CE - Sentencia 11001031500020250602200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: JESÚS DAVID SALAZAR LOSADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y, además, se pretende reabrir el debate zanjado en el proceso de origen.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jesús David Salazar Losada contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 25 de septiembre de 20251, el señor Jesús David Salazar Losada interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de

1. El 25 de septiembre de 20251, el señor Jesús David Salazar Losada interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con motivo de la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33003-2021-00526-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de trato de mi poderdante JESUS DAVID

SALAZAR LOSADA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDOS Y LEGALES, la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el número 18001-33-33-003-202100526-01.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, que dentro del término que considere su señoría, proceda a emitir una nueva

1 Se advierte que el 16 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 sentencia que se ajuste al postulado de justicia y que sea plenamente coherente con el problema jurídico planteado, esto es, que se refiera única y exclusivamente a la diferencia que señala el Gobierno Nacional como remuneración básica mensual, en los decr etos anuales con los que señala el régimen salarial y prestacional de los Procuradores Judiciales I y Jueces del Circuito de la Rama Judicial.

TERCERA SUBSIDIARIA: De considerar que el problema jurídico comprende todos los ingresos laborales de los empleos en comparación, SE ORDENE al Tribunal Administrativo de Caquetá, efectuar un análisis completo que abarque de manera cierta los ingresos mensuales y anuales de Jueces del Circuito de la Rama Judicial y de los Procuradores Judiciales I Penales de la Procuraduría

General de la Nación, teniendo en cuenta:

✓ El ilegal fraccionamiento del salario básico mensual legal de cada empleo. ✓ El porcentaje que cada entidad aplicó para establecer la prima especial mensual de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 -esto reflejó una disminución del salario. ✓ Cuáles son los factores salariales, prestaciones sociales y prestaciones mixtas que devenga un Procurador Judicial I y un Juez del Circuito de la Rama Judicial. ✓ Por qué los Procuradores Judiciales I Penales perciben una bonificación judicial superior a la que perciben los demás Procuradores Judiciales I, orientado a establecer un test de equidad, favorabilidad y funciones y responsabilidades.

✓ Por qué los Procuradores Judiciales I Penales perciben una bonificación judicial superior a la que perciben los demás Procuradores Judiciales I, orientado a establecer un test de equidad, favorabilidad y funciones y responsabilidades. ✓ De igual manera, se acceda a las pretensiones, en cuanto a los efectos fiscales del acto de posesión de mi mandante, desde el día efectivo de la misma.

2. De la demanda de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Jesús David Salazar Losada se vinculó al servicio de la Procuraduría General de la Nación en el cargo de procurador judicial I, código 3PJ, grado EG, adscrito a la Procuraduría 323 Judicial I para asuntos penales de Florencia.

4. Inconforme con su remuneración, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de obtener la nivelación salarial en relación con los jueces del Circuito de la Rama Judicial, dado que, considera que existe una diferencia negativa, desde la expedición de los Decretos 186 y 194 de 2014, que fijaron el salario para los cargos de procurador judicial I y jueces del circuito, respectivamente, en valores disímiles, así: $5.992.084 para el primer cargo, y $6.093.848 para el segundo.

5. Al proceso le correspondió el radicado 18001-33-33-003-2021-00526-01 y, en primera instancia , lo conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia

(Caquetá), que , mediante sentencia del 29 de junio de 2023 , accedió a las pretensiones y ordenó el reajuste pretendido.

primera instancia , lo conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia (Caquetá), que , mediante sentencia del 29 de junio de 2023 , accedió a las pretensiones y ordenó el reajuste pretendido.

6. Inconforme con la decisión, la Procuraduría General de la Nación la apeló, por considerar que no existía la diferencia salarial reclamada. Por su parte, el accionante presentó recurso en lo relacionado con la fecha de efectividad de su posesión en el cargo de procurador judicial I.

7. En segunda instancia , el Tribunal Administrativo de l Caquetá revocó la providencia impugnada, a través de sentencia del 10 de abril de 2025, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

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8. La parte actora señaló que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para censurar providencias judiciales, y sostuvo que la sentencia objeto de reproche incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.

9. Concretamente, señaló que el Tribunal accionado erró en la interpretación del artículo 280 Superior, dado que consideró que la comparación de la remuneración asignada a ambos cargos debía hacerse bajo el entendido de que aquella, se refiere a todo lo que se percibe como contraprestación directa del servicio y no solo a la asignación básica, puesto que dichos conceptos no pueden equipararse.

asignada a ambos cargos debía hacerse bajo el entendido de que aquella, se refiere a todo lo que se percibe como contraprestación directa del servicio y no solo a la asignación básica, puesto que dichos conceptos no pueden equipararse.

10. No obstante, la autoridad judicial accionada no se preocupó por analizar las razones de la diferencia de los montos de las asignaciones, ni se refirió a las sumas percibidas por ambos cargos, por concepto de salarios, prestaciones sociales, y conceptos mixtos, p ues, de haberlo hecho, se habría percatado de que ambos empleos tienen asignados los mismos conceptos, y por lo tanto, la demanda únicamente se orientó a comparar el salario como remuneración mensual.

11. Asimismo, reprochó que la autoridad accionada desconoció que los cargos tienen asignados otros emolumentos que también tienen connotación salarial, como la bonificación por servicios prestados y la prima especial, los cuales, dicho sea de paso, también fueron liquidados de manera incorrecta, pues para los empleados de la Rama Judicial se reconocieron en un 23% y para los servidores de la Procuraduría se cancelaron en un 30%.

12. Aunado a lo anterior, es evidente que la diferencia en el monto del salario afecta la liquidación de las prestaciones sociales, tales como las primas de servicios, vacaciones y de navidad, las cesantías y la bonificación por servicios prestados.

13. De otra parte, señaló que el Tribunal accionado negó el reconocimiento de los efectos fiscales del acto de posesión y condenó en costas al señor Salazar Losada, desconociendo con ello, la jurisprudencia aplicable sobre la materia.

B. Trámite impartido e intervenciones

efectos fiscales del acto de posesión y condenó en costas al señor Salazar Losada, desconociendo con ello, la jurisprudencia aplicable sobre la materia.

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 1º de octubre de 2025, se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, al procurador general de la Nación, toda vez que la entidad que representa intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001 -33-33-003-2021-00526 00/01 .

También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

15. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá no presentaron informe alguno, pese a haber sido notificados en debida forma.

16. La Procuraduría General de la Nación intervino para señalar que se opone a las pretensiones de amparo y solicitó que se le excluya del litigio, en razón a que la entidad no tiene la facultad de definir el régimen salarial de sus servidores, todaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 vez que dicha competencia está reservada al el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 4ª de 1992.

17. Frente a los efectos de la posesión, adujo que estos no necesariamente deben

www.consejodeestado.gov.co 4 vez que dicha competencia está reservada al el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 4ª de 1992.

17. Frente a los efectos de la posesión, adujo que estos no necesariamente deben coincidir con la fecha en que se cumple el acto físico de la toma de juramento.

Además, en el acto de posesión, que data del 1º de septiembre de 2016, se consignó que los efectos fiscales se causarían a partir del día siguiente, esto es, a partir del 2 de septiembre de 2016.

18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

20. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. S olo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales del señor Jesús David Salazar Losada.

E. Análisis de la Sala

judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales del señor Jesús David Salazar Losada.

E. Análisis de la Sala

21. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

22. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 2 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este

2 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

www.consejodeestado.gov.co 5 instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

23. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que no cumple con la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar providencias judiciales.

24. En efecto, la parte actora se limitó a afirmar que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la providencia censurada, pues, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, pero no se detuvo a explicar ni a fundamentar las razones por las cuales considera que se configuran tales vicios.

25. Es cierto que el accionante alegó la presunta interpretación errónea del artículo 280 Superior; sin embargo, se insiste, no expuso razonadamente en qué consistió el yerro alegado, más allá de manifestar que, a su juicio, la autoridad judicial accionada adecuó incorrectamente el problema jurídico a resolver, sin explicar a qué se debe esa acusación.

26. Así mismo, refirió que el Tribunal demandado debió analizar las pruebas allegadas de cara a los emolumentos que tienen la connotación de salario tanto para el cargo de procurador judicial I como para el de juez del circuito ; no obstante, no indicó con precisión cuáles fueron los medios de prueba que se dejaron de valorar o los que, en su criterio, se apreciaron erróneamente.

27. Lo anterior evidencia que, más allá de la discrepancia con el criterio acogido

indicó con precisión cuáles fueron los medios de prueba que se dejaron de valorar o los que, en su criterio, se apreciaron erróneamente.

27. Lo anterior evidencia que, más allá de la discrepancia con el criterio acogido por la autoridad judicial, la parte actora no propone un debate iusfundamental que amerite abordar el estudio de la controversia en este escenario constitucional.

28. Es decir, que, aunque el desacuerdo con la providencia judicial es evidente, los argumentos expuestos carecen de una carga argumentativa suficiente para que el juez de tutela realice un estudio de fondo, toda vez que la parte actora no se ocupó de detallar las razones por las cuales considera que la s providencias judiciales censuradas incurrieron en la violación de sus garantías superiores

29. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial no puede limitarse a identificar de manera escueta alguna de las causales específicas de procedencia . Por el contrario, es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un discernimiento cuidadoso y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales3.

30. No basta, pues, con que la parte demandante alegue la vulneración de sus derechos fundamentales para considerar que se cumple con el primer elemento del

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380derechos fundamentales para considerar que se cumple con el primer elemento del

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-0038000, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 requisito de relevancia constitucional. Es necesario que el vicio endilgado a la providencia judicial se sustente de manera amplia y razonada, a fin de que el juez constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si , en efecto, una decisión judicial vulnera o no derechos fundamentales.

31. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que el señor Salazar Losada pretende revivir el debate suscitado en el proceso de origen, relativo a: (i) determinar si la remuneración asignada al cargo de procurador judicial I, desempeñado por él, es equivalente a la establecida para el cargo de juez de circuito, en cumplimiento del precepto previsto en el artículo 280 de la Constitución Política —cuestión que ya fue analizada de fondo por el juez ordinario de la causa—; y (ii) a establecer los efectos fiscales de su posesión en el cargo.

32. En efecto, en sentencia del 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Procuraduría General de la Nación contra la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el

Caquetá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Procuraduría General de la Nación contra la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, decidió revocar la condena impuesta en primera instancia, y , en su lugar, neg ar la nivelación salarial pretendida, con fundamento en los siguientes argumentos:

En el caso de la remuneración de los procuradores judiciales y los jueces ante los cuales aquellos ejercen sus funciones, la regla de igualdad salarial opera de forma distinta dado que, aunque no realizan funciones idénticas, la Constitución Política, en s u artículo 280, los equipara en derechos, remuneración y prestaciones, de manera que no puede existir un trato salarial diferenciado entre estas categorías de servidores, so pena de, además de desconocerse el referido canon superior, vulnerar el principio de «a trabajo igual, salario igual».

Pues bien, esta igualdad se predica por mandato constitucional en los siguientes términos: (…)

De modo que se consagra una equiparación entre los agentes del Ministerio Público y los magistrados o jueces ante los que ejercen sus funciones, entre otros aspectos, en lo que denomina la norma como «remuneración».

Conviene precisar que la citada equiparación no atañe al amplio concepto del Ministerio Público dispuesto en los artículos 113 y 117 de la Constitución [Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Procuradores delegados y los agentes del Minister io Público ante las autoridades jurisdiccionales, los personeros municipales y demás funcionarios que establezca la Ley], en tanto, está limitado a aquellos que actúen de manera

delegados y los agentes del Minister io Público ante las autoridades jurisdiccionales, los personeros municipales y demás funcionarios que establezca la Ley], en tanto, está limitado a aquellos que actúen de manera permanente ante los magistrados y jueces que ejercen la función jurisdiccional. Al respecto en C 214 de 2024, la Corte Constitucional acotó: (…)

Así mismo, en la citada providencia la Corte advirtió que «cualquier sistema jurídico debe lidiar con los problemas de indeterminación de sentido, propios de todo lenguaje natural, a saber: la ambigüedad, la vaguedad o la textura abierta», sin ser la excep ción las normas constitucionales que «suelen emplear un lenguaje más indeterminado y abierto, para así dar cuenta de los consensos sociales fundamentales», por lo que resulta necesario entenderlas sistemáticamente, incluso, acudir a normas de menor rango q ue permitan, sin modificar su sentido, comprender con mayor claridad su contenido o alcance.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En este contexto, con mediana claridad puede concluirse que por remuneración la norma constitucional se refiere a la contraprestación a la que tienen derecho los funcionarios por la prestación de sus servicios.

Con mayor claridad se arriba a dicha conclusión, si se tiene en consideración lo dispuesto por las normas del Código Sustantivo del Trabajo que en su artículo 127 define los elementos que integran el salario en los siguientes términos: (…)

Con mayor claridad se arriba a dicha conclusión, si se tiene en consideración lo dispuesto por las normas del Código Sustantivo del Trabajo que en su artículo 127 define los elementos que integran el salario en los siguientes términos: (…)

Nótese que la norma citada integra como «contraprestación directa del servicio» todo lo que percibe el trabajador en dinero o especie y que ingresa a su patrimonio a título oneroso, sin distinción del nombre que adopte o se le asigne.

33. Con fundamento de su decisión, la autoridad judicial accionada concluyó que la igualdad predicada por el artículo 280 de la Constitución Política , entre la remuneración percibida por los agentes del Ministerio Público y los magistrados y jueces ante quienes ejerzan su cargo, no debe analizarse únicamente de cara a lo percibido por concepto del salario básico, sino que también debe comprender todos aquellos conceptos que el servidor perciba como contraprestación directa del servicio.

34. A partir de esa conclusión, el Tribunal Administrativo del Caquetá analizó el caso concreto, y tras realizar un recuento del material probatorio y del régimen legal aplicable, determinó que no le asistía razón al accionante al reclamar una nivelación salarial, por cuanto no existe el trato discriminatorio alegado , dado que, mensualmente, el empleo de procurador judicial I percibe la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013, emolumento del que no gozan los jueces de circuito. Así se consignó en la providencia censurada:

No obstante, conforme se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la equiparación de que trata el artículo 280 de la constitución atañe a todo lo que

circuito. Así se consignó en la providencia censurada:

No obstante, conforme se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la equiparación de que trata el artículo 280 de la constitución atañe a todo lo que perciben estos servidores por concepto de remuneración, es decir, en contraprestación directa de sus servicios.

Entonces, a efectos de establecer un posible trato discriminatorio, no sería plausible excluir de la ecuación otros factores que percibe habitualmente el procurador judicial I, como es el caso de la bonificación judicial de que trata del Decreto 383 de 2013.

Ahora bien, pese a que al proceso se arrimó la documentación necesaria para acreditar lo devengado por el demandante en el interregno comprendido entre septiembre de 2016 a mayo de 2022, no se demostró lo propio en el cargo de juez del circuito, en pro de realizar la correspondiente comparación.

Y es que no existe prueba en el expediente que le permita a la Sala hacer la valoración integral de todos los conceptos que devengaron los jueces del circuito, a fin de establecer la existencia o no del trato discriminatorio que plantea el demandante. Insiste la Corporación en que la comparación no puede hacerse de manera parcial, considerando exclusivamente la remuneración mensual que fija el Gobierno Nacional como se plantea en la demanda, porque, de un lado, evidentemente no responde a lo que realmente d evengan los servidores objeto de equiparación y, de otro, sería contrario a la regla de igual remuneración prevista en el artículo 280 de la Constitución que, como ya se dijo, debe ser entendida a la luz de lo percibido en contraprestación directa al

servidores objeto de equiparación y, de otro, sería contrario a la regla de igual remuneración prevista en el artículo 280 de la Constitución que, como ya se dijo, debe ser entendida a la luz de lo percibido en contraprestación directa al servicio.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 En este punto, debe recordarse que, según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, 33 incumbe a la parte probar el supuesto de hecho del cual su efecto jurídico persigue, en este sentido, al actor tenía la responsabilidad de demostrar la desigualdad que, en aplicación del artículo 280 Superior, conllevaría el reajuste de su remuneración, en otros términos, el demandante debió probar que, en efecto, percibió una contraprestación a sus servicios como procurador judicial I, inferior a la recibida por un juez del circuito.

Sin perjuicio de lo anterior y en aras de realizar el correspondiente estudio, la Sala procede a efectuar los cálculos correspondientes para determinar la remuneración del juez del circuito [con los decretos que la fijaron] y compararlos con los devengados por el demandante, en su calidad de procurador judicial I, a saber:

Nótese que el anterior ejercicio permite observar con claridad que el demandante no percibió remuneración inferior a la del juez en la que ejerce su cargo, esto es, Juez del Circuito.

En consecuencia, al no lograr demostrar la parte actora el desconocimiento del

demandante no percibió remuneración inferior a la del juez en la que ejerce su cargo, esto es, Juez del Circuito.

En consecuencia, al no lograr demostrar la parte actora el desconocimiento del precepto constitucional del artículo 280, se impone necesario revocar la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, negarlas.

Se destaca que en primera instancia se erró al realizar el ejercicio de comparación, comoquiera que se efectuó de forma parcial, únicamente con las asignaciones básicas, sin considerar que los servidores equiparados por la norma constitucional perciben hab itualmente, en calidad de contraprestación directa de sus servicios, otros emolumentos, como la bonificación judicial.

35. Es evidente que en el proceso de origen se planteó la misma discusión que ahora se somete a consideración en esta instancia constitucional, con argumentos sustancialmente similares a los que cimentan el escrito de amparo de la referencia .

Ello demuestra, sin lugar a dudas, que la intención de la parte actora es reabrir el debate ya surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , el cual fue zanjado razonablemente por el juez natural de la causa.

36. Ahora bien, obsérvese que l ejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la legislación aplicable, en conjunto con la situación fáctica demostrada, lo que lo llevó a concluir que no existe la diferencia salarial reclamada por el accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

fáctica demostrada, lo que lo llevó a concluir que no existe la diferencia salarial reclamada por el accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06022-00

Demandante: Jesús David Salazar Losada

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37. Dicha conclusión no fue apresurada ni desprovista de razonamiento, pues el análisis efectuado le permitió concluir que la igualdad predicada en el mandato superior debe evaluarse en atención a la remuneración total de cada empleo y no solo a su asignación básica. Por lo tanto es indispensable considerar todos los emolumentos que percibe el trabajador en dinero o en especie como remuneración directa de sus servicios, independientemente el nombre que se les asigne. En este caso, la Corporación accionada determinó que, mensualmente, el procurador judicial I devenga la bonificación judicial como contraprestación directa de sus servicios, emolumento que no percibe el juez de circuito.

38. Aunado a lo dicho, en la sentencia cuestionada se realizó un cuadro comparativo que refleja que las asignaciones percibidas por el accionante fueron superiores a las establecidas para el cargo de juez de circuito, para los años 2016 a

2022. Con lo que queda claro que no le asiste razón al señor Salazar Losada cuando señala que recibió una remuneración inferior.

39. En cuanto a la efectividad de la fecha de posesión, en la sentencia

cuestionada se analizó:

Por otra parte, el señor Jesús David Salazar Losada se alzó en apelación,

señala que recibió una remuneración inferior.

39. En cuanto a la efectividad de la fecha de posesión, en la sentencia

cuestionada se analizó:

Por otra parte, el señor Jesús David Salazar Losada se alzó en apelación, inconforme con la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago del día 1° de septiembre de 2016, fecha en la cual suscribió su posesión del cargo de Procurad