CE - Sentencia 11001031500020250616500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06165-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR

INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,

PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL

PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE

DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA E IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante la Sección Quinta.2

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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA

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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA

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La señora JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad , los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al haber proferido la providencia de 21 de agosto de 2025, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 2023-00437-01.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral con el fin de cuestionar el acto administrativo por medio del cual el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL , fue elegido alcalde MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (BOLIVAR)2, para el período constitucional 2024-2027, contenido en el formulario E-26 de 3 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.

2 En adelante Municipio3

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Anotó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2023-00437-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR 3 que, mediante sentencia de 25 de junio de 2024, accedió a las pretensiones y declaró la nulidad del acto de elección.

Aseveró que inconforme con la anterior decisión el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL presentó recurso de apelación ante la SECCIÓN QUINTA que, en sentencia de 21 de agosto de 2025 , revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos fáctico y sustantivo, habida cuenta que omitió analizar de manera razonada las pruebas, otorgando mayor credibilidad a determinados elementos de convicción.

Asimismo, pasó por alto examinar en debida forma, entre otros, las

3 En adelante Tribunal4

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actas de escrutinio y los testimonios recaudados, que daban cuenta

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actas de escrutinio y los testimonios recaudados, que daban cuenta de la actuación irregular en los escrutinios en los que resultó electo el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL como alcalde del MUNICIPIO, para el período constitucional 2024-2027.

Adujo que la SECCIÓN QUINTA obvió lo dispuesto en el artículo 144 del Código Electoral, así como lo s principios establecidos en este y en la Ley 96 de 21 de noviembre de 19854.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó que se ampare n sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Admitir la presente acción de tutela y declararla procedente por reunir los requisitos constitucionales y de procedibilidad.

2. Declarar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la señora JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLAS con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2025, radicado 13001-23-33-000-2023-0043701.

3. Ordenar al Consejo de Estado que retrotraiga la actuación al estado inmediatamente anterior al pronunciamiento sobre el fondo o, alternativamente, que emita un pronunciamiento debidamente motivado en el que se confronten y valoren de forma explícita y fundada los elementos probatorios listados dentro del proceso de nulidad electoral, para determinar, si el señor Ortiz Rangel, en

motivado en el que se confronten y valoren de forma explícita y fundada los elementos probatorios listados dentro del proceso de nulidad electoral, para determinar, si el señor Ortiz Rangel, en

4 Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo, se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.”5

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calidad de candidato, ejerció o no funciones propias de clavero, contrariando las disposiciones Constitucional y del Código Electoral (artículo 144 CE), la cual traería como consecuencia o no perdida la perdida de cadena de custodia por la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y los principios legales Ley 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986

4. En subsidio, ordenar la suspensión provisional de los efectos ejecutorios relacionados con la credencial del señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL y cualquier actuación que derive de la ejecución de la providencia impugnada, hasta tanto se profiera el pronunciamiento motivado que garantice la protección del derecho fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor ORLANDO ORTIZ RANGEL, es sujeto activo de la causal de nulidad, toda vez que lo responsabiliza por infringir la norma

el pronunciamiento motivado que garantice la protección del derecho fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor ORLANDO ORTIZ RANGEL, es sujeto activo de la causal de nulidad, toda vez que lo responsabiliza por infringir la norma (Principio de Legalidad artículo 6° de la Constitución Política, pues debió actuar en el proceso electoral bajo los principios constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y los principios legales L ey 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986 , tales como: el Principio de la imparcialidad: Ningún partido o grupo político podrá derivar ventaja sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electo rales, ni en las votaciones y escrutinios; y sus reglamentaciones garantizarán la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales.

5. Ordenar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la sentencia de tutela. […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA a pesar de ser notificado en debida forma, guardó silencio.6

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forma, guardó silencio.6

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL vinculado en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, luego de desarrollar un breve recuento de las actuaciones realizadas en primera instancia , solicitó ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva , dado que no está llamad o a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

I.6.2.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL resaltó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

I.6.3.- Los señores ANDRÉS FELIPE TURIZO LENGUA , RAFAEL

ARIZA MONTENEGRO , LISETH FERNANDA MELÉNDEZ PACHECOAURA VANESA y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a pesar de ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA7

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Actora: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA

guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA7

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el TRIBUNAL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se8

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se8

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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra

sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).9

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Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el TRIBUNAL conoció en primera instancia y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL fungió como parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral cuestionado, respectivamente, la Sala concluye que le s asiste interés directo en la decisión de la acción

TRIBUNAL conoció en primera instancia y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL fungió como parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral cuestionado, respectivamente, la Sala concluye que le s asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose10

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrada Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.11

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porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.11

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una

lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.12

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.12

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela13

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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 21 de agosto de 2025 proferida por la SECCIÓN QUINTA , por medio de la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 2023-00437-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad , habida cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en defectos fáctico y sustantivo, por cuanto omitió analizar de manera razonada las pruebas, otorgando mayor credibilidad a determinados elementos de convicción.

Asimismo, pasó por alto examinar en debida forma, entre otros, las actas de escrutinio y los testimonios recaudados, que daban cuenta de la actuación irregular en los escrutinios en los que resultó electo14

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de la actuación irregular en los escrutinios en los que resultó electo14

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el señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL como alcalde del municipio, para el período constitucional 2024-2027.

Adujo que la SECCIÓN QUINTA obvió lo dispuesto en el artículo 144 del Código Electoral, así como lo s principios establecidos en este y en la Ley 96 de 21 de noviembre de 19855.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la a utoridad judicial accionada al proferir la sentencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

5 Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo, se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.”15

5 Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo, se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.”15

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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 1100116

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agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se der