CE - Sentencia 11001031500020250598900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

Demandantes: José Agustín Vargas Garzón Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIA L | Desconocimiento del precedente – Defecto fáctico – Violación directa de la Constitución – Niega

Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que revocó la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento de perjuicios materiales y , en su lugar, declaró la caducidad de la acción.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por José A gustín Vargas Garzón contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 24 de septiembre de 2025, José Agustín Vargas Garzón, a través de apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad, con ocasión de la Sentencia de 16 de junio de 2025, proferida en el proceso de reparación directa Rad. 25000-2336-000-2021-00384-01 (70.901).

2. A título de amparo constitucional, l a parte accionante solicitó (se

trascribe):

“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, buena fe y patrimonio del señor José Agustín Vargas Garzón.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

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2. Dejar sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por el Consejo

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2. Dejar sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección A, dentro del radicado 25000 -23-36000-2021-00384-01.

3. Ordenar que se restituya la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (noviembre 16 de 2023), o en subsidio, que el Consejo de Estado profiera un nuevo fallo ajustado a la jurisprudencia y a la

Constitución”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) En 2015, el accionante adquirió un predio en Silvania

(Cundinamarca) para desarrollar el proyecto urbanístico “Cristales del Bosque”. La oficina de planeación certificó el uso del suelo como zona de expansión urbana apta para vivienda multifamiliar. Posteriormente, e l municipio otorgó la licencia de urbanismo mediante la Resolución 2750 de 10 de julio de 2015 para el desarrollo de dicho proyecto inmobiliario.

5. 2) En 2016, cuando la obra avanzaba en un 80%, la CAR inició proceso sancionatorio al advertir que el proyecto se ejecutaba en una zona de conservación ambiental según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial

(PBOT).

6. 3) El 16 de diciembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación presentó acción popular al observar que el proyecto se realizaba en zona de protección ambiental y dentro del área periférica de un nacimiento de

(PBOT).

6. 3) El 16 de diciembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación presentó acción popular al observar que el proyecto se realizaba en zona de protección ambiental y dentro del área periférica de un nacimiento de agua. Solicitó revocar la licencia y suspender sus efectos.

7. 4) El 24 de febrero de 2017, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot suspendió provisionalmente los efectos de la licencia de urbanismo y ordenó abstenerse de expedir permisos de venta, al constatarse que el proyecto se ubicaba en subzona de conservación. Sostuvo que existía un riesgo de que en cualquier momento reanudaran labores de construcción, por lo que suspendió los efectos del acto administrativo con base en el informe técnico de la CAR.

8. 5) El 31 de agosto de 2017, la CAR sancionó al accionante mediante la Resolución 2283, impuso medidas de compensación 2 y advirtió nuevas sanciones si continuaba la construcción.

2 Resolución 2283 de 31 de agosto de 2017, expedida por la CAR, “Artículo 5. (…) deberá implementar dentro los tres (3(meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión: restituir la zona de ronda de la quebrada El Pedregal y del nacimiento de aguas, ubicados al interior del predio denominado Lote Englobe Multifa miliar Cristales del Bosque situado en el centro poblado de Subia del municipio de Silvania. Sembrar trescientos (300) árboles nativos en el cuenca de la quebrada El Pedregal y del nacimiento de aguas, ubicados al interior del predio denominado

Bosque situado en el centro poblado de Subia del municipio de Silvania. Sembrar trescientos (300) árboles nativos en el cuenca de la quebrada El Pedregal y del nacimiento de aguas, ubicados al interior del predio denominado Lore Englobe Multifamiliar Cristales del Bosque situado en el centro poblado de Subia del municipio de Silvania. Realizar labores culturales necesarias para garantizar la vida y el desarrollo de las especies sembrada evitando cualquier tipo de afectación ambiental y la inobservancia de las normas ambientales vigentes”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

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3 de 16 9. 6) El 30 de enero de 2019, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot amparó los derechos colectivos, dejó sin efectos la licencia y ordenó cumplir las medidas ambientales impartidas por la CAR. Consideró que la licencia de urbanismo vulneraba derechos colectivos porque se permitió el desarrollo de un proyecto urbanístico en zona circundante al nacimiento y al cauce de aguas, pese al carácter determinante que tenía la zona por ser un área de prote cción y conservación de recursos naturales. Contra esta sentencia, el municipio de Silvania y José Agustín Vargas presentaron recursos de apelación ; sin embargo, se rechazó el recurso del accionante por haber sido presentado de forma extemporánea.

10. 7) El 27 de junio de 2019, la Subsección A de la Sección Primera d el

recursos de apelación ; sin embargo, se rechazó el recurso del accionante por haber sido presentado de forma extemporánea.

10. 7) El 27 de junio de 2019, la Subsección A de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia y mantuvo la decisión de dejar sin efectos la licencia de urbanismo.

Concluyó que se vulneraron derechos colectivos y que el proyecto urbanístico se hizo en contravía del PBOT y la determinante ambiental.

11. 8) El 23 de octubre de 2019, el municipio de Silvania profirió la Resolución 4452 de 23 de octubre de 2019, “ por la cual se prohíben las acciones urbanísticas otorgadas mediante la Resolución administrativa 2750 de julio 10 de 2015”.

12. 9) El 25 de agosto de 2021, el accionante presentó demanda de reparación directa contra el municipio y la CAR por los perjuicios causados por “ la dejación sin efectos de la Resolución (…) por parte del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot , resolución mediante la cual se otorgó licencia de urbanismo”.

13. Señaló que el municipio de Silvania era responsable por haber permitido el uso del suelo con el desarrollo de vivienda multifamiliar , por haber expedido la licencia urbanística que posteriormente fue dejada sin efectos por el juez popular y por haber expedido la Resolución 4552 del 23 de octubre de 2019, la cual prohibió cualquier construcción sobre el inmueble con posterioridad a las inversiones realizadas por el accionante.

Por su parte, a la CAR le atribuyó la omisión consistente en haber aprobado

de octubre de 2019, la cual prohibió cualquier construcción sobre el inmueble con posterioridad a las inversiones realizadas por el accionante. Por su parte, a la CAR le atribuyó la omisión consistente en haber aprobado el PBOT del municipio sin reservas, lo que permitió asignar un uso del suelo para la construcción de un proyecto multifamiliar.

14. 10) El 25 de octubre de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda “ a fin de establecer la causa petendi” , porque en la pretensión principal “pareciera que solo persigue la declaratoria de responsabilidad (…) por <la dejación sin efectos de la Resolución Administrativa por parte del Juzgado (…)> sin embargo, en diferentes apartes de la demanda (…) se mencionanRadicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

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4 de 16 perjuicios derivados de la reforestación ordenada por la CAR al momento de emitir resolución sancionatorias , que obedece a dos causas jurídicas diferentes, pues por un lado, está la acción popular en virtud de la cual cesaron los efectos de la licencia de urbanismo y por otro lado, el proceso sancionatorio que impuso multa y ordenó plantar árboles nativos para reforestar la zona donde ya se había construido”. Por lo tanto, pidió precisar los hechos y las pretensiones, debido a que no era claro si también atribuía responsabilidad a la CAR por la dejación sin efectos de la licencia

reforestar la zona donde ya se había construido”. Por lo tanto, pidió precisar los hechos y las pretensiones, debido a que no era claro si también atribuía responsabilidad a la CAR por la dejación sin efectos de la licencia urbanística.

15. 11) El 9 de noviembre de 2021, el demandante presentó escrito de subsanación y desistió de las pretensiones contra la CAR. Aclaró que presentaba la demanda de reparación contra el municipio de Silvania por la “falla del servicio por la dejación sin efectos de la Resolución 2750 del 10 de junio de 2015, por parte del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, la cual quedó ejecutoriada el 16 de agosto de 2019 ”, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la cesación de los efectos jurídicos de la licencia de urbanismo. Solicitó el rec onocimiento de lucro cesante por las ganancias dejadas de percibir por la comercialización de los 34 lotes, daño emergente por los gastos asociados al desarrollo de las obras, los diseños de la urbanización, los estudios y por la afectación al buen nombre comercial del accionante.

16. Afirmó que el municipio era responsable por falla del servicio por emitir un uso del suelo que desconocía las restricciones ambientales, también por no establecer en el PBOT que el proyecto estaba en una zona de protección ambiental, pero insistió en que la “la causa principal atribuible al municipio de Silvania es por el hecho de emitir la Resolución Administrativa No 2750 de 10 de julio de 2015 para la ejecución de la licencia de urbanismo sobre el inmueble identificado con No. catastral 03 -00-0026-0001-000 antes 00 -01de Silvania es por el hecho de emitir la Resolución Administrativa No 2750 de 10 de julio de 2015 para la ejecución de la licencia de urbanismo sobre el inmueble identificado con No. catastral 03 -00-0026-0001-000 antes 00 -010001-1475-000 y Matricula Inmobiliaria No 157-131591 el cual se encontraba en parte en zona de protección ambiental, la cual quedo sin efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así mismo por emitir la resolución administrativa No 4552 de 23 de octubre de 2019, la cual prohíbe cualquier construcción sobre el inmueble ya identificado, todo esto posterior a que mi poderdante invirtiera dinero, en primer lugar para adquirir dichos inmuebles y segundo, invirtiera dineros en obras de urbanismo”.

17. 12) El 21 de febrero de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca adm itió la demanda y determinó que el daño “antijurídico por el que se persigue indemnización se concretó con la <dejación sin efectos de la Resolución Administrativa No. 2750 de julio 10 de 2015>, lo que impidió desarrollar su proyecto urbanístico en el municipio de Silvania, con lo que quedó zanjada la discusión de que el uso del sueloRadicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

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5 de 16 autorizado por éste, no estaba permitido por ser de protección ambiental

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5 de 16 autorizado por éste, no estaba permitido por ser de protección ambiental especial”. Por esta razón, contó la caducidad desde el momento en que la Sentencia de 27 de junio de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la cesación definitiva de la licencia de urbanismo.

18. 13) El 16 de noviembre de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca declaró la responsabilidad del municipio de Silvania, porque se demostró que incurrió en una falla del servicio al expedir la licencia de urbanismo sin analizar que el predio donde se desarrollaba el proyecto estaba ubicado en una zona de protección ambien tal. En consecuencia, no era viable otorgar dicha licencia, pues contrariaba el PBOT, tal como lo concluyeron la CAR y el juez popular. Esta situación permitió que el accionante ejecutara un proyecto urbanístico y asumiera gastos que no estaba obligado a soportar. La decisión reconoció el daño emergente y condenó en abstracto. Negó el lucro cesante y el perjuicio inmaterial por daño al buen nombre.

19. 14) Contra la decisión anterior, el municipio de Silvania presentó apelación porque la imposibilidad de ejecutar el proyecto no se concretó con la sentencia de segunda instancia del proceso de acción popular, dado que desde el procedimiento administrativo sancionatorio el accionante conocía las limitaciones ambientales para desarrollar s u proyecto y no actuó con la buena fe exigible. Señaló que la providencia

con la sentencia de segunda instancia del proceso de acción popular, dado que desde el procedimiento administrativo sancionatorio el accionante conocía las limitaciones ambientales para desarrollar s u proyecto y no actuó con la buena fe exigible. Señaló que la providencia mezcló dos títulos de imputación. Por su parte, el accionante también apeló para que se reconociera n los perjuicios negados y se condenara en concreto.

20. 15) Mediante Sentencia de 16 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y declaró probada la excepción de caducidad. Concluyó que el daño solicitado por el accionante consistía en la afectación patrimonial derivada de la impos ibilidad de continuar con la ejecución del proyecto urbanístico. Por esta razón, determinó que el accionante conocía dicha imposibilidad desde que finalizó el proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra y desde que conoció el contenido de la Resolución 2283 del 31 de agosto de 2017, expedida por la CAR, lo cual ocurrió con su notificación. En ese trámite administrativo se estableció que el uso del suelo del área donde se desarrollaba el proyecto era de conservación ambiental y que no podía continuar con actividades urbanísticas so pena de sanciones ambientales.

21. Por lo tanto, “la expedición de ese acto administrativo tuvo como consecuencia necesaria que el señor José Agustín Vargas Garzón noRadicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

Demandantes: José Agustín Vargas Garzón Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

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6 de 16 pudiera continuar con el proyecto “Cristales del Bosque”, en tanto que, de hacerlo, y al margen de que contara con la licencia urbanística, sería objeto de nuevas sanciones ambientales y los daños que se produjeran no podrían calificarse como antijurídicos , puesto que ya había sido advertido de las limitaciones ambientales y la imposibilidad de adelantar obras de urbanización en el inmueble de su propiedad” . Indicó que desde ese momento el accionante contaba con los elementos necesarios para presentar la de manda, debido a que l as determinantes ambientales eran de obligatorio cumplimiento y no podían desconocerse. Por lo tanto, la decisión del juez popular de dejar sin efectos la licencia no era relevante para determinar el momento del conocimiento del daño, pues desde el proceso sancionatorio sabía que no podía continuar con las obras.

22. Consideró que, a pesar de no obrar la fecha de notificación de la Resolución 2283 de 31 de agosto de 2017, por medio de la cual se sancionó al accionante, sí se demostró que presentó recurso de reposición y que este fue rechazado mediante la Resolución 591 de 28 de febrero de 2018, decisión que fue notificada el 3 de abril de 2018. En consecuencia, el accionante tenía plazo para demandar hasta el 3 de abril de 2020; sin embargo, la pandemia interrumpió el término hasta el 30 de junio de 2020,

decisión que fue notificada el 3 de abril de 2018. En consecuencia, el accionante tenía plazo para demandar hasta el 3 de abril de 2020; sin embargo, la pandemia interrumpió el término hasta el 30 de junio de 2020, por lo que pod ía presentar la demanda hasta el 17 de julio de 2020. No obstante, la solicitud de conciliación se radicó el 14 de mayo de 2021 y la demanda se interpuso el 25 de agosto de 2021, es decir, más de un año después del vencimiento del término.

23. La Sala enfatizó que la decisión adoptada en la acción popular no generó el hecho que impidió el desarrollo del proyecto urbanístico, porque se limitó a reforzar la protección de derechos colectivos. Por lo tanto, la providencia no se configuró como el ele mento que determinó de manera definitiva la imposibilidad de ejecutar el proyecto inmobiliario.

24. 16) El 9 de julio de 2025, el accionante presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia cuestionada, porque, según afirmó, desconoció la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el expediente 61033, entre otras decisiones judiciales. Solicitó que el término de caducidad se contabilizara desde el fallo de acción popular que anuló la licencia urbanística. No obstante, el 4 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario, en aplicación del artículo 254 del CPACA, debido a que este solo procede contra sentencias dictadas por tribunales administrativos en

de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario, en aplicación del artículo 254 del CPACA, debido a que este solo procede contra sentencias dictadas por tribunales administrativos en única o segunda instancia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

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25. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora argumentó que la providencia enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:

26. Defecto sustantivo, debido a que la providencia desconoció el artículo 164 del CPACA y el precedente fijado en la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020 , expediente 61033, porque contó la caducidad desde la imposición de la medida de suspensión provisional cuando debía contarse desde la ejecutoria del fallo de segunda instancia del proceso de acción popular, pues desde ahí tuvo certeza sobre la imposibilidad para desarrollar el proyecto urbanístico.

27. Defecto fáctico, porque la providencia cuestionada declaró probada la excepción de caducidad en su numeral segundo, a pesar de que la entidad demandada nunca la solicitó en el proceso. El Tribunal, mediante Auto de 5 de julio de 2022, señaló que no existían excepciones pre vias, debido a que la parte demandada no contestó la demanda. Afirmó que esa situación vulneró gravemente el debido proceso, dado que se decretó una excepción que no fue propuesta. Asimismo, la providencia omitió

debido a que la parte demandada no contestó la demanda. Afirmó que esa situación vulneró gravemente el debido proceso, dado que se decretó una excepción que no fue propuesta. Asimismo, la providencia omitió valorar las pruebas que demostraban la impo sibilidad real de conocer el daño antes de 2019, pues para la fecha en que se alegó la caducidad el acto administrativo gozaba de presunción de legalidad.

28. Desconocimiento del precedente, porque la providencia reprochada ignoró el precedente vinculante al contabilizar la caducidad desde la suspensión provisional impuesta en 2017. El término debía iniciarse a partir de la ejecutoria del fallo que dejó sin efectos el acto administrativo generador del daño, momento en el cual tuvo certeza jurídica sobre la licencia de urbanismo. Reiteró que se desconoció la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera expediente 610333.

