CE - Sentencia 11001031500020250614100 de 2025

Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06141-00

Demandante: CARMEN ROSA DE JESÚS DÍAZ GÓMEZ

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

Declara carencia actual de objeto por hecho superado y ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

La señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «al pago oportuno del salario, al trabajo en condiciones de vida dignas», al mínimo vital y de petición.

Lo anterior, con ocasión a la presunta omisión de las accionadas en pagarle en debida

oportuno del salario, al trabajo en condiciones de vida dignas», al mínimo vital y de petición.

Lo anterior, con ocasión a la presunta omisión de las accionadas en pagarle en debida forma el retroactivo del incremento de la base salarial del mes de mayo, así como la falta de respuesta a la solicitud radicada el 24 de julio de 2025.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Se expongan las razones objetivas que justifican los descuentos de ley y las razones por las cuales son diferentes a los de los demás profesionales que tienen mi cargo.

3. Se brinde respuesta clara, precisa y oportuna al derecho de petición presentado

[…]2

1 Radicada el 1 de octubre de 2025. 2 Transcripción literal de la acción de tutela.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos 3 que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez manifestó que es empleada de la Rama Judicial en el cargo de profesional universitario grado 21 en provisionalidad, al servicio de la relatoría de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en estado de gestación.

Judicial en el cargo de profesional universitario grado 21 en provisionalidad, al servicio de la relatoría de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en estado de gestación.

El 24 de julio de 2025, la tutelante radicó petición mediante mensaje de datos a los siguientes correos electrónicos de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial:4

En la aludida petición, solicitó con carácter urgente la reliquidación correcta del retroactivo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2025 , en los siguientes términos:

La presente es para solicitar de carácter urgente que se haga la reliquidación de mi retroactivo del año 2025 teniendo en cuenta que está totalmente mal, por las siguientes razones.

1. Deberían haberme liquidado 4 meses (febrero, marzo, abril y mayo) por el valor de $542.315 y solo aparecen 3 meses por ese valor, es decir me están faltando 542.315 mil pesos a pagar.

2. Me parece absurdo y solicito que se revisen los descuentos que me están haciendo de ley como Profesional Universitario Grado 21 en la nómina del retroactivo por el valor de $726.114 que al compararlos con muchos profesionales de mí mismo grado hay una diferencia evidente, por ejemplo, anexo un desprendible de un grado 21 para que observen la diferencia. A mis compañeros les descuentan $418.000 mil, mientras que a mí me descuentan $726.114 es decir, más de $300.000 de diferencia por lo cual, pido que se me reliquiden todo el retroactivo y en el menor tiempo posible me sea pagada la diferencia adeudada.

3 Índice 02 Samai.

que se me reliquiden todo el retroactivo y en el menor tiempo posible me sea pagada la diferencia adeudada.

3 Índice 02 Samai. 4 Los correos electrónicos a los cuales se envió la petición pertenecen a la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial: nominacortesuprema@deaj.ramajudicial.gov.co Unidad Asistencia Legal División de ProcesosDirección Ejecutiva de Administración Judicial.

medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co corresponde a la Unidad Administrativa - Sección Centro De Documentación - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial. abravor@deaj.ramajudicial.gov.co Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Además, me liquidaron mi año de servicios prestados por valor de $189.810 el cual es correcto y aun así mis compañeros Profesionales Universitarios Grado 21 siguen recibiendo una suma más grande. Como es posible que yo recibiendo mi ajuste por año de servicios prestados me vayan a pagar neto $1.741.388 y mis compañeros un total de $2.292.906. Solicito que se aclare y se liquide todo de manera correcta.

4. Desconozco los primeros valores que aparecen relacionados en mi desprendible de pago por valor de $72.309 y $36.154. Están mal.

5. Ahora hago una observación importante y se los aclaro por si acaso hubo confusión

4. Desconozco los primeros valores que aparecen relacionados en mi desprendible de pago por valor de $72.309 y $36.154. Están mal.

5. Ahora hago una observación importante y se los aclaro por si acaso hubo confusión por ese asunto, entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2025 me dieron licencia remunerada por aborto, las cuales adjunto para lo pertinente, sin embargo, quiero dejar claro que esa licencia remunerada en nada afecta mi retroactivo porque por ley se me deben pagar los salarios completos lo cual se hizo y por ende se debe pagar completo todo mi retroactivo sin ninguna afectación.

De acuerdo a todo lo anterior, solicito que se reliquide mi retroactivo de manera correcta y además se revisen los descuentos desproporcionados que me están haciendo en comparación con otros compañeros del mismo cargo y grado y se proceda a pagarme la diferencia adeudada que parte de $542.315 y lo demás que corresponda.

En esa misma fecha, 24 de julio de 2025, la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez recibió en su correo institucional una constancia de registro de la solicitud, con código del documento EXTDEAJ25-41736.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora indicó que es sujeto de especial protección constitucional por encontrase en estado de embarazo y requiere el pago competo de su salario para solventar sus gastos personales, como desplazamientos para consultas, citas con especialistas, ecografías y demás procedimientos que requiere.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00

especialistas, ecografías y demás procedimientos que requiere.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expuso que radicó ante las autoridades accionadas petición el 24 de julio de 2025, mediante la cual expuso toda la información referente al pago deficitario del retroactivo, su reliquidación y, solicitó que se revisaran los descuentos de ley desproporcionados que le están haciendo en comparación con sus compañeros del mismo cargo y grado.

Precisó que las demandadas le efectuaron descuentos de ley (aporte servidor salud normal, aporte servidor pensión normal, solidaridad aporte servidor, subsistencia aporte servidor y retención en la fuente por salarios) por $726.114; no obstante, al compararlos con otros profesionales que tienen el mismo cargo y tiempo de servicio, advirtió que existe una diferencia evidente sin parámetro objetivo que lo justifique.

Mencionó que a la fecha de instaurado el mecanismo constitucional de la referencia no había recibido respuesta sobre su solicitud.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 9 de octubre de 20255, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar6 a la parte actora7, al Consejo Superior de la Judicatura8, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 9 y la Dirección Ejecutiva Sec cional de Administración Judicial de Bogotá 10 como autoridades accionadas.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 9 y la Dirección Ejecutiva Sec cional de Administración Judicial de Bogotá 10 como autoridades accionadas.

Así mismo, requirió a la Secretaría General de esta Corporación para que publicara en su respectiva página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.11

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá12 El grupo de apoyo acciones constitucionales indicó que esa Dirección se encuentra adelantando las gestiones, trámites y verificaciones necesarias, con el fin de dar cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales.

5 Índice 04 Samai. 6 Índice 07 Samai Envío de notificaciones. 7Notificación al correo electrónico carmendg@cortesuprema.gov.co 8 Notificación al correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co 9Notificación al correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co 10 Notificaciones a los correos electrónicosmedesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co 11 Índice 08 Samai Aviso a la comunidad. 12 Índice 09 Samai.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

11 Índice 08 Samai Aviso a la comunidad. 12 Índice 09 Samai.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que se estará dando alcance a la solicitud una vez el área encargada allegue la información acerca del caso en concreto a la mayor brevedad posible.

De igual manera, informó que las personas encargadas para atender el cumplimiento de la citada orden y su eventual fallo, son:

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Precisó que mediante oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025, el director de la Unidad de Talento Humano de la esta entidad atendió de fondo la petición radicada por la accionante.

Señaló que en la respuesta se expus ieron los supuestos fácticos y jurídicos qu e sustentan la presente acción de tutela, los cuales desaparecieron con la expedición mediante oficio DEAJRHO25 -3447 de 14 de octubre de 2025, razón por la cual, la solicitud de amparo constitucional se torna improcedente al configurarse el fenómeno jurídico de la carencia actual por hecho superado o, en su defecto, al evidenciarse el acatamiento de la orden de amparo.

Aportó el oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025 en el cual se indicó que

jurídico de la carencia actual por hecho superado o, en su defecto, al evidenciarse el acatamiento de la orden de amparo.

Aportó el oficio DEAJRHO25-3447 de 14 de octubre de 2025 en el cual se indicó que existe un saldo a su favor por la reliquidación de la retención en la fuente en la suma de $140.000 valor que será reajustado en la próxima nómina.

En conclusión, mencionó que en este momento existe un saldo a su favor, correspondiente a $433,852 del retroactivo de las incapacidades y $140.000, por la reliquidación de la retención en la fuente, para un total de $573.852, valor que se reajustará en la nómina de octubre de 2025.

Esta d ecisión fue notificad a al correo electrónico de la accionante carmendg@cortesuprema.gov.co

1.6.3. El Consejo Superior de la Judicatura pese a ser debidamente notificada no contestó la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. CompetenciaDemandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez contra el Consejo Superior de la Judicatura , la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez contra el Consejo Superior de la Judicatura , la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá , de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

Si bien, la tutela se admitió respecto al Consejo Superior de la Judicatura, se ordenará su desvinculación, toda vez que revisado el asunto, la petición objeto de la solicitud de amparo, no se formuló ante esa dependencia, razón por la cual, no se observa un deber correlativo de satisfacer lo pretendido por la parte accionante en relación con dicha autoridad.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, las pretensiones invocadas por la parte actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante del problema jurídico:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición invocado por la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez, por no responder la petición radicada el 24 de julio de 2025?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii), el derecho fundamental de petición; (iii) carencia actual de objeto y, (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

naturaleza de la acción de tutela; (ii), el derecho fundamental de petición; (iii) carencia actual de objeto y, (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando noDemandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable13.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolu ción»14. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá

de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolu ción»14. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.15

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Qu iere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de conte star de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada».16

13 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 14 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. 15 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015. 16 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […] la notificación […] debe ser efecti va, es decir, real y verdadera, y que cumpla el

peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […] la notificación […] debe ser efecti va, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».17

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.18

La respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del pet icionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. De la carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones19 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental

como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

17 Ibídem. 18 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020. 19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 201620, señaló que:

hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 201620, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulner ación de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sob re el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no qu e haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no qu e haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente21.

Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.22

20 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido. 21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».

21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». 22 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-06141-00 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer».”23

En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la

irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.24

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, 25 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de l as sanciones pertinentes, si así lo considera”.26 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que

condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de l as sanciones pertinentes, si así lo considera”.26 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración

23 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido. 24 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 25 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguie