CE - Sentencia 11001031500020250597500 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05975-00 Demandante JAIRO ANTONIO SALAZAR RODRÍGUEZ Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS Temas Derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas de servidor judicial. Cambio de régimen de vacaciones en virtud de la Ley 2430 de 2024. Obstáculos administrativos. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 26 de agosto de 20251, el señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez interpuso acción de tutela, en nombre propio, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, el Tribunal Superior de Neiva, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, debido proceso, igualdad y descanso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, debido proceso, igualdad y descanso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Se AMPAREN mis derechos fundamentales al TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD y DESCANSO, que se encuentran vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, ÁREA DE TALENTO HUMANO, TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA.

SEGUNDO: Se ordene al ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, emitir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, conceder las vacaciones causadas por el periodo laborado entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, así como también, por el periodo de 3 días laborados en la vacancia judicial de semana santa del 2024.

TERCERO: Se exhorte al ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, para que en adelante no anteponga trabas de esta índole a los funcionarios y empleados que cambian de régimen de vacaciones, de tal forma, que cumplan las disposiciones legalmente establecidas y que realicen los ajustes necesarios en el sistema para que no se presenten este tipo de inconsistencias».

vacaciones, de tal forma, que cumplan las disposiciones legalmente establecidas y que realicen los ajustes necesarios en el sistema para que no se presenten este tipo de inconsistencias».

2. Hechos Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

1 El 23 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia remitió el asunto al Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. El señor José Antonio Salazar Rodríguez funge como juez único promiscuo de familia de La Plata (Huila). 2.2. Mediante Resolución 086 del 15 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Neiva le concedió al actor 25 días de vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, las cuales se disfrutarían a partir del 12 de noviembre de 2024. 2.3. El 22 de octubre de 2024, la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva le remitió al tutelante correo electrónico, en el cual le informó que la Ley 2430 de 2024 modificó el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 frente a las vacaciones individuales. En virtud de tal modificación, se le indicó que ese tipo de vacaciones serían solamente para el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales, los juzgados penales municipales y los

vacaciones serían solamente para el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. En consecuencia, como los juzgados promiscuos de familia pasaron al régimen de vacaciones colectivas, se le indicó que era posible tramitar la Resolución 086 del 15 de octubre de 2024 expedida por el Tribunal Superior de Neiva. 2.4. El tutelante afirmó que, pese a la negativa inicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva frente al trámite de las vacaciones correspondientes al periodo laborado en el año 2022, reconocidas en Resolución 086 del 15 de octubre de 2024, finalmente estas sí fueron pagadas y disfrutadas a partir del 12 de noviembre de 2024. En consecuencia, atendiendo a que aún quedaban pendientes por disfrutar las vacaciones correspondientes al año 2023, presentó solicitud de 4 de julio de 2025, en la cual le pidió al Tribunal Superior de Neiva el reconocimiento de las vacaciones del periodo laborado entre el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, causado en el régimen de vacaciones individuales. Asimismo, el 17 de julio de 2025 el actor solicitó al Tribunal Superior de Neiva el reconocimiento de los 3 días de vacaciones pendientes por haber laborado en vacancia de Semana Santa del año 2024, puesto que para esa época pertenecía al régimen de vacaciones individuales, y al pasar a vacaciones colectivas no se reconocieron esos 3 días. Por lo tanto, pidió que las

en vacancia de Semana Santa del año 2024, puesto que para esa época pertenecía al régimen de vacaciones individuales, y al pasar a vacaciones colectivas no se reconocieron esos 3 días. Por lo tanto, pidió que las vacaciones fueran otorgadas por el lapso total de 28 días, los cuales serían disfrutados entre el 11 de agosto de 2025 y hasta el 7 de septiembre de 2025. 2.5. Mediante Resolución 056 del 22 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Neiva negó la solicitud de vacaciones por el periodo laborado en 2023, debido a que mediante el oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025 el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva le informó que las vacaciones correspondientes al año 2024 fueron causadas durante la vigencia de la Ley 2430 de 09 de octubre de 2024. El tutelante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha decisión, en el que insistió que el periodo por el cual solicitó el reconocimiento de las vacaciones corresponde al año 2023, momento para el cual aún no había entrado en vigencia la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024. Subrayó que no pretendía el reconocimiento de las vacaciones del año 2024. Precisó que «la Ley 2430 del 2024 (…) entró en vigencia a partir de su promulgación, de forma tal, que en razón al principio de legalidad el cual comporta la irretroactividad de la Ley, no puede aplicarse a situaciones consolidadas antes de su entrada a vigor, lo que en el caso

