CE - Sentencia 11001031500020250606800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06068-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA

DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA

PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE

MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL

PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO CINCUENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “C”2.

1 En adelante JUZGADO. 2 En adelante TRIBUNAL.2

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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MERY JENITH DÍ AZ MENESES , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido , respectivamente, las providencias de 28 de junio de 2024 y 13 de agosto de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-0008-01.

I.2.- Hechos

Sostuvo que se desempeñó como abogada de carrera en la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES desde el 30 de diciembre de 1996. Posteriormente, el 23 de mayo de 2019 fue designada como coordinadora del grupo de investigaciones administrativas mediante Resolución núm. 2019-01-207205.

Manifestó que el 7 de marzo de 2022 sufrió un accidente laboral , el cual no fue reportado a la ARL SURA ni al MINISTERIO DEL3

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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

TRABAJO y se omitió la realización de las investigaciones de lo ocurrido al no valorar la guía de reporte e investigación de accidentes

Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

TRABAJO y se omitió la realización de las investigaciones de lo ocurrido al no valorar la guía de reporte e investigación de accidentes de trabajo GTH-G-005 de 26 de junio de 2020.

Manifestó que el 4 de abril de ese año envió un derecho de petición a la coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Sociedades en el que solicitó que se reportara el accidente a las entidades c orrespondientes, no obstante, en la respuesta que recibió , se omitió establecer que el incidente se presentó en cumplimiento de una orden impartida por la entidad.

Señaló que al volver de su incapacidad solicitó el restablecimiento de los permisos de acceso a los aplicativos d e trabajo , pero ante la insistencia y desatención de su petición presentó renuncia irrevocable ante el superintendente a partir del 11 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 17 de junio , 6 y 8 de julio de ese año , en razón a que el director de Talento Humano no la encontró clara y por el contrario le pidió manifestar una decisión espontánea e inequívoca de su dimisión.4

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Agregó que el 8 de julio de 2022 , mediante Resolución núm. 202201-GATH-000103, se aceptó su renuncia , y mediante Oficio núm. 2022-01-GATH-000109, de la misma fecha, el director de Talento Humano intentó justificar la omisión en su designación en la

01-GATH-000103, se aceptó su renuncia , y mediante Oficio núm. 2022-01-GATH-000109, de la misma fecha, el director de Talento Humano intentó justificar la omisión en su designación en la coordinación del Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación.

Indicó que contra dichos actos administrativos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue identificada con el número único de radicación 2023-00008-00 y correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 28 de junio de 2024, declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda frente al Oficio núm. 2023-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022 y negó las pretensiones en lo demás.

Contra tal decisión presentó recurso de apelación , el cual correspondió al TRIBUNAL que, en sentencia de 13 de agosto de 2025 confirmó la sentencia de primera instancia.

Adujo que los actos demandados obedecen a una retaliación en su contra por parte del superintendente y del director de Talento5

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Humano, quienes la despojaron de su puesto de trabajo por haber presentado una rec lamación y un recurso contra la resolución mediante la cual se nombró a la señora DIANA CAROLINA PÉREZ

VÁSQUEZ.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

mediante la cual se nombró a la señora DIANA CAROLINA PÉREZ

VÁSQUEZ.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, por interpretación errónea de las pruebas allegadas dentro del proceso y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Alegó que en el curso de la primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se efectuó una valoración parcial, arbitraria, caprichosa e incongruente de las pruebas aportadas y se avalaron conductas ilegales de los directivos de la Superintendencia de Sociedades.

Insistió en que acoger la tesis de lo resuelto en el proceso cuestionado sin valorar las pruebas aportadas o desconocer su contenido, evidencia un total incumplimiento del deber de motivar la6

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decisión, además que de haber estudiado de fondo la documentación aportada, se hubiera arrimado a la conclusión de que el Oficio núm. 2023-01-GATH-000109 de 8 de julio de 2022, fue expedido por un funcionario sin competencia y que la entidad realizó un nombramiento sin haber resuelto de manera previa las reclamaciones que presentó en su momento.

Aseguró que la parte demandada pasó por alto lo dispuesto en las sentencias C-588 de 27 de agosto de 2009 3, C-553 de 6 de julio de

reclamaciones que presentó en su momento.

Aseguró que la parte demandada pasó por alto lo dispuesto en las sentencias C-588 de 27 de agosto de 2009 3, C-553 de 6 de julio de 20104 y SU-539 de 12 de julio de 20 125, proferidas por la Corte Constitucional.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] i) AMPARAR los mencionados derechos dentro del proceso 1100133-42-053-2023-00008-01 en consecuencia: i) revocar la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal ii) ordenar a la Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal que dentro del término otorgado por su Despacho expida una sentencia de reemplazo en la cual revoque el fallo dictado el 28 de junio de 2024 por el Juzgado (53) y acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la aquí accionante pa ra solicitar la declaratoria de nulidad de la Resolución 2022-GATH-000103 y el Oficio 2022-GATH-000109 ambos del 8 de julio de 2022. […]”.

3 Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 4 Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 5 Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva7

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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO sostuvo que durante el trámite del proceso

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO sostuvo que durante el trámite del proceso ordinario se surtieron todas las etapas procesales cumpliendo con las garantías de los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y al principio de contradicción, lo que llevó a que la decisión que profirió en su momento se tomará bajo la normativa aplicable y luego de un análisis minucioso de las pruebas aportadas.

Solicitó ser desvinculada de la presente acción , pues lo perseguido por la accionante es hacer variar la decisión de segunda instancia proferida dentro del medio de control censurado, por no haber sido favorable a sus pretensiones.

I.5.2.- El TRIBUNAL indicó que realizó un estudio completo de las pruebas allegadas al proceso, las cuales lo llevaron a la conclusión de que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar.

Asimismo, resaltó que el hecho de que la accionante no comparta la decisión controvertida no es óbice para crear una instancia adicional, debido a que la acción de tutela es un mecanismo excepcional.8

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I.6. Vinculada

I.6.1.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES , luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, manifestó que la presente acción no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la misma versa sobre una

I.6.1.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES , luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, manifestó que la presente acción no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la misma versa sobre una inconformidad de la accionante frente a las decisiones allí adoptadas, lo que permite entender que su pretensión es reabrir un debate ya concluido.

Asimismo, solicitó rechazar por improcedente la presente acción, por cuanto las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas se encuentran ajustadas a derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.9

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Cuestión previa

La Sala advierte que el JUZGADO formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en10

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el JUZGADO conoció en primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,11

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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:12

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales

la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.13

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para

selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.14

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto la sentencia de 13 de agosto de 2025 , proferida por el TRIBUNAL que, confirmó la providencia de 28 de junio de 2024, dictada por el JUZGADO, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00008-01.

A la s citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en defecto fáctico al desconocer el material probatorio15

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en defecto fáctico al desconocer el material probatorio15

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Actora: MERY JENITH DÍAZ MENESES

allegado al proceso, el cual demostraba que se avalaron conductas ilegales por parte de los directivos de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES para proferir actos administrativos sin competencia , además que no se atendieron sus reparos frente al accidente de trabajo que sufrió ni al nombramiento que se hizo de la señora DIANA CAROLINA PÉREZ VÁSQUEZ , supuesta sobrina del superintendente.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 28 de junio de 2024, proferida por el JUZGADO, como la del 13 de agosto de 2025, dictada por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la parte actora.

Aclarado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente alegados, al haber16

de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente alegados, al haber16

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proferido la sentencia de 13 de agosto de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00008-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.17

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.17

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para

principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La t