CE - Sentencia 11001031500020250607001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06070-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la SALA CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISRATIVO DE ANTIOQUIA1 contra la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, que accedió al amparo solicitado.

I. – ANTECEDENTES

1 En adelante TRIBUNAL 2 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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Actora: LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA

1 En adelante TRIBUNAL 2 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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Actora: LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.- La Solicitud

La señora LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA, actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia , a la tutela judicial efectiva y a los principios pro homine y gratuidad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 28 de marzo de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de 2023-00176-01.

I.2.- Hechos

Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 3, por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO (FOMAG)4.

Señaló que el 24 de junio de 2021 solicitó a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCAC IÓN NACIONAL5 - FOMAG y al DEPARTAMENTO el pago de las cesantías parciales, prestación que

3 En adelante DEPARTAMENTO 4 En adelante FOMAG. 5 En adelante MINISTERIO.3

MINISTERIO DE EDUCAC IÓN NACIONAL5 - FOMAG y al DEPARTAMENTO el pago de las cesantías parciales, prestación que

3 En adelante DEPARTAMENTO 4 En adelante FOMAG. 5 En adelante MINISTERIO.3

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le fue reconocida a través de la Resolución núm. S2021060084665 de 3 de agosto de 2021 y cancelada efectivamente el 10 de octubre de ese año.

Manifestó que el FOMAG omitió consignar en el término de ley las cesantías que le correspondía por los servicios prestados, por lo que le solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de dicha prestación social.

Refirió que dicha autoridad no emitió respuesta alguna a su requerimiento, por lo que se configuró un acto ficto negativo.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MINISTERIO, el FOMAG y el DEPARTAMENTO, con el fin de obtener la declaratoria y nulidad del acto ficto negativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 2023-00176-00 y le correspondió en primera instancia

moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 2023-00176-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TURBO6 que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024, accedió a las súplicas de la demanda.

6 En adelante el JUZGADO.4

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Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el DEPARTAMENTO interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 28 de marzo de 202 5, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico , por cuanto, en su criterio, omitió efectuar una valoración adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes en el expediente ordinario . En particular, reprochó que s e haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 24 de junio de 2021, otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto

desestimado la fecha de radicación consignada en el formato de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 24 de junio de 2021, otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, en la qu e se señaló que se realizó hasta el 22 de julio de ese año.

Reprochó que el TRIBUNAL hubiese otorgado mayor credibilidad a lo consignado en el acto administrativo que resolvió dicha solicitud, el cual indicó que la petición fue presentada el 22 de julio de 2021, desconociendo así las reglas de la sana critica que constituyen parámetros de valoración probatoria.5

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Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto material o sustantivo , ya que efectuó una interpretación incompleta de la ley.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende que:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia del 28 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso identificado con No. 05837 -33-33-002-2023-00176-01 transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA

del proceso identificado con No. 05837 -33-33-002-2023-00176-01 transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA

JUDICIAL EFECTIVA, PRINCIPIO PR O HOMINE Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD de la señora LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Luz Oneyda Palacios Mosquera y,

(ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo defin ido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag y, el régimen de condena en costas vigente. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, señaló que la actuación6

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restablecimiento del derecho cuestionado, señaló que la actuación6

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judicial se adelantó en atención a la regla jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado.

Aseguró que la valoración de las pruebas y la resolución del caso concreto se desarrollaron de manera adecuada, en el marco de la autonomía e independencia judicial y acatando el precedente jurisprudencial dispuesto frente a la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías.

Argumentó que arribó a la conclusión de que la solicitud se radicó el 22 de julio de 2021, debido a que en la Resolución núm. 2021060084665 de 3 de agosto de ese año se señaló esa fecha, la cual se consideró válida en virtud de la presunción de legalidad del acto administrativo.

Solicitó declarar improcedente la presente solicitud de amparo puesto que carece de relevancia constitucional y lo que pretende la parte actora es crear una tercera instancia.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento censurado, solicitó ser desvinculado del p resente trámite7

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surtidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento censurado, solicitó ser desvinculado del p resente trámite7

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constitucional, toda vez que la autoridad no vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor.

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A., el FOMAG, el DEPARTAMENTO y el MINISTERIO, pese a ser notificados, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 30 de octubre de 2025, concedió el amparo solicitado y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 28 de marzo de 2025 proferida por el TRIBUNAL y le ordenó proferir otra en su reemplazo.

Consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, por cuanto se limitó a examinar la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales de 22 de julio de 2021, pero omitió valorar la constancia de presentación de la petición elevada el 24 de ese mismo año, la cual era una prueba determinante.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la sentencia de tutela proferida en primera8

la petición elevada el 24 de ese mismo año, la cual era una prueba determinante.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la sentencia de tutela proferida en primera8

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instancia insistiendo en que no existe elemento probatorio que permita establecer un vínculo causal, cierto y verificable entre la presunta solicitud de 24 de junio de 2021 y el acto administrativo 20210600084665 de 3 de agosto de la misma anualidad, lo cual constituye parte de la motivación fáctica de este último como elemento de validez.

Recalcó que la señora PALACIOS MOSQUERA debió acreditar la existencia del error frente a la fecha de radicación de la solicitud aportando la trazabilidad de su petición.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa9

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La Sala advierte que el JUZGADO solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al dema ndado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).10

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Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsabl e del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cu ya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el JUZGADO conoció en primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, le asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose11

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un12

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propic iar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una ir regularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sente ncias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.13

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo h a señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la provide ncia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte d e terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

víctima de un engaño por parte d e terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 28 de marzo de 2025 ,14

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proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00176-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00176-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva y los principios de prevalencia gratuidad y pro homine , habida que, a su juicio, incurrió en defecto fáctico , por cuanto, en su criterio, omitió efectuar una valoración adecuada e integral de los elementos de juicio obrantes en el expediente ordinario. En particular, reprochó que se haya desestimado la fecha de radic ación consignada en el formato de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 24 de junio de 2021, otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, en la que se señaló que se realizó hasta el 22 de julio de ese año.

Reprochó que el TRIBUNAL hubiese otorgado mayor credibilidad a lo consignado en el acto administrativo que resolvió dicha solicitud, el cual indicó que la petición fue presentada el 22 de julio de 2021, desconociendo así las regl as de la sana critica que constituyen parámetros de valoración probatoria.

Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto15

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requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no co nsignación oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 20197, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronu nciamientos de la Corte Constitucional y

impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronu nciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el j uez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta

7 Corte Constitucional, sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06070-01

Actora: LUZ ONEYDA PALACIOS MOSQUERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una pre