidiario de la acción de tutela estÆ definido expresamente en e l artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establece r que “ solo procederÆ cuando el afectado no disponga de otro medio de defen sa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6” numeral 1” del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es u n

perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6” numeral 1” del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es u n mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por l o tanto, se debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resu lten idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión in debida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseæados po r el Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial13.

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se us a para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”.

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción” 14, los tutelantes no pueden pretender que el

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para “obtener un pronunciamiento más ráp