CE - Sentencia 11001031500020250594901 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial . N ulidad y restablecimiento del derecho. Reconocimiento pensión de sobreviviente . Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte ac tora contra la sentencia de tutela del 23 de octubre de 2025, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto de la referencia.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Elda Alicia Pérez Castaño, por las razones expuestas en esta providencia.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

de la referencia.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Elda Alicia Pérez Castaño, por las razones expuestas en esta providencia.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de septiembre de 2025, la señora Elda Alicia Pérez Castaño , por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , seguridad socia l y dignidad humana . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1. En razón a la procedencia de la ACCIÓN DE TUTELA en contra de las providencias judiciales, solicito A MPARAR los derecho s vulnerados como el DEBIDO PROCESO,

SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENESE dejar sin efectos la sentencia proferida tanto por Juzgado Trece (13) Administrativo de Medellín y Tribunal Administrativo de AntioquiaSala Quinta de Decisión, en sentencia de fecha 26 de mayo de 2025 con el radicado No. 05001333301320180024200 (Juzgado Trece Administrativo de Medellín) y 05001333301320180024201 (Tribunal Administrativo de Antioquia).

3. Ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA DE DECISIÓN, que de conformidad con las pruebas allegadas al libelo demandatorio (sic) y con los lineamientos jurisprudenciales tanto constitucionales como los emanados por la jurisdicción contenciosa administrativa, se dicte la sentencia de segunda instancia que

DECISIÓN, que de conformidad con las pruebas allegadas al libelo demandatorio (sic) y con los lineamientos jurisprudenciales tanto constitucionales como los emanados por la jurisdicción contenciosa administrativa, se dicte la sentencia de segunda instancia que corresponda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño

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2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Elda Alicia Pérez Castaño promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones RDP 012021 del 16 de marzo de 2016, RDP 024482 del 9 de junio de 2017 y RDP 044899 del 29 de noviembre de 2017, por las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente, en calidad de cónyuge del señor Jairo Arturo Cardona Marín, con fundamento en lo establecido en el Decreto 3041 de 1966.

Por reparto correspondió conocer del proceso al Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín, con radicado 05001-33-33-013-2018-00242-001, que, en sentencia de 20 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.

de Medellín, con radicado 05001-33-33-013-2018-00242-001, que, en sentencia de 20 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.

La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia . Y por sentencia de 26 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión , confir mó en cuanto se negaron las pretensiones y revocó la condena en costas.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Indicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad, como son inmediatez, relevancia constitucional e inexistencia de otros mecanismos de defensa.

Afirmó que se encuentra en especial condición, porque tiene 76 años, cáncer de piel, está afiliada al Sisben en el grupo B7 (pobreza moderada), vive con su hija y nieta en arriendo y no cuenta con ingresos propios para su manutención.

En relación con el motivo para acudir en tutela, señaló que su esposo Jairo Arturo Cardona Marín (†) laboró al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , como empleado público desde el 1º de noviembre de 1967 hasta el 24 de junio de 1978. En ese periodo los aportes para seguridad social los hizo a la extinta Cajanal (Hoy UGPP).

Posteriormente, desde el 6 de junio de 1979 hasta el 21 de marzo de 1982 , el señor

seguridad social los hizo a la extinta Cajanal (Hoy UGPP).

Posteriormente, desde el 6 de junio de 1979 hasta el 21 de marzo de 1982 , el señor Cardona Marín efectuó aportes a Colpensiones como trabajador del sector privado . Así que cotizó 666,65 semanas entre el sector público y privado.

El señor Cardona Marín (†) falleció el 4 de agosto de 1986, fecha en la que estaba vigente el Decreto 3041 de 1966. Esa normativa en el artículo 5 exigía 300 semanas cotizadas en cualquier momento, para que el beneficiario pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes.

1 Este proceso puede consultarse en la plataforma de Samai del Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

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Ante el cumplimiento del mínimo de semanas cotizadas por el cónyuge fallecido, la señora Elda Alicia Pérez Castaño solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. Sin embargo, esa petición se negó.

Con el convencimiento de que el derecho pensional sería reconocido, en virtud de lo probado y de lo dispuesto en el Decreto 3041 de 1966, acudió a la jurisdicción de lo contenciosoadministrativa pero no obtuvo un resultado favorable, pues los jueces de instancia desconocieron los lineamientos jur isprudenciales constitucionales que

probado y de lo dispuesto en el Decreto 3041 de 1966, acudió a la jurisdicción de lo contenciosoadministrativa pero no obtuvo un resultado favorable, pues los jueces de instancia desconocieron los lineamientos jur isprudenciales constitucionales que cobijan su caso, como son las sentencias T-735 de 2016, SU-769 de 2014 y SU-005 de 2017 y la dictada el 17 de noviembre de 2014 por la Sección Segunda del Consejo de Estado (rad. 201-01888)

