CE - Sentencia 11001031500020250607900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06079-001

Accionante : Dairo de Jesús Ruda Valderrama

Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Vinculados : Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo de Medellín, la Nación – Ministerio del Trabajo y Sociedad Fiduciaria de

Desarrollo Agropecuario S.A.

Acción : Tutela Tema : Tutela contra providencia judicial / conciliación como requisito de procedibilidad para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento de prestación humanitaria periódica a víctima del conflicto armado Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela incoada por Dairo de Jesús Ruda Valderrama contra la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia , por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción ; y, finalmente, resolverá lo pertinente en

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción ; y, finalmente, resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

El señor Darío de Jesús Ruda Valderrama , quien actúa a través de apoderado

1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital , presuntamente vulnerados por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Por consiguiente, solicitó:

[…] SEGUNDA: Se ordene dejar sin efectos la providencia proferida el 28 de mayo de 2025por [sic] el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Séptima, dentro del proceso con radicado n° 05001 33 33 036 2018 00298 02.

TERCERA: Cómo [sic] consecuencia de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Séptima, proferir nueva sentencia dentro del proceso judicial atendiendo a la condición e [sic] víctima del conflicto de mi representado, ajustada a los principios constitucionales y razonamientos expuestos.

1.3. Hechos2.

proceso judicial atendiendo a la condición e [sic] víctima del conflicto de mi representado, ajustada a los principios constitucionales y razonamientos expuestos.

1.3. Hechos2.

En el escrito de tutela se indica que , el 21 de octubre de 2012, el señor Dairo de Jesús Ruda Valderrama fue víctima de una mina antipersonal en la vereda el Cañón de Iglesias en el municipio de Tarazá (Antioquia), cuando se encontraba trabajando en labores del campo . A raíz de este accidente, el accionante perdió la visión en ambos ojos; sufrió una fractura tibioperonea izquierda, un trauma ótico que derivó en un diagnóstico de tinnitus; y le fueron amputadas la mano superior izquierda a nivel del antebrazo y, parcialmente, la mano derecha.

El 15 de abril de 2016, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia encontró que, el 21 de octubre de 2012, se estructuró una disminución del 88.1% de la capacidad laboral del accionante. Adicionalmente, el 16 de enero de 2013, Jesús Ruda Valderrama fue inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) del municipio de Valdivia (Antioquia).

Debido a la disminución de su capacidad laboral, el señor Ruda no cuenta con los medios para obtener recursos propios para su subsistencia y la de su familia . Así, si bien hace parte del Régimen Subsidiado de Salud, no puede cotizar al Sistema General de Pensiones para acceder a algún tipo de prestación económica.

medios para obtener recursos propios para su subsistencia y la de su familia . Así, si bien hace parte del Régimen Subsidiado de Salud, no puede cotizar al Sistema General de Pensiones para acceder a algún tipo de prestación económica.

Los días 23, 24 y 27 de octubre de 2017, el accionante presentó reclamaciones administrativas respectivamente ante la Administradora Colombiana de Pensiones

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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(Colpensiones), el Ministerio del Trabajo y Colombia Mayor. Adicionalmente, el 25 de octubre de 2017, el actor radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que solicitaba el reconocimiento de una prestación humanitaria periódica (PHP)3. En respuesta, el Ministerio emitió el acto administrativo No. 1-2017-087070 del 2 de noviembre de 2017, contentivo de una respuesta negativa.

En consecuencia, el 31 de julio de 2018, el señor Ruda presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo y Colpensiones, para que fuera declarada la nulidad de las respuestas negativas, fictas o no, al reconocimiento de la PHP. Este proceso con radicado No. 05001-33Colpensiones, para que fuera declarada la nulidad de las respuestas negativas, fictas o no, al reconocimiento de la PHP. Este proceso con radicado No. 05001-3333-036-2018-00298-00 correspondió, en primera instancia, al Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo del Circuito de Medellín.

En sentencia del 18 de diciembre de 2019, el Juzgado (i) declaró la nulidad de los actos presuntos configurados los días 24 y 27 de enero de 2018 por el Ministerio del Trabajo; y el día 27 de octubre de 2017 por el Consorcio Colombia Mayor (hoy Fiduagraria S.A.4) con relación a la solicitud de reconocimiento y pago de la PHP a favor del señor R uda; y (ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó al Ministerio del Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor reconocer y pagar a favor del demandante la PHP.

En cumplimiento de estas órdenes, el Ministerio reconoció el derecho que le asistía al demandante a la PHP, y lo incluyó en la nómina a partir del mes de octubre de

2020. Sin embargo, la sentencia de primera instancia fue apelada, entre otros, por el Ministerio del Trabajo , por considerar que no se cumplió con el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación prejudicial obligatoria.

