CE - Sentencia 11001031500020250608500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

Demandante: Jorge Abad Mazo Restrepo y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

Demandante: JORGE ABAD MAZO RESTREPO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo de los defectos (i) fáctico, por falta de pronunciamiento frente a una solicitud probatoria , porque no satisface el requisito de subsidiariedad; y (ii) desconocimiento del precedente jurisprudencia, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional / DEFECTO FÁCTICO POR FALTA DE VALORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE BUSCABA ACREDITAR LA TARDANZA DE LA FISCALÍA EN RADICAR EL PREACUERDO – Se configura en este caso, respecto de la falta de valoración probatoria, porque la autoridad judicial accionada no apreció un elemento de

DOCUMENTO QUE BUSCABA ACREDITAR LA TARDANZA DE LA FISCALÍA EN RADICAR EL PREACUERDO – Se configura en este caso, respecto de la falta de valoración probatoria, porque la autoridad judicial accionada no apreció un elemento de juicio debidamente allegado e incorporado al expediente y aseguró, sin ningún respaldo, que la parte actora no aportó la prueba antes mencionada.

La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por los señores Jorge Abad, María Fernanda y Jairo Alberto Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño Girón; Yurani Andrea y Jorge Steven Mazo Cataño contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 21 Administrativo de Cali.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 29 de septiembre de la presente anualidad , los señores Jorge Abad, María Fernanda y Jairo Alberto Mazo Restrepo; Nicolás Campuzano Mazo; Janeth Cataño Girón; Yurani Andrea y Jorge Steven Mazo Cataño , a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 21 Administrativo de Cali y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, el 6 de septiembre de 2023 y el 28 de febrero de 2025 en el marco del proceso de reparación directa con radicado

de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, el 6 de septiembre de 2023 y el 28 de febrero de 2025 en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00/01. Formularon las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores incluidos):

1 Se advierte que el 15 de octubre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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Primera. Solicito se ampare a los demandantes el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, consagrado en el artículo 29, 228, 229 superior y a los principios que gobiernan a la administración de justicia establecidos en la ley 270 de 1996 y a la reparación integral del daño.

Segunda: En consecuencia, de lo anterior se deje sin efecto jurídico la decisión contenida la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralidad de Cali y la sentencia de Segunda Instancia Proferida por el Tribunal Administrativo del Valle dentro del radicado Nro. 7600133-33-021-201800088-00 Promovido por el señor JORGE ABAD MAZO RESTREPO y otros.

Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto

00088-00 Promovido por el señor JORGE ABAD MAZO RESTREPO y otros.

Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto ordenar al Juzgado Primera Administrativo de Buga y o al Tribunal Administrativo Del Valle PROFIERA una nueva decisión que ampare los derechos de los demandantes con relación a los derechos protegidos.

Cuarto: Solicito que se ordene practicar las pruebas o que se ordene la Tribunal Administrativo del Valle que se practique las pruebas que se dejaron de practicar y de las cuales no se pronunció en la sentencia de segunda instancia.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, las personas arriba mencionadas demandaron a la Nación , Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) , con el fin de que se le s declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad que soportó el señor

Jorge Abad Mazo Restrepo.

4. Según se narró en la demanda, el 29 de diciembre de 2014, el señor Jorge Abad Mazo Restrepo fue capturado, sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que, al día siguiente, se legalizó su captura y se le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en su lugar de residencia.

5. El 27 de marzo de 2015, la Fiscalía 26 Seccional de Cali presentó escrito de acusación

consistente en detención preventiva en su lugar de residencia.

5. El 27 de marzo de 2015, la Fiscalía 26 Seccional de Cali presentó escrito de acusación y, el 2 de agosto de 2016 se llevó a cabo la diligencia de acusación. No obstante, el 5 de agosto de 2016, el señor Mazo Restrepo firmó un preacuerdo con el ente investigador; mismo que se aprobó en la diligencia que se llevó a cabo el 5 de julio de 2017 ante el Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali , quien dictó sentencia condenatoria en contra del procesado, por el delito de lesiones personales dolosas, imponiéndole una pena de 20 meses de prisión.