29. Indicó que la Sección Tercera, en múltiples pronunciamientos 4, estableció que el daño indemnizable se consolida con la decisión judicial

3 Trascribió el siguiente aparte de la providencia: “Mientras no se cuente con elementos de juicio que permitan inferir que el Estado propició el hecho dañoso y que le era imputable, el plazo de caducidad del medio de control de reparación directa no resulta exigible. Este solo comienza a correr cuando el interesado tiene certeza del daño y de su atribución a la Administración.” 4 Se trascribe: “(Sentencias del 1° de agosto de 2016, exp. 40943; 17 de noviembre de 2016, exp. 55349; y 31 de julio

y de su atribución a la Administración.” 4 Se trascribe: “(Sentencias del 1° de agosto de 2016, exp. 40943; 17 de noviembre de 2016, exp. 55349; y 31 de julio de 2020, exp. 62372)” y “Sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 40544” . Respecto de la primera providencia, manifestó que en ella se sostuvo que el daño debía encontrarse plenamente estructurado, es decir, debía existir el hecho definitivo que lo causara, aspecto que, a su juicio, confirmaba que el daño se consolidó con la sentencia definitiva que anuló la licencia. En relación con la segunda decisión, afirmó que en esta se reconoció la procedencia excepcional de la reparación directa frente a actos administrativos que pierden efectos por decisión judicial, lo cual, en su criterio, reafirmaba que la caducidad debía contarse desde la ejecutoria del fallo de 2019. Sobre la tercera sentencia, señaló que allí se indicó que la caducidad se cuenta desde el momento en que el demandante obtiene certeza del daño en casos de actos administrativos anulados o revocados, razón por la cual consideró aplicable dicha regla, pues la certeza se produjo con la nulidad de la licencia. Finalmente, respecto de la cuarta decisión, indicó que la caducidad solo podía contarse desde la existencia de un acto definitivo que causara el perjuicio, por lo que “la suspensión cautelar no es suficiente”, y afirmó que ello desvirtuaba el conteo de la caducidad desde 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

Demandantes: José Agustín Vargas Garzón

de la caducidad desde 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

Demandantes: José Agustín Vargas Garzón Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 16 definitiva que deja sin efectos el acto administrativo, y no con las medidas cautelares adoptadas dentro del proceso , “las cuales, a la fecha de su promulgación, serían inciertas hasta su respectivo fallo”. En consecuencia, la autoridad judicial accionada desconoció abiertamente esa línea jurisprudencial y su inobservancia carece de justificación.

30. Violación directa de la Constitución , porque la decisión restringió de manera irrazonable el derecho de acceso a la administración de justicia al exigir la presentación de la demanda cuando aún no existía certeza jurídica sobre la validez de la licencia. Este razonamiento desconoce los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado 6 pidió declarar improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, ya que el accionante cuestionó el razonamiento del fallo como si se tratara de una instancia adicional. Asimismo, afirmó que la caducidad constitu ía un presupuesto procesal ineludible que debía ser examinado por el juez. Sostuvo que aplicó la jurisprudencia vigente y analizó el momento en que el accionante tuvo conocimiento del daño alegado en

caducidad constitu ía un presupuesto procesal ineludible que debía ser examinado por el juez. Sostuvo que aplicó la jurisprudencia vigente y analizó el momento en que el accionante tuvo conocimiento del daño alegado en la demanda de reparación directa, el cual se produjo con l a sanción ambiental, y n o con el fallo de segunda instancia del proceso de acción popular. Señaló que el accionante pretendía reabrir un debate ya resuelto por el juez natural.

32. El municipio de Silvania 7 también pidió la improcedencia, al considerar que el accionante pretend ía reabrir el debate sobre la caducidad y cuestionar la motivación del fallo. Afirmó que no se configuraron los defectos alegados.

33. El Juzgado 2 Administrativo de Girardot 8 remitió el expediente de la acción popular y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribuna l Administrativo de Cundinamarca 9 allegó el expediente del proceso de reparación directa.

5 Mediante Auto de 26 de septiembre de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandada a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y (3) vinculó a la Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 2 Administrativo de Girardot y el municipio de Silvania, como terceros con interés en el asunto. 6 Índice 10 de Samai. 7Índice 14 de Samai. 8 Índice 12 de Samai. 9 Índice 9 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

6 Índice 10 de Samai. 7Índice 14 de Samai. 8 Índice 12 de Samai. 9 Índice 9 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05989-00

Demandantes: José Agustín Vargas Garzón Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega ______________________________________________________________________________________________________________

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.

2.1. Identificación de derechos y defectos

34. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si estos derechos fueron lesionados durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

35. Aunque la acción de tutela alude a la configuración de un defecto sustantivo al afirmar que la providencia enjuiciada desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado al interpretar el artículo 164 del CPACA, por no contar la caducidad de la acción desde la ejecutoria del fallo de

sustantivo al afirmar que la providencia enjuiciada desconoció la jurisprudencia de