CE - Sentencia 11001031500020250595901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029)

Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.

Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por Nilson Esteban Ayala Acosta y otros contra la sentencia del 30 de octubre de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Nilson Esteban Ayala Acosta, Rubén Darío Ayala Acosta , Luis Fernando Ayala Acosta, Gabriel Ayala Rueda, Dioselina Velandia de Ayala, Rubén Ayala Velandia y Nelly Acosta Alfonso , en nombre propio y en representación del menor CFAA1, por conducto de apoderado, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consider aron vulnerados con ocasión de los

menor CFAA1, por conducto de apoderado, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consider aron vulnerados con ocasión de los autos del 16 de enero y 29 de abril de 2025 , proferidos por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 11001-3-43-060-2024-00364-00/01.

1 Se conserva la reserva de la identidad de la menor que acudió a este mecanismo constitucional , como una medida de protección de los derechos de los niños. Al respecto, se tiene la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Nilson Esteban Ayala Acosta fue incorporado a la Fuerza Aérea Colombiana para prestar el servicio militar obligatorio e integrar el segundo contingente de 2019.

3. Durante el año 2020, el señor Ayala Acosta acudió, en distintas oportunidades,

Colombiana para prestar el servicio militar obligatorio e integrar el segundo contingente de 2019.

3. Durante el año 2020, el señor Ayala Acosta acudió, en distintas oportunidades, al área de urgencias y medicina general por presentar algunas dolencias en su cuerpo. Así pues, el 1 de enero de 2021 , el Hospital Militar Central le diagnosticó leucemia linfoide aguda de fenotipo b común, enfermedad que ha suscitado varias cefaleas, infecciones y dificultades respiratorias e incapacitantes, por lo que requirió de un trasplante de médula ósea, que se realizó el 18 de junio de 2021.

4. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, mediante dictamen núm. 1007644715-1585 del 23 de febrero de 2023, concluyó que el señor Nilsón Esteban Ayala Acosta afronta una enfermedad de origen común

[leucemia linfoblástica aguda], que se estructuró el 30 de septiembre de 2022 y determinó una pérdida porcentual de la capacidad laboral del 21.65%. Acto que se notificó el 27 de febrero de 2023.

5. Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana, mediante acta médico -laboral definitiva núm. 090-2024 del 21 de marzo de 2024, estableció que el señor Nilson Esteban Ayala Acosta no tenía índices de lesión que le generen incapacidad ni pérdida de la capacidad laboral, según el Decreto 094 de 1989.

6. El señor Nilson Esteban Ayala Acosta, junto con su grupo familiar, presentaron

Esteban Ayala Acosta no tenía índices de lesión que le generen incapacidad ni pérdida de la capacidad laboral, según el Decreto 094 de 1989.

6. El señor Nilson Esteban Ayala Acosta, junto con su grupo familiar, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea de Colombia, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados, como consecuencia de la enfermedad que sufrió mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

7. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, mediante auto del 16 de enero de 2025, rechazó la demanda , al considerar que operó la figura de la caducidad ,

con fundamento en lo siguiente:

Observados los hechos y las pretensiones de la demanda, se evidencia que la misma parte indica que los hechos inician con los síntomas que tuvo el ciudadano Nilson Esteban Ayala empezaron el 23 de agosto de 2020, y que fue diagnosticado de Leucemia por el Hospital Militar Central el 1 de enero de 2021, sin embargo, tuvo conocimiento del daño el 27 de noviembre de 2023, cuando le fue notificada el dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral.

[…]Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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Así las cosas, de la lectura de los hechos y las pretensiones de la demanda se

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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Así las cosas, de la lectura de los hechos y las pretensiones de la demanda se desprende que el conocimiento del hecho dañoso ocurrió el 1 de enero de 2021, fecha en donde el Soldado Nilson Esteban Ayala Acosta es diagnosticado de su enfermedad, por lo que a partir de este momento se tendría que contabilizar la caducidad, pues fue este el momento en que se habría tenido conocimiento del hecho dañoso, se le realiza la observación que la caducidad empieza a contar desde la ocurrencia del hecho dañoso y no desde la ocurrencia del daño como lo sustenta el demandante.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del proveído del 19 de abril de 2025 , confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales violados con la providencia de fecha

enero 16 de 2025, emitido por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá D.C. – Sección Tercera y contra el auto de fecha 29 de abril de 2025, suscito por el Tribunal Administrativo de Cundin amarca – Sección Tercera – Subsección A, dentro del proceso con radicado núm. 11001334306020240036401, como son: debido proceso y acceso a la administración de justicia por incurrir la accionada en defecto factico por valorar indebidamente el material probatorio y por incurrir en defecto sustantivo

proceso con radicado núm. 11001334306020240036401, como son: debido proceso y acceso a la administración de justicia por incurrir la accionada en defecto factico por valorar indebidamente el material probatorio y por incurrir en defecto sustantivo por exceso ritual manifiesto al da r prevalencia a las normas procesales sobre el derecho sustancial y demás conexos y, en consecuencia:

2. REVOCAR la providencia de fecha enero 16 de 2025, emitido por el Juzgado

Sesenta Administrativo de Bogotá D.C. – Sección Tercera y contra el auto de fecha 29 de abril de 2025, suscito por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, dentro del proceso con radicado núm. 11001334306020240036401.

3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que emita nuevo pronunciamiento consistente en admitir la demanda por el medio de control de reparación directa dentro del proceso con radicado núm. 110013343060202400364003.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico porque no le dieron el valor probatorio al dictamen del 23 de febrero de 2023 de la Junta Regional de Calificación

de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca ni consideraron que a partir de su notificación se tuvo real certeza del daño.

11. Afirmó que no era posible establecer el plazo para acudir a la jurisdicción desde el instante en que se diagnosticó la enfermedad, dado que en ese momento no se contaba con un concepto definitivo y tampoco se había realizado el procedimiento quirúrgico.

el instante en que se diagnosticó la enfermedad, dado que en ese momento no se contaba con un concepto definitivo y tampoco se había realizado el procedimiento quirúrgico.

12. Resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia T376 de 2024 precisó que el término de caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa debe

2 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-05959-00, índice 2, certificado núm. D9F08EFC82293157 06C6534232E28200 F0B5559296C3C55B 1C4005F4FE943AF9. 3 Se transcribe incluso con erroresRadicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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iniciarse desde el momento en que se tiene certeza del daño y no del hecho generador.

13. Por otro lado, indicó que en la s providencias cuestionadas se configuró un «defecto sustantivo por exceso de ritual manifiesto» , por cuanto se efectuó una interpretación estricta y formalista del literal i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA, al definir el inicio del término de caducidad a partir del diagnóstico inicial del 1 de enero de 2021 y no desde el momento en que se tuvo certeza de este.

14. Reiteró que la negativa de las autoridades judiciales accionadas de flexibilizar el cómputo del término de caducidad, pese a la existencia de una enfermedad grave,

14. Reiteró que la negativa de las autoridades judiciales accionadas de flexibilizar el cómputo del término de caducidad, pese a la existencia de una enfermedad grave, hospitalizaciones prolongadas y un dictamen médico definitivo emitido mucho después, solo demuestra un apego desproporcionado a la forma procesal que desnaturaliza el proceso contencioso-administrativo.

15. Expresó que lo expuesto también desatiende el principio «pro actione » y el estándar de protección reforzada para personas en condiciones de vulnerabilidad, como las que se encuentran gravemente enfermas.

16. Destacó que la jurisprudencia del Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha indicado que c uando hay duda razonable sobre el inicio del cómputo de caducidad, el juez debe preferir la interpretación que garantice el examen de fondo.

17. Finalmente, la parte accionante manifestó que las decisiones acusadas incurrieron en una violación directa de la Constitución, por cuanto desconocieron las garantías superiores contenidas en los artículos 13, 228 y 229 de la carta política.

2.3. Trámite procesal

18. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 9 de octubre de 20254, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y al Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá 5 indicó que el auto del 16 de enero de 2025 se encuentra ajustado a derecho, por cuanto rechazó la demanda de

de Bogotá.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá 5 indicó que el auto del 16 de enero de 2025 se encuentra ajustado a derecho, por cuanto rechazó la demanda de reparación directa promovida por los accionantes, al evidenciar que operó la figura de la caducidad, pues el escrito de inicial del proceso no se presentó dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que se conoció el daño, conforme lo establece el literal i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA.

20. Explicó que en dicha providencia se precisó que el hecho dañoso fue el

4 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05959-00, índice 4, certificado núm. 0D2C13F5AFE39DCC 253E5C65AD9C30DE 4B1B62342A587123 63A98B70C59D3B51. 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05959-00, índice 16, certificado núm. 635198C749D24D34 700AED1B83C068E6 C9EF32005F702CC9 90687F7FF86EF1F2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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diagnóstico de la leucemia linfoide aguda, el cual se constituyó en el punto de partida para determinar si la demanda se presentó oportunamente o no. Añadió que el daño

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diagnóstico de la leucemia linfoide aguda, el cual se constituyó en el punto de partida para determinar si la demanda se presentó oportunamente o no. Añadió que el daño no puede confundirse con la valoración de sus efectos por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca.

21. Así pues, indicó que la providencia cuestionada se fundamentó «en los hechos de la demanda como premisa fáctica y en la norma invocada como premisa normativa, por lo que al ser ambas verdaderas, la conclusión se tiene como sólida y, por ende, apartada de cualquier forma de vía de hecho o de vulneración de los derechos fundamentales de los integrantes de la parte actora.»

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A 6 afirmó que la providencia cuestionada estuvo fundamentada en los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable, por lo que no constituye una actuación arbitraria que haya vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.

23. Asimismo, refirió que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que persigue la parte actora es que se analice nuevamente su caso, «como si se tratara de una tercera instancia, lo que resulta improcedente.»

2.5. Sentencia de primera instancia

24. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 17 de octubre de 2025 7 declaró improcedente la tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

2.5. Sentencia de primera instancia

24. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 17 de octubre de 2025 7 declaró improcedente la tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

25. Al respecto, indicó que los argumentos de la tutela se dirigen a controvertir las conclusiones del Tribunal accionado, toda vez que, según su criterio, se efectuó una interpretación estricta y formalista del literal i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA, sin tener en cuenta los efectos del acta de la Junta Regional de Calificación

de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, la sentencia T -376 de 2024 y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Nilson Esteban Ayala.

26. Afirmó que la decisión del Tribunal accionado se encuentra debidamente fundamentada, pues : (i) aclaró la diferencia entre el daño y su magnitud y, con fundamento en ello, precisó que el hecho dañoso ocurrió el 1 de enero de 2021 y que la pérdida de la capacidad laboral no es un criterio autónomo que determine el conocimiento del perjuicio , (ii) aplicó sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera que, en su criterio, resultaban imperantes para el caso concreto y , (iii) analizó los argumentos de flexibilización que se reiteran en este mecanismo, como lo son el criterio esbozado en la sentencia T -376 de 2024 y la complejidad de la enfermedad que padece el señor Nilson Esteban Ayala.

lo son el criterio esbozado en la sentencia T -376 de 2024 y la complejidad de la enfermedad que padece el señor Nilson Esteban Ayala.

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05959-00, índice 17, certificado núm 4E047D5802D0E44F F85BD91AAFAAB12B 6BCB4E7C1E1BAC10 D997B09D4A23EBD5. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05783-00 índice 1 9, certificado núm. AEC71834B283B0F7 018781DD5A1FA4BE C0B25DFDC720FF4C 4BA5404B785EDAB3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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27. Expresó que la parte actora no cumplió con la carga de acreditar que su situación particular tenía similares características fácticas y jurídicas al caso analizado en la sentencia T-376 de 2024 , y que las razones que no les permitió acudir oportunamente a la jurisdicción estaban debidamente soportadas en el expediente ordinario [complejidad de la enfermedad] . De manera que se analizara de forma flexible el asunto.

28. Por otro lado, advirtió que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones

28. Por otro lado, advirtió que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela.

29. Así pues, consideró que, si bien la parte tutelante intenta exponer las razones por las cuales considera que el Tribunal accionado incurrió en una vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y en las conclusiones de las accionadas, lo cual, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.

30. Expuso que la controversia esbozada por la parte accionante no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a aspectos que ya fueron abordados y zanjados por el juez natural, sin demostrar una tensión entre derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite la intervención del juez de tutela.

2.6. Impugnación

31. La parte actora presentó impugnación 8 contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta. En su escrito, indicó que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, toda vez que el fundamento de la tutela es la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por parte de las autoridades judiciales accionadas en el trámite del proceso ordinario.

32. En este sentido, afirmó que en el asunto objeto de análisis era necesario verificar si el estudio realizado por las autoridades judiciales sobre la demanda, las

parte de las autoridades judiciales accionadas en el trámite del proceso ordinario.

32. En este sentido, afirmó que en el asunto objeto de análisis era necesario verificar si el estudio realizado por las autoridades judiciales sobre la demanda, las pruebas y sus anexos se desarrolló de manera arbitraria , ajeno a los postulados constitucionales.

33. Reiteró que la decisión de primera instancia cometió un error de interpretación al limitar el inicio del plazo de caducidad al diagnóstico del 1 de enero de 2021 y priorizar el ejercicio del medio de control por encima de la salud de la víctima, pues no se consideró el tratamiento médico del actor, lo que afectó su derecho a acudir inmediatamente a la administración de justicia.

8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05959-00, índice 23, certificado núm. 7B675C759DACA84D 7677DF43063CBF2C 199A2CA1E01A19A8 48D398A142B10C3A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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34. Expuso que contrario a lo expuesto en el fallo impugnado la complejidad de la enfermedad del accionante se planteó en el escrito de tutela, cuando se indicó que las autoridades accionadas no valoraron adecuadamente la historia clínica, la cual evidenciaba que el actor sufría de leucemia linfoide aguda.

enfermedad del accionante se planteó en el escrito de tutela, cuando se indicó que las autoridades accionadas no valoraron adecuadamente la historia clínica, la cual evidenciaba que el actor sufría de leucemia linfoide aguda.

35. Sostuvo que, ante un diagnóstico de cáncer que puede afectar la salud y normal desarrollo del actor, inclusive causarle la muerte, se debía dar prevalencia al trámite judicial con el cual se busca la responsabilidad patrimonial del Estado, por hechos en los que tuvo participación una entidad pública.

36. De esta manera, mencionó que el actor se encuentra en condiciones graves de salud y vulnerabilidad, lo que implica que es un sujeto de especial protección constitucional. Por tanto, el examen de caducidad debía realizarse aplicando principios de favorabilidad y «pro accione», a partir de una valoración amplia de las pruebas aportadas al trámite judicial , como el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez , sin incurrir en una interpretación estricta del artículo 164 del CPACA.

37. Así pues resaltó que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado9 Sección Tercera manifestó que el daño cierto se configura cuando «el afectado tiene conocimiento pleno de su alcance y permanencia », no desde un diagnóstico provisional, situación que permite determinar que en el caso concreto se configura un defecto factico por dimensión negativa y un defecto sustantivo al dar una aplicación rígida del artículo 164 del CPACA, sin permitir la flexibilización del cómputo de caducidad en casos de enfermedades graves o daños progresivos.

38. Finalmente, advirtió que cerrar el acceso al proceso sin un examen de fondo

dar una aplicación rígida del artículo 164 del CPACA, sin permitir la flexibilización del cómputo de caducidad en casos de enfermedades graves o daños progresivos.

38. Finalmente, advirtió que cerrar el acceso al proceso sin un examen de fondo anula la defensa judicial del actor y constituye una violación directa de varios artículos de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

39. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado núm. 68001-23-31-000-2013-00260-01, 2022Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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3.2. Legitimación en la causa

41. La legitimación en la causa por activa de los señores Nilson Esteban Ayala Acosta, Rubén Darío Ayala Acosta y otros está acreditada porque fueron los demandantes en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas las

41. La legitimación en la causa por activa de los señores Nilson Esteban Ayala Acosta, Rubén Darío Ayala Acosta y otros está acreditada porque fueron los demandantes en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

42. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, debido a que fueron las autoridades que profirieron los autos objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

43. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

44. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por los señores Nilson Esteban Ayala Acosta, Rubén Darío Ayala Acosta y otros en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea de

Colombia.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

Acosta y otros en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea de Colombia.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

45. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.

46. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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1. que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental;

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1. que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

47. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 12 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

48. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;

(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

49. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

49. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

50. Así pues, la Corte Constitucional 15 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»17; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05959-01(12029) Accionantes: Nilson Esteban Ayala Acosta y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

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controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínim