CE - Sentencia 11001031500020250616501 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLA

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – INSTANCIA ADICIONAL – El debate propuesto es una reiteración de la controversia que quedó razonablemente zanjada en el proceso ordinario de nulidad electoral.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 1° de octubre de 2025, la señora Josefina Jiménez Torrecilla, a nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia 2, con ocasión de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025, en el marco del proceso de nulidad electoral con radicado 13001-23-33-000-202300437-01. Formul ó las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles

errores incluidos):

1.Admitir la presente acción de tutela y declararla procedente por reunir los requisitos constitucionales y de procedibilidad.

2. Declarar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la señora JOSEFINA JIMÉNEZ TORRECILLAS con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2025, radicado 13001 -23-33000-2023-00437-01.

3. Ordenar al Consejo de Estado que retrotraiga la actuación al estado inmediatamente anterior al pronunciamiento sobre el fondo o, alternativamente, que

1 Se advierte que el 18 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La accionante también estimó desconocidos los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad

1 Se advierte que el 18 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La accionante también estimó desconocidos los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad electoral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla

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emita un pronunciamiento debidamente motivado en el que se confronten y valoren de forma explícita y fun dada los elementos probatorios listados dentro del proceso de nulidad electoral, para determinar, si el señor Ortiz Rangel, en calidad de candidato, ejerció o no funciones propias de clavero, contrariando las disposiciones Constitucional y del Código Elect oral (artículo 144 CE), la cual traería como consecuencia o no perdida la perdida de cadena de custodia por la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y los principios legales Ley 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986

4. En subsidio, ordenar la suspensión provisional de los efectos ejecutorios relacionados con la credencial del señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL y cualquier actuación que derive de la ejecución de la providencia impugnada, hasta tanto se profiera el pronunciamiento motivado que garantice la protección del derecho fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor ORLANDO ORTIZ

y cualquier actuación que derive de la ejecución de la providencia impugnada, hasta tanto se profiera el pronunciamiento motivado que garantice la protección del derecho fundamental vulnerado, teniendo en cuenta que el señor ORLANDO ORTIZ RANGEL, es sujeto activo de la causal de nulidad, toda vez que lo responsabiliza por infringir la norma (Principio de Legalidad artículo 6° de la Constitución Política, pues debió actuar en el proceso electoral bajo los principios constitucionales de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad entre otros detallados en el artículo 209 de la CN, y los principios legales Ley 96 de 1985 y decreto 2241 DE 1986, tales como: el Principio de la imparcialidad: Ningún partido o grupo político podrá derivar ventaja sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y sus reglamentaciones garantizarán la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales.

5. Ordenar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la sentencia de tutela.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la señora Josefina Jiménez Torrecilla presentó demanda contra el formulario E-26 del 3 de noviembre de 2024, que

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la señora Josefina Jiménez Torrecilla presentó demanda contra el formulario E-26 del 3 de noviembre de 2024, que contiene elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel, como alcalde del Municipio de San Fernando (Bolívar), para el período 2024 – 2027.

4. Según la demanda, el acto administr ativo demandado estaba viciado de nulidad, porque, el 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones para la alcaldía del Municipio de San Fernando; no obstante, al finalizar la jornada electoral, el material de las mesas de votación 1 y 2, puesto 40, ubicadas en el corregimiento de La Guadua, fueron recibidas por los señores Orlando Ortiz Rangel, entonces candidato inscrito a la contienda, y Felipe Turizo Lobo , padre de otro candidato , se llevaron las llaves de una urna improvisada , recibieron los documentos electorales, custodiaron el material , firmaron acta de recibido de los documentos y abrieron el arca con las llaves que tenían en su poder, es decir, fungieron de facto como claveros en el proceso electoral.

5. En tal sentido, se denunció la pérdida de la cadena de custodia de los documentos electorales, así como el hecho de que el señor Ortiz Rangel hubiera fungido como clavero en la contienda electoral en la que participaba como candidato. Por consiguiente, la elección y posterior designación del señor Ortiz como alcalde del Municipio de San Fernando debía ser declarada nula, al haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 152 del Código Electoral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Fernando debía ser declarada nula, al haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 152 del Código Electoral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla

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6. En consecuencia, la demandante solicitó que se anulen los votos en las mesas afectadas por la referida irregularidad y se realice un nuevo escrutinio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.

7. Al proceso de nulidad electoral se le asignó el radicado 13001-23-33-000-2023-0043700 y correspondió, por reparto, a la Sala de Decisión 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que, en sentencia del 25 de junio de 2024 declaró la nulidad del acto de elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel, como alcalde del Municipio de San Fernando, para el período 2024 – 2027, por considerar que adolecía de la causal de nulidad prevista en el artículo 137 del CPACA, al haber sido expedido con infracción de las normas en las que debía fundarse, específicamente en los artículos 144 a 151 del Código Electoral.

8. Inconformes con la decisión, los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel, demandado, y Andrés Felipe Turizo, excandidato inscrito a la contienda que dio origen a la controversia, presentaron recurso de apelación. El primero, alegó que en la sentencia de primera instancia se realizó una inadecuada valoración de los medios de prueba

y Andrés Felipe Turizo, excandidato inscrito a la contienda que dio origen a la controversia, presentaron recurso de apelación. El primero, alegó que en la sentencia de primera instancia se realizó una inadecuada valoración de los medios de prueba allegados al plenario, desconoció la voluntad popular y subestimó las circunstancias de fuerza mayor que condujeron a que se tuvieran que adoptar las medidas que se tomaron, pues el estado de las vías retrasó la llegada de los pliegos de las mesas en cuestión . Además, mencionó que las autoridades competentes, incluyendo el ministerio público, actuaron de buena fe al utilizar una caja adicional como medida necesaria y urgente para garantizar la integridad de los documentos y conservar la cadena de custodia.

9. Por su parte, el señor Turizo se opuso al ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. Adujo que no debió ordenarse la realización de unos nuevos escrutinios, excluyendo las mesas 1 y 2 del puesto La Guadua, sino que simplemente debían anularse los votos obtenidos por el demandado en dichas mesas, pues actuó como clavero en contra de la prohibición contenida en el artículo 15 1 del

Código Electoral.

10. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025 , la Sección Quinta de esta Corporación3 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En su criterio, las pruebas allegadas al plenario resulta ron suficientes para acreditar que la medida que adoptaron las personas que firmaron el acta manuscrita del 20 de octubre de 2023 para guardar las bolsas de las mesas 1 y 2 del puesto La

para acreditar que la medida que adoptaron las personas que firmaron el acta manuscrita del 20 de octubre de 2023 para guardar las bolsas de las mesas 1 y 2 del puesto La Guadua, en estricto sentido, no tienen fundamento en las normas que r egulan el procedimiento de custodia y entrega de los documentos electorales. Sin embargo, en criterio de la Sala mayoritaria, en el caso analizado exist ían varias circunstancias que amparaban la legalidad del acto demandado.

11. En síntesis, explicó que, si bien los artículos 141 de la Ley 1475 de 2011 y 144 del Código Electoral regulan los tiempos y la recepción del material electoral, dichas normas no prevén un escenario como el ocurrido, en el que los claveros y escrutadores concluyeron sus labores a la medianoche, pero el material llegó cuando ya no era posible recibirlo conforme al procedimiento legal. Por ello, estimó que las decisiones adoptadas por la personera, el alcalde, el registrador y el delegado de puesto debían evaluarse a la luz de su eficacia para garantizar la integridad del material electoral, lo cual quedó

3 Providencia con salvamentos de voto de los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, así como aclaración del consejero Luis Alberto Álvarez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

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demostrado con la caja de madera provisional, el acta detallada del procedimiento y la

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demostrado con la caja de madera provisional, el acta detallada del procedimiento y la presencia de dos claveros al momento de sellar el material.

12. Adicionalmente, indicó que las pruebas acreditaban que los pliegos fueron custodiados por la fuerza pública, que ni el señor Turizo ni el demandado manipularon el material y que la entrega final fue realizada por el delegado de puesto, conforme a su función. También destacó que los documentos d e las mesas 1 y 2 de La Guadua se entregaron en buen estado y dentro del plazo, por lo que la integridad del material —y no formalidades aisladas— era determinante para determinar la validez de la elección.

En ese sentido, concluyó que no se desconoció el artículo 144 del Código Electoral y que la entrega de las llaves a terceros no afectó la custodia ni constituyó un vicio que justificara la nulidad del acto electoral.

13. En el escrito de tutela, la señora Jiménez Torrecilla adujo que la sentencia del 21 de agosto de 2025 adolece de los siguientes defectos: i) falta de motivación , pues reconoce las funciones de los claveros y la posibilidad de reemplazo, pero no explica por qué considera que no hubo sustitución de dichas func iones, ni expone las razones por las cuales no se reprocha la actuación irregular del demandado, sustituye el análisis de la irregularidad principal, por un examen marginal sobre el uso del arca triclave auxiliar; y ii) fáctico , por omisión e indebida valo ración de las pruebas que, en su sentir, demostraban actos materiales de custodia electoral.

14. Concretamente, alegó que en el proceso se demostró que los señores Ortiz Rangel

y ii) fáctico , por omisión e indebida valo ración de las pruebas que, en su sentir, demostraban actos materiales de custodia electoral.

14. Concretamente, alegó que en el proceso se demostró que los señores Ortiz Rangel y Felipe Turizo ejercieron funciones de claveros; no obstante, decidieron no sancionar su conducta, pese a que se demostró que incurrieron en la prohibición del artículo 151 del Código Electoral, permitiendo que se generaran ventajas que fragmentan los principios de transparencia e igualdad de acceso a los cargos de elección popular.

15. Asimismo, adujo que la decisión censurada contra ría la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional sobre la aplicación del principio de transparencia en el proceso elect oral y de escrutinio, al haber manifestado que en este caso el procedimiento fue transparente, pese a que, insistió, se demostró que el demandado actuó como clavero y que, por tal razón, debió declararse la nulidad de su elección. Al respecto, trajo a colación las sentencias del 27 de enero de 2022, dictada en el marco del proceso con radicado 54001-23-33-000-2020-00010-02 y la proferida en el trámite con radicado 73001-23-33-000-2023-00450-01.

16. Sobre el defecto fáctico, indicó que la sentencia censurada contiene una «valoración probatoria vaga e insuficiente» que impidió su ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Además, adujo que allí tampoco se realizó una confrontación razonada de los argumentos y pruebas presentados por la parte actora con los de la parte demandada,

probatoria vaga e insuficiente» que impidió su ejercicio efectivo del derecho de defensa. Además, adujo que allí tampoco se realizó una confrontación razonada de los argumentos y pruebas presentados por la parte actora con los de la parte demandada, sino que se limitó a exponer conclusiones «genéricas», sin exponer razones por las cuales prefirió una versión sobre la otra.

17. En particular, mencionó que la autoridad judicial accionada descartó el mérito y suficiencia probatoria de los siguientes elementos de convicción: i) el video en el que se observa al candidato Ortiz Rangel abriendo candados y firmando sellos (minuto 02:59) , ii) el interrogatorio de parte en el cual él mismo reconoce su firma en los sellos, y iii) las pruebas testimoniales que refieren su intervención en actos propios de los claveros.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

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18. De ese modo , aseguró que la falta de motivación sobre las razones por las cuales las pruebas antes relacionadas no resultaban suficientes para acreditar la irregularidad alegada, dejó sin respuesta los puntos esenciales de la controversia y puso a la parte demandante en un estado de «indefensión», pues no tuvo la posibilidad de entender por qué se desestimaron sus pretensiones.

19. Agregó que la sentencia «impugnada» le restó mérito al hecho de que se hubiera demostrado que el señor Ortiz Rangel incurrió en una prohibición legal, al haber ejercido,

qué se desestimaron sus pretensiones.

19. Agregó que la sentencia «impugnada» le restó mérito al hecho de que se hubiera demostrado que el señor Ortiz Rangel incurrió en una prohibición legal, al haber ejercido, de hecho, funciones propias de un clavero, pese a que incluso las describió.

20. Por último, alegó que, dado que para adoptar la decisión tuvo que nombrarse un conjuez, por tener dos votos a favor y dos en contra, se requieren una valoración probatoria y una argumentación más exigentes y cui dadosas. Además, expuso que la falta de motivación se agrava, en la medida en que no se les dio respuesta a los argumentos contenidos en el salvamento de voto suscrito por los magistrados Pedro Pablo Vanegas y Omar Joaquín Barreto Suárez, en el cual se reconoció que existió la pérdida de custodia del material electoral y la entrega de las llaves a los candidatos , circunstancias que no podían desconocerse.

B. Trámite impartido e intervenciones

21. Mediante auto del 3 de octubre de 20254, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela promovida por la señora Josefina Jiménez Torrecilla contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en calidad de terceros con interés, vinculó a los señores Andrés Felipe Turizo Lengua, Rafael Ariza Montenegro y Liseth Fernanda Meléndez Pacheco; al ciudadano Orlando Francisco Ortiz Rangel, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

22. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, a través de la magistrada ponente de

Liseth Fernanda Meléndez Pacheco; al ciudadano Orlando Francisco Ortiz Rangel, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

22. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, a través de la magistrada ponente de la providencia cuestionada, indicó que de la lectura del escrito de tutela no era posible evidenciar verdaderos motivos que permitan concluir la rele vancia constitucional del asunto, en tanto, la parte actora se limitó a exponer su inconformidad con las consideraciones de la sentencia cuestionada, reiterando incluso argumentos del recurso de apelación que fue atendido en la providencia.

23. Asimismo, resaltó que el fallo contiene la motivación suficiente y razonable que condujo a la Sala mayoritaria a concluir que las irregularidades que adujo la demandante no viciaron el proceso de escrutinio.

24. Por último, sostuvo que en la providencia se resolvió cada uno de los reparos presentados por el demandante y en específico se valoró el material probatorio obrante en el expediente para dilucidar lo ocurrido en las mesas 1 y 2 d e la zona 99, puesto 40

(La Guadua), así: i) con base en los formularios E -17, E -18, E -20 y AGE, se pudo constatar la hora de llegada de los documentos electorales al sitio donde se encontraba el arca triclave y su posterior entrega a los claveros, ii) de conformidad con los testimonios rendidos y los registros fotográficos, fue posible establecer que los escrutinios pudieron desarrollarse con normalidad, iii) finalmente, en la providencia se

4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.

testimonios rendidos y los registros fotográficos, fue posible establecer que los escrutinios pudieron desarrollarse con normalidad, iii) finalmente, en la providencia se

4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia. 5 Samai, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

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sustentaron las circunstancias por las cuales se consideró que la medida adoptada por la personera municipal, el acalde, el registrador y el delegado del puesto, de constituir un arca provisional en el mismo sitio de la original y bajo la custodia de la Policía Nacional, no constituía ninguna irregularidad que generara la nulidad del acto de elección

25. El Tribunal Administrativo de Bolívar 6, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, solicitó que se le desvinculara del presente trámite, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva . Lo anterior, dado que la acción de tutela está dirigida exclusivamente contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025, por la Sección Quinta de esta Corporación. No obstante, luego de realizar un recuento del trámite que se le imprimió a la demanda de nulidad electoral, aclaró que el mismo fue adecuado y que en la sentencia de primera instancia se fundó en un análisis fáctico y probatorio pertinente.

26. Adicionalmente, allegó copia digitalizada del expediente del proceso de nulidad

adecuado y que en la sentencia de primera instancia se fundó en un análisis fáctico y probatorio pertinente.

26. Adicionalmente, allegó copia digitalizada del expediente del proceso de nulidad electoral con radicado 13001-23-33-000-2023-00437-007.

27. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 también pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que los reproches expuestos en el escrito de tutela están excl usivamente relacionados con la decisión judicial adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia del 21 de agosto de 2025, por lo tanto, teniendo en cuenta que no tiene funciones juri sdiccionales, no era la llamada a responder sobre la supuesta vulneración alegada.

28. El señor Andrés Felipe Turizo Lengua9, excandidato a la alcaldía del Municipio de San Fernando, solicitó que se acceda a la solicitud de amparo, pues, en su criterio, la providencia cuestionada debe reemplazarse por una en la que se decrete la nulidad del acto de elección del señor Orlando Ortiz, dada la pérdida de la custodia del material electoral, en virtud del artículo 144 del Código Electoral y por haber ejercido funciones de clavero en los comicios celebrados el 29 de octubre de 2023. En lo demás, reiteró en su integridad los argumentos expuestos por la señora Jiménez Torrecilla en la demanda.

29. El Consejo Nacional Electoral 10 solicitó que se le de svinculara del presente proceso, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

30. Los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que

29. El Consejo Nacional Electoral 10 solicitó que se le de svinculara del presente proceso, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

30. Los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

C. Fallo impugnado

31. En sentencia del 17 de octubre de 2025 11, la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.

6 Samai, índice 10 del expediente de tutela de primera instancia. 7 Samai, índice 11 del expediente de tutela de primera instancia. 8 Samai, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia. 9 Samai, índice 13 del expediente de tutela de primera instancia. 10 Samai, índice 8 del expediente de tutela de primera instancia. 11 Samai, índice 19 de expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

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32. Para fundamentar su decisión, el a quo indicó que la controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se debió declarar la

parte actora implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se debió declarar la nulidad electoral planteada, asunto que ya fue resuelto por la Sección Quinta.

33. En su criterio, lo pretendido por la parte actora es que el juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, con la finalidad de que se haga una corrección del análisis efectuado por la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una ins tancia o recurso adicional del proceso ordinario.

D. Impugnación

34. En la impugnación, la señora Josefina Jiménez Torrecilla manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, por considerar que adolece de una escasa valoración probatoria, d e una carente apreciación de los hechos que sirvieron de fundamento para la tutela, se dictó con fundamento en unos preceptos legales y jurisprudenciales que no aplican al caso y en una clara desviación del núcleo fáctico de la tutela.

35. Adujo que la relev ancia consti tucional del asunto «es evidente» , pues carece de motivación en relación con la cuestión de si el señor Ortiz Rangel debía o no declararse impedido para desempeñar funciones de clavero.

36. Aseguró que su intención no es reabrir un debate que ya fue resuelto en sede

motivación en relación con la cuestión de si el señor Ortiz Rangel debía o no declararse impedido para desempeñar funciones de clavero.

36. Aseguró que su intención no es reabrir un debate que ya fue resuelto en sede ordinaria, sino el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, pues la autoridad judicial accionada no motivó la sentencia en relación con los hechos y pretensiones de la demanda d e nulidad electoral, la cual tenía como final que se determinara si el señor Ortiz Rangel desempeñó o no funciones de clavero, el 30 de octubre de 2023.

37. En lo restante, reiteró que el demandado en el proceso ordinario incurrió en la causal prevista en el artículo 151 del Código Electoral e insistió en todos los demás argumentos expuestos en la demanda de tutela.

E. Trámite en segunda instancia

38. El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para conocer el presente asunto, por amistad íntima con el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de esta Corporación y suscriptor de la sentencia de segunda instancia aquí cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez

39. Previo a pronunciarse respecto de la solicitud de amparo, la Sala estima necesario referirse al impedimento manifestado por el consejero Fernando Alexei PardoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla

necesario referirse al impedimento manifestado por el consejero Fernando Alexei PardoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06165-01

Demandante: Josefina Jiménez Torrecilla

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Flórez, quien informó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de esta Corporación y suscriptor de la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente «en momentos significativos de [sus] vidas (logros e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal: «que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

40. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del

Decreto 2591 de 1991:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento de l Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá

deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento de l Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.

41. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CP P,

dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

5. Que exista