CE - Sentencia 11001031500020250603200 de 2025

Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06032-00

Demandante: INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S.

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por no satisfacer los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Sociedad Inversiones Médicas de los Andes S.A.S., a través de apoderado

de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Sociedad Inversiones Médicas de los Andes S.A.S., a través de apoderado judicial1, instauró acción de tutela 2 contra el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, a efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La accionante consideró que sus garantías constitucionales se encuentran vulneradas, con ocasión de las providencias del 13 de octubre de 2023 y 3 de septiembre de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, a través de las cuales se rechazó la demanda promovida en

1 Poder otorgado por el representante legal de la sociedad accionante al abogado John Jairo Yepes Martínez, para promover la presente acción y que fue conferido mediante mensaje de datos, conforme a los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 - índice 02 de Samai. 2 Radicada el 26 de septiembre de 2025 con secuencia: 9743.Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-41-045-2023-00366-00/01, contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por no haberse subsanado en debida forma.

1.2. Pretensiones

Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…) ordenar a los funcionarios demandados que proceda a tomar los correctivos del caso, a efectos de evitar que se continúe con la vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos a lo largo de este escrito3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Sociedad Inversiones Médicas de los Andes formuló ante la Superintendencia Nacional de Salud demanda verbal de menor cuantía en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante ADRES), a efectos de que le fuera cancelado el valor correspondiente a las glosas formuladas de manera extemporánea con relación a las facturas derivadas de la prestación del servicio de salud brindado a víctimas de accidentes de tránsito, cuyo daño a la salud fue ocasionad o por vehículos sin SOAT o automotores no identificados.

prestación del servicio de salud brindado a víctimas de accidentes de tránsito, cuyo daño a la salud fue ocasionad o por vehículos sin SOAT o automotores no identificados.

Mediante auto nro. A2023 -002099 del 13 de julio de 2023, la Superintendencia aludida declaró su falta de competencia para conocer del asunto formulado y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a los jueces administrativos de Bogotá, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de la referida municipalidad que, a través de providencia del 1º de septiembre de 2023 inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante procediera a su subsanación en el sentido de:

1. Acreditar que agotó el requisito previo de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y adecuar la demanda a los medios de control con pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversial contractuales.

2. Aportar los actos administrativos demandados y su constancia de notificación en caso de adecuar la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y precisar las decisiones administrativas a controvertir en esta jurisdicción.

3 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Expresar las pretensiones de la demanda adecuadas al medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según los supuestos fácticos señalados.

4. Explicar el concepto de violación al tratarse de la impugnación de actos administrativos y las normas violadas.

5. Expresar el juez competente teniendo en cuenta la división por secciones de los juzgados administrativos.

6. Acreditar el derecho de postulación aportando el poder en debida forma.

7. Comunicar la demanda y la subsanación al demandado por medio electrónico.

El 25 de septiembre de 2023, la sociedad accionante allegó escrito en el que manifestó que no era posible adecuar la demanda a los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales, ya que, el asunto debatido se rige por las normas de prestación de servicios de salud, frente al cual, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no dispuso un procedimiento en particular, por lo que, tampoco era exigible el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, ni mucho menos era necesario identificar un acto administrativo determinado o indicar las normas violadas o el concepto de violación con relación a dicho acto.

A través de proveído del 13 de octubre de 2023, el juzgado accionado rechazó la

menos era necesario identificar un acto administrativo determinado o indicar las normas violadas o el concepto de violación con relación a dicho acto.

A través de proveído del 13 de octubre de 2023, el juzgado accionado rechazó la demanda por considerar que la misma no fue subsanada en debida forma, toda vez que no se atendió en su totalidad los requerimientos que le fueron realizados en cuanto a los defectos advertidos; además de no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1º del artículo 161 del C.P.A.C.A., relativo al agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial.

Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera negativa a través providencia del 17 de noviembre de 2023.

Por medio del auto del 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, resolvió la alzada formulada y confirmó la decisión recurrida al estimar que, conforme a las consideraciones consignadas en el auto 3 89 de 2021 dictado por la Corte Constitucional, la competencia para conocer del asunto debatido correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En este orden, precisó que, pese a que la parte actora subsanó de manera parcial los defectos que le fueron advertidos mediante proveído del 1º de septiembre de 2023, toda vez que, remitió vía correo electrónico copia de la demanda y de sus anexos a la ent idad accionada; con relación a las demás causales la parte

los defectos que le fueron advertidos mediante proveído del 1º de septiembre de 2023, toda vez que, remitió vía correo electrónico copia de la demanda y de sus anexos a la ent idad accionada; con relación a las demás causales la parte accionante no acreditó su cumplimiento, ya que en el escrito de subsanación solo se limitó a cuestionar la imposibilidad de adecuar la demanda a los medios deDemandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

control establecidos en esta jurisdicción, sin que fuere posible controvertir dicha inconformidad en esa etapa procesal, habida cuenta que contra el auto inadmisorio no se formuló reproche alguno y por ende, los requerimientos que le fueron realizados por medio de éste debieron ser tendidos en debida forma y dentro del término procesal oportuno.

