CE - Sentencia 11001031500020250603701 de 2025

Demandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

Demandante: ALEJANDRA PAOLA GALVEZ AGREDO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Confirma sentencia que declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 31 de octubre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple el presupuesto de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 26 de septiembre de 2025 , la señora Alejandra Paola Gálvez Agredo, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 26 de septiembre de 2025 , la señora Alejandra Paola Gálvez Agredo, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral relativa, a la salud y al debido proceso.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 13 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo de Santander que modificó el numeral 2º del fallo del 30 de septiembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga había accedido al pago de 6 meses de salarios y prestaciones dejados de percibir , sin opción de reintegro . TodoDemandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-004-2021-00031-00/01, promovido en contra del municipio de Bucaramanga.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Que se le tutele a mi representada, los derechos fundamentales al

Bucaramanga.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Que se le tutele a mi representada, los derechos fundamentales al trabajo (mínimo vital, estabilidad laboral relativa), a la salud y al debido proceso.

SEGUNDA.- Que, como consecuencia de los derechos tutelados, se deje parcialmente sin efectos los fallos de primera y segunda instancia, de fechas septiembre 30 de 2022 y febrero 13 de 2025, respectivamente; proferidos dentro del proceso administrativo radi cado al número 68001333300420210003100, en lo atinente al restablecimiento del derecho y en consecuencia, se ordene el reintegro de mi mandante a un cargo de iguales o similares condiciones al que ocupaba al momento de ser retirada del servicio y el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales dejados de devengar durante el tiempo que permanezca separa del mismo, en los términos peticionados en la respectiva demanda administrativa y/o en caso de no existir en la actualidad, tener prelación para ser nombrada cuando exista una vacante a futuro.

TERCERA.- Que la orden que impongan los Honorables Consejeros, sea de inmediato cumplimiento.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que estuvo vinculada, en provisionalidad, en la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 23 desde 21 de abril de 2010.

esta sentencia:

Relató que estuvo vinculada, en provisionalidad, en la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 23 desde 21 de abril de 2010.

Señaló que, por Circular 083 del 26 de marzo de 2018, la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga requirió a los empleados nombrados en provisionalidad para que acreditaran condiciones de especial protección.

Precisó que, mediante comunicación del 6 de abril de 2018, dio a conocer la condición de ser madre cabeza de familia de dos menores de edad y la enfermedad catastrófica que padece: «bloqueo auriculoventricular de segundo grado» y dio lugar al implante de un marcapasos . Añadió que, luego, fue diagnosticada con esclerosis múltiple y endometriosis, y tratada por ansiedad y depresión.

Aseveró que, pese a lo anterior, la administración a través de la Resolución 1609 del 29 de julio de 2020 resolvió dar por terminado su nombramiento provisional paraDemandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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designar en periodo de prueba a quien concursó y superó el proceso de selección 438 de 2017 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Indicó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio

designar en periodo de prueba a quien concursó y superó el proceso de selección 438 de 2017 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Indicó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de la aludida resolución por falsa motivación y desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada que le asistía , y se disponga su reintegro y el pago de todos los emolumentos dejados de percibir.

Manifestó que el Juzgado C uarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2022, declaró la nulidad parcial de la resolución enjuiciada y ordenó el reconocimiento de 6 meses de salarios y prestaciones dejados de percibir, sin opción de reintegro. Decisión que se fundó en que el municipio de Bucaramanga no garantizó la estabilidad laboral reforzada que le asistía , con medidas de reubicación, sin afectar los derechos de carrera administrativa de las personas que conforman el registro de elegibles.

Puso de relieve que el Tribunal Administrativo de Santander, por fallo del 13 de febrero de 2025, modificó la decisión del a quo para incrementar el reconocimiento económico a 12 meses de salarios y prestaciones dejados de devengar, como una forma de garantizar sus derechos fundamentales y laborales, así:

Así las cosas, probado está que, al momento de la desvinculación, es decir, al 29 de julio de 2020 existían un total de siete (7) vacantes en las cuales la señora Alejandra Paola Gálvez Agredo podría haber sido reubicada, hasta que se ocupara la última posición del

de 2020 existían un total de siete (7) vacantes en las cuales la señora Alejandra Paola Gálvez Agredo podría haber sido reubicada, hasta que se ocupara la última posición del concurso de méritos; sin embargo, ello no ocurrió por parte del Municipio de Bucaramanga, quien desatendió las circunstancias particulares de la demandante.

Así las cosas, encuentra ajustada esta Sala la decisión tomada por el a quo, pues al momento de su decisión no resultaba posible la reubicación laboral de la demandante, porque de acuerdo con la certificación del 23 de febrero de 2022, ya no existían vacantes en las cuales la misma pudiera ser reubicada, procediendo a ordenar reconocer y pagar a favor de la demandante Alejandra Paola Gálvez Agredo, no obstante, respecto a los valores reconocidos por el lapso de seis (6) meses de salarios y prestaciones soci ales, se considera que en atención a la garantía de los derechos fundamentales y laborales de la demandante en su condición de madre cabeza de familia - sujeto especial de protección -, y dadas las circunstancias del caso con fundamento en las pruebas obrantes en el plenario, el reconocimiento como medida de reparación integral la suma debe ser ajustada a doce (12) meses de salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, teniendo en cuenta el último salario devengado por la demandante, sin perjuicio de la realización de los descuentos por doble asignación del tesoro de que trata el artículo 128 de la Constitución Política. En ese sentido, se modificará la decisión de primera instancia.

1.4. Sustento de la petición

La accionante destacó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico por cuanto omitieron efectuar un análisis más a fondo de las pruebas

primera instancia.

1.4. Sustento de la petición

La accionante destacó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico por cuanto omitieron efectuar un análisis más a fondo de las pruebas arrimadas al proceso ordinario, lo que condujo a conclusiones erradas en cuanto a laDemandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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inexistencia de vacantes en las cuales pudo haber sido reintegrada o nombrada . Además, (i) desestimaron la posición omisiva y desleal de l municipio de Bucaramanga, ya que no aportó los documentos que acreditaban su mejor derecho; e (ii) interpretaron la certificación del 28 de febrero de 2022 de forma errada.

1.5. Trámite en primera instancia

Por auto del 6 de octubre de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la demanda de tutela y ordenó notificar , en calidad de demandados , a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y al juez Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga y como terceros con interés, al municipio de Bucaramanga.

1.6. Intervenciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Santander pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones de la tutelante.

1.6. Intervenciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Santander pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones de la tutelante.

Adujo que «desplegó un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos de juicio, tal como quedó consignado en la parte motiva del fallo, cuyo resultado, aunque desfavorable para los intereses de la […] accionante, obedeció a una valoración razonada y objetiva, que descartó la posibilidad de ordenar su reintegro».

Enfatizó que la tutelante «basa su argumentación en suposiciones acerca de la forma en que el ente territorial respondió sobre las vacantes, y sostiene que el silencio de la entidad ante algunos de sus requerimientos confirmaría su tesis de que existían más cargos disponibles». Inferencias que no tienen respaldo alguno

1.6.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga solicitó se declare improcedente la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, se niegue el amparo solicitado, en atención a que:

• No se configura defecto fáctico, pues las pruebas fueron valoradas conforme a derecho. • No se configura defecto sustancial, ya que la decisión fue razonada, motivada y respetuosa del precedente constitucional. • La accionante tuvo acceso a todos los mecanismos judiciales disponibles, incluyendo la apelación. • No se evidencia perjuicio irremediable, pues se reconoció una indemnización proporcional.

1.6.3. El municipio de Bucaramanga señaló que no tiene legitimación en la causa

mecanismos judiciales disponibles, incluyendo la apelación. • No se evidencia perjuicio irremediable, pues se reconoció una indemnización proporcional.

1.6.3. El municipio de Bucaramanga señaló que no tiene legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es competente para dirimir la controversia planteada por la accionante.

1.7. Sentencia de primera instanciaDemandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia del 31 de octubre de 2025, negó la solicitud de desvinculación del municipio de Bucaramanga y de claró la improcedencia de la acción de tutela porque incumple el requisito de inmediatez.

Subrayó que consultado el expediente con radicado número 68001-33-33-004-202100031-01 en el aplicativo Samai, se advierte que la providencia cuestionada fue proferida el 13 de febrero de 2025 y notificada mediante correo electrónico el 24 de febrero de 2025.

Puntualizó que entre (i) la fecha en que se entiende notificada la decisión de segunda instancia (26 de febrero de 2025 1) y (ii) la presentación de la tutela de la referencia (26 de septiembre de 2025 ), transcurrieron más de 7 meses, lapso que supera el plazo razonable fijado por la jurisprudencia y desvirtúa la urgencia que caracteriza

(26 de septiembre de 2025 ), transcurrieron más de 7 meses, lapso que supera el plazo razonable fijado por la jurisprudencia y desvirtúa la urgencia que caracteriza este mecanismo.

Aseveró que la tutelante no demostró sumariamente una causal de justificación para dar por superada la falta de inmediatez.

1.8. Impugnación

Con escrito recibido el 10 de noviembre de 2025, la accionante impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto «se cumplen a cabalidad los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial».

Afirmó que «la ejecutoria de las sentencias data del 28 de marzo de 2025, es decir, que fue en dicha fecha en que quedaron en firme, lo que implica que se tenía hasta el 27 de septiembre del año en curso para la radicación de la tutela, lo cual se realizó el día 26 de septiembre de 2025, presentándose en consecuencia dentro del respectivo término de los seis (6) meses».

Indicó que, en caso de que se concluya que este mecanismo fue presentado por fuera del plazo razonable , no se puede soslayar que la vulneración de sus derechos fundamentales aún permanece vigente . Lo anterior, si se atiende que «se trata de una persona que dada sus calidades personales y familiares, merece especial protección del Estado».

Pidió que se realice un estudio íntegro y sistemático de las consideraciones consignadas en el escrito de tutela y las pruebas que obran en el expediente ordinario, en aras a que se proceda a ordenar la revocatoria del fallo censurado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

ordinario, en aras a que se proceda a ordenar la revocatoria del fallo censurado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

1 De acuerdo con el numeral 2 del artículo 205 del CPACADemandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial ; (ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso concreto.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…) ». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo

estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…) ». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

2 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: ( i) que sea relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará

subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.4.1 En lo referente al requisito de inmediatez cabe señalar que este presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Esto es así, debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.3

Esto es así, debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.3

En criterio de la Sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo constitucional es el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.

3 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».Demandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.4

En el caso bajo estudio, se constató que la accionante interpuso la acción de tutela el 26 de septiembre de 2025 contra las sentencias proferidas el 13 de febrero de 2025 y el 30 de septiembre de 2022, emitidas en su orden por el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado C uarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

De igual forma, de la revisión de la solicitud de amparo se advierte que la señora Alejandra Paola Gálvez Agredo justificó la inmediatez de la acción de tutela con fundamento en que dichas decisiones quedaron ejecutoriadas 28 de marzo de 2025 y transgredieron sus derechos fundamentales.

Este mecanismo no cumple con el requisito de inmediatez, pues de la revisión del

fundamento en que dichas decisiones quedaron ejecutoriadas 28 de marzo de 2025 y transgredieron sus derechos fundamentales.

Este mecanismo no cumple con el requisito de inmediatez, pues de la revisión del expediente 68001-33-33-004-2021-00031-00/01 se corroboró que el envío de la notificación de la sentencia del 13 de febrero de 2025, fue realizado mediante correo electrónico del 24 de febrero siguiente, quedando así notificada efectivamente el 2 6 de febrero siguiente y ejecutoriada el 3 de marzo del mismo año . Por lo que la accionante tenia hasta el 4 de septiembre de esta anualidad para presentar la acción de tutela en un plazo razonable, lo cual no ocurrió.

Si bien es cierto que en la impugnación se trajo a colación una fecha de ejecutoria distinta a la establ ecida en el párrafo anterior , también lo es que no tiene soporte alguno.

Además, aunque la actora considera que la vulneración de sus garantías fundamentales persiste en el tiempo y, por lo tanto, el término de inmediatez debe entenderse superado, resulta necesario recalcar que, en tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la presunta transgresión de los derechos se materializa con

4 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.Demandante: Alejandra Paola Gálvez Agredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06037-01

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la ejecutoria de la decisión frente a la cual se presenta el reproche, por lo que es desde ese momento en que debe acudirse al juez constitucional.

Así las cosas, la Sala confirmara la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, debido a que no se satisface el requisito de inmediatez exigido por la jurisprudencia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/