CE - Sentencia 11001031500020250603001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06030-011

Accionante : Myriam Castellanos Acosta

Accionados : Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá y

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

Vinculados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag2, Bogotá

Secretaría de Educación Distrital y Fiduciaria La Previsora S.A.

Acción : Tutela (impugnación) Tema : Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del derecho Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el fallo de 23 de octubre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera3, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la accionante frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

1 Expediente electrónico disponible en Samai. 2 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 3 C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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La accionante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad jurídica, sostenibilidad financiera del sistema pensiona l y favorabilidad , presuntamente vulnerados por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Por consiguiente, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que dicte sentencia de fondo, ordenando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a «reliquidar la pensión vitalicia de jubilación de la docente Myriam Castellanos Acosta, incluyendo los factores salariales devengados y que fueron cotizados, entre ellos la (prima de vacaciones), a la fecha del cumplimiento del status pensional, además de los ya reconocidos mediante la Resolución No 2853 del 04 de junio

devengados y que fueron cotizados, entre ellos la (prima de vacaciones), a la fecha del cumplimiento del status pensional, además de los ya reconocidos mediante la Resolución No 2853 del 04 de junio de 2020, acto administrativo que reconoce la pensión […]» [sic].

1.3 Hechos4

De lo relatado por la accionante, se destaca que la señora Myriam Castellanos Acosta, se vinculó como docente del magisterio oficial desde el 8 de febrero de 1993, por lo que, una vez cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989, solicitó la «pensión de jubilación por aportes» al Fomag y mediante Resolución 2853 de 4 de junio de 2020, se le reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, con efectividad a partir del 30 de marzo de 2019. En aquella se incluyó, además de la asignación básica, bonificación pedagógica y bonificaciones decreto.

Aseguró que solicitó del Fomag la reliquidación de la prestación anterior, con inclusión de la prima de vacaciones; petición que fue resuelta negativamente mediante Resolución 2945 de 28 de julio de 2023. Debido a ello, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento solicitó la nulidad de tal acto administrativo y el reajuste de la pensión de jubilación incluyendo en la liquidación la prima de vacaciones, ya que, si bien, esta prestación no está enlistada en la Ley 62 de 1985, sobre dicho f actor sí se hicieron los respectivos aportes a seguridad social, cumpliendo así lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

62 de 1985, sobre dicho f actor sí se hicieron los respectivos aportes a seguridad social, cumpliendo así lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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En primera instancia el proceso fue conocido por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito de Bogotá quien , mediante sentencia del 26 de noviembre de 2024, decidió negar las pretensiones. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 22 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó la providencia de primera instancia, «sin la debida y necesaria observancia de la primacía de la realidad sobre las formas ni los principios constitucionales, así como, el Acto Legislativo 01 de 2005».

Acusó las decisiones adoptadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto en primera, como en segunda instancia, de haber incurrido en defecto sustantivo, al desconocer el precedente de carácter constitucional, ya que, tanto en el agotamiento en vía administrativa, así como en el escrito de demanda, la fijación del litigio y en los alegatos de conclusión, siempre se resaltó que la liquidación pensional debía realizarse conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo

tanto en el agotamiento en vía administrativa, así como en el escrito de demanda, la fijación del litigio y en los alegatos de conclusión, siempre se resaltó que la liquidación pensional debía realizarse conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, con los factores salariales que se hicieron cotizaciones, como es el caso de la prima de vacaciones.

1.4 Contestaciones de la acción

1.4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D5 adujo que, la sentencia objeto de reproche fue proferida conforme a la normativa que rige la materia pensional docente . Enfatizó que aplicó el precedente judicial vertical, fijado por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, es el vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente i guales. Concluyó que expidió la sentencia fundada en un criterio razonable y propiciado que en manera alguna podría resultar caprichoso o arbitrario.

1.4.2 El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá 6 precisó que, examinada la situación fáctica, los fundamentos de la acción y las providencias objeto de reproceso, solicitó que se tengan en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho que se expusieron en las sentencias de primera y segunda instancia.

5 Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia. 6 Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta

5 Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia. 6 Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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1.4.3 Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital7 advirtió que, en la tutela no se vislumbra reproche alguno frente a la actuación u omisión de la Administración que genere o contribuya a la afectación de los derechos de la accionante, ya que, estos se circunscriben a situaciones específicas de la legalidad o no de una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de lo cual, la Secretaría no tuvo injerencia alguna. Precisó que, en gracia de discusión, la acción se debe rechazar por improcedente, pues no cumple con los requisitos necesarios de procedencia.

1.4.4 El Ministerio de Educación Nacional 8 solicitó la declaratoria de la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que, la controversia planteada en la acción de tutela recae sobre una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.4.5 La Fiduciaria la Previsora SA9 precisó que la acción de tutela de la referencia no cumple con las causales generales ni específicas para su procedencia. De otra parte, solicitó su desvinculación del trámite por encontrarse probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5 Providencia impugnada10

no cumple con las causales generales ni específicas para su procedencia. De otra parte, solicitó su desvinculación del trámite por encontrarse probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5 Providencia impugnada10

Mediante sentencia de 23 de octubre de 202 5, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que, carece de relevancia constitucional, porque, «[…] i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural […]», al evidenciar que «[…] no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del medio de control».

1.6 La impugnación11

Inconforme con esa determinación, la tutelante la impugn ó, asegurando que la presente acción de amparo no pretende volver sobre la controversia decidida por el

7 Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia. 8 Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia. 9 Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia. 10 Índice 00019 del expediente de Samai de primera instancia. 11 Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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juez natural, pues, contrario a ello, pretende es «propiciar un juicio de validez respecto de la aplicación de la ley y, en particular de la Constitución Política »; enfatizando que si «bien es cierto el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, fijó las reglas relativas a los factores que deben incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, no es menos cierto que, por principio de jerarquía normativa y supremacía constitucional, debe prevalecer lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 3212 del Decreto ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201915 expedido por la sala plena del Consejo de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos

de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión previa.

En el asunto sub examine la demandante pide dejar sin efectos las sentencias de (i) 26 de noviembre de 2024, mediante la cual el Juzgado Treinta (30) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Myriam Castellanos Acosta, contra la Nación12 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente». 13 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 14 «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 15 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 15 Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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Ministerio de Educación Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-0041201]; y (ii) 22 de mayo de 2025 , con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó esa decisión.

Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia de 22 de mayo de 2025, por ser la que, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la de 26 de noviembre de 2024, resolvió de manera definitiva ese asunto contencioso administrativo.

2.4 Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional 9, ha considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

La Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A. , en los escritos de intervención solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no son las autoridades que profirieron la providencia cuestionada.

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercer os con interés, por ser la s entidades demandadas dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

2.5 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 22 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , confirmó la providencia de 26 de noviembre de 2024, en la que, el Juzgado Treinta (30) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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promovida por la señora Myriam Castellanos Acosta, contra la Nación - Ministerio

Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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promovida por la señora Myriam Castellanos Acosta, contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, Fomag, Fiduciaria la Previsora S.A., y Bogotá D.C., Secretaría de Educación Distrital [expediente 11001-33-35-030-2023-00412-01]; y, en caso afirmativo, si se ha n vulnerado l os derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad , invocados en la solicitud de amparo.

2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994

de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez care ce de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificaciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,

sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuá ndo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto

derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defectoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,

se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del der echo fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 16, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201217, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta

constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos18.

16 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.

P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-0319401, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 17 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 18 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-0077917 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 18 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-0077900, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009 -00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 200901268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010 -00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 201000540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012 -00250-00, C. P. Gerardo Arenas

Monsalve.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06030-01

Accionante: Myriam Castellanos Acosta Accionado: Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca

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2.7 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado , contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad, con la decisión adoptada por el tribunal accionado, respecto de los factores que hacen parte de su liquidación pensional; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 4 de junio de 202519 y la solicitud de amparo se presentó el 26 de septiembre siguiente, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, invocadas por la accionante.

2.7.1 Defecto sustantivo - Desconocimiento de precedente constitucional

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los

desconocimiento del precedente constitucional, invocadas por la accionante.

2.7.1 Defecto sustantivo - Desconocimiento de precedente constitucional

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 20 ha estimado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concre to, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación

19 Notificada el 27 de mayo de 2025. Actuaciones de Samai, índice 00011 a 00014, del expediente con radicado 11001-3335-030-2023-00412-01. 20 Sentencias T-781 de