forma tal, que en razón al principio de legalidad el cual comporta la irretroactividad de la Ley, no puede aplicarse a situaciones consolidadas antes de su entrada a vigor, lo que en el caso en concreto es igual, a las vacaciones ya causadas por el periodo del año 2023».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Mediante Resolución 063 del 12 de agosto de 2025, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Neiva dispuso no reponer el acto administrativo controvertido ni conceder el recurso de apelación. Dicha autoridad fundamentó su decisión en el oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025 remitido por la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Neiva. Allí esta última informó que el actor disfrutó las vacaciones correspondientes al 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 en el periodo de vacaciones colectivas del 2024; y que «el periodo pendiente causado con posterioridad a la Ley 2430 de 2024, se liquidará y cancelará en el mes de diciembre de 2025, dentro del régimen de vacaciones colectivas». En suma, la Sala de Gobierno concluyó que el juez «sí ha disfrutado del derecho al descanso, como quiera que hizo uso del disfrute de dos (2) periodos de vacaciones en el año 2024, correspondientes a los laborados en los años 2022 y 2023, además, es imposible para la Corporación conceder vacaciones si no existe la certificación de disponibilidad presupuestal

2024, correspondientes a los laborados en los años 2022 y 2023, además, es imposible para la Corporación conceder vacaciones si no existe la certificación de disponibilidad presupuestal que permita la designación del reemplazo del titular del Despacho». 2.7. En respuesta a la petición 17 de julio de 2025 referente a los 3 días de vacaciones pendientes por haber laborado en vacancia de Semana Santa del año 2024, la Presidencia del Tribunal Superior de Neiva expidió el oficio 088 de 14 de agosto de 2025. Allí se negó la solicitud en los siguientes términos: «la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en sesión desarrollada el 12 de agosto del año en curso, decidió unánimemente darle traslado de la respuesta recibida por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, quien señaló mediante oficio No. DESAJNEO25-2715 fechado de 05 de agosto de 2025, que, para el disfrute de los días pendientes de vacaciones por la semana santa, se debe dar aplicación a la Circular No. DEAJC24-47 de 13 de diciembre de 2024, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo CSJHUA23-11 DE 17 de febrero de 2023, modificado por el Acuerdo CSJHUA24-34 de 13 de marzo de 2024, esto es, deben ser disfrutados como compensatorios».

3. Fundamentos de la acción El actor reprochó (i) que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva se haya negado a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para disfrutar las vacaciones individuales correspondientes al periodo laborado en

3. Fundamentos de la acción El actor reprochó (i) que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva se haya negado a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para disfrutar las vacaciones individuales correspondientes al periodo laborado en el año 2023, bajo el argumento de que estas fueron disfrutadas en el lapso de las vacaciones colectivas de 2024; y (ii) que el Tribunal Superior de Neiva haya convalidado tal decisión al negar el reconocimiento de las vacaciones correspondientes al periodo laborado del 2023. A su vez, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura y la Seccional de la Judicatura del Huila están llamados a intervenir al no haber regulado el tema con claridad.

Aseguró que laboró el año exigido por la norma para tener el derecho a vacaciones, específicamente entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, bajo el régimen de vacaciones individuales que establecía el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 antes de ser modificado por la Ley 2430 de 2024. Este derecho se encuentra adquirido y consolidado a tal punto, que a partir del mes de enero de 2024 podía solicitar las vacaciones. Reconoció que en virtud del cambio introducido por la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024 los juzgados promiscuos de familia dejaron de pertenecer al régimen de vacaciones individuales y pasaron al de colectivas. Sin embargo, enfatizó que la Ley 2430 del 2024 entró en vigencia a partir de su promulgación, de forma tal que esta no puede aplicarse retroactivamente a situaciones consolidadas antes de su vigencia. En virtud del principio de legalidad esta norma no aplica a los derechos ya

