CE - Sentencia 11001031500020250602101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06021-011

Accionante : José Fermín Daza Rivero

Accionada : Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la

Vigilancia Administrativa

Vinculado : Ernesto Camilo Urbina Moscote Acción : Tutela Tema : Tutela contra acto administrativo / a coso laboral / auto que confirmó archivo de proceso disciplinario Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia, en la acción de tutela incoada por José Fermín Daza Rivero contra la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa , por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela ; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El accionante, a través de apoderado judicial, interpuso la presente tutela con el fin de

mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El accionante, a través de apoderado judicial, interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, igualdad , y acceso a la administración de justicia , que considera vulnerados por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa.

1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

Accionante: José Fermín Daza Rivero

Accionada: Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la

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Por consiguiente, solicitó:

[…] Sírvase, señores magistrados, como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales al tutelante JOSÉ FERMÍN DAZA RIVERO, revocar la decisión de archivo resuelta por la procuraduría Delegada, en segunda instancia y sus consideraciones, y en consecuencia, darle el proceso disciplinario iniciado y seguido contra ERNESTO CAMILO URBINA MOSCOTE, radicado con el No. IUS E-2018-368324/IUC D-2018-1223458, para que se prosiga la investigación disciplinaria y se culmine con las formalidades de ley, y sea sancionado por acoso laboral.

3. Sírvase, señores magistrados, en la decisión o fallo que defina la acción de tutela contra las decisiones de la procuraduría delegada, revocar la decisión de resolver el presunto recurso de apelación en la providencia de fecha 19 de junio de 2025, a que hacen referencia

las decisiones de la procuraduría delegada, revocar la decisión de resolver el presunto recurso de apelación en la providencia de fecha 19 de junio de 2025, a que hacen referencia los considerandos 3.4.10; 3.4.11 y 3.5.14.

4. Sírvase, señores magistrados de la sala, revocar la decisión de archivo del expediente radicado con el No. IUS E-2018-368324/IUC D-2018-1223458.

1.3. Hechos2.

En el escrito de tutela, se afirma que, José Fermín Daza Rivero fue vinculado al sector educativo del departamento del Cesar, como licenciado en matemáticas y físicas. Desde el año 2004, el señor Daza Rivero fue designado como profesor de aula en la Institución Educativa Las Flores del municipio de Agustín Codazzi.

Asegura el accionante que, entre el 2016 y el 2018, la rectoría de la Institución Educativa Las Flores, por medio del rector Ernesto Camilo Urbina Moscote, ejerció, en forma sistemática y permanente, actos de acoso laboral en contra de él, que comprendieron maltrato, discriminación e inequidad laboral tendientes a provocar su renuncia.

El señor Daza, a través de escrito del 23 de marzo de 2018, presentó, ante la Procuraduría Regional del Cesar, queja contra el señor Ernesto Camilo Urbina Moscote, por presunto acoso laboral. Mediante auto del 26 de diciembre de 2018, la Procuraduría Regional del departamento del Cesar ordenó iniciar indagación preliminar contra el rector de la institución educativa , para esclarecer los hechos de acoso laboral denunciados ,

por presunto acoso laboral. Mediante auto del 26 de diciembre de 2018, la Procuraduría Regional del departamento del Cesar ordenó iniciar indagación preliminar contra el rector de la institución educativa , para esclarecer los hechos de acoso laboral denunciados , dentro del proceso con radicado IUS E-2018368324/ IUC D-2018 1223458.

Mediante auto del 20 de febrero de 2023, la Procuraduría Regional ordenó la terminación de la actuación adelantada contra el señor Urbina debido a que, de un análisis integral de las pruebas, no evidenció la ocurrencia de hechos que deriven en faltas disciplinarias por parte del investigado . E l 10 de marzo de 2023, e sta decisión fue apelada por el quejoso; quien alegó la indebida valoración probatoria del expediente.

2 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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En auto del 5 de marzo de 2024, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa revocó la decisión de terminación y de archivo de la actuación, debido a que no se recaudó el suficiente material probatorio previo a ordenar la terminación del proceso , porque, las pruebas decretadas no eran las necesarias, conducentes y suficientes para probar los hechos objeto de queja.

actuación, debido a que no se recaudó el suficiente material probatorio previo a ordenar la terminación del proceso , porque, las pruebas decretadas no eran las necesarias, conducentes y suficientes para probar los hechos objeto de queja.

No obstante, mediante auto del 28 de junio de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ordenó nuevamente la terminación de la investigación previa , archivó las diligencias y advirtió que no procedía el recurso de apelación . Contra esa decisión, el actor interpuso el recurso de queja.

El 19 de junio de 2025, la Procuraduría Delegada Primera declaró mal negado el recurso de apelación que presentó el actor. Sin embargo, por economía procesal, en ese mismo acto, concluyó que no se evidenciaron hechos que configuraran faltas disciplinarias por parte del rector, y que prescribió la acción disciplinaria, dado que la presunta falta ocurrió el 15 de febrero de 2018 y el término de cinco años venció el 15 de febrero de 2023. De conformidad con lo expuesto, la Procuraduría Delegada confirmó la decisión de archivo.

1.4. Argumentos de la tutela.

El actor manifiesta que, si bien puso en conocimiento del titular nominador que venía siendo objeto de actos de acoso laboral desde el 2016 y agotó los requisitos de procedibilidad correspondientes, la Procuraduría Delegada no estableció los hechos constitutivos de acoso laboral, y omitió investigar y sancionar al señor Urbina Moscote . En su lugar, el ente investigador archivó indebidamente el proceso disciplinario, el día 2

constitutivos de acoso laboral, y omitió investigar y sancionar al señor Urbina Moscote . En su lugar, el ente investigador archivó indebidamente el proceso disciplinario, el día 2 de mayo de 2023 (decisión que fue revocada tras su apelación , por indebida valoración probatoria) y, el 28 de junio de 2024 , optó por terminar la investigación previa. Esto con el agravante consistente en que le notificó al señor Daza Rivero que , contra esa última decisión, no procedía recurso de apelación. Aunque la misma fue revocada en el trámite de la queja en a uto del 19 de junio de 202 5, se concluyó que había prescrito la acción disciplinaria y se le impidió entonces al quejoso el ejercicio efectivo de la apelación.

En su concepto, la Procuraduría Delegada desconoce el precedente de la Corte Constitucional según el cual la no asignación de la carga académica a un docente constituye un acto de persecución laboral que, al estar regulado por la Ley 1010 de 2006, no está sujeto a términos prescriptivos. Además, estima que constituye una vulneración de su derecho de defensa el auto del 19 de junio de 2025 en el que concedió y, al mismoAcción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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tiempo, resolvió negativamente el recurso de apelación . En ese sentido, solicitó que se

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tiempo, resolvió negativamente el recurso de apelación . En ese sentido, solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales , en calidad de quejoso , al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, mediante auto del 26 de septiembre de 2025 3, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa como parte accionada, y vincular como tercero con interés al señor Ernesto Camilo Urbina Moscote.

2.1. Contestación de la acción.

2.1.1. La Procuraduría General de la Nación4 informó que, el Régimen Disciplinario está dotado de herramientas que aseguran una participación activa de los sujetos procesales en el desarrollo de la actuación disciplinaria, encaminadas a garantizar sus derechos de defensa y contradicción. Entre esas herramientas, se encuentra la revocatoria directa que permite al Procurador General de la Nación revocar los autos de archivo , conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 1952 de 2019. En consecuencia, el ente de control solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no haber agotado e l requisito de subsidiariedad a través de la revocatoria directa del auto.

2.2. Respuesta del vinculado.

solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no haber agotado e l requisito de subsidiariedad a través de la revocatoria directa del auto.

2.2. Respuesta del vinculado.

2.2.1. El señor Ernesto Camilo Urbina Moscote guardó silencio frente a la tutela, pese a que fue debidamente notificado de ella.

2.3. Sentencia de primera instancia5.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de octubre de 2025, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Esto en la medida en que, el actor podía promover la revocatoria directa en contra del auto del 19 de junio de 2019 que confirmó la decisión de archivo del proceso disciplinario.

3 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 4. 4 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 9. 5 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 16.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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2.4. Impugnación6.

La parte actora, en desacuerdo con la decisión, manifestó que , contrario a lo argumentado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , la declaratoria de improcedencia de la acción desconoce sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, porque la decisión de archivo significa que la Procuraduría

argumentado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , la declaratoria de improcedencia de la acción desconoce sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, porque la decisión de archivo significa que la Procuraduría General de la Nación inaplicó indebidamente la Ley 1010 de 200 6 y no cumplió con establecer los hechos constitutivos de acoso laboral.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80 del 12 de marzo del 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; y, de ser así, si la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del accionante, al resolver el recurso de queja y apelación en una misma providencia, sin permitirle sustentar la apelación, y al presuntamente haber omitido investigar al rector por los hechos constitutivos de acoso laboral y, en su lugar, haber archivado indebidamente el proceso disciplinario adelantado en su contra.

3.3. La acción de tutela.

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de

6 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 20. 7 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 9 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 10 «Reglamento interno del Consejo de Estado».Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos , respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que, si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho11.

3.4. La acción de tutela contra actos administrativos.

La Corte Constitucional ha referido, en constante jurisprudencia, que en general la acción de tutela es improcedente para atacar actos administrativos «en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) (sic) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) (sic) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios» 12,

las reviste; y (iii) (sic) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios» 12, ello impide que, de acuerdo con dicha calificación, pueda realizarse un análisis de fondo frente a las pretensiones que estén relacionadas con afectar la existencia de los actos acusados.

Pero, tratándose la acción de tutela de un medio diseñado para defender los derechos constitucionales de quienes acuden a ella y en prevención a las eventuales actuaciones arbitrarias que pudiesen ocasionarse en el ejercicio del poder público, la misma jurisprudencia constitucional ha indicado que, en casos excepcionales, este mecanismo constitucional puede ser procedente bajo las siguientes condiciones13:

1. Que el medio propuesto no sea idóneo ni eficaz, en cuyo caso la protección constitucional se otorgará de manera permanente.

11 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 12 Corte Constitucional, sentencia T 149 del 2023. 13 De acuerdo con lo prescrito en la sentencia SU-691 de 2017.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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1. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, en cuyo caso se declarará improcedente la acción. iii. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, pero exista un riesgo inminente que

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1. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, en cuyo caso se declarará improcedente la acción. iii. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, pero exista un riesgo inminente que se deba conjurar, ante lo cual la protección será de manera transitoria.

Estas condiciones implican, al menos a un nivel superficial, la verificación de la idoneidad de la acción, es decir, que pueda cumplir con el objetivo buscado por el actor, la efectividad, que implica que con la acción se puede alcanzar dicho objetivo en u n plazo razonable y de manera definitiva y por último, la ausencia de configuración de un riesgo inminente a los derechos constitucionales, entendido como amenaza actual, real y con la potencialidad de lesionar enormemente el derecho fundamental invocado.

3.5. Subsidiariedad de la acción de tutela.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con d icha regla el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común14.

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o

correspondiente regulación común14.

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico 15. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia16.

Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos

14 Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 15 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones». 16 Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo17.

No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la

el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sob re las consideraciones de índole formal18.

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado19.

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad20.

En el caso particular de los actos administrativos de carácter disciplinario expedidos por

tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad20.

En el caso particular de los actos administrativos de carácter disciplinario expedidos por la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional, en sentencia SU -355 de

17 Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 18 Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 19 Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 20 Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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201521, indicó que la exigencia de subsidiariedad se encuentra determinada por dos reglas. Por un lado, una regla de exclusión de procedencia que establece que debe declararse la improcedencia de la tutela cuando se verifique la existencia, en el ordenamiento, de un medio judicial para defenderse de una agresión iusfundamental. Por otro lado, una regla de procedencia transitoria que permite la admisión de la tutela cuando, a pesar de existir tales medios judiciales, tiene por objeto evitar un perjuicio irremediable.

3.5 Solución al caso concreto.

otro lado, una regla de procedencia transitoria que permite la admisión de la tutela cuando, a pesar de existir tales medios judiciales, tiene por objeto evitar un perjuicio irremediable.

3.5 Solución al caso concreto.

3.5.1. Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de tutela.

En el caso sub judice, corresponde a esta Sala (i) examinar si el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales y, de ser así, (ii) valorar su idoneidad y eficacia, a la luz de las circunstancias particulares. En caso de acreditar que dichos mecanismos son idóneos y eficaces, se deberá valorar la acreditación de un perjuicio irremediable.

La parte actora indicó , en su escrito de tutela que, su inconformidad se origina en la decisión de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, adoptada mediante acto del 19 de junio de 2025 , por la que concedió el recurso de apelación y lo resolvió concluyendo que había prescrito la acción disciplinaria contra el señor Urbina Moscote y que lo procedente era entonces el archivo del proceso disciplinario con radicado No. IUS E-2018-368324/IUC D-2018-1223458. En su concepto, este acto administrativo es la materialización de

actuaciones y omisiones del ministerio público flagrantemente contrarios a la ley 1010 de 2006, a los tratados internacionales ratificados por Colombia, específicamente l [sic] de derechos humanos; al artículo 93 de la Constitución Nacional, considero vuln erados los

actuaciones y omisiones del ministerio público flagrantemente contrarios a la ley 1010 de 2006, a los tratados internacionales ratificados por Colombia, específicamente l [sic] de derechos humanos; al artículo 93 de la Constitución Nacional, considero vuln erados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al proceso justo a la buena fe y demás derechos que resulten probados.

Es decir que el actor considera que el acto administrativo en cuestión es manifiestamente contrario a la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y la ley, y que le causa un agravio injustificado en términos de vulneración de sus derechos fundamentales.

21 M.P. Mauricio González Cuervo.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06021-01

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La Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) contiene las reglas de la actuación disciplinaria desarrollada por la Procuraduría General de la Nación. Esta norma contempla la revocatoria directa como instrumento de control de los procesos de esa índole, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 141. Procedencia de la revocatoria directa. Los fallos sancionatorios que dicten las personerías y oficinas de control interno disciplinario podrán ser revocados de oficio o a petición del interesado, por la Procuraduría General de la Nación, segú n las competencias internas.

las personerías y oficinas de control interno disciplinario podrán ser revocados de oficio o a petición del interesado, por la Procuraduría General de la Nación, segú n las competencias internas.

Igualmente, de oficio o a petición del quejoso, de las víctimas o perjudicados, la Procuraduría General de la Nación podrá revocar el fallo absolutorio o el archivo de la actuación cuando se trate de faltas que constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El quejoso, las víctimas o perjudicados podrán solicitar la revocatoria directa dentro de los cuatro (4) meses siguientes al conocimiento de la respectiva decisión (Énfasis de la Sala).

Así, la revocatoria directa se constituye en una herramienta propia de la Procuraduría General de la Nación , que, sin embargo, puede ser empleada a petición del quejoso, víctimas o perjudicados por actos de acoso laboral, para revocar fallos sancionatorios, absolutorios o de archivo, que se profieran en el marco a raíz de las investigaciones adelantadas por esa autoridad.

El señor Daza Rivero, en tanto ostenta la calidad de víctima de conductas que él denunc