CE - Sentencia 11001031500020250610001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06100-01

Accionante: ROSA ELVIRA ORTEGATE DE GÓMEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Reliquidación de pensión gracia con inclusión de sobresueldo del 20% . Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la señora Rosa Elvira Ortegate de Gómez , quien actúa mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 23 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de septiembre de 202 5, la demandante pidió al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de septiembre de 202 5, la demandante pidió al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros de la accionante de la referencia, los cuales están siendo vulnerados.

2.- DECLARAR que con la SENTENCIA PROFERIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LA

SALA DE DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 15001-3333-002-201600060-01, adelantado en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, se incurrió en VÍA DE HECHO Y/O DECISIÓN ILEGÍTIMA por violación de los derechos fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso , igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros.

3.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LA SALA DE

otros.

3.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LA SALA DE DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 15001 -3333-002-201600060-01, adelantado en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez

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4.- Que la SALA DE DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, expida la Sentencia de Segunda Instancia por medio de la cual CONFIRMA el FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja, accediendo a las pretensiones y condenas de la demanda”.

2. Hechos

La parte actora relató que ingresó al servicio público de la educación el 12 de marzo de 1978 y que el 30 de junio de 2005, adquirió el estatus para acceder a la pensión gracia, la cual fue reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007.

gracia, la cual fue reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007.

Afirmó que en proceso ejecutivo laboral, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja libró mandamiento de pago a favor de la señora Rosa Elvira Ortegate de Gómez y en contra del departamento de Boyacá, Secretaría Departamental de Educación, con el fin de que se le pagara el sobresueldo del 20% previsto en la ordenanza núm. 23 de 1959, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2008.

Sostuvo que el 8 de mayo de 20 15 solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, la inclusión del sobresueldo del 20% como factor salarial para ser tenido en cuenta dentro del año base de liquidación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin embargo, en las Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y RDP 002658 de 27 de enero de 2016, se resolvió negativamente la petición.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la UGPP, en la que pidió que se anularan las Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y RDP 002658 de 27 de enero de 2016, y a título de restablecimiento del derecho que se ordenara la inclusión del sobresueldo del 20% en la liquidación de la pensión gracia.

27 de enero de 2016, y a título de restablecimiento del derecho que se ordenara la inclusión del sobresueldo del 20% en la liquidación de la pensión gracia.

Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 13 de diciembre de 2017, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción por la UGPP. Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada que reliquide y pague la pensión reconocida mediante Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el año de adquisición del estatus pensional comprendido entre el 27 de junio de 2004 al 26 de junio de 2005, para lo cual se deberá incluir el sobresueldo del 20%.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la UGPP interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de 18 de septiembre de 2025 la revocó y , en su lugar , negó las pretensiones de la demanda, pues la demandante no probó que hubiese devengado el sobresueldo del 20% , más aún cuando al momento en que adquirió el estatus habían cesado los efectos de la ordenanza que creó dicho emolumento. Adicionalmente, precisó que en el Consejo de Estado no existe una postura unificad a y resaltó que la fecha en que la actor a adquirió el estatus pensional la ordenanza que establece el sobresueldo del 20% había cesado sus efectos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

adquirió el estatus pensional la ordenanza que establece el sobresueldo del 20% había cesado sus efectos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez

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3. Fundamentos de la acción

La demandante aseguró que la acción de tutela resulta procedente, toda vez que no cuenta con otro medio eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales, a lo que agregó que se están causando graves perjuicios irremediables que afectan su dignidad.

Afirmó que la autoridad judicial accionada negó “ idoneidad a las pruebas documentales expedidas por un despacho judicial, como lo es el juzgado tercero laboral del circuito de Tunja, documentos que de lejos, dan mayor seguridad jurídica que los certificados de factores salariales expedidos por la secretaría de educación del ente territorial , máxime cuando esta entidad no pago voluntariamente la prestación, obligando a mi cliente a acudir a la administración de justicia, en procura de sus derechos labores”.

Agregó que la sentencia objetada realizó una valoración probatoria sesgada, pues solo le brinda valor probatorio al certificado de factores salariales expedido por la entidad nominadora.

Finalmente, manifestó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023, en un caso similar amparó los derechos fundamentales a la parte a ctora, y que el Tribunal

Finalmente, manifestó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023, en un caso similar amparó los derechos fundamentales a la parte a ctora, y que el Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 25 de enero de 2024, profirió la decisión de reemplazo en cumplimiento de la orden de tutela antes mencionada.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la sentencia objetada informó que no vulneró los derechos fundamentales alegados por la accionante , pues el proceso se surtió con las ritualidades establecidas en el ordenamiento jurídico.

Afirmó que la accionante no atendió la carga probatoria señalada en el artículo 167 del C ódigo General del Proceso, pues le correspondía demostrar los supuestos fácticos en los cuales fundaba su pretensión, carga que no debía apuntar a que una parte tuviera que probar más que la otra, sino que obedecía al interés que tuviera según su posición en la relación jurídico procesal para demostrar los hechos.

Agregó que “no era dable abordar la procedencia de los argumentos planteados por el a -quo, los cuales cuestionó la parte apelante, sobre el reconocimiento del sobresueldo aludido conforme con la normatividad sustantiva, tomando en consideración la naturaleza y fecha del vínculo docente de la actora, así como por inconstitucionalidad sobreviniente del sobresueldo del 20% consagrado en la Ordenanza 23 de 1959, por lo cual no tenía derecho a que ese sobresueldo se tuviese en cuenta como factor para su reliquidación pensional”.

inconstitucionalidad sobreviniente del sobresueldo del 20% consagrado en la Ordenanza 23 de 1959, por lo cual no tenía derecho a que ese sobresueldo se tuviese en cuenta como factor para su reliquidación pensional”.

Para terminar, aseguró que actuó de manera razonable, sin que se le pueda endilgar una interpretación o aplicación equivocada de la ley o hubiera valorado erradamente el material probatorio o se omitiera injustificadamente alguna.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

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4 4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

La subdirectora de la oficina de Defensa Judicial pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no incurrió en los defectos fáctico o procedimental, además que la accionante pretende utilizar la solicitud de amparo como una tercera instan cia y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

Afirmó que la accionante no cumplió con la formalidad que exige la prueba de salarios devengados a efectos de liquidar la mesada pensional, por lo que resulta necesario acreditarlos con el certificado de factores salariales o CETIL, el cual es prueba de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 1886 que fija reglas sobre concesiones de pensiones tal como lo refiere acertadamente la sentencia objetada.

prueba de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 1886 que fija reglas sobre concesiones de pensiones tal como lo refiere acertadamente la sentencia objetada.

Finalmente, señaló que la demandante no allegó pruebas del perjuicio irremediable, más aún cuando devenga una mesada por concepto de pensión gracia. 4.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, a pesar de que se les notificó el auto admisorio y allegó el link de acceso al expediente ordinario digitalizado, guardó silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 23 de octubre de 2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en tanto la solicitud de amparo lo que pretende es revivir una controversia decidida por el juez ordinario.

Afirmó que la demandante no cumplió con la carga argumentativa exigida para demostrar una relación directa entre la decisión judicial cuestionada y la presunta vulneración de derechos fundamentales, pues sus alegatos se limitan a discrepar del razonamiento del juez ordinario sin e videnciar una contradicción manifiesta de los mandatos constitucionales que justifique la intervención del juez constitucional ni superar el requisito de relevancia constitucional.

Finalmente, mencionó que la accionante se limitó a calificar la valoración probatoria del juez de segunda instancia como sesgada y conveniente, sin precisar en qué consistía el error alegado, más aún, pretendió una nueva revisión integral del acervo probatorio, lo cual excede el alcance de la acción de tutela y desconoce los límites funcionales del juez constitucional.

consistía el error alegado, más aún, pretendió una nueva revisión integral del acervo probatorio, lo cual excede el alcance de la acción de tutela y desconoce los límites funcionales del juez constitucional.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual expuso lo siguiente:

Afirmó que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues desde el momento en que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ha pretendido la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al trabajo, así como los principios a la seguridad jurídica, a la buena fe y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Igualmente, manifestó que cumplía con losRadicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

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5 requisitos generales de la subsidiariedad, inmediatez, señaló las irregularidades procesales e identificó razonablemente los hechos que generaron la vulneración.

Sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, pues las pruebas documentales aportadas no fueron valoradas adecuadamente, además que no se realizó un análisis crítico del material probatorio.

Por último , insis tió en el argumento relacionado con el fallo de tutela de 23 de

aportadas no fueron valoradas adecuadamente, además que no se realizó un análisis crítico del material probatorio.

Por último , insis tió en el argumento relacionado con el fallo de tutela de 23 de noviembre de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el cual, en un caso similar se accedió al amparo de los derechos de una persona que se le negó la reliquidación de pensión gracia con la inclusión del sobresueldo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 23 de octubre de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia , si la autoridad judicial accionada incurri ó en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas de la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas de la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

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6 cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

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6 cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que

fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido 10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

competencia para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

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7

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7 interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la decisión de segunda instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión favorable de primera instancia y negó la s pretensiones tendientes a la reliquidación de la mesada de la pensión gracia con inclusión de sobresueldo del 20% establecido en la Ordenanza núm. 23 de 1959 , por una

tendientes a la reliquidación de la mesada de la pensión gracia con inclusión de sobresueldo del 20% establecido en la Ordenanza núm. 23 de 1959 , por una supuesta indebida valoración de las pruebas y aplicación del precedente judicial, lo que pudo limitar el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone como una instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal, más aún cuando en la sentencia objetada se desarrollaron argumentos diferentes a los de la decisión de primera instancia y frente a los cuales no contó con algún mecanismo para reprocharlos.

Igualmente, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad judicial accionada, desconoce los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó a l resolver el recurso de apelación de la parte demandada del proceso ordinario, por lo que l a accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 16 establecidos como plazo razonable precisado

descritas en el artículo 257 de la misma normativa; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 16 establecidos como plazo razonable precisado

14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 16 La providencia objetada se profirió el 18 de septiembre de 2025, cuya notificación se surtió el 23 de septiembre de 2025, mientras que la acción de tutela se instauró el 29 de septiembre de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01

Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez

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8 por esta Corporación y la Corte Constitucional 17; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial18

La accionante presentó la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas , al revocar la decisión favorable de primera instancia y negar las pretensiones tendientes a la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo del 20%.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 2 3 de octubre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia constitucional, al considerar que la solicitud de amparo se utilizó para insistir en el mismo debate desarrollado por el juez natural del asunto , además que no cumplió con la carga argumentativa suficiente..

La demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual insistió en que la acción de tutela si cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, para lo cual insistió en los argumentos desarrollados en el escrito de tutela.

de tutela si cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, para lo cual insistió en los argumentos desarrollados en el escrito de tutela.

La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la solicitud de amparo. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de la sentencia objetada, así:

La señora Rosa Elvira Ortegate de Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin que se anularan las Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y RDP 002658 de 27 de enero de 2016, por medio de las cuales se negó la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo del 20%, y a título de restablecimiento del derecho que se ordenara la reliquidación de la mencionada prestación.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 13 de diciembre de 2017, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción por la UGPP. Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada que reliquide y pague la pensión gracia, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el año de adquisición del estatus pensional comprendido entre el 27 de junio de 2004 al 26 de junio d