CE - Sentencia 11001031500020250601700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

Accionante: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza meramente legal y económica y se utiliza como un recurso o instancia adicional al proceso ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el departamento del Valle del Cauca, en contra de la sentencia proferida el 20 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 76001 33 33 017 2024 00080 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El departamento del Valle del Cauca , actuando a través de apoderada, promovió acción de tutela en contra de la providencia indicada supra y formuló las siguientes pretensiones1:

1. SÍNTESIS DEL CASO

El departamento del Valle del Cauca , actuando a través de apoderada, promovió acción de tutela en contra de la providencia indicada supra y formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Que se declare que la Sala No. 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la Sentencia No. 121 del 20 de mayo de 2025, dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado número 76001 -33-33-0172024-00080, vulneró el derecho al debido proceso en su (sic) en sus elementos estructurales a la defensa y contradicción, así como el principio de igualdad procesal en perjuicio de mi representada.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por el Departamento del Valle del Cauca y se ordene al Tribunal Administrativo del Valle, proferir nuevo fallo, en el cual se realice una valoración probatoria i ntegral, teniendo en cuenta las razones

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

Accionante: Departamento del Valle del Cauca

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anteriormente expuestas. […].” (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela.)

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anteriormente expuestas. […].” (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que el 7 de febrero de 2023 la señora Luz Elena Valencia López presentó derecho de petición solicitando la certificación de tiempos de servicio a través de la plataforma denominada “Humano en Línea”.

Advirtió que, frente a dicha solicitud de certificación de tiempos de servicio, “esta constituye un trámite independiente y previo, que no habilita por sí solo el inicio del procedimiento prestacional. Por lo tanto, no puede considerarse que con dicha solicitud se active el cómputo de términos para resolver una prestación, los cuales solo se cuentan a partir de la radicación completa de la solicitud con todos los requisitos exigidos”2.

Señaló que, el 3 de marzo de 2023, la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca dio respuesta a la solicitud expidiendo la certificación laboral y de servicios a través del mencionado sistema “Humano en línea”.

Manifestó que el 9 de mayo de 2023, la señora Valencia López radicó la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías por primera vez, la cual fue devuelta por no cumplir con los requisitos legales requeridos.

Anotó que el 28 de mayo de 2023 la señora Valencia López allegó la documentación faltante y mediante la Resolución nro. VALLEV2023000140 del 23 de junio de 2023 se ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas.

Indicó que el 26 de julio de 2023 la Fiduprevisora pag ó los valores reconocidos en

se ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas.

Indicó que el 26 de julio de 2023 la Fiduprevisora pag ó los valores reconocidos en el precitado acto administrativo por lo que sostuvo que “entre la primera radicación de la solicitud de cesantías parciales (09/05/2023), hasta el pago por parte de Fiduprevisora S.A. (26/06/2023), solamente transcurrieron 52 días hábiles, es decir un término inferior al señalado por la Ley y la jurisprudencia para el reconocimiento y pago de una sanción moratoria (70 días)”3.

Continuó relatando que, el 23 de noviembre de 2023, la señora Luz Elena Valencia López, actuando por conducto de apoderado, radicó escrito ante la entidad solicitando el pago de la sanción moratoria por el presunto retraso en el pago de las cesantías parciales, la cual fue despachada desfavorablemente por medio del oficio nro. 1.210.30-10-2023288290 del 7 de diciembre de 2023.

Expuso que “el 5 de abril de 2024, el apoderado judicial de la señora LUZ HELENA VALENCIA LÓPEZ presentó demanda solicitando el pago de una sanción moratoria

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

Accionante: Departamento del Valle del Cauca

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3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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por supuesta mora en la cancelación de cesantías. No obstante, en su escrito omitió deliberadamente mencionar la respuesta emitida a su petición del 23 de noviembre de 2023, contenida en el Oficio No. 1.210.30 -102023288290 del 7 de diciembre del mismo añ o, generando así una apariencia de silencio administrativo negativo. Adicionalmente, incurrió en una afirmación inexacta al señalar que la solicitud de pago fue radicada el 8 de febrero de 2023, cuando en realidad los documentos requeridos fueron allegados apenas el 9 y 28 de mayo de 2023, con lo cual intentó crear una falsa premisa sobre el inicio del cómputo de términos para el reconocimiento prestacional”4.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia del 19 de diciembre de 2024 negó las pretensiones al considerar que “ (…) no se ha presentado mora en el pago de las cesantías, pues bien es cierto el acto administrativo fue expedido por fuera de término, su pago se dio dentro de los 70 días hábiles que establece la norma para su pago (…)”5.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en sentencia del 20 de

su pago (…)”5.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en sentencia del 20 de mayo de 2025 la revocó y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.

