CE - Sentencia 11001031500020250615800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil vei nticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante MARCOS NICOL`S VERGARA MART˝NEZ

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA CUARTA DE DECISIÓN ORAL Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Declaratoria de insubsistencia. Calidad de prepensionado no demostrada. Requisitos de proce dencia de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera inst ancia la acción de tutela instaurada por Marcos Nicolas Vergara Martínez, de co nformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1 de octubre de 2025 1, Marcos Nicolas Vergara Martínez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cua rta de Decisión Oral por estimar vulnerado su derechos fundamentales al debid o proceso y a la seguridad social con ocasión de la sentencia del 21 de mayo d e 2025 por la que el tribunal accionado confirmó la decisión del juzgado en prime ra instancia y negó las

estimar vulnerado su derechos fundamentales al debid o proceso y a la seguridad social con ocasión de la sentencia del 21 de mayo d e 2025 por la que el tribunal accionado confirmó la decisión del juzgado en prime ra instancia y negó las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-004-2019-00283-00/01. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones: «1) Se TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PREL ACION DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL, DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL DEBIDO PROCESO, consistentes en que, LA SALA CUESTIONADA DEBERA proceder al RECONOCIMIENTO DE MIS DEREHOS que, como PREPENSIONADO, tenía adquirido, en el momento en que, fui desvinculado, del cargo que desempeæaba, en la ESE UNIDAD DE SALUD DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, de esta ciudad; 2) Que, IGUALMENTE s e me TUTELEN MIS DERECHOS a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA que, ostentaba en el momento, en que la entidad accio nada, procedió desvincularme del cargo que venía desempeæando, en la E.S.E. SAN FRANCISCO DE ASIS; 3) Que, en CONSECUENCIA, con tal DETERMINACION, se ORDENE por parte de ese Estrado Judicial, mi REINTEGRO o REVINCULACION LABORAL, en la entidad prestadora de salud que, vienen referenciada en esta actuación Constitucional».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los s iguientes:

Estrado Judicial, mi REINTEGRO o REVINCULACION LABORAL, en la entidad prestadora de salud que, vienen referenciada en esta actuación Constitucional».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los s iguientes:

1 Tutela radicada en el correo de tutelas en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. El seæor Marcos NicolÆs Vergara Martínez fue nombra do mediante la resolución 00023 del 18 de enero de 1995 en el empleo de TØcnico en Estadísticas, Código 4115 en la ESE Unidad de Salud Sa n Francisco de Asís de Sincelejo (Sucre), del que tomó posesión en la mis ma fecha. Posteriormente, el 9 de octubre de 1998 fue nombrado y tomó posesión en el empleo de Auxiliar de Información en Salud en la mism a institución. El 18 de marzo de 1999 fue nombrado en el empleo de TØcnico Administrativo, Código 367, Grado 13 de la División Administrativa d e la mencionada ESE. 2.2. Mediante la resolución 0000027 del 4 de enero d e 2019 el actor fue declarado insubsistente del empleo de TØcnico Administrativo, Código 367, Grado 13 por parte de la gerenta de la ESE Unidad de Salud San Franci sco de Asís de Sincelejo, Sucre. 2.3. Por lo anterior el actor en ejercicio del medio de control de nulidad y

parte de la gerenta de la ESE Unidad de Salud San Franci sco de Asís de Sincelejo, Sucre. 2.3. Por lo anterior el actor en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la ESE Unidad d e Salud San Francisco de Asís de Sincelejo, Sucre con el fin de que se declarara la nulidad del acto por el que fue declarado insubsistente. A título de restablecimiento del derecho, pidió se ordenara su reintegro en un cargo de igual o superior categoría, así como el pago de los emolumentos dejados de percibir desde su retiro hasta su reintegro efectivo. 2.4. En primera instancia el Juzgado Cuarto Administ rativo de Sincelejo (expediente 70001-33-33-004-2019-00283-00) mediante sentencia del 7 de junio de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Para el Juzgado con las pruebas del expediente se acre ditaba que el cargo que ocupaba el seæor Vergara Martínez al momento de se r declarado insubsistente era por nombramiento provisional y, que si bien venía ejerciendo un cargo de Auxiliar de Información en Salud en la misma entidad demandada sin que existiera claridad de la calidad de su vinc ulación, Øste fue suprimido en la resolución en la que fue nombrado en el cargo de TØcnico Administrativo, Código 367, Grado 13 de modo que de acuerdo con los elementos probatorios no se lograba demostrar que tuviera derechos de carrera. Destacó que no existían pruebas que demostraran que e l actor hubiera superado de manera previa las etapas de selección po r mØrito en el empleo del que fue declarado insubsistente, razón por la q ue se concluía que había

Destacó que no existían pruebas que demostraran que e l actor hubiera superado de manera previa las etapas de selección po r mØrito en el empleo del que fue declarado insubsistente, razón por la q ue se concluía que había sido nombrado en provisionalidad. De la condición de prepensionado que alegó tener el demandante, el a quo precisó que no existían pruebas suficientes que acreditaran tal calidad, ya que no se aportó el historial o reporte de cotizaciones al sistema de seguridad social ni copia de la cØdula de ciudadanía que perm itiera verificar su edad y los tiempos laborados en su totalidad. Que de aceptarse la condición especial de protección constitucional, la entidad demandada a diferencia de lo manifestado por la parte actora presentó juicios de razonabilidad en torno a la declaratoria de insubsis tencia del actor y la provisión del cargo en carrera administrativa advirtiendo la imposibilidad de reubicación ante la inexistencia de vacantes y la co nformación de una lista de 2 aspirantes. 2.5. La decisión fue apelada por la parte demandante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Su cre, Sala Cuarta de Decisión mediante sentencia del 21 de mayo de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 27 de junio de 2025) confirmó la decisión del juzgado. Consideró que revisado el acervo probatorio obrante en el expediente se

Decisión mediante sentencia del 21 de mayo de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 27 de junio de 2025) confirmó la decisión del juzgado. Consideró que revisado el acervo probatorio obrante en el expediente se advertía que el accionante no demostró haber hecho su inscripción extraordinaria en carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil ni antes ni despuØs de la declaratoria de inex equibilidad de la norma que permitía tal situación, por lo que no podía decirse q ue gozara de algœn fuero de estabilidad en calidad de empleado vinculado en propiedad. Que conforme lo indicó el acto administrativo demand ado, la desvinculación del seæor Vergara Martínez obedeció al nombramiento de la persona que se encontraba en la lista de elegibles producto del con curso de mØritos y que el cargo de TØcnico Administrativo ocupado por el demanda nte no era de carrera administrativa por lo que al tener la condición de provisional podía ser ofertado a travØs del concurso pœblico de mØritos. En cuanto al retØn social alegado por el actor en su calidad de pre pensionado, dijo que en el expediente no se acreditó tal situaci ón, esto es, el cumplimiento de la edad o tiempo de servicio para ser considerado p arte de ese grupo de especial protección.

3. Fundamentos de la acción El demandante cuestiona la sentencia del 21 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisi ón Oral en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-004-2019-00283-00, sin identificar alguna de las causales especiales de proc edencia de la acción de tutela

control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-004-2019-00283-00, sin identificar alguna de las causales especiales de proc edencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante, las in conformidades que planteó respecto de la mencionada decisión se sintetizan así : Manifestó que laboró durante varios aæos en la entid ad, lo que le daba la posibilidad de adquirir un derecho en retribución por el esfuerzo re alizado durante aæos, indicó los tiempos de servicio en la ESE y destacó que inicia lmente fue nombrado por 4 meses pero luego fue ratificado en el empleo por lo q ue pasó a ser nombrado en propiedad. Dijo que cotizó durante mÆs de 15 aæos a seguridad s ocial y que esto estaba sobre entendido al haberse desempeæado en una entidad esta tal que tenía la obligación de efectuar los respectivos aportes y agregó que si b ien no contaba con el nœmero total de semanas para tener derecho a la pensión, sí había cotizado mÆs de las dos terceras partes exigidas en la ley y que no podía res tringirse su derecho por no haber aportado tal prueba documental. Explicó que laboró por casi 16 aæos y que en ese tiem po no existió ningœn tipo de amonestación escrita en su hoja de vida, insistió en contar con la calidad de prepensionado lo que no fue tenido en cuenta y dijo que tenía un derecho adquirido que fue desconocido, ademÆs, que dada su edad se di ficultaba la posibilidad de poder acceder a otro cargo bien en una entidad pœblica o privada.

4. TrÆmite impartido e intervenciones

que fue desconocido, ademÆs, que dada su edad se di ficultaba la posibilidad de poder acceder a otro cargo bien en una entidad pœblica o privada.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Previo a resolver sobre la admisión de la demanda, por auto del 7 de octubre de 2025 el despacho ponente requirió a la parte acto ra para que allegara el poder específico del abogado si era a travØs de apo derado que se presentaba la acción de tutela; adicionalmente que indicara si la tutela era interpuesta contra la decisión del 21 de mayo de 2025 proferida p or el TribunalRadicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral y de ser así, indicara el defecto o defectos en los que había incurrido la auto ridad judicial accionada. 4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 27 de octubre d e 2025 se admitió la acción de tutela promovida contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral; se vinculó como terceros con interØs a la ESE Centro de Salud San Francisco de Asís, a la Agencia Nacional de Defe nsa Jurídica del Estado y al Ministerio Pœblico y al Juzgado Cuarto Administra tivo de Sincelejo quien emitió la decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Deci sión Oral ,

emitió la decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Deci sión Oral , manifestó en el escrito de oposición que la tutela n o cumplía con el requisito de la relevancia constitucional por lo que debía ser declarara improcedente. A continuación, anunció nuevamente las consideracio nes expuestas en la providencia y dijo que los argumentos allí expuestos eran conformes con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de acuerdo con la situación fÆctica del accionante y lo probado en el expediente. 4.4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, remitió el link del proceso ordinario sin pronunciarse del fondo de la controversia. 4.5. La ESE Centro de Salud San Francisco de Asís, el Ministerio Pœblico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salv o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales,

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales 4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual , se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tend rÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en t odo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumari o, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la p rotección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decret o». 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecani smos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance pa ra la protección de sus derechos fundamentales (subsidia riedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino p rudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión profer ida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregular idad procesal en la providencia atacada.

constitucional; (v) que no se trate de una decisión profer ida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregular idad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra provi dencias judiciales son: (i) defecto orgÆnico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto f Æctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto p or error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por viola ción directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia cons titucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contr a providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los re quisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contr a providencia judicial

œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contr a providencia judicial corresponde a la Sala establecer de manera preliminar, s i se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad, concreta mente el de la relevancia constitucional.

En el evento de superar el anterior estudio, se deberÆ determinar si al proferir la sentencia del 21 de mayo de 2025 en el medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-004-2019-00283-00, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral i ncurrió en alguno de los defectos que la jurisprudencia ha indicado cuando se cuestiona por vía de tutela una providencia judicial.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constit ucional y su anÆlisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la con troversia ordinaria. Su labor, entonces, estÆ orientada a proteger derechos fund amentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimient o. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providenc ias judiciales estÆ condicionada a que el asunto sea de evidente relevan cia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cu mple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo seæa lado por la Sala Plena del

condicionada a que el asunto sea de evidente relevan cia constitucional. Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cu mple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo seæa lado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 20 18, ha fijado algunos criterios orientadores: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamental es. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera q ue la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fund amentales de la decisión

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

demanda de tutela debe referirse a las razones fund amentales de la decisión

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000 -201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no estÆ concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia ad icional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por mÆs informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado estÆ en la ob ligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derrib ar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los pro cedimientos reglados y

derechos fundamentales, el interesado estÆ en la ob ligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derrib ar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los pro cedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instanci a adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir e n los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia c onstitucional es el primer presupuesto genØrico de procedencia de la acción de t utela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que e l juez constitucional evidencie de manera diÆfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derecho s fundamentales. En línea con el œltimo criterio de la relevancia const itucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se estØ utilizando c omo si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la provid encia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expues tos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los des arrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. 4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de procedibilidad, pues al verificar los argumentos prese ntados en el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo se evidencia que reitera los argumentos propuestos al juez natural ahora a travØs

procedibilidad, pues al verificar los argumentos prese ntados en el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo se evidencia que reitera los argumentos propuestos al juez natural ahora a travØs de la interposición de la presente acción. Los argumentos presentados en el recurso de apelación fueron los siguientes: (i) Afirmó que era un deber de la entidad hacer los apo rtes respectivos a la seguridad social y que había laborado durante muchos aæos logrando un total aproximado de 1248 semanas, que actualmente tenía 58 aæos y que si bien no contaba con la edad de 62 aæos ni con las 1300 sema nas, llevaba varios aæos laborando. (ii) Dijo que era un deber de la entidad aportar los antecedentes administrativos en los que reposaba su registro civil de nacimiento y las constancias de los aportes respectivos. (iii) Advirtió que llevaba muchos aæos desempeæando el ca rgo en la entidad y que eso le daba un derecho que no podía ser desconocido. La providencia del 21 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, resolvió el prob lema jurídico de la siguiente manera: «En ese sentido, realizadas las anteriores precisiones advierte la Sala, que revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, se advierte que el seæor Vergara Martínez no demostró haber realizado su inscripción extraordinaria en la carre ra administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, ni antes ni despuØs de la de claratoria de inexequibilidad de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

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Nacional del Servicio Civil, ni antes ni despuØs de la de claratoria de inexequibilidad de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co norma que permitía tal situación, razón por la cual, no es posible considerar que al momento que fue declarado insubsistente a travØs de la Resolució n No. 0000027 de fecha 04 de enero del 2019, gozaba de un fuero de estabilidad revestida por su calidad de empleado en propiedad, como erróneamente lo considera el apelante, de modo que, no es posible continuar considerando que se encuentra inscrita en carrera administrativa, pues para lograr tal objetivo tendría que someterse a un proceso de selección y cumplir satisfactoriamente todas las etapas del mismo. En ese orden de ideas, no se vislumbra por parte de esta Corporación que el acto administrativo que se demanda se encuentre viciado de nulidad como lo seæala la parte actora, pues la desvinculación del empleo pœblico del seæor Marcos NicolÆs Vergara Martínez obedeció al nombramiento de la lista de elegibles, pro ducto de un concurso de mØritos adelantado por la CNSC, para proveer los cargos que no se encontraran en carrera administrativa, tal como sucedió con el Cargo de TØcnic o Administrativo ocupado por el demandante, el cual, tal como se analizó en preceden cia, no era un cargo de carrera administrativa, razón por la cual al tener la condición de provisional, podía ser ofertado a travØs

demandante, el cual, tal como se analizó en preceden cia, no era un cargo de carrera administrativa, razón por la cual al tener la condición de provisional, podía ser ofertado a travØs de concurso pœblico de mØritos. Siguiendo lo anterior, no encuentra este Tribunal que la Resolución No. 0000027 de fecha 04 de enero del 2019 a travØs de la cual se declara insub sistente al actor, haya perseguido fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico, como la bœsqueda del beneficio comœn o la satisfacción del interØs general. Ahora bien, en cuanto al retØn social, el actor aduce la calidad de pre pensionado, no obstante, dentro del expediente no se acredito tal situación, tod a vez que no probó que cumpliera los requisitos de edad o tiempo de servicio para ser considerado parte de este grupo de especial protección». En el escrito de tutela, la parte actora insistió en l os mismos argumentos con los siguientes argumentos: (i) Sostuvo que laboró durante varios aæos en la entida d, lo que le daba la posibilidad de adquirir un derecho en retribución p or el esfuerzo realizado durante aæos al servicio de la entidad de salud para la que laboró, indicando los tiempos de servicio y destacando que inicialmente fue nombrado por 4 meses y que despuØs fue ratificado en el empleo por lo qu e pasó a ser nombrado en propiedad. (ii) Afirmó que cotizó durante mÆs de 15 aæos a segurida d social y que esto estaba sobre entendido al haberse desempeæado en una entid ad estatal que tenía la obligación de efectuar los respectivos aportes y agregó que si bien no contaba

sobre entendido al haberse desempeæado en una entid ad estatal que tenía la obligación de efectuar los respectivos aportes y agregó que si bien no contaba con el nœmero total de semanas para tener derecho a la pensión, sí había cotizado mÆs de las dos terceras partes exigidas en la ley y que no podía restringirse su derecho por no haber aportado tal documental. (iii) Explicó que laboró por casi 16 aæos y que en ese ti empo no existió ningœn tipo de amonestación escrita en su hoja de vida, insistió en contar con la calidad de prepensionado lo que no fue tenido en cuenta y dijo que tenía un derecho adquirido que fue desconocido, ademÆs, que dada su edad se dificultaba la posibilidad de poder acceder a otro cargo bien en una entidad pœblica o privada. De acuerdo con lo resuelto por el tribunal en la deci sión de cierre, es posible evidenciar que resolvió el caso teniendo en cuenta la s vinculaciones del actor con la entidad demandada, verificó las consideracio nes tenidas en cuenta en el acto administrativo por el que fue declarado insubs istente y concluyó que su retiro de la entidad obedeció al nombramiento de la persona que ocupó la lista de elegibles producto del concurso de mØritos q ue en su momento adelantó la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de empleos. En ese orden, para la autoridad judicial accionada el acto de declaratoria de insubsistencia no persiguió fines distintos a los qu e fijaba el ordenamiento jurídico y, en cuanto a la consideración de ser una persona que tenía la calidad de prepensionado, encontró que tal condición no hab ía sido probada en el proceso y por tanto no podía ser considerado como un sujeto de especial

jurídico y, en cuanto a la consideración de ser una persona que tenía la calidad de prepensionado, encontró que tal condición no hab ía sido probada en el proceso y por tanto no podía ser considerado como un sujeto de especial protección constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06158-00

Demandante: Marcos NicolÆs Vergara Martínez

8 Calle 12 No. 7-65