CE - Sentencia 11001031500020250610900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

TESIS: OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PENALES.

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN

RELACIÓN CON UN EXPEDIENTE. SE DECLARA LA CARENCIA

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A OTRO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y HABEAS DATA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 1, la UNIDAD DE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA 2, el CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN JUDICIAL3 y los JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE

1 En adelante DEAJ.

2 En adelante UTDI. 3 En adelante CENDOJ.2

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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

2 En adelante UTDI. 3 En adelante CENDOJ.2

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PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS , SEGUNDO

PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA y OCTAVO

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

MEDELLÍN.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO , a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data , los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por la DEAJ, la UTDI, el CEDOJ y los

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

DE GUADUAS, SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA y OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por no haber eliminado y/u ocultado del aplicativo web de consulta de procesos de la Rama Judicial los adelantados en su contra junto con sus datos personales.

I.2.- Hechos

Indicó que cumplió las condenas que le fueron impuestas dentro de3

del aplicativo web de consulta de procesos de la Rama Judicial los adelantados en su contra junto con sus datos personales.

I.2.- Hechos

Indicó que cumplió las condenas que le fueron impuestas dentro de3

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los procesos penales identificados con los números únicos de radicación 2013-00019-00 y 2019 -00010-00, no obstante , en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial , no ha sido ocultada la información que lo relaciona frente a dichos expedientes.

Adujo que el 8 de agosto de 2025, solicitó al JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN el ocultamiento de su información que reposa dentro del proceso identificado con el número único de radicación 2013-0001900, no obstante, previo a resolver, esta autoridad requirió a los juzgados de ejecución de penas del municipio de Guaduas, para que informaran sobre la extinción de la pena, sin que a la fecha haya decidió de fondo la petición.

Explicó que, a través de auto de 2 de septiembre de 2025, el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN ordenó el ocultamiento de la información contenida en la página web de la Rama Judicial respecto

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN ordenó el ocultamiento de la información contenida en la página web de la Rama Judicial respecto del proceso 2019-00010-00, sin embargo, este aún tiene información pública relacionada con otras autoridades judiciales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud4

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Adujo que, comoquiera que ya cumplió las condenas que le fueron impuestas, el tratamiento público de su nombre debe limitarse, porque lo contrar io permitiría perpetuar estigmas laborales y sociales.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…]Se le solicita de forma respetuosa al honorable juez de tutela que se estudie la posibilidad por medio del CENDOJ es el administrador del portal web www.ramajudicial.gov.co Quien tiene el manejo de registro de personas, se logre corregir y ocultar el regis tro en la consulta de la rama judicial que está perjudicando al señor JEISON EU CLIDES SÁNCHEZ HENAO CC No 1.017.154.126 de Medellín. Ya que cada momento que es verificado en dicho sistema sigue apareciendo el nombre del mencionado y no aparece el registro de cedula de la persona pese que ya está totalmente extinguida las penas (sic) […]”.

cada momento que es verificado en dicho sistema sigue apareciendo el nombre del mencionado y no aparece el registro de cedula de la persona pese que ya está totalmente extinguida las penas (sic) […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CENDOJ se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, por cuanto carece de competencia para atender la solicitud de ocultamiento y/o modificación de información en la Consulta Nacional Unificada de Procesos Judiciales.5

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Anotó que, conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, actúa como administrador funcional del portal web de la Rama Judicial y se encarga de garantizar el espacio para la publicación de información administrativa y judicial, pero no interviene en el registro y/o modificación de datos procesales, los cuales son ingresados directamente por los despachos judiciales y corporaciones a través del sistema justicia Siglo XXI.

Precisó que la información visible en la consulta pública es un reflejo de los registros efectuados por los juzgados competentes, y que el portal cumple una función de publicidad y transparencia en atención a lo previsto en los artículos 228 de la Constitución Política y 2° y 7° de la Ley 1712 de 6 de marzo de 20144, por lo que su finalidad no es generar antecedentes penales o disciplinarios.

a lo previsto en los artículos 228 de la Constitución Política y 2° y 7° de la Ley 1712 de 6 de marzo de 20144, por lo que su finalidad no es generar antecedentes penales o disciplinarios.

Señaló que la protección de datos personales en la Rama Judicial se encuentra reglamentada mediante el Acuerdo PSAA14 -10279 de 2014, la Circular DEAJC19 -9 de 2019 y los manuales de seguridad de la información definidos por la DEAJ, los cuales establecen los procedimientos técnicos para su ocultamiento y solo pueden ser

4 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.6

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activados previa orden expresa del despacho judicial competente.

I.5.2La DEAJ solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es responsable de las publicaciones efectuadas en la Consulta Nacional Unificada de Procesos Judiciales ni de la actualización de la información en el sistema justicia Siglo XXI.

Precisó que, si bien el actor indicó haber elevado una petición ante las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que ante ella no ha radicado solicitud alguna a través del correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, dispuesto para tal fin.

las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que ante ella no ha radicado solicitud alguna a través del correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, dispuesto para tal fin.

Señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19965, cumple funciones técnicas y administrativas de soporte para la Rama Judicial, pero no tiene competencia para registrar, modificar o suprimir información procesal, pues tales actuaciones corresponden exclusivamente a los despachos judiciales.

Afirmó que la información visible en el portal web de la Rama Judicial

5 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.7

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se alimenta directamente por los usuarios judiciales autorizados, esto es, por centros de servicios, juzgados, tribunales y corporaciones, quienes tienen la responsabilidad de ingresar y actualizar la información de cada proceso.

Señaló que el ocultamiento de datos personales debe ser tramitada ante el juez de conocimiento o de ejecución de penas, en virtud del principio de autonomía judicial y de las disposiciones previstas en los Acuerdos PSAA11-9109 de 2011, PSAA14-10118 y PSAA15-10406.

I.5.3.- El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que conoció de

I.5.3.- El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que conoció de la vigilancia de la pena impuesta al actor en sentencia de 30 de agosto de 2013 por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA , no obstante, por razones de competencia, las diligencias fueron remitidas en marzo de 2017 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Guaduas.

Señaló que el 13 de agosto de 2025 recibió una solicitud por parte del accionante, en la que pidió el ocultamiento de su información en el sistema justicia S iglo XXI, por lo que mediante auto de 16 de septiembre de 2025, requirió a los juzgados de ejecución de penas y8

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medidas de seguridad de Guaduas para que informaran sobre el estado actual del proceso 2013-00019-00.

Anotó que la Secretaría del JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS remitió el auto 625 de 31 de marzo de 2017, en el que declaró cumplida la pena impuesta al actor.

Explicó que, con fundamento en esa verificación, a través de auto de

auto 625 de 31 de marzo de 2017, en el que declaró cumplida la pena impuesta al actor.

Explicó que, con fundamento en esa verificación, a través de auto de 9 de octubre de 2025, ordenó al Centro de Servicios Administrativos ocultar la información del proceso aludido en los módulos de gestión de procesos y manejo documental de justicia XXI, con el fin de evitar la consulta pública indiscriminada de los datos personales del condenado.

I.5.4.- El JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS informó que no tiene ni ha tenido a cargo ejecución de sentencia alguna contra el accionante.

En consecuencia, sostuvo que no ha realizado actuación u omisión alguna que pueda comprometer los derechos fundamentales cuya protección se invoca.9

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Agregó que , no obstante, consultada la plataforma SISIPEC, el nombre del ac tor registra en dos procesos en estado “finalizado”, identificados con los códigos CUI 057366000310201900016-00 y CUI 057366100000201300019-00.

Destacó que, respecto del primero, la vigilancia de la condena corresponde al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN ; y en relación con el

Destacó que, respecto del primero, la vigilancia de la condena corresponde al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN ; y en relación con el segundo, del cual el accionante afirmaba haber sido vigilado por el circuito judicial de Guaduas, la observancia estuvo a cargo del

JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE MEDELLÍN.

I.5.5.- El JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló no haber recibido solicitud directa del accionante en relación con el ocultamiento de datos personales, pero que, atendiendo al objeto de la tutela, procedió de oficio a verificar los antecedentes judiciales a su cargo y a disponer lo pertinente para garantizar los derechos invocados.

Advirtió que tuvo conocimiento de los procesos identificados con los números únicos de radicación 2012-00004-00 y 2013-00019-00, y10

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en atención a que ambos cumplían con los criterios previstos para la aplicación de la medida de ocultamiento en el sistema de gestión Siglo XXI, mediante auto de 9 de octubre de 2025, le ordenó al Centro de Servicios realizar tal actuación.

en atención a que ambos cumplían con los criterios previstos para la aplicación de la medida de ocultamiento en el sistema de gestión Siglo XXI, mediante auto de 9 de octubre de 2025, le ordenó al Centro de Servicios realizar tal actuación.

