CE - Sentencia 11001031500020250616001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

SÍNTESIS1

El actor cuestiona el auto que le negó una solicitud de reconocimiento de honorarios profesionales en calidad de “dependiente judicial” de la parte demandante, formulada en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante no interpuso el recurso ordinario procedente contra el proveído que negó su petición. Además, se precisa que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque se trata de una discusión de carácter meramente legal y económico. Finalmente, se concluye que no se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable que justifique omitir el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

Finalmente, se concluye que no se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable que justifique omitir el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 1° de octubre de 2025, el señor Jorge Eduardo Camacho Guzmán, actuando en nombre propio, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima para obtener la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, dignidad humana, igualdad y mínimo vital. A su juicio, dicha s garantías constitucionales fueron vulneradas con el proveído de 29 septiembre de 202 5, por medio de l cual el referido tribunal negó su “ solicitud de reconocimiento de honorarios en calidad de dependiente judicial de la parte demandante”, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / solicitud de reconocimiento de honorarios profesionales / Improcedencia / Subsidiariedad / falta de relevancia constitucional / ausencia de demostración de consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Que se amparen mis derechos fundamentales vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.

2. Que se ordene al Tribunal valorar el pacto de honorarios suscrito como dependiente

1. Que se amparen mis derechos fundamentales vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.

2. Que se ordene al Tribunal valorar el pacto de honorarios suscrito como dependiente judicial y, en consecuencia, emitir el reconocimiento y autorización de pago correspondiente a la Alcaldía de Ibagué.

3. Que se ordene a la Alcaldía de Ibagué realizar el pago de los honorarios conforme al pacto y a la Sentencia Judicial. (mayúsculas del texto original).

B. Hechos

3. El 15 de junio de 2004 , el señor Eliécer Rincón Palacio suscribió un contrato de prestación de servicios con el abogado Luis Hernando Rodríguez Carvajal, con el objeto de que este último presentara una demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ibagué. Los honorarios se pactaron a cuota litis en el equivalente al cincuenta (50%) por ciento de lo que eventualmente llegare a pagar la entidad accionada como consecuencia de una posible sentencia favorable a los intereses del mandante.

4. Ese contrato fue suscrito también por los señores Jorge Eduardo Camacho Guzmán y Édgar Rodríguez Cedeño, en calidad de “dependientes judiciales”, a quienes le correspondería un pago equivalente al veinte por ciento (20%) y diez por ciento (10%), respectivamente, de lo que recibiría el abogado Luis Hernando Rodríguez Carvajal por concepto de cuota litis.

5. Mediante sentencia de 14 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento

Rodríguez Carvajal por concepto de cuota litis.

5. Mediante sentencia de 14 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por el señor Eliécer Rincón Palacio, por medio de apoderado judicial, contra el Municipio de Ibagué, litigio tramitado bajo el radicado 73001-23-00000-2004-01405-00. Esta determinación fue objeto de recurso de apelación.

6. El 13 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó la decisión de 14 de abril de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

7. Devuelto el expediente al a quo, el 27 de agosto de 2025, el señor Jorge Eduardo Camacho Guzmán, en calidad de “dependiente judicial”, solicitó al tribunal “(…) s e reconozca el derecho al pago de los honorarios correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 229 (sic) del Código General del Proceso y demás normas aplicables”. Como fundamento de la petición agregó que su labor fue desarrollada bajo la dirección del apoderado Luis Hernando Rodríguez Carvajal y que su actividad como auxiliar jurídico contribuyó sustancialmente al resultado favorable del proceso.

8. El Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de auto de 29 de septiembre de 2025, negó la solicitud realizada por el señor Jorge Eduardo Camacho Guzmán, en primer lugar, porque “(…) el fundamento jurídico invocado no corresponde a la normatividad aplicable a la petición realizada, por el dependiente judicial”. Además, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 196 de 1971, los dependientes judiciales solo tienen facultades para revisar los expedientes.

normatividad aplicable a la petición realizada, por el dependiente judicial”. Además, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 196 de 1971, los dependientes judiciales solo tienen facultades para revisar los expedientes.

9. Además, indicó que, e n los términos del artículo 76 de la Ley 1564 de 2012,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

Código General del Proceso, en adelante CGP: (…) no es competencia de este despacho resolver la petición realizada, por lo anterior, se le sugiere al dependiente judicial, que realice las reclamaciones respectivas ante los herederos o sucesores del profesional del derecho fallecido LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARVAJAL (sic) (Q.E.P.D.) y/0 del extinto demandante ELIECER RINCON PALACIOS (sic) (Q.E.P.D.), demostrando la calidad de dependiente judicial y con los documentos que soporten dicha calidad y en caso que dichas reclamaciones no sean atendidas, se acuda a la jurisdicción ordinaria para hacer efectivo su reclamo. (mayúsculas sostenidas del texto original).

10. Contra la providencia de 29 de septiembre de 2025, no se interpuso recurso alguno.

C. Fundamentos de la vulneración

11. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, dignidad humana, igualdad y mínimo vital , al negar el reconocimiento de sus honorarios profesionales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-00-000-2004derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, dignidad humana, igualdad y mínimo vital , al negar el reconocimiento de sus honorarios profesionales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-00-000-200401405-00. Dicha afectación se deriva , según su dicho, del desconocimiento del contenido del contrato de prestación de servicios profesionales que obra en el plenario y de las normas del Código Civil que regulan la institución del mandato.

12. Aduce que acude a la acción de tutela porque no existe otro medio de defensa judicial para defender sus intereses, por cuanto no existen bienes que perseguir de propiedad del mandante Eliécer Rincón Palacios ni del mandatario Luis Hernando Rodríguez Carvajal, circunstancia que impediría el reconocimiento y pago de sus honorarios como dependiente judicial.

D. Trámite procesal

13. Por auto del 16 de octubre de 2025 2, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela , ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima como accionado, y vincular, en calidad de tercero con interés al Municipio de Ibagué, para que rindieran informe sobre los hechos objeto del reproche constitucional. Además, ordenó requerir al Tribunal Administrativo del Tolima para que remitiera copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, negó la solicitud de medida provisional efectuada con la demanda porque no se contaba c on los elementos probatorios suficientes que permitieran advertir, prima facie, la vulneración de los derechos alegados.

E. Oposiciones e intervenciones

porque no se contaba c on los elementos probatorios suficientes que permitieran advertir, prima facie, la vulneración de los derechos alegados.

E. Oposiciones e intervenciones

14. El Tribunal Administrativo del Tolima3 (accionado) solicitó que no se accediera al amparo deprecado debido a que no existió violación alguna de los derechos fundamentales del actor. Señaló que la providencia censurada no es producto del

2 Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai 3 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

capricho de la autoridad judicial y que, por el contrario, lo que se evidencia es un claro desacuerdo del accionante en relación con lo decidido por el juzgador accionado.

15. El Municipio de Ibagué (tercero con interés) guardó silencio.

F. Decisión impugnada

16. Mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 4, notificada mediante correo electrónico remitido el 10 de noviembre siguiente 5, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela. La Subsección consideró que la acción no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque el actor no interpuso el recurso de reposición contra la providencia cuestionada en sede constitucional.

17. Señaló, además, que la parte actora no cumplió con la carga mínima de argumentación necesaria para cuestionar vía acción de tutela una providencia judicial,

en sede constitucional.

17. Señaló, además, que la parte actora no cumplió con la carga mínima de argumentación necesaria para cuestionar vía acción de tutela una providencia judicial, “[m]áxime si se tiene en cuenta que el presente asunto es meramente económico”.

18. Agregó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se argumentó la existencia del mismo, por lo que no había lugar a dar por cumplido el requisito de la subsidiariedad.

19. En ese sentido, resolvió: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eduardo Camacho Guzmán contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la decisión remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. (negrillas del texto original).

G. Impugnación

20. En escrito radicado el 1 2 de noviembre de 2025 6, el accionante impugnó la sentencia del 30 de octubre de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda de tutela. 20.1. Sostuvo que el juez constitucional abordó el asunto desde una perspectiva formalista, pues se limitó a verificar el cumplimiento de requisitos como la subsidiariedad, sin tener en cuenta que “ (…) el recurso de reposición no ofrecía una solución real y oportuna frente a la vulneración del derecho al pago (…)” , dada la dilación procesal.

subsidiariedad, sin tener en cuenta que “ (…) el recurso de reposición no ofrecía una solución real y oportuna frente a la vulneración del derecho al pago (…)” , dada la dilación procesal. 20.2. Agregó que la sentencia impugnada desconoció que , en el caso concreto , se pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable derivado de una afectación al mínimo vital producto de la negativa injustificada al reconocimiento de honorarios por

4 Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai 5 Índice 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai 6 Índice 25 del expediente digital de primera instancia disponible en SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

servicios prestados. En tal sentido, expuso que: (…) tanto el Demandante como el apoderado no dejaron bien alguno para ser perseguido, esta Tutela se hace como único recurso existente evitando sea ilusoria la cancelación de las obligaciones laborales nacidas de Contrato de Prestación de Servicios a Cuota Litis, esta petición busca ser cancelada con lo único que existe, luego de la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (…). (mayúsculas del texto).

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. Sentido de la decisión

22. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela por no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, pues el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa disponibles contra la providencia ahora acusada en sede constitucional . Además, la discusión planteada carece de relevancia constitucional porque se trata de una controversia de carácter meramente legal y económico. Asimismo, no se demostró la inminente consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable que justifique la omisión de exigibilidad de los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela7.

J. El requisito de subsidiariedad

23. Según los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y residual a los demás medios de defensa judicial. En virtud del requisito de subsidiariedad, la demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo transitorio.

definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo transitorio.

7 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios – de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

24. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción constitucional como una vía preferente.

24. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción constitucional como una vía preferente.

25. En este sentido, de acuerdo con los artículos mencionados y con lo establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional 8, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional , el cual, por antonomasia, es de carácter excepcional.

K. El requisito de relevancia constitucional

26. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos fundamentales9. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada 10, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

26.1 En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente

providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones11.

26.2 En la sentencia SU -215 de 2022 12, la Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

1. el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental; ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como

8 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 10 Corte Constitucional, sentencias T -016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU -128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

10 Corte Constitucional, sentencias T -016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU -128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 11 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU -263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU -210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales; iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental.

26.3 Para la Corte Constitucional 13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se

tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

26.4 Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”14.

L. El caso concreto

27. La Sala advierte , al igual que la primera instancia , que la demanda de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no agotó los recursos procesales disponibles para cuestionar la decisión que reprocha en sede de tutela. Sin embargo, contrario a lo razonado por el a quo, la Subsección estima que el recurso ordinario procedente no era el de reposición, sino el de súplica.

28. La sentencia impugnada concluyó, con base en el contenido del artículo 242 15 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que el recurso ordinario procedente contra el proveído censurado en sede de tutela era el de reposición. No obstante, es necesario

Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que el recurso ordinario procedente contra el proveído censurado en sede de tutela era el de reposición. No obstante, es necesario precisar que , en los términos del artículo 30 816 de dicho cuerpo normativo, la reposición no resultaba aplicable al caso concreto, pues, el litigio ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en el marco del cual se dictó la providencia que negó la solicitud de reconocimiento de honorarios se tramitó con base en los preceptos del

13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 14 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 15 Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso. 16 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA17.

29. Así las cosas, como el proveído que rechazó el reconocimiento de honorarios al accionante es un auto interlocutorio, el recurso ordinario procedente para censurarlo era el de súplica, tal como preceptúa el artículo 18318 del CCA.

30. En ese orden de ideas, no hay duda de que existía un medio procesal ordinario idóneo para discutir lo que ahora en sede constitucional solicita el actor, por lo que es claro que la demanda de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad.

31. Ahora bien, aunque el recurrente manifiesta que los recursos ordinarios no ofrecían una solución oportuna a la supuesta vulneración de su derecho, lo cierto es que no se ofrece ningún argumento para sustentar tal afirmación. En cualquier caso, como se expondrá más adelante, al tratarse de una discusión de carácter meramente legal y económico sobre el reconocimiento de honorarios dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para la Sala es claro que los medios de impugnación ordinarios sí constituían la vía procesal idónea para que el juez natural de la controversia reexaminara la solicitud elevada por el ahora accionante.

32. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que la demanda objeto de análisis tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión planteada por el accionante es de carácter meramente legal y económico, como él mismo lo reconoce en su impugnación. No hay duda de que lo manifestado

tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión planteada por el accionante es de carácter meramente legal y económico, como él mismo lo reconoce en su impugnación. No hay duda de que lo manifestado por el actor es un claro inconformismo con la forma en que el juez natural resolvió su solicitud de reconocimiento de honorarios profesionales , reclamación que evidentemente versa sobre una prestación de carácter exclusivamente pecuniario.

33. En tal sentido, es importante precisar que la acción de tutela no es el mecanismo natural para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas derivadas de la suscripción de un negocio jurídico o acuerdo de representación judicial y revisión de expedientes.

35. Por último, la Subsección concluye que en el caso concreto tampoco se demostró la inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, única circunstancia que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, justificaría la no exigibilidad de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

35. Al respecto, el accionante argumenta que la negativa de reconocimiento de honorarios profesionales como “dependiente judicial” afecta su mínimo vital; sin embargo, no hay ninguna evidencia que demuestre que tal monto sea su único ingreso o que, de no percibir tal cifra en el curso del proceso ordinario, su dignidad humana se vería socavada.

36. Al respecto, el actor se limita a afirmar que los deudores de la obligación reconocida a su favor en el contrato de prestación de servicios suscrito el 15 de junio de 2004 no

17 Vale subrayar que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se formuló en 2004.

a su favor en el contrato de prestación de servicios suscrito el 15 de junio de 2004 no

17 Vale subrayar que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se formuló en 2004. 18 Artículo 183. Súplica . El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente. Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda (…)”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06160-01

Accionante: Jorge Eduardo Camacho Guzmán Se confirma la decisión de primera instancia

cuentan con bienes que respalden la satisfacción de la prestación por él reclamada; no obstante, nuevamente, dicha aseveración carece de sustento probatorio en el expediente.

37. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda de tutela no cumple con el requisito de subsidi