CE - Sentencia 11001031500020250613000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06130-00

Accionante: PITER ESTEBAN SANTIESTEBAN CASTILLO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Causales de procedencia general y específica // tutela contra providencia por defecto fáctico // se debe evidenciar un yerro que afecte el sentido de la providencia cuestionada. // se concluye que se produjo un yerro en la valoración de un indicio, sin embargo, este no tiene el alcance de afectar el sentido de la providencia cuestionada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado, el señor Piter Esteban Santiesteban Castillo promovió acción de tutela contra la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa 7610933-33-002-2019-00159-02, que inició el tutelante contra la Nación-Policía Nacional.

Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se exponen los fundamentos de la demanda de reparación directa, y en segundo lugar, los de la acción de tutela.

Antecedentes del proceso de reparación directa 76109-33-33-002-2019-00159los fundamentos de la demanda de reparación directa, y en segundo lugar, los de la acción de tutela.

Antecedentes del proceso de reparación directa 76109-33-33-002-2019-0015902

2. Indicó que, en el mes de mayo de 2017, el pueblo de Buenaventura ejerció el derecho constitucional a la protesta y se volcó a las calles para exigir la garantía de derechos fundamentales en su territorio. El proceso social se conoció como Paro Cívico para vivir con dignidad y paz en el territorio. Los protestantes buscaban llamar la atención del gobierno nacional y de los intereses económicos que circundan el puerto, sobre la situación de abandono estatal. Según el escrito de amparo, acudieron a un repertor io estrategias de protesta como la movilización social, expresiones artísticas y culturales.

3. Manifestó que la respuesta de las autoridades públicas fue la represión política y la estigmatización del movimiento social, por lo cual, la Policía Nacional med iante diversos cuerpos de agentes: el escuadrón móvil antidisturbios, la Sijin, la policía de patrullaje, intentaron sofocar la protesta “empleando medios ilegítimos como armasRadicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

de fuego y armamentos no convencionales o usados irracional y desproporcionadamente”1.

4. Adujo que el 19 de mayo de 2017, la policía nacional recibió la orden de usar la

Referencia: Primera instancia acción de tutela

de fuego y armamentos no convencionales o usados irracional y desproporcionadamente”1.

4. Adujo que el 19 de mayo de 2017, la policía nacional recibió la orden de usar la fuerza contra los manifestantes. Aseveró que, para amedrentar a la población, la policía utilizó municiones menos letales, como lanzadoras de gas y utilizaron sus armas de fuego, “incluso fueron accionados fusiles contra la población civil mientras los oficiales repetían insultos racistas”2 contra la población bonaverense.

5. En ese contexto, el tutelante, de 19 años, se encontraba trabajando. Al regresar a su casa, su hija menor de edad estaba en situación de asfixia por el efecto de los gases lacrimógenos, por lo que salió a buscar leche para ella. Afirmó: “Un grupo de agentes de la SIJIN provistos de armas de fuego y vestidos de civil, llegaron un una

(sic) camioneta, desenfu ndaron sus armas de sus tobillos y dispararon indiscriminadamente en múltiples ocasiones. Eran, entre tanto apoyados por funcionarios del ESMAD. Uno de esos disparos impactó a Piter en su zona abdominal y salió por su zona lumbar”3.

6. Precisó que, cuando fue herido, fue auxiliado por otros manifestantes, fue remitido a la clínica Santa Sofía. Resultado del impacto de bala recibió una incapacidad médica de 50 días, secuelas de deformidad física permanente, perturbación funcional de órgano sistémico nervioso periférico permanente entre otras consecuencias.

7. Por esos hechos promovió demanda de reparación directa identificada con

perturbación funcional de órgano sistémico nervioso periférico permanente entre otras consecuencias.

7. Por esos hechos promovió demanda de reparación directa identificada con Radicado 76109333300220190015900. En primera instancia correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura. En sentencia de 13 de diciembre de 2021, se declaró la responsabi lidad extracontractual de la NaciónPolicía Nacional y del Distrito de Buenaventura. En el caso de la primera institución verificó que sus agentes habían usado armas de fuego, y en virtud del título de imputación de riesgo excepcional, condenó a la entidad por crear un riesgo para el demandante. En el caso del Distrito de Buenaventura lo condenó por falla en el servicio en el control del orden público. La sentencia reconoció el daño moral para el demandante y su hija menor de edad. Negó la pretensión del reconocimiento para la compañera permanente del actor.

8. Todas las partes apelaron la providencia. En providencia de 10 de abril de 2025, notificada el 22 del mismo mes y año, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la providencia de primera instancia y negó todas las pretensiones. Concluyó que no había prueba suficiente para acreditar que miembros de la policía nacional fueron los que dispararon contra la víctima.

1 Folio 1 del escrito de tutela. 2 Folio 2 del escrito de tutela. 3 Folio 2 del escrito de amparo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo

Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca

3 Folio 2 del escrito de amparo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

Fundamentos jurídicos del escrito de amparo

9. Sostienen que la providencia cuestionada incurrió en defectos fácticos pues se omitieron elementos de prueba aportados dentro del proceso, y conforme a los cuales, sí está claro que la Policía Nacional disparó armas de fuego el 19 de mayo de 2017. Además, no se tuvo en cuenta el informe de la defensoría del pueblo sobre los excesos de la policía nacional el 19 de mayo de 2017, y un testimonio de un testigo directo de la herida del tutelante. Igualmente indicó que se desconoció precedente constitucional T-345 de 2025, SU-016 de 2024, SU-287 de 2024 y SU484 de 2024 relacionadas con el deber de flexibilizar estándares probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

10. Reprochó que la providencia va loró inadecuadamente los testimonios de los testigos directos, pues creó contradicciones inexistentes con el objetivo de justificar a la Policía Nacional. Insistió: “Aquí, de nuevo, no se inaplicó, sino que se contradijo el precedente constitucional antes invocado, pues se impuso a la parte actora una obligación extraña al derecho probatorio y el régimen de responsabilidad del Estado: que personas distintas en momentos distintos describan un hecho con, exactamente, las mismas palabras, para que no sean considerados contradictorios sus relatos”4. Indicó que, la supuesta contradicción se debió a que el demandante

que personas distintas en momentos distintos describan un hecho con, exactamente, las mismas palabras, para que no sean considerados contradictorios sus relatos”4. Indicó que, la supuesta contradicción se debió a que el demandante indicó que los miembros de la SIJIN sacaron las armas de fuego de las medias, un testigo directo dijo que habían sacado las armas de las botas.

11. Igualmente se incurrió en un defecto de violación directa de la constitución al desconocer el artículo 90 de la Carta Política, pues declaró que hubo falla en el servicio, dado que se probó que, había sujetos de civil con armas protegidos por el ESMAD. Por ese solo hecho, debía condenarse a la entidad accionada.

12. En punto a la discusión probatoria, el escrito recordó que la prue ba de ese tipo de hechos, agresiones de policías vestidos de civil contra personas en el contexto de protestas sociales exige que se parta de la premisa que la autoridad pública demandada es la que tiene el material probatorio, el cual esconde y manipula.

Recordó que, “e l Ministerio de defensa -Policía Nacional adjuntó y solicitó como pruebas la Copia de la minuta y/o libros en donde se evidencie reportes del caso […] Copia de minuta de armamento” (06.Pruebas Policía). Este documento prueba que la Policía sí usó armas de fuego, que la SIJIN fue una de las unidades que en mayor medida lo hizo, que la población civil fue tratada cobardemente como si de una guerra se tratara. Sin embargo, fue completamente omitida por el Tribunal y la magistrada ponente”.

13. Señaló que, a partir del estudio de los libros de minutas de la policía nacional,

una guerra se tratara. Sin embargo, fue completamente omitida por el Tribunal y la magistrada ponente”.

13. Señaló que, a partir del estudio de los libros de minutas de la policía nacional, la SIJIN fue desplegada el 19 de mayo de 2017 y que sus agentes realizaron disparos de fuego. Afirmó que de los libros de minutas de aquel día se puede concluir que agentes de la SIJIN dispararon un número importante de cartuchos de 9.m.m. Igualmente, hay evidencia del uso de fusiles contra la población civil. Por

ello, reiteró que:

4 Folio 6 del escrito de amparoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

“1. La Policía Nacional sí hizo uso de armas de fuego. No está “indicado”, está probado.

2. El uso de armas de fuego fue extensivo, con oficiales que dispararon hasta en 28 ocasiones.

3. La SIJIN sí estuvo desplegada el 19 de mayo de 2017 en Buenaventura para reprimir el Paro Cívico

4. La SIJIN sí hizo uso de armas de fuego. De hecho, fueron los que más lo hicieron 5. La SIJIN sí estuvo apoyada por el ESMAD.”

14. Por lo anterior, solicitó “revocar” la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, y ordenar proferir una decisión de reemplazo contemplando los medios probatorios omitidos y aplicando el precedente

14. Por lo anterior, solicitó “revocar” la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, y ordenar proferir una decisión de reemplazo contemplando los medios probatorios omitidos y aplicando el precedente constitucional sobre valoración probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Así mismo solicitó que se llame la atención al Tribunal accionado por la interpretación abiertamente segada que mostró.

Trámite de tutela

15. El despacho admitió la tutela contra la entidad accionada y vinculó como terceros con interés a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, al Distrito especial de Buenaventura, a la Def ensoría del Pueblo, a la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Buenaventura, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa con radicado número 76109 -33-33-002-201900159-00/02 y Leidy Catherine Hinestro za Perlaza, así como a la menor Stefany Yireth Santiesteban Hinestroza16. La Policía Nacional 5 intervino con el fin de solicitar que se niegue el amparo pues no se presentó vulneración a los derechos fundamentales. Recordó que la carga de la prueba del nexo causal entre el daño del tutelante y la actuación de la entidad pública recaía en la parte actora. Indicó que no se probó aquel elemento de la responsabilidad. La secretaria de Salud del distrito de Buenaventura 6 intervino con el fin de solicitar que se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues conforme sus funciones legales y reglamentarias, no tiene relación con

la responsabilidad. La secretaria de Salud del distrito de Buenaventura 6 intervino con el fin de solicitar que se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues conforme sus funciones legales y reglamentarias, no tiene relación con los hechos que fundamentaron la acción de tutela.

17. La Procuraduría 20 Judicial II Administrativa7 solicitó que se declare improcedente el amparo “y en consecuencia se deniegue”, pues la providencia cuestionada “no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, ya que la interpretación que hace el Tribunal Administrativo del Valle del C auca, de las pruebas no constituye vía de hecho, pues se mantiene dentro del ámbito de la valoración razonada, motivada y conforme a las reglas de la sana crítica; se valoró todas las pruebas allegadas al proceso, sin excluir

5 Indice Samai 12. 6 Índice Samai 13. 7 Indice Samai 14.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

arbitrariamente ninguna; la de cisión se fundamenta en criterios lógicos, jurídicos y probatorios, amén que se explica las razones por las cuales se concede determinado mérito a una prueba y no a otra y su apreciación no es caprichosa, absurda, ni contraria a la evidencia”.

18. La oficina jurídica del Distrito de Buenaventura8 se opuso a las pretensiones de

determinado mérito a una prueba y no a otra y su apreciación no es caprichosa, absurda, ni contraria a la evidencia”.

18. La oficina jurídica del Distrito de Buenaventura8 se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela y señaló que, como se mostró en el proceso contencioso administrativo, no se presentó falla en el servicio por parte de la entidad territorial, motivo por el cual, la tutela no está llamada a prosperar.

19. El secretario del juzgado 9 “hoy segundo administrativo oral del circuito de buenaventura antes Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura” intervino con el fin de solicitar que se desvincule d el trámite puesto que, en virtud de varios cambios que se han producido en los juzgados administrativos del circuito de buenaventura, el proceso judicial que llevó a que se adoptara la sentencia atacada se encuentra en la actualidad a “ cargo del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura a quien se le corrió traslado de la presente acción constitucional”.

20. Resultado de lo anterior, en auto de 20 de octubre de 2025 10, el despacho sustanciador vinculó al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura con el fin de que se pronunciara sobre los hechos y razones que motivan la acción de tutela. La jueza primera administrativa mixta vinculada11solicitó negar el amparo, pues la decisión judicial proferida en primera instancia respetó el debido proceso del tutelante y fue proferida atendiendo al material probatorio contenido en el expediente. Adicionalmente, afirmó que el escrito de amparo carece de relevancia constitucional.

debido proceso del tutelante y fue proferida atendiendo al material probatorio contenido en el expediente. Adicionalmente, afirmó que el escrito de amparo carece de relevancia constitucional.

21. Las demás partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

22. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

23. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. Por un lado, debe establecer si la acción de tutela es procedente formalmente, en particular determinar si se satisface el requisito de relevancia constitucional, y las demás causales genéricas de procedencia. Por otro lado, en caso de verificar que la acción de tutela es procedente, como problema jurídico de fondo, debe establecerse si la providencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico s alegados por el tutelante,

8 Índice Samai 16. 9 Índice Samai 18. 10 Índice Samai 23 11 Índice Samai 29Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

concretamente si dentro del expediente judicial ordinario existe información procesal que permita, indiciariamente atribuir responsabilidad extra contractual a las entidades accionadas y si incurrió en un defecto fáctico por valorar que existían contradicciones entre dos testimonios.

concretamente si dentro del expediente judicial ordinario existe información procesal que permita, indiciariamente atribuir responsabilidad extra contractual a las entidades accionadas y si incurrió en un defecto fáctico por valorar que existían contradicciones entre dos testimonios.

24. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, se reiterará el precedente judicial sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y posteriormente, se profundizará en la causal de defecto fáctico.

Causales genéricas y específicas de pro cedencia de procedencia de tutela contra providencia.

25. Conforme el precedente fijado en la C -590 de 2005 12, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causale s genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar13; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constituc ional15, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado 16 o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de

constitucionalidad por parte de la Corte Constituc ional15, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado 16 o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz17; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el inte resado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la d ecisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 13 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

13 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024. 16 Ibid. 17 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023. 18 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providenc ia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verificar si el fallo con tiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales19.

28. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

1. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida

se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

1. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

1. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

1. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

1. Defecto sustantivo , que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contraria s a la garantía de los derechos fundamentales.

1. Error inducido , que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capac idad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

1. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

1. Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados

1. Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

19 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

1. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

29. Con el fin de resolver el primer problema jurídico se examina, si se satisface la procedencia formal del escrito de tutela en el caso concreto.

Caso concreto.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

30. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues el escrito de amparo fue formulado por Piter Esteban Santiesteban Castillo, a través de apoderado judicial especial. Él fue la parte demandante dentro del proceso de

30. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues el escrito de amparo fue formulado por Piter Esteban Santiesteban Castillo, a través de apoderado judicial especial. Él fue la parte demandante dentro del proceso de reparación directa, identific ado con el radicado con número 76109333300220190015900, y en la decisión que le fue adversa a sus pretensiones. En el mismo sentido, se cumple el requisito de legitimidad por pasiva, pues la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura.

Relevancia constitucional

31. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela, la demandante indica que la decisión atacada incurre en defectos fácticos pues no tiene en cuenta los elementos indiciarios de un daño antijurídico cometido en el contexto de protestas sociales, las cuales fueron reprimidas de manera desproporcionada, supuestamente por autoridades, a través del uso de armas de fuego de alto calibre, como el caso de los fusiles que hirieron al tutelante. En criterio d e la sala el asunto reviste relevancia constitucional pues se trata de una afectación importante a la integridad física de una persona agredida en el contexto de las protestas sociales que ocurrieron en la ciudad de Buenaventura. En esa medida se discuten los eventuales daños ocurridos como parte de supuestas acciones estatales de represión a la movilización ciudadana.

32. Concretamente se señala que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no acudió al razonamiento indiciario y de contexto, con el fin de analizar

represión a la movilización ciudadana.

32. Concretamente se señala que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no acudió al razonamiento indiciario y de contexto, con el fin de analizar que, en efecto, dentro del expediente de la demanda de reparación directa reposa información respecto de que, en la fecha de los hechos si había agentes de la SIJIN, y que si se realizaron disparos de fusil. Puesto que se trata de una acción de tutela que cuestiona la supuesta omisión de aplicar un razonamiento indiciario y de contexto al tribunal, por un daño ocurrido en el contexto de protestas sociales se concluye que el asunto reviste relevancia constitucional.

Subsidiariedad

33. La Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, pues contra la decisión atacada no procede recurso alguno que tenga la posibilidad de permitir cuestionar ampliamente la decisión atacada a través de argumentos de índole constitucional. Si bien , formalmente, contra la sentencia de segunda instanciaRadicación número: 11001-03-15-000-2025-006130-00

Accionante: Piter Esteban Santiesteban Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Primera instancia acción de tutela

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resulta posible promover el recurso extraordinario de revisión, los argumentos constitucionales invocados en el escrito de amparo no se ade cúan a ninguna de las taxativas causales previstas en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.

34. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional 20, las causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas hipótesis,

en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.

34. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional 20, las causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas hipótesis, en el caso concreto, son inidóneas, pues no permiten tramitar el reclamo constitucional que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia, solo procede la acción constitucional de tutela.

Inmediatez

35. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 10 de abril de 2025, notificada el 22 del mismo mes y año, mientras que la acción de tutela fue formulada el primero de octubre de 2025 21, es decir, dentro del plazo razonable, en cumplimiento del requisito de inmediatez.

Identificación de los hechos que dieron origen a la violación

36. La parte actora señala de manera precisa la providencia que cuestiona y los razonamientos que estima vulneran sus derechos constitucionales. Indicó que, la decisión del Tribunal de revocar la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones, y en su lugar negar la demanda, sin atender a los elementos indiciarios que muestran la tesis sostenida en la demanda, y con una valoración probatoria c