CE - Sentencia 11001031500020250613701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionado: MIGUEL ENRIQUE MUSLACO CASTILLO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / Sanción moratoria en el pago de cesantías parciales en el régimen de docentes oficiales / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante, por conducto de apoderado, contra la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 1.° de octubre de 2025 2, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo, mediante

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 1.° de octubre de 2025 2, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, así como la prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine.

Hechos relevantes

2. El señor Miguel Enrique Muslaco Castillo prestó sus servicios como docente en los servicios educativos estatales en el Departamento de Antioquia, en el marco del sistema educativo estatal, y se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

3. El 16 de julio de 20213 (19 de agosto de 20214), el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo presentó ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, una solicitud para el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

1 Que ingresó para fallo el 14 de noviembre de 2025. 2 Índice 1 de Samai. 3 Esta es la fecha que aduce la accionante. 4 Esta fecha es la mencionada por la entidad.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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4. Mediante la Resolución No. 2021060088475 del 30 de agosto de 2021 5, el

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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4. Mediante la Resolución No. 2021060088475 del 30 de agosto de 2021 5, el Departamento de Antioquia - Gobernación6 resolvió (i) reconocer un anticipo de cesantías en tiempo del COVID-19 a favor del señor Muslaco Castillo, por la suma de $38.349.921 que le corresponde por el tiempo de servicios como docente Nacional, pagado por el situado fiscal: (ii) De la suma reconocida descontó $7.191.228 por concepto de anticipos de cesantías parciales ya pagadas, quedando como saldo $31.158.693 de la cual se iba a girar como anticipo $31.158.693 para la compra de vivienda, valor que debía pagar el FOMAG para la compra de vivienda;

(iii) la Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora de los recursos del FOMAG descontaría las sumas de dinero ordenadas por los despachos judiciales en los porcentajes que determinara según el artículo 2488 del Código Civil en concordancia con los artículo 154,155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la Ley 11 de 1984 artículo 3 y 4, 95 y 96 del Decreto Nacional 1848 de 1969, 134 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1073 de 2002 modificado por el Decreto 994 de 2003; (iv) entre otras decisiones.

5. Sin embargo, según sostiene la parte actora, es a cesantía no fue cancelada a tiempo, conforme a los términos previstos en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de

5. Sin embargo, según sostiene la parte actora, es a cesantía no fue cancelada a tiempo, conforme a los términos previstos en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, el artículo 57 de la Ley 19557. Lo anterior, toda vez que la entidad competente no expidió el acto administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles allí establecido.

Además, el Ministerio de Educación Nacional efectuó el pago de la prestación dentro del término de 45 días hábiles previsto por la misma norma. A ello se suma que los recursos reconocidos por concepto de cesantías solo fueron puestos a disposición de la beneficiaria en la entidad bancaria correspondiente hasta el 31 de octubre de 2021.

6. El 30 de abril de 2022, el señor Mi guel Enrique Muslaco Castillo presentó una solicitud para el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, dirigida a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento de Antioquia. Transcurridos más de tres meses desde la presentación de dicha petición sin que mediara respuesta por parte de la administración, el actor consideró configurado el silencio administrativo negativo

7. Con base en lo anterior, en ej ercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Miguel Enrique Muslaco Castillo presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) “ representado leg almente por la Ministra de Educación Nacional”8 y el Departamento de Antioquia con el fin de que se declarara

Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) “ representado leg almente por la Ministra de Educación Nacional”8 y el Departamento de Antioquia con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto el 30 de julio e 2022 de la petición radicada el 30 de abril de 2022 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG – Departamento de Antioquia, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria.

5Obra en certificado DA43B9AB68501E07 F8257849F92049CF 9A8D4A10454C204D B094D3878BBE8FE. En documento “002DemandayAnexos”, págs. 28 a 32, índice 10 de samai. 6 La señora Luz Aida Rendón Berrio. 7 Lo anterior debido a que con la entrada en vigor de esa normatividad son llamadas a responder las entidades territoriales por el reconocimiento y pago de las sanciones por mora por el pago extemporáneo de las cesantías a los docentes. 8 Obra en certificado DA43B9AB68501E07 F8257849F92049CF 9A8D4A10454C204D B094D3878BBE8FE. En documento “002DemandayAnexos”, págs. 2 a 17, índice 10 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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8. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín adoptó las siguientes determinaciones:

Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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8. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024, el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín adoptó las siguientes determinaciones:

(i) declaró no probada la excepción de falta de legitimación material en la causa pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG; (ii) declaró la nulidad del acto ficto configurado derivado de la petición del 30 de abril de 2022, mediante la cual el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no pago oportuno de sus cesantías ; (iii) a título de restablecimiento condenó al Departamento de Antioquia, a pagar al demandante el monto de lo debido correspondiente a 2 días de salario por concepto de sanción moratoria para el año 2021, tendrá en cuenta el valor diario de la asignación básica devengada por el demandante para el año 2021; (iv) no condenó en costas; (v) entre otros.

9. Inconforme con esta decisión, el Departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación. Mediante providencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad tomó las siguientes determinaciones: (i) revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda; (ii) se abstuvo de imponer condena en costas y (iii) ordenó que una vez ejecutoriada la providencia, debía devolverse el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

10. En su análisis, el Tribunal sostuvo que si bien la fecha de radicación de la

ejecutoriada la providencia, debía devolverse el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

10. En su análisis, el Tribunal sostuvo que si bien la fecha de radicación de la solicitud de cesantías, misma que figura con la del envío de la documentación allegada por la parte demandante. Lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada como prueba de ese hecho ante la existencia de un acto administrativo dotado de presunción de legalidad y de otra documentación emanada de la autoridad administrativa. Allí se afirma que la petición fue radicada de manera completa, como lo indica la norma en una fecha posterior, misma que se debe realizar el conteo. Lo anterior hasta que los actos de administración no hayan sido revocados por la autoridad competente o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Pretensiones

11. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia del 27 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso identificado con No. 05001 -33-33-023-2023-00543-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor MIGUEL ENRIQUE MUSLACO, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida

probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice

(i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante Miguel Enrique Muslaco Castillo y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrati voRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4 definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag”9.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte demandante sostiene que la providencia enjuiciada cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial de acuerdo con la sentencia C -590 de 2005. Lo anterior debido a que el asunto (i) reviste una relevancia constitucional, pues el Tribunal accionado incurrió en vicios que comprometieron los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva por una valoración defectuosa de los medios de pruebas determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de litigio.

13. Esto bajo el argumento de que el demandante aportó constancia en la que se acreditaba que el docente si radicó la solicitud de cesantías el 16 de julio de 2021.

de litigio.

13. Esto bajo el argumento de que el demandante aportó constancia en la que se acreditaba que el docente si radicó la solicitud de cesantías el 16 de julio de 2021.

Pero se desestimó ese medio probatorio y optó por privilegiar la información consignada en el acto de reconocimiento de la acreencia económica. Mismo que se identifica el 19 de agosto de 2021, bajo el argumento de la presunción de legalidad y que de esa fecha se habría completado la documentación exigida. Mientras que en la prueba a la que se hace referencia, la ocurrencia de la presentación formal de la petición de cesantías, se realizó el 16 de julio de 2021. Incluso esta no fue objeto de tacha ni falsedad por el extremo pasivo, quien le correspondía demostrar que la información allí contenida faltaba a la verdad y que la actuación de la parte actora era ajena a los principios de buena fe y lealtad procesal.

14. Analizó que la Nación – Ministerio de Educación no controvirtió el hecho tercero de la demanda, a través del cual se afirmó que la solicitud fue presentada el 16 de julio de 2021. Por el contrario, los argumentos se dirigieron a atribuir la responsabilidad de la entidad territorial, señalando la expedición extemporánea del acto de reconocimiento de cesantías y la remisión tardía del expediente a la Fiduciaria S.A. La cual se efectuó el 17 de septiembre de 2021 a través del radicado No. 2098935. Incluso en el documento está la constancia de que la radicación de la reclamación de cesantías tuvo lugar en esa fecha. Esto es relevante porque el Tribunal no tuvo por acreditado que la solicitud de cesantías presentada por la

No. 2098935. Incluso en el documento está la constancia de que la radicación de la reclamación de cesantías tuvo lugar en esa fecha. Esto es relevante porque el Tribunal no tuvo por acreditado que la solicitud de cesantías presentada por la docente en la fecha indicada anteriormente estaba incompleta, pero en el proceso no obra una prueba que respalde esa afirmación. Tampoco justificó con suficiencia porque la información de la constancia no le generaba certeza. Además, citó apartes de la sentencia T -916 de 2008 de la Corte Constitucional y otras sentencias del Consejo de Estado10.

15. En cuanto a los demás requisitos expresó que se cumplía con (ii) el requisito de inmediatez porque la sentencia se notificó el 1.° de abril de 2025; (iii) en la cuestión objeto de debate, se agotaron los mecanismos de defensa judicial a su disposición y (iv) la sentencia en cuestión no fue adoptada en el marco de la acción de tutela.

9 Folio 5 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai. 10 Las sentencias de la Sección Cuarta son las siguientes: 11001-03-15-000-2024-05939-00, 1100103-15-000-2024-06039-01, 11001-03-15-000-2024-05927 y 11001-03-15-000-2025-03537-00.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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16. Puso de presente, que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración del material probatorio obrante en el expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Para esto citó la Sentencia SU-048 de 2022.

17. A su juicio, la valoración del Tribunal Administrativo de Antioquia no se ajustó a los criterios de suficiencia, razonabilidad e integralidad que garantizaran un examen objetivo de debate jurídico. Porque omitió considerar que el formato de radica ción no solo fue aportado sino que desconoció las reglas de la sana crítica. Esto para decir que (i) la sentencia no hizo un estudio detallado sobre la información que no resultaba fiable para la resolución del caso; (ii) la prueba desestimada corresponde a un formato genérico elaborado por el propio Departamento de Antioquia y dirigido a la oficina del FOMAG – Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación; (iii) el proceso ordinario se echa de menos un medio de prueba fehaciente que demuestre que la solicitud de cesantías por el docente carecía de algún requisito; (iv) omitió considerar que la constancia de radicación de la solicitud goza de presunción de autenticidad y veracidad ante la total ausencia de tacha de falsedad; (v) s e limitó a considerar la fecha de presentación de la reclamación consignada en el acto de reconocimiento de cesantías, para el conteo de los plazos.

18. Del mismo modo, dispuso que se transgredió el derecho de acceso a la

reclamación consignada en el acto de reconocimiento de cesantías, para el conteo de los plazos.

18. Del mismo modo, dispuso que se transgredió el derecho de acceso a la administración de justicia porque no se dio una resolución justa, motivada y fundada en una adecuada valoración de los elementos de juicio. Para esto citó apartes de las sentencias T -442 de 1994 y C -496 de 2015 de la Corte Constitucional y radicados 2024 -05939-00, 2024,06039 -01, 2024 -05927-01, 2025 -03537-00 del Consejo de Estado. De igual modo dijo que el fallador impuso al docente una carga probatoria desproporcionada y exigirle que debía acreditar que la solicitud de cesantías fue radicada el 16 de julio de 2021, a pesar de que tal actuación correspondía de manera exclusiva al Departamento de Antioquia.

Trámite procesal

19. A través de auto del 3 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad como accionado. Al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circu ito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, al FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., al Municipio de Antioquia, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que allegara copia digital del expediente con radicado 05001 -33S.A., al Municipio de Antioquia, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que allegara copia digital del expediente con radicado 05001 -3333-023-2023-00543-00/01; Y r econoció personería adjetiva al abogado Yobany Alberto López Quintero para que actuara en los términos del poder conferido.

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que la tutela bajo estudio no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo que no es admisible su procedencia para cuestionar providencias judiciales. Expuso que las pruebas fueron valoradas dentro del marco legal, con fundamento en la lógica y la sana crítica. PorRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

6 tanto, la decisión proferida en segunda instancia, contaba con el principio de autonomía judicial consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política. Por ello, la acción de tutela no procede como una tercera instancia los argumentos y valoraciones ya realizadas por los jueces competentes en la primera y segunda instancia.

21. Sostuvo que se aplicó lo dispuesto por la Ley y la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ-SII-012-2018 sobre la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías. Pero según los hechos probados dentro del proceso se decidió que para el co nteo de la mora debía tenerse en cuenta la fecha de

oportuno de las cesantías. Pero según los hechos probados dentro del proceso se decidió que para el co nteo de la mora debía tenerse en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de cesantías que se encontraba en el acto administrativo expedido por la entidad demandada. Esta goza de presunción de legalidad, y no la fecha de radicación que reposa en una petición aportada como prueba documental por la parte demandante.

22. Asimismo, el Tribunal le dio valor probatorio a la fecha de radicación de la solicitud de cesantías que consta en el acto administrativo expedido por la entidad territorial. Más no la fech a de radicación que aportó el demandante en la prueba documental. Esto debido a que prevalece la presunción de legalidad del acto administrativo. A partir de ahí y en aplicación del conteo de términos, la solicitud se presentó el 19 de agosto de 2021. Por tanto, los 15 días con los que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo y notificarlo finalizaba el 9 de septiembre de 2021. Además, que como el acto administrativo fue expedido el 30 de agosto de 2021, notificado el 9 de se ptiembre, pero entregado a la Fiduprevisora el 16 de septiembre de 2021. Luego entonces, a partir del 9 de septiembre de 2021, se contabilizaban los 10 días de ejecutoria. Estos corrieron a partir del 23 de septiembre de 2021, por lo que de ahí corren los 45 días para efectuar el pago. Por tanto, estos fenecían el 30 de noviembre de 2021, por ello, los recursos fueron puestos a disposición el 30 de octubre de 2021. Inclusive, se

efectuar el pago. Por tanto, estos fenecían el 30 de noviembre de 2021, por ello, los recursos fueron puestos a disposición el 30 de octubre de 2021. Inclusive, se concluyó que no existió mora en el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías.

23. Sin embargo, ninguna de las partes ejerció en las oportunidades probatorias pertinentes, los medios procesales con los que cuenta para ejercer su derecho de defensa. Por ejemplo, a través de la tacha de falsedad de un documento, estan do en libertad el juez natural para interpretar y dar valor probatorio a las pruebas que reposan en el expediente. De igual modo, citó aparte de sentencias de la Sección

Primera, Sección Tercera y Sección Quinta del Consejo de Estado11.

24. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín allegó el enlace del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 05001-33-33-023-2023-00543-0012.

11 Sentencias 11001 -03-15-000-2024-05911-00; 11001031500020240592700 y 11001 -03-15-0002023-07563-00. 12El enlace es el siguiente: https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm23med_cendoj_ramajudicial_gov_co/EoT9eqhd3JNMpokZgB

RLvBcBWNubWUZgEHEWyFuNsvm7Q?e=RL5Hj4&xsdata=MDV8MDJ8amNhc2FzbUBjb25zZWpvZGVlc3RhZG8uZ292LmNvfDhk MjkyNDQ2YzE0NDQyYmY5M2QxMDhkZTA4MTVjODRifDYyMmNiYTk4ODBmODQxZjM4ZGY1O GViOTk5MDE1OThifDB8MHw2Mzg5NTcwODY4MDU0ODg2MjR8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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25. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es la entidad responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración de derechos fundamentales alegada. Lo anterior debido a que, no es la entidad que profi rió la sentencia objeto de cuestionamiento.

