CE - Sentencia 11001031500020250599700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

Accionante: Byron Germán Mejía Bastidas

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05997-00

Accionante: BYRON GERMÁN MEJÍA BASTIDAS

Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y LA

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario. Defecto fáctico, procedimental absoluto y sustantivo. Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional por nuevos hechos y reiteración de argumentos.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Byron Germán Mejía Bastidas , quien actúa en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“4.1 Que se DECLARE que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, transgredieron el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO y derecho de IGUALDAD del señor

BYRON GERMÁN MEJIA BASTIDAS.

4.2 Que se AMPARE el derecho fundamental del debido proceso e igualdad del señor BYRON GERMÁN MEJIA BASTIDAS y, como consecuencia, se deje sin efecto toda actuación a partir del auto de 19 de junio de 2024.

4.3 Que se ORDENE a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, para que resuelva la nulidad invocada el 18 de noviembre de 2024 y, consecuentemente, se garantice a la defensa la posibilidad, si a ello hubiere lugar, el derecho al recurso en caso de que se niegue la solicitud de nulidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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2 4.4 Que se ORDENE a las accionadas, que se abstengan, en los sucesivo, de seguir realizando actos que vayan en Contravía de los derechos fundamentales

del señor BYRON GERMÁN MEJIA BASTIDAS”.

2. Hechos

2.1. Del proceso disciplinario

La señora Ana Angélica Becerra Eraso, en su condición de Subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico de la Fiscalía General de la Nación , presentó queja disciplinaria por la eventual falta disciplinaria en que habría incurrido el fiscal Byron Germán Mejía Bastidas, por cuanto no publicó en la página web de la función pública, en virtud de la Ley de Transparencia, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de intereses y la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, para cuyo fin se había fijado como plazo el 20 de abril de 2020.

El asunto le correspondió por reparto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño 1, que mediante auto de 26 de julio de 2021 2 dispuso abrir indagación preliminar en contra del disciplinado. Posteriormente, a través de proveído de 27 de febrero de 2023 se ordenó ini ciar la investigación disciplinaria en contra del señor Byron Germán Mejía Bastidas, en calidad de Fiscal 53 Seccional URPA de Ipiales (Nariño), y el 5 de mayo de 2023 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria.

Byron Germán Mejía Bastidas, en calidad de Fiscal 53 Seccional URPA de Ipiales (Nariño), y el 5 de mayo de 2023 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria.

Mediante providencia de 28 de julio de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño resolvió proferir pliego de cargos en contra del accionante por no haber publicado de manera oportuna en la página web respectiva, el formato de publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, Ley 2013 de 2019, infringiendo los deberes contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 2013 de 2019 y los postulados de la Circular 0002 de 17 de febrero de 2020 de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación.

El 11 de enero de 2024, la defensora de confianza del accionante presentó escrito de descargos en el que alegó la nulidad por “ i) violación del debido proceso por formulación anfibológica de los cargos y falta de consonancia entre la parte dispositiva y resolutiva de la decisión, ii) la decisión de cargos incurrió en un falso juicio de existencia por suposición de la prueba para dar por probado la culpabilidad y iii) ausencia de análisis de la ilicitud sustancial”. En ese sentido, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño mediante auto de 14 de marzo de 2024 resolvió no acceder a la solicitud de nulidad, al considerar que no se verificó la

Seccional de Disciplina Judicial de Nariño mediante auto de 14 de marzo de 2024 resolvió no acceder a la solicitud de nulidad, al considerar que no se verificó la existencia de irregularidades procesales que afectaran el debido proceso, ni la corrección gramatical del pliego de cargos efectuada por el despacho sustanciador, y devolvió el expediente al despacho no. 1 para que se procediera a la variación de los cargos.

El 18 de noviembre de 2024, la apoderada judicial del disciplinado presentó nuevamente memorial de descargos, en el que señaló que si bien pudo existir una falta en el deber funcional de publicar la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, dicho comportamiento no comprometía sustancialmente el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales ni la transparencia de la función

1 M.P. Oscar Carrillo Vaca. 2 Proceso no. 52001-25-02-000-2021-10247-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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3 pública, y reiteró los mismos argumentos presentados en el escrito de 11 de enero de 2024.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño m ediante sentencia de 12 de febrero de 2025, declaró disciplinariamente responsable al accionante , “por infringir los deberes funcionales contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño m ediante sentencia de 12 de febrero de 2025, declaró disciplinariamente responsable al accionante , “por infringir los deberes funcionales contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular No 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación y, con ello incurrir en falta disciplinaria GRAVE de conformidad con lo señalado en el artículo 196 del Código Disciplinario Único (replicado en el artículo 242 del Código General Disciplinario), a título de CULPA GRAVE, al omitir subir de manera oportuna y, en el término legalmente previsto, en la página web dispuesta para el efecto el Formato de Publicación y Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, del Registro de Conflictos de Interés y la Declarac ión del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año 2019, en virtud de las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. Y le impuso la sanción de suspensión del ejercicio del cargo por el término de un mes.