6. Para la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en una falla en el servicio, pues dado su actuar negligente y dilatorio, al momento de radicar la solicitud de audiencia para la aprobación del preacuerdo y de fijar fecha y hora para su realización oportuna, extendieron injustificadamente la privación de la libertad del señor Mazo por un periodo de 10 meses y 5 días.

7. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado 21 Administrativo de Cali, que, en sentencia del 6 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para sustentar su decisión, adujo que en el expediente quedó acreditado que, de manera previa a la suscripción delRadicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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en el expediente quedó acreditado que, de manera previa a la suscripción delRadicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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preacuerdo, el juez de conocimiento citó varias veces para la realización de la audiencia de acusación ; no obstante, dichas diligencias no pudieron llevarse a cabo por inasistencia del procesado y de su defensor . Asimismo, adujo que solo hasta el 2 de agosto de 2016 pudo concretarse la realización de la referida audiencia y que el preacuerdo se firmó el 8 de mayo de 2017.

8. En tal sentido, precisó que la tardanza que cuestionó la parte demandante no era atribuible a las entidades demandadas, pues además de la falta de comparecencia a distintas diligencias del proceso penal, el señor Mazo Restrepo dejó transcurrir el tiempo para entablar negociaciones con la Fiscalía, y solo hasta el 8 de mayo de 2017 suscribió el preacuerdo, lo que, a su juicio, daba cuenta de que fue el proceder del actor lo que permitió la continuidad del trámite penal y contribuyó a la tardanza que pretendía atribuir a las demandadas.

9. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación . Allí insistió en que la prolongación injusta de la libertad del señor Mazo Restrepo era atribuible a la demora del ente acusador para radicar la solicitud de audiencia y a la Rama

insistió en que la prolongación injusta de la libertad del señor Mazo Restrepo era atribuible a la demora del ente acusador para radicar la solicitud de audiencia y a la Rama Judicial por la tardanza en la programación y realización de la referida diligencia, pues el preacuerdo se suscribió desde el 5 de agosto de 2016 y transcurrieron aproximadamente 11 meses hasta que se llevó a cabo la audiencia y se ordenó su libertad.

10. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025 , la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.

Precisó que, una vez adquirió la calidad de acusado en el proceso penal, el 5 de agosto de 2016, el señor Jorge Abad Mazo Restrepo suscribió preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consistente en modificación de la calificación jurídica de homicidio en grado de tentativa a lesiones personales dolosas, con una pena privativa de la libertad de 20 meses de prisión.

11. Asimismo, destacó que, si bien la parte actora atribuyó la presunta falla en el servicio por la prolongación de su derecho a la libertad al dilatar la prolongación y realización de las audiencias posteriores a la suscripción del preacuerdo, es decir, entre el 5 de agosto de 2016 y el 5 de julio de 2017, l o cierto es que al plenario solo se aportaron copias de las citaciones a las audiencias del 12 de octubre y 6 de diciembre de 2016, fechas posteriores a la suscripción del preacuerdo y en donde se supone s e debía aprobar el mismo, máxime que no se allegó el acta de estas diligencias 2 en donde se pu diera

posteriores a la suscripción del preacuerdo y en donde se supone s e debía aprobar el mismo, máxime que no se allegó el acta de estas diligencias 2 en donde se pu diera evidenciar la razón de su suspensión y si ello pudo obedecer a la inasistencia de la parte demandante y su defensa o si pudo tratarse de una negligencia del despacho judicial.

12. Sobre la imputación de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la demora de 5 meses en enviar la carpeta con el preacuerdo a los juzgados para solicitar la audiencia de aprobación de este, adujo que la parte actora no explicó a partir de cuando ocurrió la presunta tardanza, ni relacionó o aportó prueba alguna que sustentara su dicho.

2 Resaltó que, aunque la demandante solicitó el acta de dichas diligencias como pruebas, estas fueron negadas en la audiencia inicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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13. Con fundamento en lo anterior, expuso que, con las pruebas allegadas al expediente no se demostró la configuración de una falla en el servicio, insuficiencia probatoria atribuible a la parte demandante, quien tenía la carga de probar los supuestos de hecho que narró en la demanda y en los que sustentó sus reproches.