Como sustento jurisprudencial, en el escrito de tutela citó y transcribió en extenso la sentencia T-344 de 2021, en la que la Corte Constitucional en un caso similar amparó los derechos a la seguridad social y mínimo vital y ordenó el reconocimiento pensional.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 25 de septiembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín , en calidad de demandados. En la misma providencia ordenó vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

5. La respuesta de los demandados

El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Trece Administrativo de Medellín no se pronunciaron sobre la vulneración de los derechos alegada por la actora. S e limitaron a enviar el link para consultar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Intervención del tercero con interés

La UGPP pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela porque las

actora. S e limitaron a enviar el link para consultar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Intervención del tercero con interés

La UGPP pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela porque las providencias dictadas por los despachos demandados fueron acertadas y ajustadas al ordenamiento legal y este mecanismo constitucional no puede usar se como una instancia adicional para revisar esas decisiones y desconocer que están en firme y hacen tránsito a cosa juzgada.

No puede tenerse a la acción de tutela como la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas, cuyo reconocimiento se negó en sede judicial.

Además, los derechos fundamentales invocados no se vulneraron con las providencias atacadas ni se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

7. Sentencia de primera instancia

El 23 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, en la cual negó la solicitud de tutela , por las siguientes razones:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

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Como cuestión previa se estudió un impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y al encontrar configurada la causal 6 del artículo 56 de l CPP, lo declaró fundado y lo separó del conocimiento del asunto.

A continuación, se verificó el cumplimiento de los requisitos generales de

Iván Duque Gutiérrez y al encontrar configurada la causal 6 del artículo 56 de l CPP, lo declaró fundado y lo separó del conocimiento del asunto.

A continuación, se verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, por lo que procedió con el estudio de fondo, pero frente a la sentencia de 26 de mayo de 202 5 del Tribunal demandado , por ser la que definió en última instancia el proceso 05001-33-33-013-2018-00242-00/01.

Frente al alegado desconocimiento del precedente que, a juicio de la actora, se configuró porque no se le reconoció la pensión de sobrevivientes, conforme con el Decreto 3041 de 1966 , el juez de tutela de primera instancia analizó el precedente citado, esto es la sentencia T-344 de 2021 de la Corte Constitucional.

En esa sentencia la Corte Constitucional estudió un caso en el que se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, con fundamento en el Decreto 3041 de 1966, por ser la norma vigente al momento del fallecimiento del cónyuge. En esa oportunidad, la Corte constató que el afiliado solo había efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), aunque también se le computaron unos períodos no cotizados en los que trabajó para el municipio de El Carmen de Viboral, sumando un total de 664 semanas.

En esa oportunidad el debate sustancial giró en torno a (i) la posibilidad de acumular tiempos cotizados y no cotizados, (ii) la aplicación del Decreto 3041 de 1966 en ese contexto, y (iii) la exclusividad de las cotizaciones ante el ISS.

tiempos cotizados y no cotizados, (ii) la aplicación del Decreto 3041 de 1966 en ese contexto, y (iii) la exclusividad de las cotizaciones ante el ISS.

En contraste, en el presente caso se debat ió si la norma aplicable era la Ley 12 de 1975 o el Decreto 3041 de 1966, dado que existían cotizaciones tanto en el régimen público (CAJANAL) como en el régimen privado (ISS), sin que estuviera en discusión la acumulación de tiempos cotizados.

Conforme con lo anterior, no puede predicarse identidad entre los casos ni desconocimiento del precedente constitucional, pues el asunto decidido por la Corte Constitucional estaba relacionado con la acumulación de tiempos de servicios y la cotización exclusiva al régimen privado (ISS), es decir, la aplicación inequívoca del Decreto 3041 de 1966. Situación que es sustancialmente diferente al caso objeto de estudio en la presente acc ión de tutela, por cuanto, la discusión giraba en torno a si se debía aplicar la Ley 12 de 1975 o el Decreto 3041 de 1966, derivado de la cotización a pensión en el régimen público y privado.

En es os términos, consideró que se ajust ó a derecho la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la norma aplicable era la Ley 12 de 1975 y no el Decreto 3041 de 1966.

En efecto, explicó que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el Decreto 3041 de 1966 resulta aplicable únicamente a quienes

1975 y no el Decreto 3041 de 1966.

En efecto, explicó que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el Decreto 3041 de 1966 resulta aplicable únicamente a quienes realizaron cotizaciones de manera exclusiva al ISS, y no a aquellos afiliados a la Caja Nacional de Previsión Soci al (CAJANAL) 2. Por tanto, no es posible extender la aplicación de una normatividad especial prevista para un régimen distinto, ni siquiera invocando el principio de favorabilidad, el cual solo procede cuando existen dos

2 Citó los procesos con radicados 1001-03-15-000-2021-00113-00 y 0001 -23-33-000-2013-00377-01 de la Sección Segunda, Subsesión A y B, respectivamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

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normas aplicables al mismo supuesto y una de ellas es más beneficiosa para el trabajador, situación que no se configura en este caso.