Agregó que, respecto del proceso 2019-00010-00, este fue asignado al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA, el cual debe pronunciarse sobre su trámite y el eventual cumplimiento de las condiciones para aplicar la medida de reserva de información.

I.5.6.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO , notificado por error secretarial, advirtió que no le correspond e pronunciarse comoquiera que no fue enunciado en el escrito introductorio, así como tampoco vinculado en el auto de admisión respectivo.

I.5.7.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que, revisado el sistema de gestión judicial, no encontró proceso en el que actualmente esté o haya estado a su cargo la ejecución de la pena impuesta al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO.11

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Señaló que, según el registro del sistema, el citado ciudadano aparece privado de la libertad dentro del proceso 2013 -00019-00,

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Señaló que, según el registro del sistema, el citado ciudadano aparece privado de la libertad dentro del proceso 2013 -00019-00, cuya vigilancia corresponde al JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por lo que es este despacho el llamado a informar cuál es la situación jurídica actual del condenado y el estado del cumplimiento de la pena que le fue impuesta.

I.5.8 El JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que no ha tenido ni tiene a cargo la vigilancia de pena alguna impuesta al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO y que tampoco obra petición elevada por el accionante pendiente por resolver.

I.5.9.- El JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló que conoció del proceso 2019-00010-00, dentro del cual, mediante sentencia de 20 de abril de 2020, condenó al señor JEISON EULICES SÁNCHEZ HENAO, a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa equivalente a mil trescientos cincuenta (1.350) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por12

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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por12

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el mismo término.

Explicó que el 18 de mayo de 2022 , el proceso fue remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, correspondiéndole su vigilancia al juzgado segundo de esa especialidad.

Indicó que, en relación con la petición de ocultar la información personal del sentenciado en la consulta pública de la Rama Judicial, no ha recibido solicitud alguna, por lo que pidió negar la solicitud de amparo.

I.5.10.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que tuvo a su cargo la vigilancia y control del cumplimiento de la pena impuesta al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, dentro del proceso identificado con el número único de radicación 2013-00019-00.

Precisó que, mediante auto de 21 de marzo de 2017, declaró cumplida la pena privativa de la libertad impuesta al condenado y dispuso la devolución de la actuación al juzgado de conocimiento para su unificación y archivo.13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00

Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

para su unificación y archivo.13

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las

proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la16

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violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su

puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, la DEAJ sí esta legitimada en la causa por pasiva para ser parte en el presente asunto, comoquiera que conforme lo establece el artículo 98 de la Ley 270, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, de la cual dependen las unidades de planeación, recursos humanos, presupuesto e informática7, razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Caso concreto

En el presente caso el actor pretende que se ordene a las autoridades

7 Corte Constitucional, T-398 de 2023, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.17

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accionadas que oculten los registros de las bases de consulta públicas de procesos de la Rama Judicial , en relación con los expedientes penales identificados con los números únicos de radicación 201300019-00 y 2019-00010-00.

La divergencia radica en el hecho de que , el actor asegura haber

de procesos de la Rama Judicial , en relación con los expedientes penales identificados con los números únicos de radicación 201300019-00 y 2019-00010-00.

La divergencia radica en el hecho de que , el actor asegura haber cumplido las condenas que le fueron impuestas en los referidos expedientes, no obstante, aún aparece vinculado a estos al efectuar la búsqueda por su nombre en el sistema de consulta de procesos nacional unificado.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, determinar si se encuentra n vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data del actor, al no ocultarse su nombre en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, en relación con los expedientes 2013-00019-00 y 2019-00010-00.

Por cuestión metodológica, en primer lugar, la Sala hará mención al marco jurídico de la protección del derecho del habeas data, para en18

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seguida resolver el problema jurídico planteado.

Derecho fundamental al hábeas data y la protección frente a la circulación de información personal sensible

El orden constitucional reconoce el hábeas data como el derecho fundamental que le asiste a toda persona para conocer, actualizar y

Derecho fundamental al hábeas data y la protección frente a la circulación de información personal sensible

El orden constitucional reconoce el hábeas data como el derecho fundamental que le asiste a toda persona para conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se haya recogido en bancos de datos o archivos, en especial cuando esa información es susceptible de afectarla en su honra, su buen nombre o acceso a oportunidades laborales y sociales.

Este derecho incorpora también la facultad de exigir límites a la recolección, conservación, tratamiento, difusión y acceso a datos personales cuando dicho tratamiento resulta desactualizado, impreciso, desproporcionado o innecesario frente a la finalidad legítima del archivo.

En materia penal, esta dimensión adquiere especial intensidad, pues la divulgación en bases públicas de la Rama Judicial o en sistemas como el SPOA de la Fiscalía de reseñas de actuaciones penales terminadas, precluidas, archivadas, extinguidas por pena cumplida o19

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incluso sin condena, puede generar una afectación directa y continua al buen nombre y a las posibilidades de reintegración social y laboral de la persona, puesto que la simple consulta del nombre la sigue asociando de manera indefinida a hechos delictivos ya superados.

Este tema ha llevado a que por vía jurisprudencial la Corte Constitucional haya estableció directrices sobre la caducidad de las

de la persona, puesto que la simple consulta del nombre la sigue asociando de manera indefinida a hechos delictivos ya superados.

Este tema ha llevado a que por vía jurisprudencial la Corte Constitucional haya estableció directrices sobre la caducidad de las anotaciones en materia penal, como garantía del derecho al olvido , sobre el cual en sentencia T-125 de 2025, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, dijo:

“[…] En cuanto al derecho al habeas data, la Corte ha indicado que “busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto”8. Este derecho faculta a la persona para: (i) conocer o acceder a la información que está recolectada en las bases de datos sobre sí mismo; (ii) incluir nuevos datos, con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii) actualizar la información existente; (iv) exigir la corrección de la información y, bajo ciertos presupuestos, (v) exigir que se excluya o suprima la información que reposa en las bases de datos.

[…]

Si bien el acceso a la información sobre procesos penales responde al principio de publicidad, este debe ser armonizado con la protección de los derechos al buen nombre y al habeas data. En especial, cuando la anotación penal no refleja una sentencia condenatoria, sino un estado procesal que ha concluido, sin que se demuestre responsabilidad penal, y

8 Corte Constitucional, sentencias SU-139 de 2021 y T-398 de 2023.20

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siempre que su causa sea el desistimiento de un delito querellable, como es el caso sub examine , en donde la exposición indefinida de estos datos puede derivar en afectaciones desproporcionadas a tales derechos.

[…]

El derecho al olvido, también conocido como el “ principio de la caducidad del dato negativo ”, ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como el derecho que tiene el titular de un dato negativo a que dicho dato sea eliminado de la base de datos respectiva, por el paso del tiempo. Inicialmente, este derecho fue desarrollado en el mar co de las actividades crediticias y financieras con fundamento en la Ley 1266 de 20089 que, en el artículo 13, contempla la permanencia de la información y dispone que, mientras que la información de carácter positivo puede permanecer indefinidamente en los bancos de datos, la relativa a la mora, el estado de la cartera o la situación de incumplimiento, se rigen por un término máximo de permanencia, vencido el cual debe ser retirado de los bancos de datos, de forma que no pueda ser consultada. La ley en cita dispuso que el tiempo máximo de permanencia de la información negativa en materia cr editicia y financiera sería del “ doble del tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación”.

negativa en materia cr editicia y financiera sería del “ doble del tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación”.

Ahora bien, el ordenamiento no contiene una norma de semejante naturaleza para determinar un plazo máximo cuando la información negativa corresponda a otra materia, como ocurre con la información registrada como consecuencia de las anotaciones penales. Sin perjuicio de esto, lo cierto es que el artículo 15 de la Constitución dispone que “ en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución ”, sin que de este artículo pueda desprender se una distinción de cara a la naturaleza de los datos. Con fundamento en lo anterior, en la sentencia T-398 de 2023, la Corte señaló que esta disposición constitucional no tenía el mismo alcance en materia penal que en materia crediticia, por dos razones: (i) porque en materia penal no existe norma especial, mientras que en materia crediticia sí y, además, (ii) porque las finalidades que persigue la conservación de la información es distinta en ambos casos:

9 “Por la cual se las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00

Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00

Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mientras en materia crediticia se pretende e