Aseguró que “el despacho interpretó erróneamente la información contenida en la captura de pantalla del sistema Humano en Línea, al concluir que la radicación de la solicitud de cesantías parciales se produjo el 3 de marzo de 2023 - fecha en la que, en realidad, la Sec retaría de Educación expidió la certificación de tiempos de servicio -, desconociendo que dicha actuación corresponde a una petición previa, independiente y no habilitante por sí sola para iniciar el trámite prestacional”6.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ CONCEPTO DE VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL”, alegó que la sentencia acusada vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la entidad “al configurarse dos de los defectos especiales señalados por la Corte: el defecto fáctico, por una valoración errónea de los medios de prueba que alteró el fundamento de la decisión, y el error inducido, al haber sido llevado a equívoco por la información errada suministrada por la parte demandante, sin ejercer un control razonable sobre la veracidad de dicha información”7.

Frente al defecto fáctico, adujo que el tribunal accionado incurrió en dicho yerro al interpretar de manera equivocada los medios de prueba allegados al proceso, en particular la captura de pantalla del sistema “Humano en Línea”.

Sostuvo que “el Tribunal, inducido por la parte accionante, confundió los autores y

interpretar de manera equivocada los medios de prueba allegados al proceso, en particular la captura de pantalla del sistema “Humano en Línea”.

Sostuvo que “el Tribunal, inducido por la parte accionante, confundió los autores y la naturaleza de las actuaciones registradas en dicha plataforma, al concluir

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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erradamente que la señora Luz Helena Valencia radicó su solicitud de cesantías parciales el 3 de marzo de 2023. En realidad, en esa fecha fue la Secretaría de Educación quien actuó, al expedir la certificación de tiempos de servicio, actuación que no puede ser atribuida a la peticionaria ni p uede considerarse como fecha de radicación formal de su solicitud”8.

Agregó que “el Tribunal incurrió en otro yerro fáctico al señalar que el 9 de mayo de 2023 correspondía al pronunciamiento de la entidad accionada, cuando en verdad esa es la fecha en la que la parte demandante radicó por primera vez, su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías”9.

Argumentó que “estas confusiones probatorias no son menores ni accesorias, pues alteran de manera sustancial el marco fáctico que sirvió de fundamento a la decisión, especialmente en lo que respecta al cómputo del término de los 70 días hábiles para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías, determinante para

alteran de manera sustancial el marco fáctico que sirvió de fundamento a la decisión, especialmente en lo que respecta al cómputo del término de los 70 días hábiles para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías, determinante para establecer la supuesta configuración de mora y, por ende, la condena por sanción moratoria”10.

A su turno, en cuanto al error inducido, explicó que “ se configura de manera clara dicho defecto, toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue objeto de una inducción al error por parte de los apoderados de la señora Luz Helena Valencia, quienes, de forma reiterada y estratégica, distorsionaron el contexto cronológico y procesal de las actuaciones administrativas, particularmente en relación con las fechas relevantes para establecer la radicación efectiva de la solicitud de cesantías y el cómputo del término legal para su reconocimiento”11.

Precisó que “el error al cual fue inducido el alto tribunal fue el de atribuirle falsamente a la demandante la radicación de la solicitud de cesantías el día 3 de marzo de 2023, cuando en realidad esa fecha corresponde a una actuación de la Secretaría de Educación, con sistente en la expedición de la certificación de tiempos de servicio, trámite previo y necesario, pero que en ningún caso constituye la radicación formal de la petición por parte del docente . Asimismo, como fecha del pronunciamiento de la entidad accionada el 9 de mayo de 2023, cuando en realidad dicha fecha marca el momento en que la peticionaria radicó por primera vez su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías”12.

Arguyó que “ esta distorsión no solo alteró el análisis probatorio del Tribunal , sino

dicha fecha marca el momento en que la peticionaria radicó por primera vez su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías”12.

Arguyó que “ esta distorsión no solo alteró el análisis probatorio del Tribunal , sino que indujo al error al ad quem, al hacerle confundir las actuaciones de las partes, el origen de las fechas relevantes, y el punto de partida del cómputo legal para establecer la supuesta mora en el pago”13.

8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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Finalmente, frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, aseveró que su solicitud de amparo (i) reviste de relevancia constitucional, en la medida en que, bajo su consideración, el tribunal accionado trasgredió las garantías del derecho fundamental al debido proceso al incurrir en defecto fáctico, por una valoración errónea de los medios de prueba que alteró la decisión, y en error inducido, al haber sido llevado a equívoco por una información errad a suministrada por la parte demandante; (ii) cumple con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los medios de defensa judicial y la acción de tutela es la única vía jurídica para remediar la vulneración del derecho al debido proceso de la entidad ; (iii) cumple con la

requisito de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los medios de defensa judicial y la acción de tutela es la única vía jurídica para remediar la vulneración del derecho al debido proceso de la entidad ; (iii) cumple con la inmediatez, debido a que la sentencia acusada fue proferida el 20 de mayo de 2025 y la presente acción constitucional se presentó el 25 de septiembre de 2025 ; (iv) identifica los hechos que generan la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso; y (v) no se trata de una tutela contra fallo de tutela.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 25 de septiembre de 202514 y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 6 de octubre de 202515 la admitió y dispuso notificar16 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular17 a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la sociedad Fiduprevisora S.A., a la señora Luz Elena Valencia López y al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 76001 33 33 017 2024 00080 00/01, el cual fue remitido18.

3.2. El titular del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali allegó

2024 00080 00/01, el cual fue remitido18.

3.2. El titular del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali allegó escrito19 en el que , inicialmente, hizo un breve recuento del trámite impartido al proceso y luego manifestó que “este despacho no ha vulnerado el derecho al debido proceso al Departamento del Valle del Cauca, pues el trámite se realizó con apego

14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 16 Esta orden se cumplió el 9 de octubre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 17 Ibidem. 18 Visto en los índices 8, 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 19 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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a las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, para finalmente negar las pretensiones de la demanda”.

Resaltó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión proferida en primera instancia por el despacho a su cargo, por lo que, por auto del 3 de julio de 2025 se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior.

3.3. La profesional especializada de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional presentó escrito20 en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y se desvincule a dicho ministerio del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa.

Señaló que “este Ministerio no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada, en consecuencia no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela, pues los conflictos allegados a esta acc ión, se circunscriben a las actuaciones y decisiones emitidas por otro organismo y/o entidad, alegaciones las cuales deben ser dirimidas de acuerdo a la establecido en la normativa que rodea el asunto, y una vez revisada la misma, es claro que este Ministerio de Educación no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto”.

3.4. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia cuestionada rindió informe21 en el que sostuvo que, en el presente caso, no se configuran las causales generales ni específicas para la procedibilidad de la acción de tutela contra

3.4. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia cuestionada rindió informe21 en el que sostuvo que, en el presente caso, no se configuran las causales generales ni específicas para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Indicó que “en dicha providencia, se analizó el argumento esbozado por el apelante, así como las pruebas recaudadas y se aplicó el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. De esta forma, se considera que la providencia de la Sala de Decisión se encuentra ajustada a derecho y no vulnera los derechos fundamentales del accionante”.

Alegó que “el accionante pretende hacer de esta acción constitucional una tercera instancia dentro del proceso ordinario, con el fin de seguir discutiendo interpretaciones y/o apreciaciones de aspectos jurídico -fácticos que ya fueron debatidos y decididos por la Sala de Decisión”.

Finalmente anotó que, “si la parte accionante considera que en el proceso ordinario se cometió alguna irregularidad procesal, probatoria y/o jurídica, tiene a su disposición los recursos extraordinarios dispuestos por la ley, los cuales no ha agotado”.

20 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 21 Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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3.5. La jefe de la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales de Fiduprevisora S. A. allegó escrito22 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.

Expuso que “la FIDUPREVISORA S.A no es responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de la actora, pues no existe nexo de causalidad entre la entidad y la omisión o acción o amenaza del derecho fundamental, por lo que se torna improcedente, por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva de la tutela”.

3.6. La señora Luz Elena Valencia López guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199123 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 24 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 25, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 26, modificado por el

artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 25, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 26, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:

4.2.1. La señora Luz Elena Valencia López, actuando por intermedio de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el departamento de Valle del Cauca y la Fiduprevisora S. A, con el fin que se declarara la existencia del acto ficto o presunto frente a la falta de respuesta al derecho de petición del 23 de noviembre de 2023 y, en consecuencia,

22 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00. 23 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 24 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.

25 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 26 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 27 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 76001 33 33 017 2024 00080 00/01. Visto en los índices 8, 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06017 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

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se declarara la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 24 de febrero de 2024.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de salario por cada día de retraso, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo

244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de salario por cada día de retraso, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia del 19 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la señora Valencia López interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 20 de mayo de 2025 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 238 del 19 de diciembre de 2024 del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, conforme lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación –

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 24 de febrero de 2024 que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de la señora Luz Elena Valencia López , equivalente a un (1) día de la asignación básica devengada por la docente al momento de la mora por cada día de retardo,

reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de la señora Luz Elena Valencia López , equivalente a un (1) día de la asignación básica devengada por la docente al momento de la mora por cada día de retardo, por el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2023 y el 25 de julio de 2023, para un total de 35 días de mora.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada cumplir este fallo en los términos del artículo 192 del CPACA. Los intereses moratorios se devengarán a partir de la ejecutoria de esta providencia en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 192 y 195 ibídem.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]” (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

Lo anterior, al considerar lo siguiente:

“[…] de las pruebas allegadas dentro del proceso se evidencia que la demandante inició el trámite para obtener los documentos requeridos para la radicación de la solicitud de cesantías el 7 de febrero de 2023 y radicó efectivamente los documentos el 3 de m arzo de 2023, sin embargo, la entidad no se pronunció sino hasta el 9 de mayo de 2023, pasados 2 mesesRadicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

Accionante: Departamento del Valle del Cauca

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y 3 días, sobre la validación de los documentos, que fueron devueltos para alguna corrección, como se observa a continuación:

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y 3 días, sobre la validación de los documentos, que fueron devueltos para alguna corrección, como se observa a continuación:

45. De lo anterior, se concluye que la entidad sobrepasó con creces el término de 10 días con el cual contaba para validar los documentos radicados por la demandante, conforme se desprende del parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022.

(…)

46. Así las cosas, asignar como fecha de radicación el día en que se validan los documentos contraviene lo dispuesto en la normativa transcrita, más aún cuando la entidad excede con creces los plazos establecidos para dicha validación.

47. Además, en los casos en que los documentos sean presentados de forma correcta y completa, lo lógico sería considerar como fecha de radicación aquella en que el docente los entrega, no cuando la Secretaría decide validarlos.

48. Lo anterior porque, para la Sala, la validación por parte de la Secretaría

solo suspende los términos en dos casos:

• Cuando se realiza dentro del plazo previsto de diez (10) días siguientes a la radicación de la solicitud y, • Cuando existen errores u omisiones en la información aportada por el docente.

49. En consecuencia, trasladar la fecha de radicación al momento de la validación no solo carece de fundamento normativo, sino que también desnaturaliza la finalidad del procedimiento, cuyo objetivo es garantizar que los términos corran sobre la base de la presentación efectiva y completa de los documentos.

50. Tampoco es viable la posición del demandante al establecer como fecha

desnaturaliza la finalidad del procedimiento, cuyo objetivo es garantizar que los términos corran sobre la base de la presentación efectiva y completa de los documentos.

50. Tampoco es viable la posición del demandante al establecer como fecha de radicación de solicitud el 7 de febrero de 2023, porque en ese momento solo se inició la recolección de los datos y documentos necesarios para formalizar la petición de cesantías, proceso que se asemeja al que tenía que desarrollar el docente de forma presencial ante las Secretarías de Educación previo a la implementación del aplicativo “Humano”.Radicación: 11001 03 15 000 2025 06017 00

Accionante: Departamento del Valle del Cauca

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

51. Por lo expuesto, la Sala estima que, en este caso, la fecha efectiva de la radicación de solicitud de cesantías fue el 3 de marzo de 2023, pues la validación de documentos no se realizó dentro del término establecido en la norma. A partir de esa fecha se h ará el estudio para establecer si existió o no existió mora en el pago.

52. En el presente caso la solicitud de retiro de cesantías se presentó el 3 de marzo de 2023, la Secretaría de Educación contaba con 15 días para expedir y notificar el acto administrativo -27 de marzo de 2023 -, el acto de reconocimiento se expidió por fuera del término, el 23 de junio de 2023.

(…)

55. Entonces, la mora se configuró entre el 21 de junio de 2023 y el 25 de

reconocimiento se expidió por fuera del término, el 23 de junio de 2023.

(…)

55. Entonces, la mora se configuró entre el 21 de junio de 2023 y el 25 de julio de 2023, para un total de 35 días de mora.

56. Ahora bien, el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022 dispone la responsabilidad compartida de las entidades territoriales con la fiduciaria que se encarga de manejar los recursos del Fomag.

57. Se observa, como ya fue anunciado, que la Secretaría de Educación retrasó la validación de documentos de la demandante durante 2 meses y 3 días, posteriormente la demandante radicó los docum