CE - Sentencia 11001031500020250604601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela

Parte actora: James John Jiménez Jiménez

Parte accionada: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión

Oral – Sección B Radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de 23 de octubre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor James John Jiménez Jiménez y su núcleo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla , con el fin de que fuese declarada administrativamente responsable de los perjuicios causados al señor Jiménez Jiménez, con ocasión de la falla en el servicio de la administración justicia por las decisiones proferidas por la Sala Disciplinaria del Consejo

administrativamente responsable de los perjuicios causados al señor Jiménez Jiménez, con ocasión de la falla en el servicio de la administración justicia por las decisiones proferidas por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de B arranquilla, mediante sentencia de 5 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante no demostró la existencia de un error jurisdiccional y mucho menos que el mismo fuera imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó recurso de apelación.

1.4. La Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico , mediante decisión de 11 de abril de 2025 , confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que las providencias acusadas de causar perjuicios a los demandantes se encontraban jurídicamente motivadas y probatoriamente sustentadas y “[…] era indiferente que al actor se le adelantara o no una investigación penal por los mismos hechos investigados en sede disciplinaria, y que allí se sancionara o se absolviera, toda vez que los presupuestos son diferentes

indiferente que al actor se le adelantara o no una investigación penal por los mismos hechos investigados en sede disciplinaria, y que allí se sancionara o se absolviera, toda vez que los presupuestos son diferentes en una y otra investigación […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia toda vez que dentro del proceso disciplinario se dejaron de valorar algunas pruebas documentales y testimoniales como son : i) la certificación de la queja disciplinaria presentada por los quejosos el 8 de marzo de 2019; ii) las declaraciones de los señores Nelson Alvarino Vargas, Adriano Reales García, Cecilia Paternina Polo y Cristo Pérez Rivera; iii) el documento suscrito por los señores Nelson Alvarino Vargas y Adriano Reales García, donde dieron fe de que la deuda actual corresponde a $ 23.000.000 ; y iv) el documento firmado por algunos de los querellantes, en el que afirmaron que recibieron un abono.

Aseguró que en el proceso disciplinario debió aplicarse el principio de la sana crítica como pilar fundamental de la valoración probatoria.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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Afirmó que debió aplicarse a su favor el principio de in dubio pro disciplinado, debido a todas las dudas generadas en el proceso , ya que las pruebas documentales no permitían concluir que él era el deudor o que había pagado

Afirmó que debió aplicarse a su favor el principio de in dubio pro disciplinado, debido a todas las dudas generadas en el proceso , ya que las pruebas documentales no permitían concluir que él era el deudor o que había pagado el total de lo adeudado.

3. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

“[…] Se solicita a esta alta corte se sirva proteger los Derechos Constitucionales Fundamentales al suscrito, del Debido Proceso y el Acceso a la Administración de Justicia; y conforme a ello se declare que en los fallos descritos en los hechos denunciados, los mismos han sido contrario a la convención, a la constitución y a la ley, y por lo tanto deben ser declaradas en ese sentido, y consecuencialmente ordenarse el restablecimiento de los derechos afectados al petente […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de tutela contra la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico y se vinculó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.

2. El 23 de octubre de 2025 , la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.

3. Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.

3. Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que la acción de tutela debe declararse improcedente porqueNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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no incurrió en ninguna causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de B arranquilla rindió informe señalando que no se vulneró ningún derecho fundamental en la decisión proferida por ese despacho toda vez que hizo un análisis pertinente con las pruebas allegadas al expediente.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante sentencia de 23 de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumpl ía con el requisito general de relevancia constitucional.

Al r especto, el a quo indicó que la accionante no está discutiendo los razonamientos contenidos en la sentencia de segunda instancia de reparación directa, sino qu e limitó su desacuerdo a las conclusiones del proceso disciplinario.

Señaló que el accionante no invocó ningún defecto puntal de los establecidos

razonamientos contenidos en la sentencia de segunda instancia de reparación directa, sino qu e limitó su desacuerdo a las conclusiones del proceso disciplinario.

Señaló que el accionante no invocó ningún defecto puntal de los establecidos por la jurisprudencia constitucional y de esta corporación para la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sino que se circunscribió a reprochar la conclusión a la que se llegó en el proceso disciplinario, evidenciándose que la pretensión del actor es crear una instancia adicional, lo cual no puede ser admitido por el juez constitucional.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Sostuvo que el juez disciplinario incurrió en defecto fáctico porque ignoró la valoración de las pruebas testimoniales de “[…] los señores Nelson AlvarinoNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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Vargas y Adriano Enrique Reales García puesto […], las cuales daban cuenta que los quejosos faltaron a la verdad.

Señaló que el juez disciplinario omitió valorar pruebas documentales aportadas por los “[…] propios quejosos y otras aportadas por el denunciado […]”, a partir de las cuales se podía apreciar la suma adeudada y el saldo pendiente y que “[…] los mismos son por cuenta del Municipio de Soledad – Atlántico […]”.

[…]”, a partir de las cuales se podía apreciar la suma adeudada y el saldo pendiente y que “[…] los mismos son por cuenta del Municipio de Soledad – Atlántico […]”.

Finalmente, manifestó que los quejosos en el marco del proceso disciplinario realizaron una actuación ilegal e inconstitucional al haber “[…] mentido al investigador disciplinario presentándole una querella que ellos mismos habían manifestado ante entidad pública competente su s deseos de no continuar porque ya la deuda exigida había sido cancelada en su totalidad a todos los reclamantes […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado 1, la Sección debe establecer:

1 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo de Estado 3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras. 3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009 -01328-01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.

En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

En este caso , la Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales

4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C -590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D -5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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en que incurrió la autoridad accionada no devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se evidencie que su caso tiene la “ […] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Tan cierto es lo anterior que la argumentación planteada por la parte actora no está asociada a exponer las razones por las cuales el tribunal accionado presuntamente vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia que confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa núm. 08001-33-33-004-2021-00230-02, sino a controvertir la providencia del juez disciplinario.

De ahí que la Sala también advierte que la argumentación que esgrimió la

demanda de reparación directa núm. 08001-33-33-004-2021-00230-02, sino a controvertir la providencia del juez disciplinario.

De ahí que la Sala también advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales no cumple con la carga argumentativa exigida cuando se controvierte una providencia judicial por vía de tutela.

Esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto que si bien el mecanismo de amparo se caracteriza por la flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la

una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 23 de octubre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06046-01

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO

CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.