CE - Sentencia 11001031500020250602800 de 2025

Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06028-00

Demandante: DANIEL FELIPE ROJAS ARBELÁEZ

Demandados: TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Se configura vulneración. Debido proceso administrativo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Daniel Felipe Rojas Arbeláez, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera; la

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Daniel Felipe Rojas Arbeláez, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera; la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) y la sociedad de Importaciones OSSA S.A.S., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petició n, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, «a la actividad económica lícita», al buen nombre, a la honra y a la propiedad.

Estimó quebrantadas tales garantías porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, informó que no aparece a su nombre ningún proceso relacionado con la solicitud de nulidad absoluta del registro marcario «HIGH HEMP», concedido por la SIC a la sociedad Importaciones OSSA S.A.S. mediante Resolución 80920 de 2020, pese a que remitió el expediente a la autoridad judicial bajo el radicado 25 -265916-00009-0000, para que se resolviera el correspondiente recurso de apelación.

Asimismo, alegó que la empresa Importaciones OSSA S.A.S. ha realizado una campaña de hostigamiento, a través de la firma de abogados A&C Consultores

1 Samai, índice 1. Con escrito radicado el 25 de septiembre de 2025.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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2 Jurídicos, quienes (i) lo han acusado de usurpación de marca y competencia desleal, (ii) amenazado con el inicio de procesos penales y (iii) exigido el pago de hasta 30 SMMLV para cesar sus amenazas.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes súplicas:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, petición, acceso a la justicia, trabajo, buen nombre y honra.

2. Ordenar a la SIC responder en un término de 48 horas sobre el estado de la nulidad 25 -265916 y confirmar su traslado al Tribunal.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca informar oficialmente el radicado y el estado procesal del expediente.

4. Como medida provisional, suspender los efectos del registro “HIGH HEMP” otorgado a OSSA, hasta que se decida de fondo la nulidad.

5. Ordenar a Importaciones OSSA S.A.S. y a sus apoderados abstenerse de enviar nuevas amenazas o comunicaciones intimidatorias contra mí o terceros.

6. Oficiar a la Comisión de Disciplina Judicial para investigar la conducta de los abogados de OSSA, quienes se han prestado a maniobras de constreñimiento.

7. Reconocer la existencia de daños y perjuicios derivados de las actuaciones

6. Oficiar a la Comisión de Disciplina Judicial para investigar la conducta de los abogados de OSSA, quienes se han prestado a maniobras de constreñimiento.

7. Reconocer la existencia de daños y perjuicios derivados de las actuaciones ilegítimas de OSSA, y ordenar la apertura de incidente de reparación integral o la remisión a la jurisdicción competente para cuantificación, estimada preliminarmente en $1.000.000.000 (mil millones de pesos).

8. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que OSSA siga abusando del registro como herramienta de persecución y constreñimiento.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor Arbeláez Pérez relató que presentó, ante la SIC una solicitud de nulidad absoluta contra el registro marcario HIGH HEMP, concedido a Importaciones OSSA S.A.S., bajo radicado 25-265916-0.

Narró que presentó dicha solicitud, pues el registro fue otorgado por esa entidad, mediante la Resolución 80920 de 2020 a la empresa Importaciones OSSA S.A.S. En esa medida, aseguró que fue concedido a pesar de que el señor Arbeláez Pérez fue designado como único di stribuidor autorizado en Colombia por el titular internacional del signo, JPG Herbals LLC, cuya marca se encuentra registrada en los Estados Unidos bajo el número 6.441.224.

Indicó que su autorización fue conferida formalmente, mediante cartas firmadas por Paola Fernández (CEO de JPG Herbals LLC) y Emmanuel

2 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

firmadas por Paola Fernández (CEO de JPG Herbals LLC) y Emmanuel

2 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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3 Almonte (director de Mversal Packing SRL), en calidad de fabricantes y titulares del producto original.

Expuso que, durante el trámite del registro marcario, la SIC inicialmente negó el registro mediante acto administrativo de 15 de abril de 2020 . No obstante, al resolver la apelación, por medio de la resolución 80920 del mismo año , lo concedió a la empresa Importaciones OSSA S.A.S.

Señaló que la SIC, mediante auto 74268 del 4 de julio rechazó la demanda de nulidad, por falta de competencia y ordenó remitirla al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.

Puso de presente que solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca información sobre el proceso, pero esta corporación le manifestó que no existía proceso a su nombre.

También, afirmó que paralelamente, la empresa Importaciones OSSA S.A.S. ha desplegado una campaña de hostigamiento mediante los abogados de A&C Consultores Jurídicos, por medio de comunicaciones acusándolo de usurpación de marca y competencia desleal.

1.4. Sustento de la vulneración

ha desplegado una campaña de hostigamiento mediante los abogados de A&C Consultores Jurídicos, por medio de comunicaciones acusándolo de usurpación de marca y competencia desleal.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante , las autoridades cuestionadas desconocieron su s derechos fundamentales debido a que la superintendencia le informó que había remitido el expediente al tribunal, pero este le comunicó que no aparecía proceso alguno a su nombre, por lo que afirmó que existe un vacío procesal que vulnera especialmente, su derecho de acceso a la administración de justicia.

Afirmó que las actuaciones de la SIC y el tribunal le han causado daños económicos, comerciales y morales, como la pérdida de c lientes y contratos, un lucro cesante al haber cesado la comercialización de HIGH HEMP, un daño emergente, por inversiones en importación, promoción y mercadeo del producto original y un daño reputacional y moral, al ser injustamente señalado de usurpador y ha sido amenazado con cárcel.

Sostuvo que la cuantía de estos perjuicios ascendía a más de mil millones de pesos, teniendo en cuenta la proyección de ventas frustradas desde el año 2020, además de la pérdida de utilidades acumuladas y la afectación comercial.

Manifestó que paralelamente, la sociedad Importaciones OSSA S.A.S., ha desplegado una campaña de hostigamiento, por medio de la firma de abogados A&C Consultores Jurídicos, quienes (i) lo han acusado de usurpación de marca y competencia desleal, (ii) amenazado con el inicio de procesos penales y (iii) exigido el pago de hasta 30 SMMLV para cesar sus

abogados A&C Consultores Jurídicos, quienes (i) lo han acusado de usurpación de marca y competencia desleal, (ii) amenazado con el inicio de procesos penales y (iii) exigido el pago de hasta 30 SMMLV para cesar sus amenazas.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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1.5. Actuación procesal

Por medio de auto de 15 de octubre de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, manifestó impedimento invocando la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo, mediante auto del 16 de octubre de la misma anualidad, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado al no encontrarlo configurado.

Asimismo, mediante auto de 31 de octubre de 2025, se admitió la tutela y se resolvió la medida provisional solicitada por el actor que consi stió en suspender los efectos del registro «HIGH HEMP» otorgado a la empresa de Importaciones OSSA S.A.S. , hasta que se decid iera de fondo la solicitud de nulidad absoluta que presentó en su contra.

Frente a esta solicitud, el despacho consideró que en el presente asunto no procedía el decreto de la medida cautelar solicitada, pues de los hechos que

nulidad absoluta que presentó en su contra.

Frente a esta solicitud, el despacho consideró que en el presente asunto no procedía el decreto de la medida cautelar solicitada, pues de los hechos que sustentan la tutela no se advirtió, a priori , una amenaza inminente a los derechos fundamentales invocados, toda vez que no se apreció una duda razonable respe cto a la actuación adelantada por las autoridades cuestionadas.

Además, en el auto citado se ordenó notificar esta decisión en calidad de demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, al superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Importaciones OSSA S.A.S.

Además, se vinculó como tercero al representante legal de la firma de abogados A&C Consultores Jurídicos, en atención al posible interés que le asiste en las resultas del presente asunto.

1.6 Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Superintendencia de Industria y Comercio

Esta entidad indicó que mediante la Resolución 80920 del 16 de diciembre de 2020, la Delegatura para la Propiedad Industrial decidió sobre el registro de la marca «HIGH HEMP» a favor de la sociedad IMPORTACIONES OSSA S.A.S.

Señaló que no le constaba que existiera titularidad internacional previa y autorización expresa a favor del accionante, pues esto correspond ía a un análisis probatorio que no se realizó debido a que la demanda fue rechazada.

Resaltó que surtido el trámite especial de registro previsto en la Decisión 486

autorización expresa a favor del accionante, pues esto correspond ía a un análisis probatorio que no se realizó debido a que la demanda fue rechazada.

Resaltó que surtido el trámite especial de registro previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos enDemandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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5 ejercicio de sus facultades legales, mediante Resolución 17187 de 15 de abril de 2020, negó el registro de la Marca «HIGH HEMP» (Nominativa), solicitada por la sociedad Importaciones Ossa S.A.S., bajo el radicado SD2019/0072618.

Afirmó que lo anterior se justificó para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza: 34: Tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumador es; cerillas. Lo anterior, por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

Advirtió que, contra dicha decisión, la sociedad presentó recurso de apelación y mediante la Resolución 80920 del 16 de diciembre de 2020, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial concedió el registro de

Advirtió que, contra dicha decisión, la sociedad presentó recurso de apelación y mediante la Resolución 80920 del 16 de diciembre de 2020, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca «HIGH HEMP » debido a que hechos los análisis pertinentes consideró que el signo solicitado para registro superó la causal anteriormente citada. Adicionalmente, no encontró que el signo pretendido a registro se encontrara incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de la Decisión 486 de 2000.

Sostuvo que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial remitió el expediente 25265916, el 9 de julio de 2025, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera al siguiente correo electrónico: scs01sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, y que dicha autoridad judicial acusó recibo el 10 de julio de la presente anualidad.

Aclaró que desconoce las razones por las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó no haber recibido el expediente remit ido por dicha entidad.

De otra parte, argumentó que la protección invocada, mediante la presente acción de tutela, no cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva, pues las presuntas violaciones denunciadas fueron ajenas al accionar de dicha entidad, debido a que obedecen a un trámite surtido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el cual la superintendencia no tiene injerencia.

Reiteró que las pretensiones de la parte accionante son de naturaleza legal mas no constituci onal, porque las pretensiones están encaminadas a la

Administrativo de Cundinamarca sobre el cual la superintendencia no tiene injerencia.

Reiteró que las pretensiones de la parte accionante son de naturaleza legal mas no constituci onal, porque las pretensiones están encaminadas a la resolución de asuntos que corresponde discutir al interior de un proceso, que fue remitido para conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Aseguró que el accionante pretende que se amparen sus derechos

3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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6 fundamentales advirtiendo que los mismos se han vulnerado al no «adoptar todas las medidas necesarias para evitar que OSSA siga abusando del registro como herramienta de persecución y constreñimiento», situación que debe ser resuelta al interior de un proceso judicial más no en el marco de protección de una acción constitucional, por lo que solicitó negar las pretensiones del actor y declarar improcedente la presente acción de tutela.

resuelta al interior de un proceso judicial más no en el marco de protección de una acción constitucional, por lo que solicitó negar las pretensiones del actor y declarar improcedente la presente acción de tutela.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera

Indicó que el accionante manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud de nulidad absoluta respecto del registro marcario HIGH HEM P concedido a Importaciones OSSA S.A.S. y que dicha remisión se habría efectuado bajo el radicado 25-265916-00009-0000.

No obstante, precisó que tras realizar la búsqueda de dicho radicado en la dirección electrónica de recepción de demandas de esa secci ón radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, no encontró registro alguno que permitiera confirmar dicha recepción.

Manifestó que realizó una búsqueda por nombre del accionante en el correo institucional, encontrándose que el día 1. ° de septiembre de 2 025 se recibió un archivo enviado desde la dirección danfera88@gmail.com que corresponde a una constancia de radicación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Afirmó que, en atención a lo anterior, el 2 de septiembre le solicitó al señor Daniel Felipe Rojas Arbeláez que precisara cuál era la solicitud que deseaba presentar ante dicha corporación, toda vez que, según el documento que habían recibido, la demanda fue radicada a nte la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, en un asunto relacionado con competencia desleal y propiedad industrial, razón por la cual, se le instó a aclarar su petición.

habían recibido, la demanda fue radicada a nte la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, en un asunto relacionado con competencia desleal y propiedad industrial, razón por la cual, se le instó a aclarar su petición.

Puntualizó que se le informó que, al consultar el sistema de informació n SAMAI, su nombre no figuraba como demandante en ningún proceso registrado ante esa corporación, pero a pesar de la solicitud formulada, no recibieron respuesta alguna por parte del accionante.

Por lo anterior, informó que no se recibió ninguna solicitud de nulidad proveniente de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionada con el presente caso y reafirmó que, si bien recibió una constancia de radicación ante dicha entidad enviada por el propio accionante, se le requirió a este aclarar su inten ción sin que haya obtenido respuesta alguna por parte del actor.

1.6.3. La Sociedad Simplificada por Acciones, Importaciones OSSA

S.A.S.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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Esta sociedad no se manifestó en el trámite de esta acción de tutela.

1.6.4. A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S

Esta sociedad tampoco se manifestó en el trámite de esta acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1.6.4. A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S

Esta sociedad tampoco se manifestó en el trámite de esta acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si la s demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, «a la actividad económica lícita», al buen nombre, a la honra y a la propiedad.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: i) las generalidades de la acción de tutela; ii) el derecho fundamental al debido proceso administrativo; iii) los requisitos de procedencia de inmediatez y subsidiariedad y, iv) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no

de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.4. El derecho al debido proceso administrativo

El derecho al debido proceso administrativo comprende las mismas garantías y desarrollos reconocidos a los trámites judiciales, con el fin de que losDemandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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8 procedimientos y actuaciones que se adelanten en desarrollo de la función administrativa se cumplan, en todo, en la forma determinada en la ley u otras normas aplicables4.

La Corte Constitucional ha definido el debido proceso administrativo de la siguiente manera:

(i) un conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Se

materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Se ha precisado también que con esta garantía se busca (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurí dica y a la defensa de los administrados5.

Ahora bien, dicha corporación ha reiterado que el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo tiene una estrecha relación con el cumplimiento de otros preceptos constitucionales, entre ellos el artícul o 6° que establece el principio de legalidad , el 209 que enlista las pautas y criterios que deben inspirar la función administrativa, como son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad y también tiene que ver con el referido derecho fundamental de petición6.

Asimismo, se ha ocupado de señalar las garantías mínimas que protegen la eficacia de este derecho, las cuales deben ser observadas en toda actuación administrativa, en conjunto con los tramites específicos aplicables a la misma, entre éstas se encuentran los siguientes derechos:

1. que el trámite se adelante por la autoridad competente; (ii) que durante el mismo y hasta su culminación se permita la participación de todos los interesados; (iii) ser oído du rante toda la actuación; (iv) que la actuación se adelante sin dilaciones injustificadas; (v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera oportuna y de conformidad con la ley; (vi) solicitar, aportar

adelante sin dilaciones injustificadas; (v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera oportuna y de conformidad con la ley; (vi) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción, e (viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle7.

De acuerdo con lo anterior, el derecho al debido proceso frente a las actuaciones administrativas encierra un conjunto de garantías para proteger al ciudadano en condiciones de seriedad, transparencia y seguridad necesarias para la efectiva protección de sus demás derechos de tal manera que , la función administrativa cumpla el objetivo que le ha impuesto la Constitución Política, que es «un orden justo»8.

4 Corte Constitucional, sentencias T -550 de 1992, C -214 de 1994, T -415 de 1995, T -352 de 1996, T-1313 de 2000, C-653 de 2001, T-677 de 2004, T-814 de 2005, T-103, T-525, T-958 y T-1005 de 2006, T -304, T-600 y T-731 de 2007, T -917 y T-1168 de 2008, T -111, T-881 y T909 de 2009, T-178, C-980 y C-983 de 2010, C-089 y T-249 de 2011 y T-680 de 2012. 5 Corte Constitucional, Sentencias T-796 de septiembre 21 de 2006 y C-980 de 2010. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 2011. 7 Ibídem. 8 Constitución Política, artículo 6.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros

6 Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 2011. 7 Ibídem. 8 Constitución Política, artículo 6.Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

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La Corte Constitucional ha hecho referencia a este derecho, de la siguiente manera:

En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional9.

En resumen, el derecho fundamental al debido proceso debe ser minuciosamente respetado en todas las actuaciones administrativas, es decir, las que inician por una petición de los ciudadanos y las que se desarrollan por iniciativa de las autoridades dentro del marco de sus funciones y competencias.

2.5. Requisito de subsidiariedad

Este requisito se encuentra previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política como un presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que « [e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio p ara evitar un perjuicio irremediable », precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.10

mecanismo transitorio p ara evitar un perjuicio irremediable », precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.10

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para l a protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En esa medida, frente al reproche del actor relacion ado con el hecho de que la sociedad Importaciones OSSA S.A.S., ha desplegado una campaña de hostigamiento, por medio de la firma de abogados A&C Consultores Jurídicos, quienes (i) lo han acusado de usurpación de marca y competencia desleal, (ii) amenazado con el inicio de procesos penales y (iii) exigido el pago de hasta

9 Corte Constitucional, Sentencia C-214 de 1994. 10 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla

10 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La exis tencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.»Demandante: Daniel Felipe Rojas Arbeláez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06028-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 30 SMMLV para cesar sus amenazas, la Sala observa que en el caso particular no se cumple el requisito de subsidiariedad11.

Lo anterior, porque la acción constitucional procede solamente « cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable », precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 d e 199112.

En este caso particular, se advierte que lo que el actor pretende es presentar una posible queja contra la sociedad A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S., por unas posibles conductas que está realizando esa empresa en contra de este y que considera lo están afectando.

En esa medida, frente a