El juez constitucional precisó que tampoco procedía la aplicación del Decreto 3041 de 1966 bajo el principio de favorabilidad porque para ello se requiere de la existencia de dos normas concurrentes sobre una misma situación jurídica, una general y otra especial, en las que la primera resulte más favorable al trabajador. En el presente asunto, se encuentra regida exclusivamente por la norma general aplicable a los empleados públicos, mientras que el Decreto 3041 de 1966 regula de forma exclusiva

especial, en las que la primera resulte más favorable al trabajador. En el presente asunto, se encuentra regida exclusivamente por la norma general aplicable a los empleados públicos, mientras que el Decreto 3041 de 1966 regula de forma exclusiva las pensiones de los trabajadores oficiales y del sector privado, lo que impide un análisis comparativo en términos de favorabilidad. Máxime cuando esta última excluye a quienes realizaron cotizaciones en la Caja Nacional de Previsión Social.

En conclusión, no se configur ó el defecto alegado por la actora, toda vez que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó su decisión de manera razonable y acorde con las particularidades del caso, valoró el material probatorio conforme con las reglas de la sana crítica y actuó dentro del ámbito de su autonomía judicial, sin desconocer la jurisprudencia aplicable. Tampoco se advirtió vulnerado ningún derecho de la actora.

8. Impugnación

La señora Pérez Castaño impugnó la decisión de primera instancia por considerar que se equivocó el fallador al señalar que la sentencia T – 344 de 2021 no guarda identidad con el caso objeto de la presente acción.

En efecto, en este caso la actora cumple con todos los requisitos señalados en la sentencia T – 344 de 2021, pues el cónyuge falleció el 4 de agosto de 1986 y la solicitud pensional se realizó el día 18 de diciembre de 2015 y finalmente se encuentra sin ningún ingreso económico lo que afecta su derecho al mínimo vital.

Tal afectación se predica desde el año 2015 , época desde la que se ha pedido el reconocimiento pensional , pero le ha sido negado, a pesar de la existencia de l

sin ningún ingreso económico lo que afecta su derecho al mínimo vital.

Tal afectación se predica desde el año 2015 , época desde la que se ha pedido el reconocimiento pensional , pero le ha sido negado, a pesar de la existencia de l precedente constitucional para su concesión , que en este caso es la sentencia T – 344 de 2021.

Se insistió en que el cónyuge de la actora falleció el 4 de agosto de 1986, es decir en vigencia del Decreto 3041 de 1986. Y que se acreditó 666,65 semanas ante la extinta CAJANAL y el antiguo ISS.

Así que teniendo en cuenta la sentencia T -344 de 2021, en la que la Corte Constitucional señala con precisión y sin equivocación alguna la posibilidad de acumular tiempos cotizados y no cotizados al ISS, esa postura es aplicable en este caso porque el fallecido tenía más de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo.

Existe una identidad de hechos relevantes entre la presente acción y lo decidido por la Corte Constitucional, pues se determina que el número de semanas para acceder a la pensión de sobrevivientes no deben ser acreditadas o cotizadas al extinto I.S.S., sino que también permite que sean cotizadas a cualquier régimen.

En consecuencia, la actora solicitó revocar el fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590

providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación a la Sala le corresponde determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que negó el amparo de los derechos invocados, al advertir que la sentencia de 26 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia no desconoció el precedente judicial.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela porque no se supera el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que, la parte actora insiste en los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como se pasa a explicar.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento

de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño

y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño

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(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci ón de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en u na instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para

asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la

dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La señora Elda Alicia Pérez Castaño alega que la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y dignidad humana

6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05949-01

Demandante: Elda Alicia Pérez Castaño

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al desconocer el precedente judicial que en casos similares ha aplicado el Decreto

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al desconocer el precedente judicial que en casos similares ha aplicado el Decreto 3041 de 1966 y ha ordenado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma discusión jurídica que se resolvió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP (rad. 0500133-33-013-2018-00242-01). En efecto , en el proceso ordinario , en su condición de cónyuge supérstite del señor Jairo Arturo Cardona Marín , pretendió la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, solicitada en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3041 de 1966 y en el principio de la condición más beneficiosa en materia pensional.

El Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 20 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se está frente a un tránsito legislativo, dado que las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985 y el artículo 5 del Decreto 3041 de 1966 son normas autónomas, que regulan asuntos distintos y sus destinatarios eran sujetos diferentes. Así que no es posible darle aplicación a la condición más beneficiosa para conceder una pensión con fundamento en el Decreto

del Decreto 3041 de 1966 son normas autónomas, que regulan asuntos distintos y sus destinatarios eran sujetos diferentes. Así que no es posible darle aplicación a la condición más beneficiosa para conceder una pensión con fundamento en el Decreto 3041 de 1966. Concluyó que la UGPP procedió con apego a la normatividad aplicable al caso y en observancia del precedente jurisprudencial vigente.

Contra la anterior decisión la ahora tutelante interpuso recurso de apelación , al considerar que procedía el principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes. Y que lo que se pretendía era la aceptación de la acumulación de los tiempos públicos y privados para efectos del reconocimiento pens