Mediante sentencia de segunda instancia del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, sin pronunciarse de fondo, revocó la totalidad de la decisión del Juzgado, al considerar que la demanda no cumplió con agotar el requisito de procedibilidad previsto por el inciso 3° del parágrafo 2 del

totalidad de la decisión del Juzgado, al considerar que la demanda no cumplió con agotar el requisito de procedibilidad previsto por el inciso 3° del parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Este requisito se imponía, según la decisión, por estar en discusión una prestación que no tiene naturaleza de derecho

3 Establecida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017. 4 Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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pensional en el sentido estricto, sino un beneficio gratuito de carácter asistencial dirigido a las víctimas del conflicto armado que han perdido su capacidad laboral , que no constituye un derecho cierto, indiscutible ni irrenunciable.

En razón de su situación de salud, su precariedad económica y su condición de víctima del conflicto, el señor Dairo de Jesús Ruda Valderrama alega que se ha desconocido su condición de sujeto de especial protección constitucional, y que, producto de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, enfrenta junto con su familia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se concretaría con la suspensión del pago de la PHP reconocida mediante la Resolución No. 1340 del 22 de julio de 2020.

1.4. Argumentos de la tutela.

su familia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se concretaría con la suspensión del pago de la PHP reconocida mediante la Resolución No. 1340 del 22 de julio de 2020.

1.4. Argumentos de la tutela.

El accionante a rgumenta que el fallo impugnado priorizó un requisito formal (la conciliación prejudicial) sobre el reconocimiento material del derecho cierto e indiscutible a la prestación humanitaria, lo que se concretó en los defectos absoluto, sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, y, en consecuencia, vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y a la igualdad material.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, a través de auto del 1° de octubre de 20255, esta Subsección admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, la Sala ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como parte accionada, y vincular como terceros con interés al Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo del Circuito de Medellín, la Nación – Ministerio del Trabajo y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

2.1. Contestación de la acción.

2.1.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia 6 señaló que , la providencia atacada se centró en analizar la procedencia del requisito de conciliación prejudicial. Aunque el a quo había desestimado la excepción de falta de conciliación prejudicial, lo cierto es que, la controversia no tenía naturaleza laboral ni pensional,

5 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 5.

prejudicial. Aunque el a quo había desestimado la excepción de falta de conciliación prejudicial, lo cierto es que, la controversia no tenía naturaleza laboral ni pensional,

5 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 5. 6 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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sino que versaba sobre una prestación de carácter asistencial y humanitario, lo que la hacía susceptible del requisito de procedibilidad.

El Tribunal puntualizó que, al configurarse la excepción de falta de conciliación prejudicial propuesta por el Ministerio del Trabajo, no había lugar a analizar el fondo del asunto. En consecuencia, la autoridad judicial solicitó que se niegue lo pretendido en esta acción.

2.2. Respuesta de las entidades vinculadas.

2.2.1. Fiduagraria S.A.7 indicó que, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó la concesión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia, pero el mismo no fue sustentado dentro del término legal. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia lo declaró desierto, de manera que debe concluirse que la presente acción constitucional resulta improcedente por no cumplir el requisito de subsidiarieda d. Además, el Consorcio alegó que, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, debe ordenarse su desvinculación del trámite.

constitucional resulta improcedente por no cumplir el requisito de subsidiarieda d. Además, el Consorcio alegó que, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, debe ordenarse su desvinculación del trámite.

2.2.2. El Ministerio del Trabajo 8 aseguró que, no se encuentra legitimado por pasiva, porque esa entidad siempre ha dado cumplimiento a las órdenes judiciales proferidas dentro del asunto, y no ha habido incumplimiento en el reconocimiento y pago de la PHP al señor Ruda que ponga en riesgo sus derechos fundamentales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó

7 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11. 8 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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el derecho fundamental […] ». En ese sentido, la Corte Constitucional 9, ha considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la

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el derecho fundamental […] ». En ese sentido, la Corte Constitucional 9, ha considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

La Fiduagraria S.A. y el Ministerio del Trabajo, en los escritos de intervención solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no son las autoridades que profirieron la providencia cuestionada.

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de terceros con interés, por ser las entidades demandadas dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará la solicitud.

3.3. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada contra la sentencia del 28 de mayo de 2025 cumple con los requisitos de procedibilidad; de ser así, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales del señor Dairo de Jesús Ruda Valderrama a l debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital cuando revocó la sentencia de primera instancia que ordenó el reconocimiento y pago de una prestación humanitaria periódica , por supuestamente no haber se acreditado el agotamiento d el requisito de procedibili dad de conciliación extrajudicial, configurándose así los defectos procedimental absoluto, sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial.

3.4. La acción.

acreditado el agotamiento d el requisito de procedibili dad de conciliación extrajudicial, configurándose así los defectos procedimental absoluto, sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial.

3.4. La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las pe rsonas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los part iculares, siempre que no se disponga de

9 Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió, de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó revestido de una forma jurídica aparente, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, a pesar del reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, puede que este vulnere derechos fundamentales mediante sus providencias judiciales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994, se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual debe presentarse al menos uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto orgánico, o defecto procedimental.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las que se encuentran las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,

las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, en el sentido que solo procede cuando, de manera protuberante, se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios yAcción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados, y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración

razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados, y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corte Constitucional.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto discutido goce de una indudable relevancia constitucional.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento, por

inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento, por parte de los servidores judiciales, del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, frente al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constituc ionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir,Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , aunque en un principio la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 10, rectificó su posición mediante sentencia del 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la

que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.6. Sobre los requisitos de procedibilidad.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia constitucional : la discusión se plantea alrededor de la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital del accionante.

(ii) Subsidiariedad: contra la decisión objeto de estudio no procede recurso ordinario alguno, dado que fue proferida en sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriad a. Ahora bien, en cuanto a los recursos extraordinarios, esta Sala encuentra que el accionante no cumplió con agotar el recurso de unificación de jurisprudencia, pero, por las razones que se desarrollan en el acápite 3.6. de esta providencia, entenderá superado el requisito de subsidiariedad en este caso.

(iii) Inmediatez: se satisface el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, la acción de tutela fue presentada el 29 de septiembre de 2025 13,

10 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del

Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 11 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 12 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado

Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 13 Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 3.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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dentro del término de seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia cuestionada, la cual fue notificada electrónicamente el 30 de mayo de 202514.

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dentro del término de seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia cuestionada, la cual fue notificada electrónicamente el 30 de mayo de 202514.

(iv) Identificación razonable de los hechos: el accionante cumplió con la carga mínima consistente en determinar con claridad los hechos y derechos vulnerados, de manera que se cuenta con antecedentes suficientes para decidir de fondo.

(v) Sentencia de tutela: el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

3.7. Solución al caso concreto.

En la solicitud, el accionante alegó la configuración de los siguientes defectos en la providencia cuestionada:

DEFECTO ALEGADO ARGUMENTOS

DEFECTO

PROCEDIMENTAL ABSOLUTO «La Prestación Humanitaria Periódica - PHP, regulada por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017, si bien no es técnicamente una pensión, ostenta características materiales equivalentes a la pensión de invalidez: es vitalicia, periódic a, busca sustituir ingresos y garantizar el mínimo vital de quienes, por el conflicto armado, perdieron de forma irreversible su capacidad laboral.

[…] El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia únicamente por la supuesta falta de agotamiento de la conciliación prejudicial. Sin embargo, como lo resaltó la magistrada en el salvamento de voto, tal excepción ya había sido discutida y negada en prim era instancia sin que se interpusiera recurso. Reabrir la discusión en segunda instancia vulnera los principios de la cosa juzgada y del debido proceso».

DEFECTO

SUSTANTIVO

instancia sin que se interpusiera recurso. Reabrir la discusión en segunda instancia vulnera los principios de la cosa juzgada y del debido proceso». DEFECTO SUSTANTIVO «El ad quem privilegió un aspecto meramente formal por encima de la sustancia del derecho reclamado, omitiendo pronunciarse sobre la condición de víctima, la pérdida del 88.1% de la capacidad laboral y la ausencia de otras fuentes de ingreso que acreditan la procedencia de la prestación. La Corte Constitucional ha reiterado que en casos de sujetos de especial protección se debe dar primacía a lo sustancial sobre lo formal, no siendo esta una directriz adoptada por el Tribunal accionado.».

DESCONOCIMIENTO

DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL «En la Sentencia T – 531 del 2024, la Corte reconoció expresamente que la Prestación Humanitaria Periódica - PHP guarda una relación estrecha con la pensión de invalidez y que, por tanto, no puede negarse por exigencias meramente reglamentarias que desconozcan la protección especial de las víctimas. El Tribunal desconoció este precedente aplicable, vulnerando los derechos a la igualdad y a la seguridad social de mi representado.».

Frente a ello, esta Sala advierte que, el defecto de desconocimiento del precedente constitucional se subsume en el defecto sustantivo, porque la discusión planteada por el accionante se centra en que no se tomaron en cuenta sentencias que han

14 Visible en el expediente electrónico de origen en SAMAI , índice 23,

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333036201800298020500123Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06079-00

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definido la naturaleza de la PHP y el alcance de la Ley 418 de 1997 que la regula. Por lo tanto, la Subsección estudiará este cargo dentro del defecto sustantivo que se refiere a la aplicación de las normas en que se funda la decisión15.

3.7.1. Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Políti