Frente a la anterior determinación, el accionante presentó recurso de apelación al considerar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño no dio trámite ni resolvió el “escrito de nulidades sustanciales” presentado el 18 de noviembre de 2024 junto con el escrito de descargos, y precisó que “ la irregularidad en la que

ni resolvió el “escrito de nulidades sustanciales” presentado el 18 de noviembre de 2024 junto con el escrito de descargos, y precisó que “ la irregularidad en la que incurrió el juez de instancia es de tanta trascendencia, que pretermitió las etapas del proceso disciplinario, en tanto y en cuanto, el 19 de junio de 2024, fijó el procedimiento para seguir en etapa de juzgamiento, sin que se haya dato (sic) trámite a las nulidades. Lo que genera una protuberante violación al debido proceso”. Así las cosas, la autoridad judicial accionada mediante auto de 12 de marzo de 2025 concedió en efecto suspensivo en recurso de apelación.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial por medio de sentencia de 14 de mayo de 2025 resolvió negar la nulidad planteada por el accionante y confirmó la sentencia de 12 de febrero de 2025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño , mediante la cual “ se declaró responsable disciplinariamente a BYRON GERMÁN MEJÍA BASTIDAS, en su condición de FISCAL CINCUENTA Y TRES SECCIONAL URPA DE IPIALES para la época de los hechos, como infractor responsable de la incursión en la falta consagrada en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la desatención de los deberes contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la

desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, incurriendo en falta grave, a título de culpa grave e imponiendo la sanción correspondiente a un (1) salario mínimo mensual vigente para el año 2020”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Manifestó que la discusión ostenta relevancia constitucional “en tanto las citadas sentencias, tiene trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de las normas contenidas en la Constitución Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho fundamental”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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4 Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el fallo de segunda instancia, pues agotó todos los mecanismos de defensa judicial que tenía a su alcance , toda vez que el ordenamiento jurídico no prevé ningún otro procedimiento judicial para controvertir las decisiones cuestionadas.

Respecto del requisito general de inmediatez , la parte actora afirmó que se cumple, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 12 de febrero de 2025, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Respecto del requisito general de inmediatez , la parte actora afirmó que se cumple, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 12 de febrero de 2025, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Por último, respecto del requisito de que no se trate de sentencias de tutela , concluyó que la solicitud se presentó contra la sentencia de 14 de mayo de 2025 , proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , dentro del proceso disciplinario no. 52001-25-02-000-2021-10247-01.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que se configuró el defecto fáctico, procedimental absoluto y sustantivo.

En relación con el defecto fáctico consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño no tuvo en cuenta las circunstancias relacionadas con su situación grave de salud, la carga laboral y la contingencia generada por la pandemia del Covid-19, las cuales justificaron su actuar respecto del presunto incumplimiento del deber de atender oportunamente la obligación de publicar en la página web de la función pública las referidas declaraciones.

Agregó que “sorprende en este punto que no se hubiere realizado ninguna averiguación adicional respecto del estado de salud mental que tuve como disciplinado y cómo ello habría podido afectar mi desempeño laboral. Y, por supuesto, dado que no se indagó sobre esos aspe ctos mínimos, la hipótesis acusatoria de que como actor habría incumplido mi deber funcional de publicar las declaraciones en el portal web de SIGEP quedaba a lo sumo en una sospecha sin capacidad de enervar la presunción de inocencia. Estas graves lagunas probatorias

acusatoria de que como actor habría incumplido mi deber funcional de publicar las declaraciones en el portal web de SIGEP quedaba a lo sumo en una sospecha sin capacidad de enervar la presunción de inocencia. Estas graves lagunas probatorias dejaban prácticamente sin valor informativo relevante la hipótesis inculpatoria, que debieron ser a favor como disciplinado, tal como se trató, por la misma comisión en el caso radicado bajo el numero 520012502000 202110247-01 del 14 de mayo de 2025”.

Precisó que “la indebida valoración de la premisa fáctica dio por probado, sin estarlo, la ilicitud sustancial, como elemento estructurante de la responsabilidad disciplinaria”, pues aunque se demostró que no se publicaron las declaraciones en la plataforma del SIGEP, dicha situación por si sola no acreditaba la ilicitud, toda vez que la misma requería un juicio de valor sobre el impacto en los fines del Estado y los principios de la función pública. Adicionalmente, sostuvo que en el proceso disciplinario no se probó que dicha omisión impidiera el control ciudadano, obstaculizara el acceso a la información o encubriera un conflicto de intereses.

Respecto del defecto sustantivo señaló que la decisión cuestionada no resolvió todos los puntos propuestos por la defensa en el escrito de descargos, en especial, lo relacionado con la categoría dogmática de la culpabilidad.

En ese sentido, manifestó que ese “ razonamiento que no cuenta con soporte probatorio, en tanto que ningún elemento de prueba incorporado al razonamiento de la premisa fáctica da cuenta que el doctor ORTÍZ RIÁSCOS haya solicitado a la oficina respectiva información sobre la forma en que podía cumplir su deber, es más

probatorio, en tanto que ningún elemento de prueba incorporado al razonamiento de la premisa fáctica da cuenta que el doctor ORTÍZ RIÁSCOS haya solicitado a la oficina respectiva información sobre la forma en que podía cumplir su deber, es más no se sabe en esta causa disciplinaria quien era el doctor Ortiz Riascos y que relación guarda con los hechos objeto de investigación. Tampoco existe prueba que haya obtenido respuesta del aplic ativo que no le permitía realizar el cargue de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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5 información. Sin embargo, y pese a que dichas afirmaciones carecen de soporte probatorio fueron tenidas en cuenta por el sentenciador para edificar la culpabilidad en grado de culpa grave”.

Por último, en relación con el defecto procedimental absoluto sostuvo que la primera instancia no dio trámite al escrito de nulidad presentado por su defensa el 18 de noviembre de 2024, lo cual contravino lo dispuesto en el artículo 207 del Código General Disciplinario, porque no se resolvió el memorial dentro de los 5 días siguientes que tenía el a quo para adoptar la decisión que en derecho correspondía. Y concluyó que “la nulidad de transcendencia que se enfiló sobre la imputación anfibológica de los cargos endilgados, pues en criteri o de la defensa el pliego no cumplía con los requisitos de una imputación válida, según los criterios fijados por el Consejo de Estado en la sentencia radicada bajo el numero 11001 -03-25-000cumplía con los requisitos de una imputación válida, según los criterios fijados por el Consejo de Estado en la sentencia radicada bajo el numero 11001 -03-25-0002010-00264 – 00 (2217-10)”.

Finalmente, señaló que “la sentencia de instancia no tuvo en cuenta los argumentos exculpatorios del investigado durante el trámite de la actuación disciplinaria, en tanto, que si bien se adujó las dificultades que atravesó el disciplinado —la sobre carga laboral, su estado de sa lud y el Covid -19— que me impidieron atender oportunamente la obligación de publicar en el portal web de SIGEP las mencionadas declaraciones, sobre las cuales la primera instancia no desarrolló ninguna labor investigativa al respecto, con el objeto de ave riguar la verdad de los hechos, contraviniendo el principio de investigación integral”.

4. Trámite procesal

El despacho sustanciador mediante auto de 29 de septiembre de 2025 admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas - Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño . Asimismo, a la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico de la Fiscalía General de la Nación, como tercera interesada en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 142113 a 142109 de 1° de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión3.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

de 1° de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión3.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada sustanciadora rindió informe en el que solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, toda vez que no existe una vulneración a los derechos fundamentales alegados por la parte actora. Y precisó que en el escrito de tutela el accionante pretende reabrir un debate que ya fue zanjado por l a Comisión como órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria mostrando su desacuerdo sobre la valoración realizada.

Precisó que al momento de resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia de 12 de febrero de 2025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, se realizó atendiendo el principio de limitación, es decir, con base en la tesis expuesta por el recurrente. En ese sentido, aclaró que la Sala abordó la alzada de conformidad con cada uno de los argumentos expuestos en el recurso, “lo que de contera da cuenta que pretende convertir el

3 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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6 medio excepcional en estudio en un mecanismo que supla los medios ordinarios y en pocas palabras en una tercera instancia”.

Manifestó que “el escrito de tutela está centrado en el argumento del disidente que

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6 medio excepcional en estudio en un mecanismo que supla los medios ordinarios y en pocas palabras en una tercera instancia”.

Manifestó que “el escrito de tutela está centrado en el argumento del disidente que no acompañó la providencia por diferentes razones y que se apartaron de las consideraciones de la Mayoría de Sala, pronunciamientos que si bien se respetan hacen parte del propio análisis efectuado por aquel, sin que, en todo caso, sean el sustento o fundamento para acudir a la acción de tutela para debatir análisis probatorios y jurídicos que se efectuaron en virtud de la autonomía y órgano de cierre de esta jurisdicción por la mayoría de los integrantes de este órgano Colegiado”.

Refirió que el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo salvó voto al considerar que la primera instancia no dio trámite al escrito de nulidad presentado por el actor el 18 de noviembre de 2024, reparo contenido en la apelación, el cual no fue abordado por completo en la providencia. Y agregó que no se desataron todos los puntos de la apelación en la decisión cuestionada, lo cual podría afectar el derecho al acceso de administración de justicia.

En ese sentido, sostuvo que el accionante utiliza lo invocado en el salvamento de voto como uno de sus argumentos y con ello solicita que se accedan a las pretensiones del amparo, aduciendo que se incurrió en un defecto sustantivo. No obstante, aclaró que en la sentencia de segunda instancia se analizó la nulidad deprecada y se absolvió cualquier duda que existiere, demostrando que no existió irregularidad procesal alguna en el proceso.

obstante, aclaró que en la sentencia de segunda instancia se analizó la nulidad deprecada y se absolvió cualquier duda que existiere, demostrando que no existió irregularidad procesal alguna en el proceso.

Por otro lado, agregó que el accionante alegó que no se tuvo en cuenta los argumentos exculpatorios durante el trámite de la actuación disciplinaria -estado de salud, carga laboral y el Covid -19las cuales le impidieron atender oportunamente la obligación de publicar en el portal web del SIGEP las declaraciones requeridas. Sin embargo, precisó que esos argumentos no fueron alegados en el recurso de apelación, por lo tanto, de conformidad con el principio de limitación no era procedente entrar a resolver asuntos que no fueron objeto del recurso.

Indicó que “para demostrar el proceder del accionante, basta con sólo atender una lectura del escrito de tutela, para evidenciar que dichos reparos fueron atendidos por esta Corporación al percatarse de la no existencia de una violación al derecho a la familia, el tra bajo y al debido proceso, por lo que se reitera que la accionante pretende acudir a una “tercera instancia” , pretendiendo revivir un debate probatorio e incluso una calificación jurídica de la actuación a través de la acción de tutela que no oc upa desconociendo su naturaleza subsidiaria y excepcional, insistiendo en puntos de vista que ya fueron estudiados y resueltos por esta jurisdicción”.

Para terminar , adujo que al accionante se le respetaron todas las garantías procesales y ejerció el derecho a la defensa de forma activa, pues presentó sus descargos, rindió alegatos de conclusión y radicó recurso de apelación contra la

Para terminar , adujo que al accionante se le respetaron todas las garantías procesales y ejerció el derecho a la defensa de forma activa, pues presentó sus descargos, rindió alegatos de conclusión y radicó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia , por lo tanto se le garantizó el acceso a la administración de justicia.

5.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

El presidente de la Comisión rindió informe en el que solicitó que se desestimara el amparo solicitado, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, toda vez que se actuó con estricta observancia de la ley, respetando las garantías fundamentales de los sujetos procesales e intervinientes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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Manifestó que el despacho encargado de la sustanciación del proceso disciplinario informó que no se cumplían con los requisitos exigidos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que “el de inmediatez y el relativo a que el virtual yerro procesal se hubiera alegado ante la instancia correspondiente -, tampoco se observa la configuración de ninguno de los requisitos o causales especiales de procedibilidad, en tanto que, en la decisión judicial cuestionada no se advierte defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental ni mucho menos error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación

especiales de procedibilidad, en tanto que, en la decisión judicial cuestionada no se advierte defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental ni mucho menos error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución, que hicieran procedente la acción de tutela”.

Refirió que la actuación del despacho de juzgamiento se surtió con estricto apego al ordenamiento jurídico y en salvaguarda de los principios de imparcialidad, presunción de inocencia e investigación integral. Adicionalmente, aclaró que la defensora de con fianza del accionante se limitó a aportar pruebas sin efectuar solicitud probatoria alguna, por lo tanto, el despacho procedió a incorporarlas para valorarlas en la sentencia.

Aclaró que la providencia judicial cuestionada fue proferida por la autoridad judicial competente con observancia de las normas sustantivas que rigen el proceso disciplinario en contra de los funcionarios judiciales, y fue adoptada a partir de la valoración de las pruebas legalmente aportadas al proceso, con las cuales quedó demostrada la falta disciplinaria imputada en el pliego de cargos.

Finalmente, concluyó que contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, sí se examinaron todas las pruebas aportadas por la defensa, las cuales permitieron concluir que no tenían la virtualidad de enervar el cargo imputado al disciplinable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con las decisiones de 12 de febrero y 14 de mayo de 2025, mediante las cuales se declaró responsable disciplinariamente al accionante por incurrir en la falta consagrada en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la desatención de los deberes contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular 002 del 17 de febrero de 2020, en el marco del proceso disciplinario no. 52001-25-02-000-2021-10247-01, y si incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05997-00

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3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 5, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el