CE - Sentencia 11001031500020250600101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa

Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por falla médica / Inmediatez Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Jonatan Camilo González Sosa , en contra de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Jonatan Camilo González Sosa promovió solicitud de tutela2 con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión , en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 18001334000320160001101.

sentencia proferida el 5 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión , en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 18001334000320160001101.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa Enrique González Morales y Carmen Elisa Sosa Samboní en calidad de padres de Jonatan Camilo González Sosa presentaron demanda en contra de la ESE San Rafael de San Vicente del Caguán, con la finalidad de que s e declar ara la responsabilidad patrimonial y

1 Ver índice 2 de Samai, en actuación denominada «15_EXPEDIENTEDIGI_DemandaXXDatosSensib_14_20250925094808835». Expediente 11001031500020250600100. 2 Fue presentada el 24 de septiembre de 2025. Ver índice 1 del aplicativo Samai expediente 1100103-15-000-2025-06001-00.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa extracontractual por el daño antijurídico causado por la entidad con ocasión de la falta de atención médica adecuada en el periodo del embarazo [entre los años 2006 y 2007 ], en el que el menor contrajo el VIH que portaba su madre y que no se diagnosticó de forma oportuna. También se pidió la condena al pago de los perjuicios materiales e inmateriales.

2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, en sentencia del 29 de septiembre de 2017 3 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de

materiales e inmateriales.

2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, en sentencia del 29 de septiembre de 2017 3 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa al considerar acreditado el daño antijurídico, consistente en el diagnóstico del 26 de enero de 2011 del menor Jonatan Camilo González Sosa como portador de VIH. Del análisis de las atenciones suministradas a la madre, se estableció que la entidad no realizó ni registró examen de VIH durante el embarazo, a pesar de que la norma técnica del Ministerio de Salud lo exige en esa etapa y después del parto. Aunque en un frotis cervicovaginal se identificó Gardnerella vaginalis, indicativa de una posible infección de transmisión sexual, no se dispuso tratamiento.

2.3. El menor nació el 10 de mayo de 2007, recibió lactancia materna desde el 5 de junio siguiente y pudo adquirir el VIH al nacer o posteriormente durante su alimentación. Desde el parto presentó múltiples ingresos al Hospital San Rafael por diversas dolencias, pero fue diagnosticado el 13 de enero de 2011. En consecuencia, el centro médico actuó sin la diligencia necesaria en la atención, el diagnóstico y la intervención prestada a Carmen Elisa Sosa Sambo ní, situación que permitió la transmisión vertical del VIH al menor Jonatan Camilo González Sosa.

2.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, en sentencia del 5 de febrero de 20254 revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró probada

2.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, en sentencia del 5 de febrero de 20254 revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada al considerar que en el proceso con radicado 18001333300120140046800 en el que también se demandó a la ESE Hospital San Rafael de San Vicente, tuvo como finalidad obtener la declaración de responsabilidad de la entidad por la falla en el servicio consistente en no practicar a la madre gestante los exámenes necesarios para establecer que era portadora de VIH durante el embarazo, omisión que permitió la transmisión del virus al menor Jonatan Camilo González Sosa al nacer. E n dicho proceso el Juzgado Primero Administrativo de l Circuito de Florencia rechazó la demanda de reparación directa por caducidad mediante auto del 16 de junio de 2014 5, decisión no recurrida 6 y que definió la inviabilidad de la pretensión, cuya ejecutoria se surtió el 20 de junio de 2014.

3 Ver índice 2 de Samai, en actuación denominada 11_EXPEDIENTEDIGI_0032016011SENTENCIAN_10_20250925094808492. Expediente 11001031500020250600100 4 Cuya notificación se surtió el se surtió el 25 de febrero de 2025. Ver índice 2 de Samai en la actuación denominada « 8ED_Notificacionsentenci(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2» Expediente 11001031500020250600100 5 Ver índice 2 de Samai, en actuación denominada 6_EXPEDIENTEDIGI_ExpedienteDigital215_5_20250925094807632» Expediente

11001031500020250600100 5 Ver índice 2 de Samai, en actuación denominada 6_EXPEDIENTEDIGI_ExpedienteDigital215_5_20250925094807632» Expediente

11001031500020250600100. Página 23. 6 Según constancia secretarial del 20 de febrero de 2015, el demandante presentó recurso de apelación contra el auto que rechazó de plano la demanda luego de encontrarse archivado [desde el3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa

2.5. En el nuevo proceso con radicado 18001334000320160001100, se persiguió igual objeto: declarar responsable a la ESE Hospital San Rafael por incumplir los protocolos de detección temprana del VIH durante la gestación, el parto y el posparto, lo que habría causado que el menor adquiriera la enfermedad. La causa petendi también coincide, pues ambos procesos se originaron en el acta de conciliación 037 del 31 de enero de 2013. En consecuencia, del examen de las pretensiones y de la decisión adoptada en el primer proceso se encuentra identidad de partes, objeto y causa, lo que conduce a declarar probada la excepción de cosa juzgada e imposibilita un nuevo pronunciamiento en sede de reparación directa.

2.6. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, incurrió en los defectos procedimental y sustantivo al declarar probada una excepción improcedente, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de acceso efectivo a la administración de justicia. Dejó sin efecto la

defectos procedimental y sustantivo al declarar probada una excepción improcedente, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de acceso efectivo a la administración de justicia. Dejó sin efecto la reparación, pese a su condición de especial vulnerabilidad derivada de las graves afectaciones a su salud por la transmisión del VIH con lo que generó un grave perjuicio. No consideró que al momento de radicarse la demanda del segundo proceso [2016-00011-01], se expuso de manera expresa la gravedad de la violación de los derechos fundamentales del menor [vida, salud, dignidad humana] y la especial protección constitucional como niño, lo que impedía trasladar automáticamente los efectos de la decisión anterior [2014-00468-00]; situación que exigía un examen de fondo acorde con la naturaleza y trascendencia del caso.

2.7. Se configuró el desconocimiento del precedente debido a que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional la caducidad no opera frente a víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, por tratarse de acciones imprescriptibles tal como lo establece la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 y SU-167 de 2023 y el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 7. En consecuencia, una decisión previa que declar ó la caducidad no configuró la cosa juzgada que impidiera promover un nuevo proceso, así, el medio de control de reparación directa resulta imprescriptible en el presente asunto por la grave violación a sus derechos derivados del contagio del VIH . En ese sentido, se impidió su reparación integral al

impidiera promover un nuevo proceso, así, el medio de control de reparación directa resulta imprescriptible en el presente asunto por la grave violación a sus derechos derivados del contagio del VIH . En ese sentido, se impidió su reparación integral al haberse declarado la cosa juzgada formal 8 que dista de la material en tanto no se analizó el fondo del asunto ; situación que contraría los derechos fundamentales del niño y el bloque de constitucionalidad [artículo 93 superior] habida cuenta que sus derechos encuentran protección en la Convención sobre los derechos de los niños del año 1998 y la Convención Americana de Derechos Humanos.

25 de junio de 2014] . Ver índice 2 de Samai, en actuación denominada 7_EXPEDIENTEDIGI_ExpedienteDigital220_6_20250925094807976. Páginas 9. 7 Con radicado 11001-03-15-000-2021-00097-01. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de marzo de 2011 con radicado 25000-2326-000-1997-05425-01.4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa 2.8. La sentencia incurrió en violación directa de la Constitución Política porque el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, transgredió el artículo 229 de la Constitución , que garantiza el acceso efectivo a la administración de justicia, al declarar la caducidad y archivar el proceso sin examinar de fondo la grave violación de derechos humanos sufrida por un menor. Privilegió el formalismo procesal sobre la protección sustancial de los derechos fundamentales, convirtió el

justicia, al declarar la caducidad y archivar el proceso sin examinar de fondo la grave violación de derechos humanos sufrida por un menor. Privilegió el formalismo procesal sobre la protección sustancial de los derechos fundamentales, convirtió el proceso judicia l en una barrera injustificada, con lo que impidió el acce so a la reparación integral que se buscaba y desconoció la obligación reforzada del juez de garantizar los derechos prevalentes de los niños [artículo 44 de la Constitución]. En consecuencia, se le dio pre ferencia a la caducidad y no al derecho sustancial como la salud y la reparación [artículo 90 superior] , pese a ser un deber del Estado responder por los daños antijurídicos.

2.9. Se superó i) la relevancia constitucional por la especial protección que ampara los menores de edad. El fallo del tribunal es arbitrario e ilegal, pues desconoció el deber constitucional de garantizar el interés superior del menor. La tutela constituye el mecanismo adecuado para corregir esta omisión y proteger sus derechos fundamentales y los de su familia quienes han sido doblemente victimizados; por lo tanto no resulta improcedente aun cuando se dirigirse contra una providencia judicial por cuanto dicha decisión gen eró una afectación clara y actual de sus derechos fundamentales; y ii) los requisitos a) de subsidiariedad ante el agotamiento de los mecanismos ordinarios y extraordinarios y b) de inmediatez porque la sentencia de segunda instancia fue proferida el 5 de febrero de 2025, y la solicitud de tutela fue radicada el «22 de agosto de 2025» y subsanada en esta oportunidad.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

radicada el «22 de agosto de 2025» y subsanada en esta oportunidad.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la administración de justicia, derecho a la salud, a la familia, en razón los defectos como el desconocimiento del precedente, Defecto material o sustantivo, violación directa a la Constitución Política, en los que se incurrió al momento de dictar sentencia de segunda instancia del 05 se febrero de 2025 proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUET Á́ SALA PRIMERA DE DECISIÓN MAGISTRADA PONENTE: EDITH ALARCÓN BERNAL dentro del proceso de radicado 18-001-33-40-003-2016-00011-01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la sentencia de fecha 05 de febrero de 2025, notificada el 25 de febrero de 2025, al apoderado del extremo demandante, por haberse incurrido en debido proceso, derecho a la administración de justicia, derecho a la salud, a la familia, en razón a los defectos como el desconocimiento del precedente, Defecto material o sustantivo, violación directa a la Constitución Política, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión primera.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR, al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CAQUET Á́ SALA PRIMERA DE DECISIÓN MAGISTRADA

PONENTE: EDITH ALARCÓN BERNAL dentro del proceso de radicado 18 -001-33-40003-2016-00011-01, que emita una nueva sentencia, valorando adecuadamente todas las pruebas aportadas, sin desconocer los fundamentos normativos legales, sin incurrir en5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa desconocimiento del precedente jurisprudencial, defecto factico, defecto procedimental absoluto y, sin violación directa a la constitución. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La autoridad accionada y las vinculadas 9 guardaron silencio dentro de la oportunidad procesal concedida.

1.3. Sentencia de primera instancia10

5. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 23 de octubre de 2025 declaró improcedente la petición de amparo al no cumplir con el requisito general de procedibilidad de inmediatez con fundamento en lo siguiente:

5.1. Conforme con las constancias obrantes en el expediente objeto de tutela, la notificación de la providencia del 5 de febrero de 2025 se surtió el «27 de febrero siguiente11». La solicitud de tutela fue presentada el 24 de septiembre de 2025, como se evidencia en el registro de radicación correspondiente.

5.2. Aunque ya se había presentado previamente el 22 de agosto de 2025 otra solicitud con identidad de objeto, causa petendi y autoridad accionada, esta fue rechazada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 11 de septiembre de 2025 debido a que no se subsanó adecuadamente lo ordenado. Sin

solicitud con identidad de objeto, causa petendi y autoridad accionada, esta fue rechazada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 11 de septiembre de 2025 debido a que no se subsanó adecuadamente lo ordenado. Sin embargo, la fecha determinante para analizar el requisito de inmediatez es la de radicación de la presente tutela, esto es, el 24 de septiembre de 2025.

5.3. En consecuencia, la solicitud de tutela fue presentada por fuera del plazo de 6 meses que la Corporación ha previsto como término razonable, toda vez que la providencia objeto de reproche se notificó el 27 de febrero de 2025 y la demanda constitucional se elevó únicamente hasta el 24 de septiembre de 2025. Adicionalmente, no se advirtió justificación alguna que explique la tardanza en la presentación de la solicitud de amparo ni circunstancias que se ajusten a los supuestos excepcionales definidos por la ju risprudencia constitucional que permitirían admitir la acción por fuera del término establecido.

1.4. Escrito de impugnación12

6. Jonatan Camilo González Sosa impugnó la sentencia de primera instancia con

fundamento en lo siguiente:

9 Vinculados como terceros con interés en las resultas del proceso mediante auto del 29 de septiembre de 2025 : la ESE San Rafael del San Vicente del Caguán, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia, Enrique González Morales, Carmen Elisa Sosa Sambon í, Cristian Alonso González Sosa y Luis Eduardo González Sosa. 10 Ver índice 29 de S amai, en actuación denominada «30Sentencia_SENTENCIA_20250394500JoaquinTo(.pdf) NroActua 29».

González Sosa y Luis Eduardo González Sosa. 10 Ver índice 29 de S amai, en actuación denominada «30Sentencia_SENTENCIA_20250394500JoaquinTo(.pdf) NroActua 29». 11 Según constancia de notificación que obra a índice 2 de Samai la fecha corresponde al 25 de febrero de 2025. 12 Ver índice 13 de Samai. Expediente 11001031500020250600100.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa

6.1. La solicitud de tutela se presentó como mecanismo subsidiario porque agotó los medios ordinarios de defensa judicial, incluidos los recursos de apelación en primera instancia.

6.2. La Corte Constitucional ha reiterado que la solicitud de tutela resulta procedente cuando la afectación de los derechos fundamentales tiene carácter permanente y actual, incluso si el hecho que originó la vulneración ocurrió en el pasado. El a quo no valoró las circunstancias especiales de un neonato con diagnóstico de VIH atribuido a una presunta falla médica, situación que evidencia una afectación grave, continua y permanente de sus derechos fundamentales. Tampoco consideró que la vulneración se originó a ntes de su nacimiento y se ha mantenido durante toda su vida, pues su proceso de crecimiento ha estado marcado por la necesidad de acudir en repetidas ocasiones a la tutela para garantizar su calidad de vida, lo que confirma que la afectación subsiste en e l presente y proyecta consecuencias hacia el futuro. En consecuencia, los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez debe interpretarse de forma flexible ante casos excepcionales en los que se evidencie la afectación grave y continua de los derechos fundamentales.

En consecuencia, los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez debe interpretarse de forma flexible ante casos excepcionales en los que se evidencie la afectación grave y continua de los derechos fundamentales.

6.3. La solicitud de tutela contra la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de reparación directa se radicó inicialmente el 22 de agosto del año en curso. Dicha solicitud fue rechazada por la ausencia de l poder otorgado mediante mensaje de datos, pues la autoridad judicial consideró que la imagen de WhatsApp aportada con la demanda que demostraba la conversación entre el apoderado y la progenitora de Jonatan Camilo González Sosa sobre la representación no constituía un medio formal para acr editarla. Por tal motivo, en esta oportunidad se efectuó la remisión del poder por correo electrónico con el fin de evitar un nuevo rechazo o inadmisión por falta de acreditación de la representación.

6.4. La solicitud de tutela se presentó dentro de un plazo razonable, conforme con las circunstancias particulares del caso. La jurisprudencia del Consejo de Estado 13 ha indicado que el requisito de inmediatez admite flexibilización cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, entre ellos las personas afectadas por VIH/SIDA. La sentencia impugnada omitió esta comprensión, pese a que la vulneración lo ha acompañado desde antes de su nacimiento y permanece en la actualidad, lo que configura un escenario que exige dicha flexibilización.

6.5. La sentencia objeto de tutela adolece de desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-114 de 2023, en la cual se determinó que, en casos de graves violaciones de derechos humanos,

6.5. La sentencia objeto de tutela adolece de desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-114 de 2023, en la cual se determinó que, en casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la transmisión vertical de VIH por presunta negli gencia médica el medio de control de reparación directa es imprescriptible. Pese a la obligatoriedad de este

13 Sentencias con radicado s 11001-03-15-000-2013-02294-00(AC)-2014, 44001 -23-31-000-201400040-01(AC)-2015 y 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC)-2018.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa precedente, la autoridad judicial accionada omitió su aplicación, lo que afectó de manera directa sus derechos fundamentales14.

6.6. El tribunal no valoró de manera adecuada las pruebas aportadas dentro del proceso ni consideró el impacto real y permanente de la vulneración de sus derechos fundamentales. Esta omisión constituye un defecto sustantivo, así como una violación directa de la Constitución, conforme con lo establecido por el Consejo de Estado15.

6.7. La negativa del tribunal en el proceso de reparación directa atinente a estudiar de fondo el asunto con fundamento en la configuración de la cosa juzgada formal vulnera sus de rechos fundamentales del debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la salud y a la dignidad humana. Adicionalmente, en sede constitucional se desconoce el carácter excepcional de la solicitud de tutela en escenarios de violaciones graves, continuas y persistentes de derechos

administración de justicia, a la salud y a la dignidad humana. Adicionalmente, en sede constitucional se desconoce el carácter excepcional de la solicitud de tutela en escenarios de violaciones graves, continuas y persistentes de derechos fundamentales. El Consejo de Estado ha precisado que, en estos casos, la tutela adquiere plena procedencia para ev itar la consolidación de afectaciones irreparables16.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 17 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 18, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado 19 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

14 Sentencia con radicado 11001031500020250131601. 15 Sentencia con radicado 11001031500020250168700. 16 Sentencia con radicado 88001-23-33-000-2014-00021-01(AC)-2014.

14 Sentencia con radicado 11001031500020250131601. 15 Sentencia con radicado 11001031500020250168700. 16 Sentencia con radicado 88001-23-33-000-2014-00021-01(AC)-2014. 17 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 20. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo21 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constituc ional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

12. Ahora bien, la Corte Constitucional22 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, e l cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos

haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 23, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos

20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 22 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 23 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06001-01

Demandante: Jonatan Camilo González Sosa fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal

fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales24.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

15. De conformidad con el escrito de impugnación, l a Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Jonatan Camilo González Sosa cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

18. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término razonable y proporci onado contado desde la acción u omisión generadora de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, « se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cer niría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»25.

19. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU -499 de 2016

mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»25.

19. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU -499 de 2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó ent