CE - Sentencia 11001031500020250595100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

Demandante: Viviana Estelia Trujillo Urbano y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

Demandante: Viviana Estelia Trujillo Urbano y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas:

Tutela contra providencia judicial , reparación directa. Requisitos generales de procedencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada mediante apoderado, por Viviana Estelia Trujillo Urbano1, Jeison Esteban Arce Trujillo2, Jhonatan Arce Grijalba, María Amparo Rengifo Ayala y Jenniffer Benavidez Quintero3 en nombre propio y en representación de sus hijos NDAB y JSAB4 contra la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la sentencia del 21 de abril de 2023 dictada por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y acceso a la administración de justicia, con fundamento en las siguientes:

dictada por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y acceso a la administración de justicia, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«Se solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por haberse incurrido en un defecto fáctico en la valoración de a prueba testimonial, con incidencia directa en la reparación concedida.

Se solicita que se ordene volver a dictar sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se valore conforme a las reglas de la lógica, experiencia y sana critica el acervo probatorio presumiendo el perjuicio moral con el r egistro civil de nacimiento como lo determina el Consejo de Estado en todos sus fallos para la madre e hijos del fallecido -atendiendo las sucesiones -, al no existir prueba directa que desvirtué tal vínculo y su sufrimiento y reconociendo el mismo valor que se reconoció de 50 SMLMV a la compañera permanente María Ni Obando para la madre e hijos del Sr. WILGEN ARCE AYALA por estar en el mismo nivel (1) como lo determina el Consejo de Estado en su sentencia de Sala Plena del 28 de agosto de 2014, como se explicó en este escrito.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

1 Quien actua en la presente solicitud de amparo en calidad de representante de los menores hijos del señor Yeferson Arce Grijalba quien falleció y a su vez es hijo del señor Wilgen Arce Ayala. 2 Quien actua en la presente solicitud de amparo en calidad de hijo del señor del señor Yeferson Arce Grijalba quien falleció y a

Grijalba quien falleció y a su vez es hijo del señor Wilgen Arce Ayala. 2 Quien actua en la presente solicitud de amparo en calidad de hijo del señor del señor Yeferson Arce Grijalba quien falleció y a su vez es hijo del señor Wilgen Arce Ayala. 3 Quien actua en la presente solicitud de amparo en calidad de representante de los menores hijos del señor Robinson Arce Grijalba quien falleció y a su vez es hijo del señor Wilgen Arce Ayala. 4 En atención a que se trata menores de edad, aplican la pautas de anonimización desarrolladas por la Corte Constitucional en la Circular Interna núm. 10 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Del proceso de reparación directa

El señor Wilgen Arce Ayala (†) estaba recluido en el Complejo Carcelario de Jamundí desde el 2 de agosto de 2013 y el 6 de abril de 2015 tuvo que ser trasladado de urgencia por guardianes del INPEC al Hospital Piloto ESE por presentar presión arterial alta.

En el Hospital le fue diagnosticada enfermedad cardiovascular no especificada al señor Arce Ayala y en consecuencia se ordenó remitirlo a la Clínica Valle de Lili por manejo en nivel superior, el traslado se dio en vehículo del INPEC.

En el Hospital le fue diagnosticada enfermedad cardiovascular no especificada al señor Arce Ayala y en consecuencia se ordenó remitirlo a la Clínica Valle de Lili por manejo en nivel superior, el traslado se dio en vehículo del INPEC.

Los guardianes del INPEC no remitieron al recluso a la Clínica Valle de Lili , sino al Hospital Universitario del Valle -HUV-, este Hospital le dio ingreso como “paciente remitido por enfermedad cerebrovascular” y ordenó su trasladado a la Cl ínica Colombia, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos en regulares condiciones. El interno permaneció en la Clínica Colombia desde el 6 hasta el 18 de abril de 2015 momento en que presentó falla cardíaca y falleció la causa de muerte fue accidente cerebro vascular hemorrágico. En razón a lo anterior, la señora María Ni Obando en calidad de compañera permanente, Alba Ayala en calidad de madre, Robinson Arce Grijalba, Jonathan Arce Grijalba y Yeferson Arce Grijalba en calidad de hijos, Luz Marina Arce Salguero, Luz Estela Arce Salguero Jos é William Arce Salgu ero, Luz Aid é Arce y Mar ía Amparo Rengifo Ayala en calidad de hermanos del señor Wilgen Arce Ayala (†) iniciaron medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Hospital Piloto de Jamundí E.S.E con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, se ordenara la reparación de los perjuicios causados con ocasión a la muerte del señor Arce Ayala.

Carcelario (INPEC) y el Hospital Piloto de Jamundí E.S.E con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, se ordenara la reparación de los perjuicios causados con ocasión a la muerte del señor Arce Ayala.

El Juzgado Trece Administrativo de Cali, en sentencia del 21 de abril de 202 3, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que, la falta de atenci ón médica a favor del interno en el centro penitenciario, la mora en el traslado del paciente a un centro médico de nivel superior y el desacato a la orden de remisión prescrita por el personal médico del Hospital Piloto de Jamund í, fueron conductas omisivas que arrebataron la posibilidad de que el se ñor Arce Ayala accediera a un tratamiento médico idóneo para contrarrestar los riesgos y/o evitar el deterioro de los órganos blancos con sus consecuencias letales.

En razón de lo anterior el mencionado juzgado declaró al INPEC como entidad responsable por la p érdida de oportunidad que se presentó en el caso del se ñor Wilgen Arce Ayala dado que sus conductas imposibilitaron que accediera al servicio de salud idóneo y oportuno para evitar la muerte por derrame cerebral. Se explicó que la falla en el servicio que gener ó la pérdida de oportunidad consisti ó en que: i) transcurrieron más de cinco horas desde que el recluso consultó por primera vez en sanidad de la penitenciar ía y la hospitalizaci ón en la Cl ínica Colombia; ii)

en que: i) transcurrieron más de cinco horas desde que el recluso consultó por primera vez en sanidad de la penitenciar ía y la hospitalizaci ón en la Cl ínica Colombia; ii) trasladó el interno sin la historia cl ínica del servicio de salud de la penitenciar ía y sinRadicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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la orden médica pertinente y iii) pese a que se ordenó el traslado a la Funcación Valle de Lili lo trasladaron al Hospital Universitario del Valle y luego a la Clínica Colombia. Y ordenó el reconocimiento de la indemnización a favor de los demandantes así:

Por pérdida de la oportunidad:

María Ni Obando Compañera permanente 40 SMLMV

Por perjuicios morales:

María Ni Obando Compañera permanente 50 SMLMV Alba Ayala Madre 5 SMLMV Robinson Arce Grijalba Hijo 5 SMLMV Jonathan Arce Grijalba Hijo 5 SMLMV Yeferson Arce Grijalba Hijo 5 SMLMV Luz Marina Arce Salguero Hermana 5 SMLMV Luz Estela Arce Salguero Hermana 5 SMLMV Luz Aidé Arce Hermana 5 SMLMV María Amparo Rengifo Ayala Hermana 5 SMLMV José William Arce Salguero Hermano 5 SMLMV

Hermana 5 SMLMV Luz Aidé Arce Hermana 5 SMLMV María Amparo Rengifo Ayala Hermana 5 SMLMV José William Arce Salguero Hermano 5 SMLMV

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que existía una omisión de la sentencia de decretar la falla del servicio por parte del INPEC pues debió indemnizarse la muerte del señor Arce Ayala y no la pérdida de oportunidad como se realizó el estudio.

Señaló que el perito de medicina legal no pudo dar respuesta a todos los interrogantes planteados porque la historia clínica estaba incompleta, e insistió en el hecho de que la falla en el servicio se encontraba acreditada con documentos como la necropsia y el dictamen pericial aportado.

Frente al reconocimiento de los perjuicios morales y el daño autónomo por pérdida de oportunidad de la madre y los hijos del fallecido señaló que en primera instancia el juez señaló en su sentencia que: «de los testimonios recaudados a instancia de la parte actora no se logró demostrar el dolor, la aflicción, ni la desesperación, congoja, desosiego, temor o zozobra que les produjo la pérdida del señor Wilgen Arce Ayala, pues nunca lo visitaron en su lugar de reclusión ni al centro médico donde estuvo internado por más de doce (12) días y tampoco asistieron a su sepelio.»

De lo anterior precisó que no era correcto afirmar que no se logró probar el dolor porque: i) los hijos y madre del fallecido no comparecieron al interrogatorio de parte,

De lo anterior precisó que no era correcto afirmar que no se logró probar el dolor porque: i) los hijos y madre del fallecido no comparecieron al interrogatorio de parte, y ii) tampoco la declaración de la única testigo Rita Emilia Montoya indicó que estas personas no sufrieran dolor por la muerte del señor Wilgen Arce Ayala, es decir que la conclusión a la que llego el juez no tiene fundamento probatorio y desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dictada en el proceso 2001-0041801, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera , conforme con la que había lugar a reconocer perjuicios morales más altos por tratarse de familiares de nivel 1 y 2.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 15 de mayo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en que de los hechos demostrados en el medio de control estaban acreditados los elementos de la pérdida de oportunidad porque: i) el perito explicó que el daño en una crisis hipertensiva es proporcional al tiempo que transcurre sin tratamiento. La remisión a la Fundación (a menos de una hora de distancia del Ho spital) era la decisión idónea para mitigar elRadicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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daño en un centro de alta complejidad, ii) el perito explicó que alrededor de las 3 pm el recluso reportó a sanidad del establecimiento carcelario que no se sentía bien y ya

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daño en un centro de alta complejidad, ii) el perito explicó que alrededor de las 3 pm el recluso reportó a sanidad del establecimiento carcelario que no se sentía bien y ya presentaba síntomas de daño neurológico. Es decir, que la posibilidad de que lo atendieran en la Fundación -en la hora de la remisiónpodía mitigar el daño y el riesgo de muerte. Sin embargo, no podía asegurar que se recuperaría porque ya había daño vascular, pues el cuadro clínico del paciente implicó, per se, el riesgo de morir y iii) el paciente tuvo la posibilidad fáctica y jurídica del traslado a la Fundación: hubo orden médica en ese sentido y el ordenamiento jurídico obliga a estabilizar los pacientes si se trata de urgencias vitales como en ese caso, aun sin convenio con la aseguradora.

En conclusión, señaló que la responsabilidad del INPEC por la pérdida de oportunidad se encontró probada, pero no había lugar a indemnizar la muerte del señor Wilgen Arce Ayala porque aun con el ingreso a la Fundación Valle de Lili, persistía la probabilidad de morir y en todo caso el recurso de apelación no ofreció argumentos para desvirtuar la conclusión del juez de primera instancia.

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora indicó que tanto el Tribunal demandado como el juez de primera instancia en las providencias objeto de debate incurrieron en defecto fáctico dado que de la prueba testimonial rendida por la señora Rita Emilia Montoya no era posible afirmar que los familiares del señor Arce Ayala no hubiesen sufrido con su muerte o que no tuvieran vínculo emocional con él, así como tampoco se refirió a que nunca

que de la prueba testimonial rendida por la señora Rita Emilia Montoya no era posible afirmar que los familiares del señor Arce Ayala no hubiesen sufrido con su muerte o que no tuvieran vínculo emocional con él, así como tampoco se refirió a que nunca visitaron el centro de reclusión, el centro médico, ni su sepelio.

Mencionó que no era posible invocar un hecho inexistente en el testimonio de Rita Emilia Montoya para reducir el monto indemnizatorio reconocido a 5 SMLMV y así desconocer el monto normal que se ha debido reconocer por ser familiares de nivel 1 de conformidad con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dictada en el proceso 2001 -00418-01, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera conforme con la que había lugar a reconocer perjuicios morales más altos para familiares de nivel 1 y 2.

Mencionó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque a su juicio la jurisprudencia del Consejo de Estado la ha judicial y no se puede desvirtuar mediante prueba directa clara y convincente que no ocurrió en el cas o objeto de estudio. Al efecto, citó como desconocida la sentencia del 26 de febrero de 2009, dictada en el proceso con radicado 68001 -23-31-000-1996-02381-01(16727), demandante Heber Antonio Villamizar Barajas, demandada Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, C.P. Enrique Gil Botero, en la que se hizo referencia a que el perjuicio moral se presume en los grados de parentesco cercanos.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En providencia del 29 de septiembre de 2025 el despacho sustanciador admitió la

se presume en los grados de parentesco cercanos.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En providencia del 29 de septiembre de 2025 el despacho sustanciador admitió la tutela ordenó notificar a los demandantes, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali, en calidad de demandados y a la Nación Instituto Nacional Penitenciario – INPEC; al Hospital Piloto de Jamundí; a los señores María Ni Obando, Alba Ayala, Robinson Arce Grijalba, Luz Marina Arce Salguero, Luz Estela Arce Salguero, José William Arce Salguero, Luz Aidé Arce,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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Yeferson Arce Grijalba y, a Seguros Generales Suramericana S.A. en condición de terceros con interés a quienes remitió copia de la demanda.

4. Las respuestas de los demandados

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció frente a los hechos objeto de debate.

El Juzgado Trece Administrativo Oral de Cali realizó un recuento de las actuaciones procesales y afirmó que en el proceso no se advierte trasgresión de derechos fundamentales de la parte accionante, en efecto remitió el link del expediente y solicitó negar la acción de tutela de la referencia por que las actuaciones adelantadas se dieron en respeto del debido proceso de las partes y conforme a las normas y jurisprudencia aplicables.

negar la acción de tutela de la referencia por que las actuaciones adelantadas se dieron en respeto del debido proceso de las partes y conforme a las normas y jurisprudencia aplicables.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC afirmó que en el caso objeto de estudio se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que los actores alegan la vulneraci ón de los derechos fundamentales invocados por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la medida en que no comparten las razones tenidas en cuenta por esa agencia judicial en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa con radicado 76001 -33-33-0132017-00074-00/01, lo cual no es responsabilidad de la entidad.

El Hospital Piloto de Jamundí ; los señores María Ni Obando, Alba Ayala, Robinson Arce Grijalba, Luz Marina Arce Salguero, Luz Estela Arce Salguero, José William Arce Salguero, Luz Aidé Arce, Yeferson Arce Grijalba y Seguros Generales Suramericana S.A. en condición de terceros con interés no se pronunciaron sobre los hechos objeto de debate.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 5 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 6 y específicas 7 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 6 y específicas 7 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca Santander, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia al confirmar 8 la decisión que accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa.

Para el efecto, la parte demandante indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y en desconocimiento del precedente judicial relacionado con la tasación de perjuicios por muerte.

La Sala destaca que es necesario determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora. Para lo cual, empezará por abordar el estudio del requisito general de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Sin embargo, de manera previa, se referirá a la legitimación por activa de la parte demandante y la legitimación en la causa por pasiva que alegó el INPEC, vinculado en condición de tercero con interés.

De la falta de legitimación en la causa por activa

La Sala observa que la solicitud de amparo de la referencia está dirigida a cuestionar

causa por pasiva que alegó el INPEC, vinculado en condición de tercero con interés.

De la falta de legitimación en la causa por activa

La Sala observa que la solicitud de amparo de la referencia está dirigida a cuestionar la sentencia del 15 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En dicha oportunidad los demandantes fueron la señora María Ni Obando en calidad de compañera permanente, Alba Ayala en calidad de madre, Robinson Arce Grijalba,

5 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad

extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 7 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 8 En sentencia del 15 de mayo de 2025 el tribunal confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al INPEC por la pérdida de oportunidad ocasionada con la muerte del señor Arce Ayala.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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Jonathan Arce Grijalba y Yeferson Arce Grijalba en calidad de hijos, Luz Marina Arce Salguero, Luz Estela Arce Salguero Jos é William Arce Salguero, Luz Aid é Arce y María Amparo Rengifo Ayala en calidad de hermanos del señor Wilgen Arce Ayala (†).

Ahora bien, la presente solicitud de amparo fue presentada por:

• Viviana Estelia Trujillo Urbano quien actúa en calidad de representante de los menores hijos del señor Yeferson Arce Grijalba. • Jeison Esteban Arce Trujillo quien actúa en la presente solicitud de amparo en calidad de hijo del señor Yeferson Arce Grijalba. • Jenniffer Benavidez Quintero quien actúa en calidad de representante de los menores hijos del señor Robinson Arce Grijalba. • Jonathan Arce Grijalba en calidad de hijo del señor Arce Ayala (†) quien hizo parte de los demandantes del medio de control. • María Amparo Rengifo Ayala en calidad de hermana del señor Arce Ayala (†)quien hizo parte de los demandantes del medio de control.

Es decir, que si bien algunos de los tutelantes no hicieron parte de los demandantes del medio de control de reparación directa, en esta oportunidad actúan en calidad de nietos del señor Wilgen Arce Ayala y como sucesores procesales de los señores Yeferson Arce Grijalba y Robinson Arce Grijalba, conforme con las escrituras que

del medio de control de reparación directa, en esta oportunidad actúan en calidad de nietos del señor Wilgen Arce Ayala y como sucesores procesales de los señores Yeferson Arce Grijalba y Robinson Arce Grijalba, conforme con las escrituras que aportaron como prueba junto al escrito inicial donde consta el trámite sucesoral pertinente y en ese entendido la Sala considera que se encuentran legitimados para la interposición de la acción de tutela de la referencia.

De la legitimación en la Causa por pasiva

El INPEC solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no es la autoridad respecto de la que se predica la vulneración alegada.

La Sala advierte que la vinculación de esta entidad no fue como parte demandada, sino en calidad de tercera, en la medida en que fue la entidad demanda en el trámite procesal que se cuestiona en esta oportunidad. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la

las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tut ela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05951-00

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De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»10. Es necesario que el interesado exponga de manera clara

cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»10. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las p