CE - Sentencia 11001031500020250599001 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: TERESA MARTÍNEZ VELLOJIN Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de 24 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Teresa Martínez Vellojin solicitó, en nombre propio , el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40015-2016-00192-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40-015-201600192-00/01 contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le negó el reconocimiento de la relación laboral subyacente originada en la ejecución de labores continuas, en virtud de la celebración de contratos de prestación de servicios.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

2.2. Manifestó que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia de 26 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció la existencia de la relación laboral encubierta; sin embargo, solo ordenó el pago de las prestaciones adeudadas y los aportes con destino al sistema pensional por los períodos causados a partir del 30 de enero de 2012, dado que frente a los anteriores

existencia de la relación laboral encubierta; sin embargo, solo ordenó el pago de las prestaciones adeudadas y los aportes con destino al sistema pensional por los períodos causados a partir del 30 de enero de 2012, dado que frente a los anteriores declaró la ocurrencia de la prescripción trienal (salvo en lo relacionado con los aportes pensionales).

2.3. Sostuvo que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia mencionada anteriormente y el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 12 de julio de 2024, revocó el numeral 6.º y modificó los numerales 2.º, 4.º y 5.º del fallo de primera instancia, por encontrar únicamente demostrados los elementos que estructuran la relación laboral encubierta durante los períodos comprendidos entre: (i) el 22 de septiembre de 1993 al 19 de diciembre de 2007; y (ii) el 2 de enero al 31 de enero de 2008, ordenando frente a estos que se tuvieran en cuenta para realizar los aportes pensionales de ley, sin reconocer pago alguno por concepto de prestaciones, dado que se configuró la prescripción.

2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Manifestó que “[…] de las pruebas a disposición del despacho si existen las suficientes para determinar el elemento del a subordinación con la secretaria de hacienda distrital, como los distintos testimonios recogidos en el proceso, aunado a

2.5. Manifestó que “[…] de las pruebas a disposición del despacho si existen las suficientes para determinar el elemento del a subordinación con la secretaria de hacienda distrital, como los distintos testimonios recogidos en el proceso, aunado a que se encontró probada la prestación personas del servicio con dicha dependencia de la Alcaldía de Cartagena, por lo que la demandada tenía la obligación de desvirtuar la presunción de contrato realidad, situación que en el presente caso NO SE DIO […]”.

2.6. Expuso que “[…] precedentes jurisprudenciales indicados en el concepto de la violación1, que existen sobre LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR la presunción de contrato de trabajo contenido en el articulo 24 del CST, son de carácter vertical, ya que provienen directamente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y del CONSEJO DE ESTADO, tanto en decisiones particulares como en SENTENCIAS DE UNIFICACION, por lo que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR esta en la obligación de respetarlas […]”.

2.7. Finalmente, sostuvo que “[…] La determinación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, en excluir de su análisis las pruebas ya mencionadas, y que fueron presentadas precisamente para cumplir con la carga de probar la prestación personal del servicio con la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL hasta el año 2014, es una afrenta directa al debido proceso probatorio como una extensión del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 Constitucional) , este mismo actuar representa una flagrante omisión al deber de aplicar los postulados de igualdad,

una afrenta directa al debido proceso probatorio como una extensión del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 Constitucional) , este mismo actuar representa una flagrante omisión al deber de aplicar los postulados de igualdad,

1 “[…] Corte Suprema de Justicia en sentencia SL577-2020 (68636) del 12 de febrero de 2020 […] sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL753 -2020 (75607) del 4 de marzo de 2020 […] Consejo de Estado, en sentencia Sentencia 2011-00400 de 2020 del 15 de mato (sic) de 2020 […]”.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

dispuestos en la Constitución Política Colombiana y que resulta en el presente caso en una vulneración a los derechos contenidos en los artículos 13 y 53 constitucionales […]”. [Negrilla del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Ruego al señor juez de tutela amparar mis derechos

fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, BUENA FE,

CONFIANZA LEGITIMA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA.

SEGUNDA: Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la SENTENCIA No. 76 de 2024 del 12 de julio de 2024 proferida por SALA FIJA DE DECISIÓN No. 002 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y 23 de abril del año 2025; Y por lo tanto se ordene al TRIBUNAL

No. 002 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y 23 de abril del año 2025; Y por lo tanto se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, a proferir nueva sentencia respecto a reconocer todas las acreencias laborales a las que condenó pero aplicando la figura de la nivelación salarial según los salarios del personal de planta, en el proceso de radicado 13001-33-40-015-2016-00192-01, es decir que se condene a la demandada en los términos dictados por el JUZGADO DECIMO QUINTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, o en su lugar el JUEZ CONSTITUCIONAL se torne juez de instancia y profiera el fallo en este sentido, otorgando todo lo exigido en las pretensiones de la demanda sin aplicación de la prescripción trienal […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, el Despacho de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al alcalde distrital de Cartagena de Indias.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y al vinculado, se

allegó el siguiente informe:

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar la acción de tutela, en la medida en que “[…] no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionada y que la decisión adoptada fue tomada con sustento en el material

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar la acción de tutela, en la medida en que “[…] no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionada y que la decisión adoptada fue tomada con sustento en el material probatorio obrante en el expediente y en el criterio jurisprudencial adoptado en las sentencias que sirvieron de sustento las cuales fueron debidamente citadas al interior del proveído objeto de revisión constitucional […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

7. Al respecto consideró que “[…] la Sala evidencia que la controversia planteada por la señora Teresa Martínez Vellojin constituye una reiteración de un debate estrictamente legal y probatorio, ya surtido ante el juez natural de la causa, y, en consecuencia, carece de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiado en esta instancia […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en

los siguientes argumentos:

“[…] En el presente caso, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, se argumentó a lo largo de todo el escrito, desde los “hechos” de la acción de tutela hasta “el concepto de la violación de los derechos fundamentales” donde se

los siguientes argumentos:

“[…] En el presente caso, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, se argumentó a lo largo de todo el escrito, desde los “hechos” de la acción de tutela hasta “el concepto de la violación de los derechos fundamentales” donde se explicó que todos los derechos fundamentales invocados con la tutela fueron abrupta y arbitrariamente violentados, en la medida en que con la sentencia del

honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SE APLICARON

REGLAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL MUY POSTERIORES A LA

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA, SE PRACTICARON LAS

PRUEBAS Y SE DICTÓ FALLO EN LA PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL.

[…]

Que la anterior decisión es el motivo de la presente acción constitucional en contra de la providencia del TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR, porque de las pruebas a disposición del despacho SI EXISTEN, son las suficientes para determinar los elementos propios del contrato de trabajo frente a los tiempos prestados ante la secretaria de hacienda municipal hasta el año 2014.

Desconoce EL TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR precedente jurisprudencial de las altas cortes, que tratan el tema de la carga de probar las condiciones o requisitos para desvirtuar la verdadera relación laboral, está a cargo del demandado, en el presente caso, ya que con la sola demostración de la prestación personal del servicio opera la presunción de la garantía de la realidad sobre las formalidades.

Que el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR en su providencia ratifica que, si presté personalmente el servicio a la demandada en distintos tiempos

realidad sobre las formalidades.

Que el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE BOLIVAR en su providencia ratifica que, si presté personalmente el servicio a la demandada en distintos tiempos hasta 2014, me remito a las páginas 11 a la 13 de la providencia tutelada […]”. [Sic en toda la cita].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos

sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 6 “[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. 7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 8 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio

8 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. La señora Teresa Martínez Vellojin solicitó, en nombre propio, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de

10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamen tan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 12 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 13001-33-40015-2016-00192-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por

del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 14 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar

(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 16 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 17 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 18 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes

del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente un a afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, ap licar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante conside ra es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún

estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05990-01

Accionante: Teresa Martínez Vellojin

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista rel evancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista rel evancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales20.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente