CE - Sentencia 11001031500020250613301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: HUGO ALEXANDER CIFUENTES SÁNCHEZ

Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B Y OTROS Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado - El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad. Se niega la mora judicial.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Hugo Alexander Cifuentes Sánchez, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la salud y vida , cuya vulneración le atribuyó a i) el Tribunal Administrativo de Santander con la providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y

fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, a la salud y vida , cuya vulneración le atribuyó a i) el Tribunal Administrativo de Santander con la providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00, ii) la Policía Nacional con la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016 y las decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016 dentro del proceso radicado núm. DESAN-2016-27, y iii) la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta mora judicial en resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del contencioso administrativo citado.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

2.1. Relató que el 4 de mayo de 2009 ingresó a la Policía Nacional y que su último servicio lo realizó en la Dirección de Investigación Criminal - Interpol.

2.2. Informó que la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Santander, le inició el proceso disciplinario núm. radicado núm. DESAN-2016-27 el cual finalizó con las decisiones de primera y segunda instancia de 9 y 22 de junio de 2016.

de Santander, le inició el proceso disciplinario núm. radicado núm. DESAN-2016-27 el cual finalizó con las decisiones de primera y segunda instancia de 9 y 22 de junio de 2016.

2.3. Indicó que el director de la Policía Nacional mediante la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016, lo retiró del servicio activo y le impuso una sanción de inhabilidad general por el término de 12 años, así como la exclusión de la carrera administrativa.

2.4. Señaló que por lo anterior interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00 contra la Policía Nacional a fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio activo y de las decisiones proferidas en el proceso disciplinario núm. DESAN-2016-27.

2.5. Comentó que, el conocimiento del proceso le fue asignado al Tribunal Administrativo de Santander, autoridad que mediante sentencia de 9 de mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante auto de 30 de octubre de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación, sin que a la fecha se haya proferido sentencia de segunda instancia.

2.7. Manifestó que la “[…] prolongada mora en la atención de mi proceso de nulidad y restablecimiento de derechos y la vulneración de derechos me han ocasionado profundos perjuicios psicológicos, morales, la destrucción de mi reputación y buen

2.7. Manifestó que la “[…] prolongada mora en la atención de mi proceso de nulidad y restablecimiento de derechos y la vulneración de derechos me han ocasionado profundos perjuicios psicológicos, morales, la destrucción de mi reputación y buen nombre, rayando con mi principio de dignidad humana […]”.

2.8. Refirió que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se apartó de lo decidido por esa misma Corporación en un caso similar, donde mediante sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2019-00677-00, donde se “[…] declaró la nulidad de los mismos actos administrativos atacados en el presente proceso […]” , vulnerando así su derecho a la igualdad e incurriendo en un desconocimiento del precedente judicial horizontal.

2.9. Alegó que tanto las decisiones proferidas en el proceso disciplinario DESAN-201627 como la Resolución 0 6289 de 2016 “[…] contraviene los postulados legales y constitucionales […]” y “[…] es un acto injusto […]”, toda vez que el operador disciplinario no realizó una valoración probatoria objetiva, pues las pruebas demostraban que “[…] no incurrí en apropiami ento de algún bien particular, como tampoco induje a omitir algún tipo de información como lo quiso hacer ver el fallador3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

[…]”, aunado a que el testimonio de la señora Yerly Norella Ramírez se encontraba “[…] viciado de nulidad […]”.

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

[…]”, aunado a que el testimonio de la señora Yerly Norella Ramírez se encontraba “[…] viciado de nulidad […]”.

2.10. Puso en conocimiento como hecho sobreviniente a la presentación de su demanda núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00, que el señor “[…] Mayor (R.A.) Tino Nicolas Guevara Rodríguez […]” quien actúo como juez en segunda instancia en el proceso disciplinario, fue destituido e inhabilitado del cargo dentro de la investigación Disciplinaria núm. SIE2D EE -PROD11-2022-320 al declararse la falsedad en documento privado, correspondiente al título profesional de abogado.

2.11. Mencionó que adicionalmente encontró como prueba el proceso disciplinario SIE2D EE-PROD1-2022-205 en el cual se investigó y sancionó al señor “[…] Mayor (R.A.) Tino Nicolas Guevara Rodríguez […]” por “[…] haber infringido el régimen disciplinario para la policía nacional ley 1015 de 2006, en articulo (sic) 35 numeral 10 “incumplir, modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza o introducir cambios sin causa justificada a las ordenes (sic) o instrucciones relativas al servicio […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Primero; Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, salud y vida digna del suscrito tutelante y de mi grupo familiar.

2. Segundo: Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales al debido

“[…] 1. Primero; Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, salud y vida digna del suscrito tutelante y de mi grupo familiar.

2. Segundo: Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa, imparcialidad y acceso a la administración de justicia, debido a la actuación de un juez disciplinario incompetente e inhabilitado.

3. Tercero: Ordenar la suspensión inmediata de efectos del acto administrativo sancionatorio disciplinario, para evitar perjuicios irreparables.

4. Cuarto: Declarar la nulidad del fallo disciplinario proferido por el juez inhabilitado, por violación de la legalidad y garantías procesales, debido proceso.

5. Quinto: Ordenar el restablecimiento de mis derechos, conforme a lo expuesto en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho que se encuentra en el despacho de la sección segunda subsección B, del concejo (sic) de Estado, conforme a las pruebas existentes y sobrevinientes.

6. Sexto: Disponer las medidas necesarias para que la autoridad competente garantice la actuación con apego a la legalidad y evite que funcionarios inhabilitados ejerzan funciones jurisdiccionales disciplinarias.

7. Séptimo: Que se adopten las medidas necesarias para reparar los perjuicios ocasionados a mí y mi núcleo familiar.

8. Octava: DECLARAR Nula la Resolución Número 06289 del treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) expedida por Director de la Policía Nacional, Gen eral JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, mediante la cual

8. Octava: DECLARAR Nula la Resolución Número 06289 del treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) expedida por Director de la Policía Nacional, Gen eral JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, mediante la cual RETIRO del servicio activo de la Policía Nacional e inhabilidad general por el

termino de doce (12) años y la exclusión del escalafón o carrera, a mis (sic)4

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Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

representado Patrullero HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.049.615.160.

9. Novena: Declarar La NULIDAD del fallo de PRIMERA INSTANCIA fecha nueve (09) de junio de dos mil dieciséis (2016), proferido dentro del proceso disciplinario DESAN-2016-27, suscrito por el Jefe de la Oficina de Control

Interno Disciplinario del Departamento de Policía Santander, señor Mayor

CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ SEPULVEDA.

10. Decima: Declarar LA NULIDAD del fallo de SEGUNDA INSTANCIA, de fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), suscrito por el señor Mayor TINO NICOLAS GUEVARA RODRIGUEZ Inspector Delegado de la Región Cinco de Policía (E), quien resolvió el recurso de apelación.

11. Decima (sic) Primera; Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad d e Restablecimiento del Derecho, ordénese el REINTEGRO

Región Cinco de Policía (E), quien resolvió el recurso de apelación.

11. Decima (sic) Primera; Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad d e Restablecimiento del Derecho, ordénese el REINTEGRO INMEDIATO del suscrito HUGO ALEXANDER CIFUENTES SANCHEZ , identificado con la cédula de ciudadanía Nro. […], al cargo correspondiente como Patrullero de la Policía Nacional en la ciudad de San Gil Santan der, asignado como funcionario de la seccional de investigación criminal SIJIN a la Fiscalía Séptima Seccional de dicha Municipalidad y que venía desempeñando al momento de mi retiro del servicio […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, el Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron

los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó se declare improcedente el mecanismo de amparo, en razón a que no se cumple el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, dado que actualmente se encuentra en trámite el proceso contencioso administrativo 68001-23-33-000-201700694-00/01.

5.2. En cuanto a la presunta mora presentada en el medio de control, precisó que el actor sustentó dicha tardanza en el tiempo transcurrido en el trámit e general, mas

00694-00/01.

5.2. En cuanto a la presunta mora presentada en el medio de control, precisó que el actor sustentó dicha tardanza en el tiempo transcurrido en el trámit e general, mas no en alguna circunstancia que le pueda ser atribuible; máxime cuando el expediente se recibió el 19 de septiembre de 2024 y desde entonces se han surtido las actuaciones procesales correspondientes.

5.3. Informó que mediante providencia de 8 de octubre de 2025 se resolvieron las diferentes solicitudes relacionadas con la medida cautelar, el decreto de pruebas y el trámite preferente. Motivo por el cual, la mora judicial alegada se encuentra superada.

5.4. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se configura el requisito de subsidiariedad5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente de decisión el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.

5.5. La Policía Nacional puso de presente que la acción de tutela no tiene mérito de prosperidad, toda vez que con ella se pretende que el juez constitucional realice un juicio de valor el cual es de competencia del juez contencioso administrativo, por lo que se debe declarar la improcedencia de la acción constitucional. Solicitó su desvinculación.

5.6. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción núm. 19 DESAN rindió informe en el cual manifestó “[…] que el rol de esta dependencia se Imitó (sic)

desvinculación.

5.6. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción núm. 19 DESAN rindió informe en el cual manifestó “[…] que el rol de esta dependencia se Imitó (sic) al trámite administrativo y a la adopción de decisiones disciplinarias en sede administrativa, agotando los recursos ordinarios establecidos en la ley, los cuales, como es sabido, constituyen requisito de procedibilidad para acudir posteriormente a la jurisdicción contenciosa […]”. Motivo por el cual solicitaron su desvinculación.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 30 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de amparo contra la Policía Nacional y el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que no se cumplía con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, en razón a que i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo para controvertir el acto administrativo contenido en la Resolución 06289 de 30 de septiembre de 2016 y los fallos proferidos en el proceso disciplinario núm. DESAN2016-27 y, ii) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00/01, se encuentra en trámite.