14. Asimismo, advirtió que en la ley no existe un término exacto para que el juez apruebe o rechace un preacuerdo; sin embargo, este debe realizarse dentro de los plazos del

14. Asimismo, advirtió que en la ley no existe un término exacto para que el juez apruebe o rechace un preacuerdo; sin embargo, este debe realizarse dentro de los plazos del proceso penal, es decir, antes de dictar sentencia y atendiendo a la carga y complejidad del caso. Empero, en el asunto analizado, pese a no haberse aportado las actas de las aludidas audiencias, resultaba evidente que el tiempo transcurrido entre la suscripción y la aprobación del preacuerdo obedeció a las dinámicas propias del proceso.

15. En el escrito de tutela, la parte accionante alegó que la providencia antes citada adolece de defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

16. En primer lugar, adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no resolvió una solicitud probatoria formulada en el recurso de apelación y que, posteriormente, en la sentencia de segunda instancia, fundamentó la negativa de las pretensiones en la ausencia de los elementos de convicción sobre los cuales no se pronunció.

17. Asimismo, argumentó que resultaba inoficioso e innecesario realizar un análisis sobre lo ocurrido con anterioridad al 5 de agosto de 2016, pues en la demanda no se reprochó la imposición irregular de la medida de aseguramiento en su contra, sino la tardanza en la aprobación del preacuerdo, que devino de la radicación tardía de la solicitud de audiencia para aprobación del preacuerdo por parte de la Fiscalía y de la falta de diligencia para fijar fecha y hora de la referida diligencia, atribuida a la Rama Judicial.

18. Adujo que, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

diligencia para fijar fecha y hora de la referida diligencia, atribuida a la Rama Judicial.

18. Adujo que, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el expediente sí obraba prueba de la omisión atribuida a la Fiscalía. Según dijo, en el folio 37 de la demanda se adjuntó un pantallazo que acredita que, mediante «folio 2182 del 6 de diciembre de 2016 », la Fiscalía radic ó la carpeta e informó del preacuerdo consistente en la degradación de la conducta de tentativa a lesiones personales, pese a que este se había suscrito desde el «6 de agosto de 2016».

19. Aseguró que no existe ninguna razón que justificara que la Fiscalía y la Rama Judicial hubieran celebrado la audiencia 11 meses después de lo pactado, cuando «existen de control de legalidad que resuelven incluso captura dentro de las 36 horas siguiente s».

En ese sentido , señaló que en el expediente obraban pruebas que otorgaban plena certeza de que el ente investigador actuó de manera tardía (concretamente, se refirió a las «constancias» de la fecha en la que la fiscalía radicó la carpeta), lo que, a su mo do de ver, condujo a que el procesado estuviera privado injustamente de su libertad por un lapso que excedía la pena que se le impuso.

20. Además, expuso que, en virtud del principio de carga dinámica de la prueba, correspondía a las entidades demandadas privaron que actuaron de manera diligente o allegar pruebas que justificaran los motivos de la tardanza; sin embargo, se abstuvieron de hacerlo, lo que demuestra un quebranto a los postulados de buena fe y confianza

correspondía a las entidades demandadas privaron que actuaron de manera diligente o allegar pruebas que justificaran los motivos de la tardanza; sin embargo, se abstuvieron de hacerlo, lo que demuestra un quebranto a los postulados de buena fe y confianza legitima y una omisión a los principios que gobiernan la administración de justicia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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21. Finalmente, indicó que las sentencias censuradas se oponen a las sentencias de unificación del Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 11001 -03-15-000-201900169-01, del 15 de noviembre de 2019 y 18001-23-31-000-2006-0017801, del 29 de noviembre de 2021. Esto, en la medida en que las autoridades judiciales accionadas no permitieron indemnizar el daño a las víctimas , pese a haberse demostrado la falla en el servicio.

B. Trámite impartido e intervenciones

22. Mediante auto del 1° de octubre de 2025 3, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 21 Administrativo de Cali , y vinculó a la señora Janeth Cataño Girón, a la directora ejecutiva de Administración Judicial, a la fiscal general de la Nación y al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en calidad de terceros

directora ejecutiva de Administración Judicial, a la fiscal general de la Nación y al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 4, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, consideró que el asunto carece de relevancia constitucional, pues, en su criterio, la parte actora se limitó a reiterar lo debatido en el proceso ordinario, sin presentar razones de índole constitucional que justifiquen que la decisión hubiera resultado desacertada. Antes, al contrario, en la providencia se descartó la tesis del demandante de conformidad con la jurisprudencia y a la luz de la valoraci ón de los medios de prueba allegados al plenario.

24. El Juzgado 21 Administrativo de Cali 5 informó que tanto en el auto que negó una solicitud probatoria como en la sentencia de primera instancia se expusieron los argumentos y razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar las decisiones que aquí se cuestionan. Además, allegó copia digitalizada del expediente de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00.

25. La Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la petición de amparo se dirige contra s entencia de segunda instancia dictada, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00, por el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

de amparo se dirige contra s entencia de segunda instancia dictada, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2018-00088-00, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

26. Adicionalmente, afirmó que, en todo caso, se advierte que la petición de amparo no cumple con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior, por cuanto, en el trámite de reparación directa se surtieron todas las etapas procesales con observancia de las directrices constitucionales y legales; no obstante, en su criterio, la parte actora pretende revivir un debate que ya se agotó para obtener una decisión que se ajuste a sus intereses

3 SAMAI, índice 5. 4 SAMAI, índice 13. 5 SAMAI, índice 9. 6 SAMAI, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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y aseveró que aquello no resulta procedente, pues este mecanismo constitucional no está previsto como una instancia adicional de los procesos ordinarios.

27. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario7 también pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva , por considerar que la inconformidad de la parte demandante está directamente relacionada con las decisiones adoptadas por el

27. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario7 también pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva , por considerar que la inconformidad de la parte demandante está directamente relacionada con las decisiones adoptadas por el Juzgado 21 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso ordinario de reparación directa.

28. La Fiscalía General de la Nación 8 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración de los derechos de los accionantes. Asimismo, expu so que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la parte actora pretende reabrir un debate legal que ya concluyó.

29. Mediante escrito radicado el 17 de octubre del año en curso 9, el apoderado de la parte demandante allegó poder conferido por la señora Janeth Cataño Girón, para que se integrara a la parte accionante.

30. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. S olo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la s providencias del 6 de septiembre de 2023 y del 28 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado 21

Administrativo de Cali y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, adolecen de los defectos fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia de los accionantes.

7 SAMAI, índice 11. 8 SAMAI, índice 12. 9 SAMAI, índice 15.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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E. Análisis de la Sala

De los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

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E. Análisis de la Sala

De los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

33. En el caso de estudio, los accionantes presentaron acción de tutela a fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia vulnerados, a su juicio, por las providencias del 6 de septiembre de 2023 y del 28 de febrero de 2025.

Decisiones judiciales a través de las cuales, el Juzgado 21 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negaron las pretensi ones de una demanda de reparación directa promovida por ellos contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, por la prolongación injustificada de la libertad del señor Jorge Abad Mazo Restrepo.

34. En el escrito de tutela, la parte actora refirió que las sentencias antes cuestionadas adolecen de los siguientes defectos: (i) fáctico, por omisión de valoración de una prueba debidamente allegada e incorporada al proceso y por falta de pronunciamiento frente a una solicitud probatoria formulada en el recurso de apelación; (ii) falta de motivación; y

(iii) desconocimiento de las sentencias dictadas por la Sección Tercera de esta Corporación, el 15 de noviembre de 2019 y el 29 de noviembre de 2021.

35. Para efectos metodológicos, la Sala analizará la procedencia de cada uno de los cargos antes señalados de manera independiente.

36. No obstante, previo a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos generales

35. Para efectos metodológicos, la Sala analizará la procedencia de cada uno de los cargos antes señalados de manera independiente.

36. No obstante, previo a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala estima necesario precisar que , aunque la presente acción de amparo se dirigió también contra el fallo de primera instancia, dictado el 6 de septiembre de 2023 por el Juzgado 21 Administrativo de Cali, dicha providencia fue objeto del recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 28 de febrero del año en curso.

37. Lo anterior quiere decir que la decisión que definió la controversia y que actualmente se encuentra en firme es la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En ese sentido, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno respecto de la providencia del 6 de septiembre de 2023 y procederá a analizar la procedencia de los cargos de la demanda contra la sentencia de segunda instancia, de manera individual.

38. Se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 28 de febrero de 2025 y el correspondiente mensaje de datos fue enviado el 26 de marzo siguiente, entendiéndose surtida la notificación el 28 del mismo mes y año; mientras que la solicitud de amparo se presentó el 29 de septiembre de 2025, término que resulta razonable.

39. Ahora bien , la Sala advierte que el cargo relativo al defecto fáctico, por falta de pronunciamiento sobre la solicitud probatoria incluida en el recurso de apelación, no está llamado a prosperar, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

pronunciamiento sobre la solicitud probatoria incluida en el recurso de apelación, no está llamado a prosperar, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

40. A lo largo del escrito de tutela, la parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un yerro al haber omitido pronunciarse respecto de unaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06085-00

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solicitud probatoria incluida en el recurso de alzada. Dicho requerimiento, consistía en que se oficiara a las entidades demandadas para que aportaran las pruebas que justificaran la tardanza o que acreditaran que obraron de manera diligente . Valga destacar que, tanto en el recurso como la petición de amparo, la parte actora también insistió en dicho argumento, pero alegando que, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, las entidades demandadas en el proceso ordinario tenían la obligación de allegar dichos elementos de convicción; no obstante, no lo hicieron.

41. Así, aseguró que la decisión cuestionada se fundamentó en la falta de material probatorio que acreditara la tardanza en la que se fundamentó la atribución de responsabilidad a las demandadas . Específicamente, respecto de la actuación de la Rama Judicial, pasando por alto que el recurso obraba una solicitud probatoria que no fue resuelta durante el trámite de segunda instancia ni en la sentencia censurada.

responsabilidad a las demandadas . Específicamente, respecto de la actuación de la Rama Judicial, pasando por alto que el recurso obraba una solicitud probatoria que no fue resuelta durante el trámite de segunda instancia ni en la sentencia censurada.

42. Revisado el expediente ordinario, la Sala advierte que, en efecto, en el escrito de apelación los entonces demandantes elevaron una solicitud proba toria, que fundamentaron en los numerales 2 y 4 del artículo 212 del CPACA. Asimismo, se tiene acreditado que, mediante auto del 18 de abril de 2024, el despacho sustanciador del proceso en segunda instancia admitió el recurso de apelación y dejó constancia de que este no tenía solicitudes probatorias pendientes por resolver.

43. Empero, también se verificó que contra la anterior decisión —la de admitir el recurso de apelación— la parte demandante no formuló el recurso de reposición procedente en los términos del artículo 242 del CPACA.

44. En tal sentido, resulta evidente que la irregularidad que ahora pone de presente la parte actora mediante este mecanismo constitucional, pudo haberse subsanado oportunamente en el trámite del proceso de reparación directa , por medio de la interposición del recurso procedente, a fin de que el juez natural de la causa se hubiera pronunciado al respecto y hubiera impartido el trámite correspondiente a la petición demostrativa incluida en el recurso de alzada.

45. Entonces, como se anticipó, la omisión de acudir oportunamente a los medios judiciales ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para alegar la irregularidad procesal con fundamento en la cual ahora se pretende infirmar la sentencia cuestionada,

45. Entonces, como se anticipó, la omisión de acudir oportunamente a los medios judiciales ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para alegar la irregularidad procesal con fundamento en la cual ahora se pretende infirmar la sentencia cuestionada, deviene necesariamente en la improcedencia del amparo constitucional , por cuanto, al menos en este punto, la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.

46. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

47. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutel