CE - Sentencia 11001031500020250606400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06064-001

Accionante : Edinson Ariel Sánchez Lasso Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad Vinculados : Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín, NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Distrito de Medellín Acción : Tutela Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento y pago de cesantías y sanción moratoria Decisión : Primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada por Edinson Ariel Sánchez Lasso contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta Oralidad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción ; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El accionante interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de su s

y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El accionante interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo d e Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad.

1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-010-2024-00073-01 y, en su lugar, emitir una nueva decisión judicial «que garantice (i) un análisis del caso concreto congruente con los medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos objeto de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag y, el régimen de la condena en costas».

1.3. Hechos2

De acuerdo con lo expuesto por el accionante y los documentos que obran en el expediente, presentó una reclamación administrativa para obtener el reconocimiento de

1.3. Hechos2

De acuerdo con lo expuesto por el accionante y los documentos que obran en el expediente, presentó una reclamación administrativa para obtener el reconocimiento de sus cesantías parciales el 23 de febrero de 2022, a través del Sistema Humano en Línea. Posteriormente, La petición fue resuelta de manera favorable mediante la Resolución No. MEDELR2022000139 del 9 de mayo de 2022 y , en consecuencia, los recursos fueron girados el 6 de julio del mismo año . Al considerar que el pago se realizó fuera del plazo legal, el 14 de julio de 2023 solicitó al Ministerio de Educación Nacional - Fomag y al Distrito de Medellín el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, l o cual fue negado mediante oficio No. 202430010193 del 15 de enero de 2024.

En consecuencia, radicó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag y el Distrito de Medellín , asignada al Juzgado T reinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín, bajo radicado 05001-33-33-010-2024-00073-01. En dicho proceso , solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de sus cesantías parciales y, pidió como restablecimiento que se ordenara el reconocimiento y pago de dicha sanción.

Por consiguiente, la entidad judicial de primera instancia accedió a las pretensiones del demandante al concluir que la solicitud de cesantías quedó radicada en debida forma el

ordenara el reconocimiento y pago de dicha sanción.

Por consiguiente, la entidad judicial de primera instancia accedió a las pretensiones del demandante al concluir que la solicitud de cesantías quedó radicada en debida forma el 23 de febrero de 2022, según el registro del sistema Humano. En ese orden, el despacho determinó que la resolución de reconocimiento fue expedida por fuera del término legal previsto en la Ley 1071 de 2006, por lo que declaró la nulidad del oficio del 15 de enero de 2024 y ordenó al Distrito de Medellín, Secretaría de Educación, el pago de la sanción

2 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

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moratoria correspondiente a 28 días.

Contra dicho fallo, la parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 28 de marzo de 2025. En esta providencia, la entidad judicial concluyó que, la solicitud de cesantías del docente había sido radicada el 8 de abril de 2022 y no en las fechas señaladas por las partes y, por lo tanto , la Administración contaba con los plazos legales para expedir el acto y efectuar el pago , motivo por el cual , revocó la decisión de primera instancia al no configurarse la sanción moratoria.

1.4. Argumentos de la tutela3

El accionante afirma que, la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal

configurarse la sanción moratoria.

1.4. Argumentos de la tutela3

El accionante afirma que, la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de oralidad , mediante el cual revocó la providencia de primera instancia del Juzgado T reinta y nueve (39) Administrativo de Medellín, vulnera sus derechos fundamentales alegados, porque adolece de (i) defecto fáctico, «[…] al desestimar la fecha consignada en la constancia de solicitud de cesantías [y] omit[ir] llevar a cabo un análisis probatorio completo e imparcial, lo que conlleva un quebrantamiento grave y directo del principio de la verdad material que rige el actuar judicial […]»; y (ii) defecto sustantivo, en cuanto a la condena en costas, porque, «[…] no aplicó de manera íntegra el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues omitió examinar si la demanda interpuesta por el docente contra la Nación - Ministerio de Educación - Fomag y el Distrito de Medellín, con la que buscaba el reconocimiento de la sanción moratoria, resultaba manifiestamente carente de sustento jurídico y probatorio, tal como lo exige el Legislador con la adición introducida por la Ley 2080 de 2021, circunstancia que pone de relieve la aplicación parcializada de dicha disposición».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 1° de octubre de 20254, admitió la acción de tutela. En dicha deci sión, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y vincular como terceros con interés

de 20254, admitió la acción de tutela. En dicha deci sión, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y vincular como terceros con interés al Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - (Fomag) y al distrito de Medellín.

2.1. Contestaciones de la acción

3 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2. 4 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 5.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

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2.1.1. Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo de Medellín 5 se limitó a enviar copia del expediente ordinario.

2.1.2. Fiduprevisora S.A. 6 indicó que no se configuro vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad.

2.1.3. El Ministerio de Educación Nacional 7 solicitó que se declare improcedente la acción constitucional, al afirmar que la misma no satisface el requisito de relevancia constitucional.

2.1.4. Alcaldía de Medellín8 Manifestó que el escrito de tutela resulta improcedente por carecer de relevancia constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia de 28 de marzo de 2025, a través de la cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de oralidad revocó la sentencia del 12 de diciembre de 2024, con la que, el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones formuladas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante contra la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Pretensiones Sociales del Magisterio y el Distrito de Medellín ( expediente 05001-33-33-010-2024-00073-01) y lo condenó en costas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.

5 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 9. 6 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14. 7 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11. 8 Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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3.3. La acción de tutela.

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que , no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho9.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales.

amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho9.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La tutela contra providencia judicial es una doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las que se encuentran las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, en el sentido que solo procede cuando, de manera protuberante, se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

9 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados, y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corte Constitucional.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tu tela contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto discutido goce de una indudable relevancia constitucional.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del

absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se susten ta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento, por parte de los servidores judiciales, del deber de dar cue nta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, frente al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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Por otra parte, se destaca que , aunque en un principio la Sala Plena de lo Contencioso

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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Por otra parte, se destaca que , aunque en un principio la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 10, rectificó su posición mediante sentencia del 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.5. Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del actor , con ocasión, a su juicio, de una indebida valoración probatoria e interpretación normativa , en lo que a las costas procesales respecta , lo cual, de comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto fáctico y sustantivo; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, fue presentada el 29 de

que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, fue presentada el 29 de septiembre de 202513, dentro del término de seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia cuestionada, la cual fue notificada electrónicamente el 31 de marzo del mismo año14; y (v) la determinación acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y defecto sustantivo invocadas por el demandante.

10 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 11 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 12 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30

de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 13 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 1. 14 Visible en el expediente electrónico de origen en SAMAI, índice 15

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333010202400073010500123Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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3.5.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»15.

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración

dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra16.

En el presente caso el demandante sostiene que la decisión reprochada incurre en defecto fáctico , al considerar que, «[...] al desestimar la fecha consignada en la constancia de solicitud de cesantías, omitió llevar a cabo un análisis probatorio completo e imparcial, lo que conlleva un quebrantamiento grave y directo del principio de la verdad material que rige el actuar judici al».

Ahora bien, en la providencia censurada , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad 17, sostuvo que, la fecha relevante para contabilizar el término legal era el 8 de abril de 2022, por cuanto en esa fecha se registró en la plataforma Humano la validación completa de los documentos exigidos para el trámite, lo que constituye la radicación efectiva de la solicitud.

Además, para arribar a dicha conclusión, la autoridad accionada no solo valoró las pruebas allegadas dentro de ese trámite, principalmente los registros de la plataforma Humano, sino también las disposiciones normativas aplicables, en especial el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 94 2 de 2022, que establecen que el término para resolver la solicitud corre a partir de la radicación

de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 94 2 de 2022, que establecen que el término para resolver la solicitud corre a partir de la radicación completa. Con base en ello, determinó que dicha radicación ocurrió el 8 de abril de 2022, fecha en la que se validaron todos los requisitos exigidos, y no en las fechas anteriores en las que solo se realizaron verificaciones parciales.

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 16 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. 17 Visible en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, No. 05001-333-33-010-2024-00073-01, Pag 21-23.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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Ahora bien, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el accionante, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite . Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional18 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…] Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.

mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.

En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, en la medida en que sus argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron aportadas en el aludido proceso, como de conformidad con la normativa sobre la materia, situación de la que se colige que no incurre en defecto fáctico.

3.5.2 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las

18 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06064-00

Accionante: Edinson Ariel Sánchez Lasso

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autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 19 ha estimado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concre to, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella

se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concre to, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: «Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales »20.

En el asunto sub examine, el demandante adu jo que la providencia cuestionada , en lo relacionado con la condena en costas impuesta, incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «[…] el juez colegiado no aplicó de manera íntegra el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues omitió examinar si la demanda interpuesta […] contra la Nación - Ministerio de EducaciónFomag y el Distrito de Medellín, con la que buscaba el reconocimiento de la sanción moratoria, resultaba manifiestamente carente de sustento jurí dico y probatorio, tal como lo exige el Legislador con la adición introducida por la Ley 2080 de 2021, circunstancia que pone de relieve la aplicación parcializada de dicha disposición».

Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio d