CE - Sentencia 11001031500020250614201 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06142-01

Demandante: ANDRÉS FELIPE SEGURA BUENDÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por no superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 6 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 1º de octubre de 2025, el señor Andrés Felipe Segura Buendía, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a efectos de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia, a la honra, al buen nombre y, a la «buena

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a efectos de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia, a la honra, al buen nombre y, a la «buena fe».

La trasgresión de dichas garantías las atribuyó a la sentencia del 14 de julio de 2025, a través de la cual se confirmó la sentencia dictada el 19 de abril de 2024, por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que negó las pretensiones elevadas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 11001-33-35-0202022-00484-00/02.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] se revoque y deje sin efectos la sentencia de segunda instancia, emitida por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - SubsecciónDemandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“A” - Sistema Oral, proferida dentro del proceso de nulidad y restableciendo de derecho, bajo el radicado N. 11001-33-35-020-2022-00484-02.

www.consejodeestado.gov.co

“A” - Sistema Oral, proferida dentro del proceso de nulidad y restableciendo de derecho, bajo el radicado N. 11001-33-35-020-2022-00484-02.

TERCERO: Ordenar a la accionada, esto es, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A” - Sistema Oral, que, en un término de Treinta (30) días, profiera una nueva decisión ajustada a la Constitución y la Ley y valore en debida forma la totalidad de las pruebas aportadas.

CUARTO: Que, en referida orden, se requiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A” - Sistema Oral, para que valore adecuadamente, la participación del general Bolívar y el General Castellanos Tuay en referida Junta, ya que, como se enunció, dichos oficiales generales, estaban impedidos para participar de la misma, por expresa prohibición legal y constitucional, lo que invalidad dicha junta […]1

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Andrés Felipe Segura Buendía prestó servicio en la Policía Nacional durante más de 27 años, alcanzando el grado de coronel.

En el año 2021, participó en el proyecto de adquisición de cámaras corporales para la institución, proceso, en el que denunció irregularidades asociadas a una presunta intención de direccionar la contratación en favor de la empresa AXON – Eagle Comercial S.A., por lo que fue objeto de presiones indebidas por parte de altos

la institución, proceso, en el que denunció irregularidades asociadas a una presunta intención de direccionar la contratación en favor de la empresa AXON – Eagle Comercial S.A., por lo que fue objeto de presiones indebidas por parte de altos mandos, quienes le exigieron modificar una ficha técnica prediseñada en favor de dicha entidad.

Ante su negativa, fue enviado anticipadamente a vacaciones y reasignado a la Policía Metropolitana de Bogotá, sin que mediara acto administrativo que dispusiera su traslado, y de manera posterior, mediante Acta 003 APROP-GRURE – 2.25 del 31 de marzo de 2022, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendó su retiro por «llamamiento a calificar servicios », el cual fue formalizado , mediante el Decreto 857 del 31 de mayo de 2022.

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2 instauró demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a efectos de que se declarara la nulidad del acto administrativo y como consecuencia, se ordenara su reintegro sin solución de continuidad y se le llamara a adelantar los cursos correspondientes para escalar al grado de Brigadier General y demás rangos posteriores, conforme lo prevé el artículo 220 de la Constitución Política, la Ley 2179 de 2021 y el Decreto Ley 1791 de 2000.

1 Transcripción del texto original con posibles errores. 2 Con radicado 11001-33-35-020-2022-00484-00Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A

1 Transcripción del texto original con posibles errores. 2 Con radicado 11001-33-35-020-2022-00484-00Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Así mismo, y a título de restablecimiento del derecho solicitó que, le fuera cancelada la suma de dinero correspondiente a todos los conceptos salariales y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo en el que permaneció desvinculado de la entidad, y a su vez, le fueran reconocidos los perjuicios que como consecuencia de dicha decisión le fueron ocasionados.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda que, mediante fallo del 19 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

Ello, al considerar que, conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado «En el caso del llamamiento a calificar servicios, es palmario que el acto administrativo no requiere motivación y que, para los oficiales, los requisitos necesarios son: (i) que el personal de la Policía Nacional haya cumplido el término mínimo para recibir su asignación de retiro; y (ii) que exista concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional», presupuestos que concurren en el caso del actor, y por ende, no se configuró la falsa motivación alegada respecto del acto.

de Defensa Nacional para la Policía Nacional», presupuestos que concurren en el caso del actor, y por ende, no se configuró la falsa motivación alegada respecto del acto.

La sentencia fue recurrida por l a parte actora y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 14 de julio de 2025, bajo los mismos argumentos expuestos por el a quo.

La anterior decisión fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 18 de julio de 20253.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que el fallo judicial, objeto de recurso, se basó prácticamente, en hacer un recuento legal y jurisprudencial de la figura jurídica de llamamiento a calificar servicios, como causal de retiro, sustentado en la Ley 857 del año 2003, sin que se hubiese realizado u na valoración objetiva respecto a los elementos probatorios debidamente aportados, y con los que se pretendía demostrar que su retiro de la institución fue consecuencia de haber denunciado los hechos de corrupción presentados al interior de la institución, lo cual dio lugar a que fuera objeto de amenazas por parte del señor General Penilla Romero, y de manera posterior a que fuera destituido bajo la figura de llamamiento a calificar servicios.

De ahí, a que, por parte del operador judicial de primera y de segunda instancia, no se hubiere realizado una valoración probatoria conforme a la realidad material, y se hayan omitido las pruebas aportadas y que resultaban determinantes y relevantes para identificar la v eracidad de los hechos planteados al interior del proceso

3 Índice 12 del expediente ordinario.Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

hayan omitido las pruebas aportadas y que resultaban determinantes y relevantes para identificar la v eracidad de los hechos planteados al interior del proceso

3 Índice 12 del expediente ordinario.Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ordinario y desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo cuestionado; circunstancias todas que conllevaron a la configuración de un defecto fáctico por vía de hecho.

Adujo que, por parte de la autoridad judicial accionada se dejó de valorar que el Acta No. 003 APROP-GRURE del 31 de marzo de 2022, por medio de la cual, se reunió la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y propuso ante el Gobierno Nacional su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, fue suscrita por los Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suárez y Tito Yesid Castellanos Tuay, quienes debieron manifestar su impedimento para participar en la misma, toda vez que por su cargo y función, se encontraban en comisión en la función pública, es decir, por fuera de la línea de mando, y por ende no podían intervenir en la decisión adoptada por expresa prohibición legal.

En igual sentido, refirió que, por parte del tribunal accionado, se dejó de realizar una correcta valoración a la situación presentada en la reunión a la que fue citado por el

intervenir en la decisión adoptada por expresa prohibición legal.

En igual sentido, refirió que, por parte del tribunal accionado, se dejó de realizar una correcta valoración a la situación presentada en la reunión a la que fue citado por el General Hoover Alfredo Penilla Romero y, del cual se aportó la respectiva grabación, lo que generó un defecto fáctico por falso juicio de raciocinio en su valoración.

Reiteró que, pese a que su retiro de la institución se efectuó a través de la pluricitada figura jurídica, probatoriamente quedó demostrado, que ello aconteció ante una persecución del alto mando institucional en su contra, por negarse a participar en los actos de corrupción previamente descritos, corroborándose entonces, que, detrás de dicha actuación administrativa aparentemente legal, existieron motivos subjetivos y personales, mas no objetivos.

Afirmó que, de igual forma se cercenó la posibilidad de escuchar el testimonio de la psicóloga Natalia Restrepo Vélez, quien le realizó una valoración profesional y a través de la cual se pretendía demostrar la afectación que l e generó la decisión adoptada por parte de la administración , y de dicho modo probar la configuración de los perjuicios morales solicitados.