7. De otro lado negó las pretensiones encaminadas a que se declarara la mora judicial de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en proferir la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-23-33-000-2017-00694-01, al considerar que,

judicial de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en proferir la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-23-33-000-2017-00694-01, al considerar que, a pesar de que no haya proferido la respectiva providencia “[…] la tardanza de la autoridad judicial cuestionada en definir la controversia sometida a su competencia se encuentra justificada […]”.

8. El juez de primera instancia negó la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional, al concluir que “[…] la vinculación de esa entidad obedeció a que el actor la incluyó como demandada y algunas de las pretensiones formuladas en el escrito de la tutela están relacionadas con las decisiones proferidas en el proceso disciplinario DESAN-2016-27 adelantado contra el señor Cifuentes Sánchez […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante, impugnó el fallo de primera instancia para lo cual argumentó que “[…] Si viene cierto en el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B, el proceso de Nulidad y Restablecimiento de Derechos lleva un año desde la admisión de la apelación de primera instancia, también lo es que en Primera6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

Instancia en el Tribunal Administra tivo de Santander, tardo (sic) ocho (8) años en proferir sentencia, por cuanto la Sección Segunda Subsección b, del Consejo de Estado por mantener una carga laboral de procesos de todo el país, fácilmente podría tardar el doble de tiempo que tardo el Tribunal Administrativo de Santander,

proferir sentencia, por cuanto la Sección Segunda Subsección b, del Consejo de Estado por mantener una carga laboral de procesos de todo el país, fácilmente podría tardar el doble de tiempo que tardo el Tribunal Administrativo de Santander, por esta razón la acción de tutela es más efectiva frente a la protección de mis derechos fundamentales […]”.

10. Reiteró que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos fáctico y por tanto se debe acceder a la “[…] revocatoria de la sanción y la protección de mis derechos fundamentales mediante la acción de tutela, toda vez que los mecanismos ordinarios no han garantizado una defensa efectiva ni el acceso pleno a la justicia […]”.

11. Adujo que “[…] el retardo acumulado demuestra una ineficacia e incumplimiento institucional que impide la pronta definición del asunto, generando perjuicios materiales y morales gravísimos en mi vida personal y familiar al prolongar la incertidumbre y la vulneración de mis derechos […]”.

12. Comentó que a pesar de que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo para controvertir los actos administrativos “[…] en el presente caso se configura una excepción constitucionalmente reconocida que habilita la tutela como mecanismo transitorio y eficaz […]” toda vez que “[…] las pruebas sobrevinientes que acreditan la falsedad del título de abogado del juez disciplinario de segunda instancia de la Policía Nacional, así com o la comisión de prevaricato por acción en otro proceso previo de ese mismo funcionario, no se encuentran incorporadas en el medio de control administrativo, por cuanto surgieron

disciplinario de segunda instancia de la Policía Nacional, así com o la comisión de prevaricato por acción en otro proceso previo de ese mismo funcionario, no se encuentran incorporadas en el medio de control administrativo, por cuanto surgieron con posterioridad al agotamiento de la vía ordinaria y no fue posible su aduc ción ni valoración dentro del expediente principal […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

VIII.2. Cuestión Previa

14. La Sala no analizará la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional en razón a que fue estudiada y resuelta por el juez de primera instancia. Sobre este aspecto del litigio no se presentaron argumentos en la impugnación.

VIII.3. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si el Tribunal Administrativo de Santander y la Policía Nacional vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión a la expedición de i) la providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio

b) Si el Tribunal Administrativo de Santander y la Policía Nacional vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión a la expedición de i) la providencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-0002017-00694-00 y, ii) la Resolución núm. 06289 de 30 de septiembre de 2016 y las decisiones disciplinarias de 9 y 22 de junio de 2016 dentro del proceso radicado núm. DESAN-2016-27, respectivamente.

c) Si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales solicitados por el accionante , por presuntamente haber incurrido en mora judicial en resolver el recurso de apelación contra la sentencia de 9 de mayo de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00694-00/01.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela ii) presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales ; para posteriormente iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela

17. De acuerdo con el artículo 5°y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela

procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya

17. De acuerdo con el artículo 5°y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela

procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de co nformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito […]”.

18. A su vez, la referida norma señala que, por el contrario, este medio de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo tran sitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el rec urso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

19. Esta Sala de Decisión ha señalado que cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República, para obtener la protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.5. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales

11. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno multicausal y estructural […]” 7, que se presenta en razón al “[…] alto número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión judicial […]”8.

12. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en determinados eventos la mor a judicial vulnera gravemente “[…] los derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.9

determinados eventos la mor a judicial vulnera gravemente “[…] los derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.9

13. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de

201710 precisó lo siguiente:

“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el

7 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017. 8 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T -2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de diciembre de 2010. 9 Ibidem. 10 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06133-01

Accionante: Hugo Alexander Cifuentes Sánchez

carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal d el interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la

implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal d el interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

[…]

[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se c onsidera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”11

13.5. En la providencia T -230 de 2013, que abordó un cas o de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de

(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable , advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional […].

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 2016 12, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento obj etivo del plazo judicial , (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación ; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].

14. De acuerdo con lo transcrito,