2430 del 2024 entró en vigencia a partir de su promulgación, de forma tal que esta no puede aplicarse retroactivamente a situaciones consolidadas antes de su vigencia. En virtud del principio de legalidad esta norma no aplica a los derechos ya adquiridos, sino por el contrario a situaciones hacia el futuro. El tutelante aseguró que dicha interpretación fue avalada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que mediante oficio de 16 de diciembre de 2024 dispusoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que en el año 2025 podrían ser disfrutadas las vacaciones causadas antes de la entrada en vigencia de la citada ley. Resaltó que en el mencionado oficio la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial jamás indicó que las vacaciones colectivas del 2024 suplirían las vacaciones causadas en el régimen individual. Además, en Circular DEAJC24-47 del 13 de diciembre de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que «los periodos causados de vigencias anteriores, pueden ser disfrutados en el año 2025». Por ende, no había lugar a interpretar que las vacaciones individuales no disfrutadas hasta antes de la entrada en vigencia de Ley 2430 del 9 de octubre de 2024 se entenderían disfrutadas con las vacaciones colectivas de 2024, como erróneamente lo interpretó Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva. De hecho, en la mencionada circular se estableció que «De

entenderían disfrutadas con las vacaciones colectivas de 2024, como erróneamente lo interpretó Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva. De hecho, en la mencionada circular se estableció que «De requerirse expedición de CDP, para reemplazo, se seguirán las instrucciones dadas en el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024, “(…) por el cual se establecen directrices para la programación de vacaciones individuales de servidores judiciales y se dictan otras disposiciones». Sostuvo que en el citado Acuerdo PCSJA24-12172 del 02 de mayo de 2024, artículo 2, literal c, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que cuando los funcionarios del régimen individual pasan al régimen de vacaciones colectivas y les ha quedado vacaciones pendientes podrán disfrutarlas, para lo cual se autorizó el nombramiento de un reemplazo. Por consiguiente, reprochó que se haya interpretado que las vacaciones colectivas que disfrutó en el año 2024, en virtud de la modificación hecha por la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, corresponden a las vacaciones individuales por el periodo laborado en el año 2023. Aceptar esa interpretación implicaría que jamás podrá gozar de las vacaciones del lapso comprendido entre 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, por ya encontrarse en el régimen de vacaciones colectivas. Añadió que bajo la excusa de que el sistema automáticamente aplicó las vacaciones colectivas a las individuales ya causadas más antiguas, se avaló una interpretación totalmente errónea que vulnera los derechos de los servidores judiciales. Precisó que es cierto que en el año 2024 disfrutó dos periodos de vacaciones: el

colectivas a las individuales ya causadas más antiguas, se avaló una interpretación totalmente errónea que vulnera los derechos de los servidores judiciales. Precisó que es cierto que en el año 2024 disfrutó dos periodos de vacaciones: el primero de ellos reconocido por el Tribunal mediante la Resolución 086 del 15 de octubre de 2024, el cual correspondía al periodo causado entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022; y el segundo periodo de vacaciones fue el disfrutado durante la vacancia colectiva del 2024, que corresponde al periodo laborado en el mismo año, pues los Juzgados Promiscuos de Familia entraron al régimen de vacaciones colectivas a partir de la vigencia de la Ley 2430 de 2024. Lo anterior significa que se encuentra pendiente el disfrute de las vacaciones causadas en el año 2023. Con todo, sostuvo que la razón por la cual disfrutó de dos periodos de vacaciones en un mismo año fue por la acumulación de vacaciones no gozadas con anterioridad. A su juicio, la circunstancia de disfrutar tardíamente periodos aplazados no desvirtúa la necesidad real de disfrutar de los demás descansos causados. También manifestó su inconformidad respecto a la respuesta dada por la Presidencia del Tribunal Superior de Neiva frente a los 3 días laborados en la vacancia de Semana Santa de 2024. Indicó que esos días fueron trabajados en el régimen de vacaciones individuales y por esto deben ser reconocidos como días de vacaciones y pagados conforme establece la norma. Al respecto, explicó que bajo el régimen de vacaciones individuales se trabaja en Semana Santa de cada año, por esto se adquiere el derecho a 25 días continuos de vacaciones. Insistió en que