Conforme a lo analizado concluyó que, a través de la sentencia acusada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al momento de proferir la decisión acusada incurrió en un defecto fáctico, por haber valorado de manera indebida y a su vez, omitido efectuar un análisis de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, e incurrir en un falso juicio de raciocinio , conforme a lo que a continuación se

omitido efectuar un análisis de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, e incurrir en un falso juicio de raciocinio , conforme a lo que a continuación se expone:Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.5 Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el magistrado ponente de primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Subsección A 4, en calidad de demandados, al Ju zgado Veinte Administrativo de Bogotá5, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional6, Policía Nacional7, en calidad de terceros con interés , y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

de terceros con interés , y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda

La titular del Despacho rindió informe en el que manifestó que, conforme a la normativa aplicable y a la jurisprudencia que, al momento de proferir fallo, había dispuesto el Consejo de Estado se adoptó la decisión que se cuestiona, además de haberse tenido en cuenta el material probatorio aportado al expediente de manera oportuna por las partes ; situación que, de igual forma ocurrió con relación a la providencia del 14 de julio de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, toda vez que la misma fue proferida conforme a las razones de hecho y de derecho contenidas en ella contenidas, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

El Magistrado ponente de la sentencia que se cuestiona, presentó escrito en el que manifestó qu e, tal decisión se adoptó, luego de haber realizado el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio aplicable, y en absoluto acatamiento de los principios de legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva, emitiendo pronunciamiento respecto de cada uno de los argumentos que la parte demandante planteó en el recurso de apelación impetrado contra el fallo de primer grado.

principios de legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva, emitiendo pronunciamiento respecto de cada uno de los argumentos que la parte demandante planteó en el recurso de apelación impetrado contra el fallo de primer grado.

Adujo que, de la argumentación expuesta en el escrito de amparo, se evidencia que lo pretendido por la parte actora, es reabrir el debate jurídico y probatorio acerca de los vicios de nulidad alegados dentro del proceso ordinario, pero bajo la connotación del defecto fáctico.

En esencia, con la presente acción de tutela, se procura activar una tercera instancia para obtener una decisión eventualmente favorable a sus intereses, siendo esta una

4 Realizada a: scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co 5 Realizada al correo: admin20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 6 Realizada a los correos: segen.consejo@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co 7 Realizada a: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co contactenos@mindefensa.gov.co segen.consejo@policia.gov.co 8 Realizada al correo: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co agencia@defensajuridica.gov.coDemandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

finalidad para la cual no está concebido el mecanismo de amparo, lo que hace que

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

finalidad para la cual no está concebido el mecanismo de amparo, lo que hace que el mismo se torne improcedente, teniendo en cuenta que no se evidencia la existencia de una vulneración o amenaza de derechos fundamentales que amerite protección inmediata por parte del juez constitucional.

1.6.3. Policía Nacional

Allegó escrito en el que manifestó que , la decisión adoptada por la autoridad competente en segunda instancia abordó de manera integral las pretensiones y argumentos expuestos, por lo que la vulneración a las garantías constitucionales invocadas no se configuró, toda vez que los órganos jurisdiccionales evaluaron en su totalidad lo que es objeto de análisis , garantizando los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso efectivo a la administración de justicia.

Precisó que, el haberse reafirmado la causal de retiro del actor por llamamiento a calificar servicios, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se erige como una manifestación legítima de la facultad discrecional de la administración dentro del régimen especial aplicable al personal uniformado, siempre que se cumplan los presupuestos objetivos previstos en la ley, potestad que no requiere motivación adicional, ni la acreditación de un bajo rendimiento o sanción disciplinaria, ya que su finalidad es garantizar la renovación institucional y la eficiencia del servicio público policial, en consonancia con los principios de jerarquía y disciplina propios de la fuerza pública.

rendimiento o sanción disciplinaria, ya que su finalidad es garantizar la renovación institucional y la eficiencia del servicio público policial, en consonancia con los principios de jerarquía y disciplina propios de la fuerza pública.

Por lo analizado, consideró que , en el presente asunto no se configura ron las causales de nulidad que le fueron endilgadas al acto administrativo acusado respecto a la falsa motivación o desviación de poder, como quiera que el mismo se encuentra ajustado a los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables, sin que exista prueba alguna que desvirtúe la presunción de legalidad que ampara la decisión administrativa.

Conforme a lo anterior, solicitó que, se denieguen las pretensiones elevadas por la parte actora y se declare la improcedencia de la acción de tutela formulada, toda vez que la misma no puede utilizarse como un medio de impugnación extraordinario, además que el accionante no agot ó todos los medios legales existentes para controvertir lo debatido, acudiendo de manera directa a la tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 6 de noviembre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela la referencia por no haberse superado los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

Lo anterior , al considerar que, si bien el accionante manifest ó que , el actoDemandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

8

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

administrativo que dispuso su retiro del servicio debió declararse nulo, porque para el momento en que se suscribió el acta de recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, los Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suárez y Tito Yesid Castellanos Tuay, estaba en el cargo de Director del Instituto Penal y Penitenciario, INPEC, por lo que, en su sentir, estaban impedidos para suscribir la referida acta, por encontrarse en misión en la función pública , dicho argumento no fue propuesto al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el escenario propio para exponer el presunto impedimento de los generales que suscribieron el acta de recomendación.

Así mismo, y con relación a los demás reparos realizados por el actor, refirió que, lo pretendido por la parte actora es utilizar el presente mecanismo en una tercera instancia para reiterar los argumentos expuestos al interior del proceso ordinario, sin que la simple discrepancia con la decisión adoptada por el juez natural, genere una vulneración de derechos fundamentales en el marco de la actividad judicial , y en la que se arribó a una conclusión contraria a sus intereses.

1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito en el que manifestó que, pese a lo aducido por el juez constitucional de primera instancia el argumento relacionado con el impedimento

1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito en el que manifestó que, pese a lo aducido por el juez constitucional de primera instancia el argumento relacionado con el impedimento del señor Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suárez, quien fungía como Magistrado del Tribunal Superior Militar y, conforme a la Ley, no podía participar de dicha decisión de la Junta de Generales que propuso su retiro por llamamiento a calificar servicios, sí fue puesto en conocimiento dentro del trámite ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al momento de formular el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin que el Tribunal accionado, hubiere emitido pronunciamiento alguno al respecto.

Por lo expuesto, reiteró que contrario a lo decidido por la Sección Cuarta de esta Corporación en la sentencia impugnada, el asunto debatido sí goza de relevancia constitucional, sin que se pretenda convertir el presente mecanismo en una tercera instancia, pues según su sentir, la omisión aludida trasgrede de manera flagrante sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Insistió en que, al haber participado el señor General Bolívar de dicha junta, aun bajo una prohibición legal, y al haber deliberado, vicia per se el acto administrativo cuestionado, además de reiterar que la totalidad de los elementos probatorios aportados al interior del proceso ordinario no fueron debidamente valorados configurándose de dicho modo una falsa motivación en la decisión judicial.Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A

aportados al interior del proceso ordinario no fueron debidamente valorados configurándose de dicho modo una falsa motivación en la decisión judicial.Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor Andrés Felipe Segura Buendía, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

Se observa que el a quo omitió resolver la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, al considerar que, de su parte no se desplegó ninguna acción u omisión que ponga en evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

En este sentido se procederá a decidir sobre la misma, en la cual se anuncia que será denegada por cuanto su vinculación al presente trámite se efectuó por haber sido la autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia al interior del de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-020-202200484-00/02.

sido la autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia al interior del de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-020-202200484-00/02.

2.3. Problema jurídico

Conforme a lo establecido en los antecedentes, la s pretensiones invocadas por el actor, y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta el 6 de noviembre de 2025 . Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de julio de 2025, a través de la cual se confirmó el fallo dictado el 19 de abril de 2024 por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que negó las pretensiones elevadas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 11001-33-35-020-2022-00484-00/02?Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el requisito de subsidiariedad y (iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en

de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-01

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable»,