26. De otra parte, expresó que el asunto carece de relevancia constitucional. Debido a que el asunto debe tener trascendencia superior y no solamente legal o de otra naturaleza, como en este caso sería la exclusivam ente económica de connotaciones particulares y privadas. Para esto citó la sentencia T -470 de 1998, T-606 de 2000. Sin embargo, no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o

connotaciones particulares y privadas. Para esto citó la sentencia T -470 de 1998, T-606 de 2000. Sin embargo, no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante. Así como tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes.

27. La Fiduprevisora S.A. 13, el Municipio de Antioquia 14 y el FOMAG 15 no intervinieron pese a estar debidamente notificados.

La sentencia de primera instancia

28. Por medio de sentencia del 17 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

29. Señaló que, contrario a lo afirmado por la accionante, los argumentos relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de un derecho fundamental, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del juez de tutela. De igual modo e xplicó que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objetivo puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios. Por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional.

medios de defensa ordinarios. Por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional.

30. En ese orden, sostuvo que, en la providencia acusada se puso de presente que, si bien era cierto que la p arte actora afirmó haber presentado su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 16 de julio de 2021. No era menos cierto que, para efectos del análisis jurídico, se tenía como válida la fecha consignada en la

ZDhleUpGYlhCMGVVMWhjR2tpT25SeWRXVXNJbFlpT2lJd0xqQXVNREF3TUNJc0lsQWlPaUpYY Vc0ek1pSXNJa0ZPSWpvaVRXRnBiQ0lzSWxkVUlqb3lmUT09fDB8fHw%3d&sdata=cTRCZk00Um NML1pJVlpscHhiRks3RmlveUROeW5Qb3Zsc2FGZDZySmVEYz0%3d 13 Se notificó a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.comco y sjuridico@fiduprevisora.com.co el 7 de octubre de 2025. Ver índice 8 de samai. 14 Se notificó al correo electrónico notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co, el 7 de octubre de

2025. Ver índice 8 de samai. 15 Se notificó a los correos electrónicos servicioalcliente@fiduprevisora.com.co,

14 Se notificó al correo electrónico notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co, el 7 de octubre de

2025. Ver índice 8 de samai. 15 Se notificó a los correos electrónicos servicioalcliente@fiduprevisora.com.co,

tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co, el 7 de octubre de 2025. Ver índice 8 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06137-01

Accionante: Miguel Enrique Muslaco Castillo Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

8 resolución núm. S2021060088475 del 30 de agosto de ese año. Es decir, la del 19 de agosto del mismo año, porque ese acto se encontraba amparado de presunción de legalidad, y en el que no fue desvirtuado ni cuestionado tal situación por la parte demandante en sede administrativa o judicial.

31. De igual modo, la valoración probatoria se construyó a partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente y estableció de manera razonada la providencia.

Esto en ejercicio de su independencia y con fundamento en el principio de autonomía judicial. Pues el juez natural adoptó una interpretación jurídica que, aunque podía ser controvertida por la parte actora, no por ello, esto resulta ser inconstitucional, dado que el rol del juez de tutela no puede confundirse con el de una instancia revisora de la s decisiones adoptadas por jueces ordinarios en el marco de su competencia.

La impugnación

32. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,

una instancia revisora de la s decisiones adoptadas por jueces ordinarios en el marco de su competencia.

La impugnación

32. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado, presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

34. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder: ¿Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de relevancia constitucional, al plantear la solicitud de una sanción moratoria relacionada con una prestación social cuyo monto principal ya fue reconocido y pagado?

35. De resultar afirmativo el anterior inter rogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la expedición de la sentencia del 27 de marzo de 2025, incurrió en un defecto fáctico, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, así como la prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine de la parte accionante?

36. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los

la tutela judicial efectiva, así como la prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine de la parte accionante?

36. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los requisitos generales de procedibilidad