La anterior decisión, fue notificada por estado a las partes el 9 de septiembre de 20254.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Refirió que, conforme a las disposiciones previstas en el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, el asunto debatido debe ser conocido por la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que el literal f) de la mencionada norma dispone que a dicha autoridad l e corresponde conocer y resolver los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas formuladas entre entidades del Sistema

Salud, toda vez que el literal f) de la mencionada norma dispone que a dicha autoridad l e corresponde conocer y resolver los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas formuladas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante S.G.S.S.S.), por lo que en su sentir, las autoridades accionadas incurrieron en un defecto orgánico.

Indicó que, tanto el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, a través de las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo, ya que no tuvieron en cuenta los mandatos establecidos en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, en cuanto a las funciones jurisdiccionales que le fueron asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala.

Alegó la configuración de un defecto fáctico , al considerar que el juzgado accionado no podía obligar al demandante a adecuar la demanda presentada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, propio del conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que deb ió proponer un conflicto negativo de competencia, ya que lo controvertido gira entorno a la controversia surgida entre dos entidades pertenecientes al S.G.S.S.S., situación de la cual se colige que la controversi a suscitada debe ser dirimida por la Superintendencia Nacional de Salud por mandato de los artículos 8º de la Ley 100

controversia surgida entre dos entidades pertenecientes al S.G.S.S.S., situación de la cual se colige que la controversi a suscitada debe ser dirimida por la Superintendencia Nacional de Salud por mandato de los artículos 8º de la Ley 100 de 1993, 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley 1438 de 2011.

Afirmó que, aunque en el auto nro. 389 del 22 de julio de 2021 proferido por la Corte Constitucional, se estableció que, la jurisdicción que debe asumir el conocimiento de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud era la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que no se trataba de una controversia relativa a la prestación de servicios de salud,

4 Índice 10 del expediente ordinario.Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

debido a que en principio, tales controversias solo vinculan a las entidades promotoras de salud y la ADRES, sin que en ellas intervengan los afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores al sistema; con posterioridad la misma corporación a través de a uto 2460 de 2023 precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política y el literal f del artículo 41 de

beneficiarios, usuarios ni empleadores al sistema; con posterioridad la misma corporación a través de a uto 2460 de 2023 precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política y el literal f del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud es la competente para conocer de las controversias pres entadas entre las entidades que integran el

S.G.S.S.S.

Por lo anterior, concluyó que, en el asunto debatido debió darse aplicación a la regla de decisión establecida por la Corte Constitucional en su auto nro. 2460 de 2023 y no las contenidas en los autos 389 y 861 de 2021, como lo efectuó el tribunal accionado.

Insistió que, en el presente asunto no era dable adecuar la demanda instaurada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme le fue requerido, en la medida en que ello sería el equivalente a que la sociedad accionante demandara la nulidad de un acto que le resultó favorable y que es producto del silencio administrativo positivo, como quiera que las glosas cuestionadas fueron formuladas de manera extemporánea, y por ende, los saldos de las facturas y de las cuentas de cobro presenta das ante la ADRES le son exigibles. Dicho de otra forma, no resulta dable solicitar la declaratoria de nulidad de un acto en el que el derecho solicitado no ha sido negado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la magistrada ponente de esta decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora5,

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la magistrada ponente de esta decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora5, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C 6 y al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá 7, como autoridades judiciales accionadas.

Así mismo, se reconoció personería al abogado John Jairo Yepes Martínez para actuar como apoderado judicial de la sociedad Inversiones Médicas de los Andes S.A.S en los estrictos términos del poder obrante en el expediente digital.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

5 Notificación realizada a los correos electrónicos gerenciageneral@clinicadelosandesips.com john_jairoyepes@hotmail.com – Índice 9 de Samai. 6 Notificación realizada a los correos electrónicos: scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice 9 de Samai. 7 Notificación realizada a los correos electrónicos: jadmin59bt@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice 9 de Samai.Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

6

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.1. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

La titular del Despacho allegó escrito en el que realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso promovido por la sociedad accionante para concluir que, la decisión de rechazar la demanda ante la falta de subsanación en debida forma y cumplimiento de los requisitos formales se dictó conforme a derecho y con sujeción a las normas procesales que resultaban aplicables.

Por lo expuesto, señaló que la acción de tutela de la referencia se torna improcedente y, en todo caso, es un mecanismo subsidiario que no tiene la vocación de instancia adicional a las legalmente establecidas en la Ley 1437 de 2011, para analizar un asunt o que ya fue sometido al juez natural a través de los medios ordinarios establecidos por el legislador y en virtud de los cuales se profirió una decisión que se encuentra en firme.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C

El ponente de la decisión de segunda instancia que se cuestiona rindió informe en el que manifestó que, en el asunto debatido no se acreditó el cumplimento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión que plantea la parte

El ponente de la decisión de segunda instancia que se cuestiona rindió informe en el que manifestó que, en el asunto debatido no se acreditó el cumplimento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión que plantea la parte actora se limita a asuntos propios del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, por ende, su finalidad es reabrir el debate judicial a partir de la formulación de argumentos que escapan la órbita de la acción de tutela.

En igual sentido, señaló que, tampoco se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial que la accionante tenía a su alcance, debido a que las razones objeto de reproche debieron ser formulados ante el Juez de primera instancia, a través del recurso de reposición formulado contra el auto que inadmitió la demanda.

Refirió que, si bien la tutelante funda alguno de los cargos en el desconocimiento del auto 2460 de 2023 proferido por la Corte Constitucional, de la revisión del expediente ordinario se advierte que tal aseveración no fue expuesta en el trámite del medio de control.

Con relación al defecto fáctico alegado, señaló que no se identificaron las pruebas que de manera presunta dejaron de ser valoradas o en su defecto, se analizaron de forma indebida al momento de adoptar las decisiones judiciales acusadas.

Respecto a la configuración de los defectos, sustantivo y orgánico, bajo la premisa a partir de la cual, el conocimiento del asunto debatido debía ser asumido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en consideración a lo dispuesto por

Respecto a la configuración de los defectos, sustantivo y orgánico, bajo la premisa a partir de la cual, el conocimiento del asunto debatido debía ser asumido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en consideración a lo dispuesto por la Corte Constitucional a través del auto 2460 de 2023; refirió que, la decisión judicialDemandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

no resulta aplicable al asunto, ya que no guarda identidad fáctica con lo controvertido, toda vez que en la providencia aludida se dirimió un conflicto negativo de jurisdicciones relacionado con glosas que tenían su fundamento en un contrato suscrito entre entidades del S.G.S.S.S.

Aunado a lo anterior, indicó que, conforme a lo señalado por el Máximo Tribunal Constitucional a través del auto nro. 861 del 27 de octubre de 2021, la competencia para conocer de las reclamaciones realizadas por la prestación de los servicios hospitalarios brindada a pacientes bajo la subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito – ECAT, la cual se encuentra a cargo de la ADRES, fue asignada a la jurisdicción contencioso administrativa.

Con fundamento en lo expuesto, señaló que, en el presente asunto no existe vulneración a los derechos fundamentales alegados y en dicho entendido, se debe

ADRES, fue asignada a la jurisdicción contencioso administrativa.

Con fundamento en lo expuesto, señaló que, en el presente asunto no existe vulneración a los derechos fundamentales alegados y en dicho entendido, se debe declarar la improcedencia de la acción formulada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la Sociedad Inversiones Médicas de los Andes S.A.S., de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

2.2. Problema jurídico

La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el estudio del presente asunto se abordará a partir de los argumentos contenidos en la providencia dictada el 3 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, comoquiera que fue la que puso fin al proceso objeto de debate.

Así entonces, acorde con lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala abordar en primer lugar el siguiente interrogante:

Así entonces, acorde con lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala abordar en primer lugar el siguiente interrogante:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales de la sociedad accionante, con ocasión del auto del 3 de septiembre de 2025 que confirmó la providencia dictada el 13 de octubre de 2023 por el J uzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, y a través de la cual se rechazó la demanda promovida al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-41-045-2023-0036600/01, por no haberse subsanado en debida forma.?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

00/01, por no haberse subsanado en debida forma.?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) el carácter subsidiario de la acción de tutela y, (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su procedencia10.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Inversiones Médicas de los Andes SAS

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06032-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez

debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.11

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o c uando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo12.

jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo12.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas

11 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante». 12Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique M