CE - Sentencia 11001031500020250616800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

Accionante: Fredy José Padilla De León Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección c y otro.

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: reajuste salarial. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Fredy José Padilla De León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fredy José Padilla De León presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 16 de septiembre de 2024 y del 26 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

del 16 de septiembre de 2024 y del 26 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35030 2023-00433-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El presidente de la República, mediante Decreto 2767 de 3 de agosto de 2010, dispuso el retiro del señor Fredy Jos é Padilla De León del servicio activo de las

Fuerzas Militares, Ejército Nacional.

3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución núm. 2628 del 11 de agosto de 2010, reconoció y ordenó el pago de una asignación de retiro a favor del accionante, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2010.

4. El señor Fredy Jos é Padilla De León, por medio de escrito del 24 de abril de 2023, le solicitó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional el reajuste de su asignación salarial y sus prestaciones con fundamento en el índice de precios al

2023, le solicitó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional el reajuste de su asignación salarial y sus prestaciones con fundamento en el índice de precios al consumidor establecido para los años 1997, 1999, 2001 a 2004, al considerar que los emolumentos recibidos fueron liquidados por debajo de dicho indicador.

5. La referida entidad, con Oficio 2023317001406421 MDN -COGFM-COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10 del 27 de junio de 2023, negó el reajuste solicitado por el actor.

6. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se dejara sin efecto el mencionado oficio y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago del ajuste salarial y prestacional con base en el IPC establecido para los años 1997, 1999, 2001 a 2004.

7. El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2024 , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no demostró que el mecanismo adoptado por el Gobierno nacional para ajustar los salarios y prestaciones de los miembros de la fuerza pública en actividad fue contrario a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, por lo que no acreditó las irregularidades alegadas frente al acto demandado. Contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de providencia del 26 de marzo de 2025 , negó la suspensión del proceso

demandante presentó recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de providencia del 26 de marzo de 2025 , negó la suspensión del proceso por prejudicialidad y confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00, índice 2, certificado 91E39F09A9A1C8C2 462273DBF1AE3BD1 58209D06F4F61E88 9CBE10DBB4AF0D9C.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y seguridad social.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de reemplazo en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su defecto, que el mismo órgano encargado de resolver esta acción, dicte la aludida sentencia en los términos solicitados […] 2.

10. Como fundamento de sus pretensiones , el accionante consideró que las sentencias del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y del T ribunal

solicitados […] 2.

10. Como fundamento de sus pretensiones , el accionante consideró que las sentencias del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y del T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrieron en desconocimiento del precedente porque no aplicaron la jurisprudencia constitucional y el bloque de constitucionalidad3 que se ha desarrollado el principio de progresividad y no regresividad de los derechos salariales de los trabajadores.

11. Asimismo, indicó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto omitieron aplicar el artículo 93 de la Constitución en concordancia con el artículo 3 de la Ley 137 de 1994, en los cuales se establece el deber de dar prevalencia a los tratados internacionales de derechos humanos por encima de cualquier norma de orden legal o reglamentaria.

12. Así pues, resaltó que la violación de estos convenios, por parte de la jurisdicción contenciosa, no solo implica una vulneración unilateral de un compromiso internacional, sino la transgresión del orden jurídico nacional.

13. Agregó que las decisiones acusadas no efectuaron una adecuada interpretación de los artículos 334 y 373 de la Constitución que garantizan el derecho de los trabajadores de mantener el poder adquisitivo del salario.

14. En este sentido, explicó que los decretos emitidos por el Gobierno nacional, a través de los cuales se fijó el porcentaje de aumento del salario del accionante durante los años de 1997 a 2004 estuvo por debajo del IPC , respectivo, lo cual desconoció el principio de progresividad. De modo que las decisiones judiciales cuestionadas al negar el derecho reclamado vulneraron sus garantías

durante los años de 1997 a 2004 estuvo por debajo del IPC , respectivo, lo cual desconoció el principio de progresividad. De modo que las decisiones judiciales cuestionadas al negar el derecho reclamado vulneraron sus garantías constitucionales.

15. De esta manera, afirmó que las decisiones judiciales desconocieron el ordenamiento jurídico, en tanto omitieron aplicar las excepciones de constitucionalidad y legalidad previstas en los artículos 4 de la Constitución y 148 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

2 Se transcribe incluso con errores. 3 Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por Colombia a través de la Ley 16 de 1972 (artículo 26). Protocolo de San Salvador aprobado por Colombia en la Ley 319 de 1996 (artículos 6 y 7).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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16. Adicionalmente, indicó que las autoridades accionadas, también incurrieron en defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta que el Gobierno nacional al expedir los decretos que fij aron el aumento salarial para los miembros de la fuerza pública fueron expedidos de manera unilateral y carentes de motivación y, no explicaron las razones presupuestales y fiscales por las cuales se justificaba la regresión.

17. Adicionalmente, no valoraron como un hecho cierto que existe reiterada jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de ajustar los salarios y prestaciones de los integrantes de la fuerza pública conforme el IPC.

2.3. Trámite procesal

17. Adicionalmente, no valoraron como un hecho cierto que existe reiterada jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de ajustar los salarios y prestaciones de los integrantes de la fuerza pública conforme el IPC.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 3 de octubre de 2025 4, admitió la demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , en su condición de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá 5 manifestó que, para resolver la presente solicitud de tutela, se debe tener en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho que se expusieron en las decisiones tanto de primera como de segunda instancia.

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C6 solicitó que se niegue la tutela, al considerar que los argumentos de la parte actora se dirigen a insistir en una discusión sobre la procedencia del derecho al reajuste salarial, que ya se surtió al interior del proceso ordinario, lo cual desdibuja la naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo constitucional.

21. Así las cosas, resaltó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues en su contenido se hizo un estudio juicioso de las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable, lo que permitió concluir que

21. Así las cosas, resaltó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues en su contenido se hizo un estudio juicioso de las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable, lo que permitió concluir que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar. Situación distinta es que la parte actora no comparta dicha decisión.

22. Resaltó que la Constitución sólo ha previsto por regla general dos instancias para los procesos judiciales, lo que significa que no puede el juez de tutela crear una instancia adicional para resolver allí cualquier reclamo de una de las partes,

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 índice 4, certificado FCAAACB71FAF896E F980BE60B398E2B3 C2D443E9DA4902ED 5CED68033898FAFD. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 Incide 8, certificado B68F9762AA55018B D31452B1E8F8FDBE FFC8528D8215C1D5 71A35408385F257F. 6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06168-00, índice 10, certificado 781D4F4D0F793E20 69C7421A61FE5368 9DC919816F673175 69E4EF1615542744.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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sobre aspectos de simple interpretación normativa o debates probatorios carentes de relevancia constitucional.

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sobre aspectos de simple interpretación normativa o debates probatorios carentes de relevancia constitucional.

23. Explicó que la acción de tutela en contra de providencias judiciales tiene un alcance reducido y estrecho para aquellos casos excepcionales en los que los escenarios internos del proceso no han preservado los derechos fundamentales de las partes , es decir, cuando la decisión del juez natural resulta radicalmente contraria a los valores y principios de la Constitución.

24. Finalmente, advirtió que la decisión cuestionada no fue arbitraria ni incurrió en vías de hecho ni en desconocimiento de la ley y el precedente jurisprudencial vigente sobre la materia.

25. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardó silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Fredy Padilla De León en contra del

Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Fredy José Padilla De León está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

29. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parteRadicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

30. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 26 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Fredy José Padilla De León en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Fredy José Padilla De León en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

31. Por otra parte, se observa que, la accionante, en el escrito de amparo, pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, y ii) desconocimiento del precedente.

32. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación normativa y jurisprudencial que realizó la autoridad judicial para desestimar las razones planeadas por el demandante sobre el reajuste salarial reclamado. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional8.

34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

de este mecanismo constitucional8.

34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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1. que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que

incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

38. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14;

1. que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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1. que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió

incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 26 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue notificada el 31 de marzo siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 1 de octubre de 202516, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido

mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso nulidad y restablecimiento del derecho.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos

15 Samai, exp. 11001-33-35-030-2023-00433-01, índice16. 16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06168-00 índice 1. 17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del señor Fredy Jos é Padilla De León. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 26 de marzo de 2025 , que confirmó la providencia del 16 de septiembre de 2024, expedida por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

47. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicació n resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

48. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,

la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

49. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.

50. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017. 20 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06168-00

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dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

51. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

52. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza l a efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza

República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza l a efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.

53. Al respecto, la Corte Constitucional 23 ha considerado que el precedente se define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades judiciales al mome