vacaciones y pagados conforme establece la norma. Al respecto, explicó que bajo el régimen de vacaciones individuales se trabaja en Semana Santa de cada año, por esto se adquiere el derecho a 25 días continuos de vacaciones. Insistió en que laboró en Semana Santa del 2024; sin embargo, en las vacaciones colectivas del 2024 no se me reconocieron esos 3 días adicionales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su vez, relató que la misma situación que le está sucediendo le ocurrió a la oficial mayor que trabaja en el despacho que él preside, con la diferencia de que a ella sí se le expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para disfrutar las vacaciones correspondientes al periodo laborado en el año 2023. Narró que inicialmente la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva se negó a darle trámite a la resolución en la que él, en su calidad de nominador, reconoció las vacaciones bajo el mismo argumento, esto es, que la oficial mayor pertenecía a vacaciones colectivas, y que el periodo más antiguo de vacaciones lo disfrutó en la vacancia judicial de diciembre del 2024. Sin embargo, informó que ante esta situación él remitió escrito a dicha dependencia solicitando el respeto por el derecho al descanso de la empleada judicial. En respuesta, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva emitió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal por el periodo inicialmente negado. De manera que, a diferencia de su situación, la empleada de

respuesta, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva emitió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal por el periodo inicialmente negado. De manera que, a diferencia de su situación, la empleada de su despacho sí pudo gozar del periodo de vacaciones que aún no había disfrutado correspondiente al año 2023. Sin embargo, censuró que en su caso, pese a ser la misma situación narrada, se le negó su derecho. Este panorama transgrede su derecho a la igualdad. Finalmente, sobre la procedencia de la tutela, manifestó que, si bien la ley contempla una serie de medios de control en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que estos no son idóneos tratándose de asuntos relacionados con el reconocimiento de vacaciones de servidores judiciales. Así lo explicó la Corte Constitucional en la «sentencia SU-293 del 2023» (sic): «Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad se encuentra acreditado en cada uno de los casos objeto de examen. Esto es así porque, tratándose de la negativa de la concesión de las vacaciones a las cuales tienen derecho los empleados judiciales, los medios de control previstos en el proceso contencioso administrativo no constituyen un mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger el derecho de los actores al descanso. Dada la posibilidad de que se prolongase en el tiempo la negativa de las DESAJ sin que los actores puedan disfrutar de manera efectiva de las vacaciones a las cuales tienen derecho, esto podría incrementar el desgaste físico y mental del trabajador, lo cual contraría el derecho fundamental al descanso, como se verá más adelante». Es así, como en estos escenarios, se ha viabilizado la procedencia de la acción de tutela, tras

derecho, esto podría incrementar el desgaste físico y mental del trabajador, lo cual contraría el derecho fundamental al descanso, como se verá más adelante». Es así, como en estos escenarios, se ha viabilizado la procedencia de la acción de tutela, tras considerar que los funcionarios y empleados judiciales, nos enfrentamos a condiciones particulares de sobrecarga laboral, relacionada con la congestión de los despachos tal y como así lo establece la sentencia de unificación citada y que constituye precedente judicial».

4. Trámite e intervenciones 4.1. En auto de 2 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 1 remitió el asunto al Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. Allí se establece que «cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo». 4.2. Tras la remisión del expediente, mediante auto de 2 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Antonio Salazar Rodríguez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes. 4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que se encarga de la administración de la Rama Judicial. Aun así ciertas funciones inherentes a

Seccional de Administración Judicial de Neiva; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes. 4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que se encarga de la administración de la Rama Judicial. Aun así ciertas funciones inherentes a esa labor han sido desconcentradas en las direcciones seccionales, quienesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las asumen en sus respectivas regiones o departamentos. Allí estas últimas tienen jurisdicción y cuentan con la autonomía suficiente para su ejercicio. Justamente, la ordenación del gasto y la función pagadora son funciones que se encuentran desconcentradas en cabeza de cada dirección seccional, dado lo dispuesto en la Ley 270 de 1996. Por consiguiente, afirmó que las situaciones administrativas sobre vacaciones son resueltas en primera instancia por el respectivo nominador y de manera consecuente por la dirección seccional de administración judicial a la que se encuentra adscrito el respectivo despacho en el que presta o prestó sus servicios el reclamante. Lo anterior obedece a que las direcciones seccionales son las que administran y custodian la información de la hoja de vida, novedades, aportes al sistema y demás aspectos asociados a la vinculación legal y tiempos del servicio del trabajador. Entonces, en el caso del tutelante le corresponde al Tribunal Superior de Neiva, en su calidad de nominador, conceder las vacaciones mediante acto administrativo y, posteriormente, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva le compete el trámite de expedición del

Neiva, en su calidad de nominador, conceder las vacaciones mediante acto administrativo y, posteriormente, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva le compete el trámite de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. En consecuencia, aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la autoridad competente para resolver reclamaciones administrativas sobre la situación administrativa de las vacaciones del actor. Razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 4.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Huila aseguró que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya que no funge como el nominador del tutelante, ni es el ordenador del gasto. Por ende, no es el competente para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal ni los actos administrativos requeridos por el accionante para disfrutar de las vacaciones a que tiene derecho. Explicó que el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 establece en forma taxativa las funciones de los consejos seccionales de la judicatura, hoy consejos seccionales de la judicatura, las cuales se pueden clasificar en varias categorías. Dentro tales labores no se encuentra autorizar las vacaciones de servidores judiciales que no hagan parte de la Corporación, ni expedir certificados de disponibilidad presupuestal, pues no funge como ordenador del gasto. De otra parte, se refirió a las funciones de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Indicó que la Ley 270 de 1996, artículo 98 establece que corresponde a tal autoridad la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial. En desarrollo de este precepto, la Ley 270 de 1996,

Administración Judicial. Indicó que la Ley 270 de 1996, artículo 98 establece que corresponde a tal autoridad la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial. En desarrollo de este precepto, la Ley 270 de 1996, artículo 103 define las funciones de los directores seccionales de administración judicial, entre las cuales se encuentra actuar como ordenador del gasto. Con base en lo anterior, afirmó que corresponde a la Dirección Ejecutiva, por intermedio de los directores seccionales, la ordenación del gasto para la ejecución del presupuesto y, concretamente a estos últimos el reconocimiento de los sueldos y prestaciones sociales de los servidores judiciales en el ámbito de su competencia, como lo dispone el Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de septiembre de 2009. Con fundamento en lo expuesto, concluyó que no ha intervenido, ni tiene responsabilidad alguna, por acción u omisión, en las actuaciones que pudieranRadicado: 11001-03-15-000-2025-05975-00

Demandante: Jairo Antonio Salazar Rodríguez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dar origen a la afectación o vulneración de los derechos fundamentales descritos por el accionante y tampoco le corresponde decidir lo solicitado por el juez Salazar Rodríguez. Por lo tanto, solicitó negar el amparo en lo que a dicha entidad le concierne. 4.5. El Tribunal Superior de Neiva informó que para dar respuesta a la solicitud del tutelante de 4 de julio de 2025, mediante oficio de 7 de julio del año en curso le pidió a la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva

tutelante de 4 de julio de 2025, mediante oficio de 7 de julio del año en curso le pidió a la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial que certificara los periodos de vacaciones pendientes por disfrutar por parte del actor, así como la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que permitiera la designación de su reemplazo durante el disfrute de las vacaciones. En respuesta a lo anterior, la Coordinadora de Talento Humano remitió oficio DESAJNEO25-2424 de 16 de julio de 2025, en el cual informó que no era posible acceder a la solicitud, puesto que el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 fue liquidado en la nómina del mes de diciembre de 2024 y disfrutado entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Adicionalmente, indicó que el periodo causado al 31 de diciembre de 2024 se generó bajo la vigencia de la Ley 2430 de 2024 y que conforme a las instrucciones del nivel central no era procedente expedir certificado de disponibilidad presupuestal. Con base en lo anterior, sostuvo que en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2025 la Sala de Gobierno del Tribunal resolvió mediante la Resolución 056 de la misma fecha negar la solicitud de vacaciones presentada por el juez Jairo Antonio Salazar Rodríguez. Dicha decisión fue recurrida por el accionante. Informó que mediante Resolución 063 del 12 de agosto de 2025 se decidió no reponer la decisión inicial, debido a que la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no

accionante. Informó que mediante Resolución 063 del 12 de agosto de 2025 se decidió no reponer la decisión inicial, debido a que la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no expidió la certificación de periodos pendientes ni la disponibilidad presupuestal requerida. Por el contrario, señaló que el cambio de régimen de vacaciones derivado de la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024 modificó la oportunidad para el disfrute de vacaciones individuales. Por las razones expuestas, solicitó declarar que de su parte no ha existido vulneración de los derechos fundamentales del accionante, y en consecuencia, pidió su desvinculación del trámite de la presente acción de tutela. 4.6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva sostuvo que no es procedente la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal ni del nombramiento de un reemplazo. Explicó que, de conformidad con el Acuerdo PCSJA2412172 de 2 de mayo de 2024 solo hay lugar a la expe